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19.000 amenazas de desalojo

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En una estimación que los funcionarios consideran moderada, al menos 19.000 habitantes de Buenos Aires corren riesgo de ser desalojados antes de fin de año de los lugares en los que viven. Desde inquilinos morosos hasta personas que viven en edificios abandonados, están en la mira de las autoridades. “El Estado tiene la obligación de garantizar una vivienda digna, dijo a lavaca la Defensora Alicia Pierini. La verdadera cara del “boom” inmobiliario y el aumento de los alquileres.

Más de tres mil familias que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corren el riesgo de quedar en la calle después de que la Cámara Federal de Apelaciones les dictara, en diferentes causas judiciales, las respectivas órdenes de desalojo. Se trata de inquilinos morosos, pero también de numerosas personas que viven en terrenos fiscales y edificios abandonados del Estado que deberán ser desocupados antes de fin de año.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad está elaborando un informe de próxima aparición donde subraya la situación acuciante que atraviesan por lo menos 19.000 personas en un cálculo que los propios funcionarios consideran moderado. La cifra podría trepar a números inimaginables si se considera que algunas causas, sobre todo las vinculadas a terrenos tutelados por la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), no implican el desalojo de una sola familia sino de 400 personas, como ocurre en algunos terrenos que pertenecían a la privatizada Ferrocarriles Argentinos.
“Le estamos planteando a los tribunales que antes de ordenar los desalojos averigüen a quién se está dejando en la calle, si la familia tiene hijos, si hay personas enfermas, discapacitadas. Queremos que haga un informe social y que los jueces pidan al Estado las medidas correspondientes para que cumpla con su obligación de garantizar una vivienda digna”, dijo a lavaca Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad.
Suba de alquileres + torres = menos viviendas
El Ministerio de Derechos Humanos de la Ciudad cuenta con un programa de atención a familias en situación de calle. Está diseñado para asistir a familias que poseen ingresos menores a la canasta básica, según los índices proporcionados por el INDEC, lo cual ya es en sí mismo un dato. El programa otorga a cada familia un subsidio de 450 pesos durante seis meses y en su decreto de creación señala que en ese lapso el gobierno debe facilitar y asistir a los beneficiados para solucionar definitivamente su problema de vivienda. “Esto no sucede”, sentencia Silvina Pennella, Jefa del Área Social de la Defensoría del Pueblo.
A lo largo de todo 2006, 4.146 familias se acogieron a este programa, mientras que en lo que va de este año ya lo hicieron 5.386. “Al 30 de agosto ya se ejecutó el 90 por ciento del presupuesto del plan, no sé cómo van a atender a las 3.000 familias que quedarán en la calle en lo que queda del año”, se pregunta Pennella.
Tampoco parecen suficientes algunas soluciones transitorias que ofrece el Estado, como la relocalización momentánea en hoteles y pensiones. “Los propietarios -detalla Pierini- aplican el derecho de admisión, que podríamos decir que es la manera legal que encuentran para discriminar, y no le alquilan habitaciones a familias con chicos, por ejemplo”.
Pennella señala a la dinámica del mercado, con el consecuente aumento del valor de la tierra y el auge de la construcción, como responsables de la aceleración del problema. “Está probado que el boom de la construcción, con índices que parecen impresionantes, no reduce el problema habitacional. La construcción es selectiva y suntuosa. A la inacción del Estado hay que agregarle que los valores de los alquileres cada vez son más altos y los créditos hipotecarios también”, señala Pennella que reclama que el déficit habitacional sea tomado como una cuestión de Estado, con políticas a corto, mediano y largo plazo, en vez de darle el trámite de una emergencia pasajera.
Gateando en la vía
Otros números que maneja la Defensoría del Pueblo también dan cuenta de que el problema, lejos de estar próxima a solucionarse, crece a pasos agigantados. El año pasado, el organismo tenía registrados 24 asentamientos precarios, además de las ya naturalizadas villas de emergencia porteñas. Este año la cifra trepó a 60, contabilizando los caseríos instalados a la vera del ferrocarril, debajo de las autopistas y otros terrenos abandonados.
El informe de la Defensoría sólo incluye las 4.853 causas de desalojo tramitadas en la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se dirimen los desalojos entre privados. No incluye, por ejemplo, las que se figuran en los fueros contencioso administrativos, donde se tramitan los desalojos de inmuebles donde el Estado reclama su propiedad. De manera que los números presentados sólo marcan un piso del volumen real del problema.
“Tanto en los casos donde el inmueble reclamado pertenece a un particular como el que pertenece al fisco, la responsabilidad última es del Estado. Porque es a quien le corresponde velar por la garantía constitucional de la vivienda. Por su puesto que si encima es quien exige el desalojo, la situación aún es más incomprensible”, dice Pierini. “Hay casos donde el desalojo puede esperar y no merece un tratamiento tan urgente. Además, hay algunos desalojos deben realizarse inmediatamente para garantizar la supervivencia de la gente. No podemos esperar que mueran diez chicos atropellados por el tren porque van gateando de su casa hasta las vías. Pero para eso se los debe relocalizar en condiciones dignas”.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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