Nota
9° Marcha de la Gorra en Córdoba: las apariencias engañan
Más de 20 mil personas marcharon este miércoles para repudiar la aplicación policial del Código de Faltas contra jóvenes, prostitutas, carreros y vendedores callejeros, y demostrar con alegría de quién es el espacio público.
Más de 20 mil personas marcharon este miércoles para repudiar la aplicación policial del Código de Faltas contra jóvenes, prostitutas, carreros y vendedores callejeros, y demostrar con alegría de quién es el espacio público.
“En la ciudad del Estado policial, te marchamos de frente mar”.
La frase resume el espíritu de la novena Marcha de la Gorra que ocurrió hoy en ocho localidades cordobesas, que se opone al Código de Faltas que habilita los abusos policiales y da lugar a las expresiones artísticas de los jóvenes de los barrios. Participaron más de 20 mil personas, fue coordinada por más de 20 organizaciones, hubieron decenas de bandas de música y una consigna repetida: basta de abusos policiales.
La Marcha se concibió en 2006 como una forma de ganar la calle que el Código de Faltas, precisamente, regula de manera discriminatoria: “Hay pibes que no salen del barrio, que están limitados por determinadas calles”, cuenta Ismael Rodriguez, parte del Colectivo de Jóvenes por Nuestro Derechos que organiza la marcha. “Lo que se ve es cómo el Código se aplica mayormente en los margenes, en los límites de la ciudad”. Los Códigos de Faltas y Contravencionales de las distintas ciudades del país , y de Córdoba en particular, funcionan como un instrumento judicial que se encargan de aplicar las policías para determinar quién puede estar dónde, y que en general tienden a cuidar los sectores de mayores ingresos o de actividad económica.
El Código de Faltas de la ciudad de Córdoba tiene decenas de artículos especialmente arbitrarios, que quedan al criterio de la Policía de Córdoba, como las figuras de “merodeo” y “escándalo en la vía pública”. Los carteles de la marcha de hoy respondían: “Mi paseo no es un merodeo”.
Las detenciones inician así todo un raid de abusos y proscripción de los derechos de los jóvenes vulnerables:
- Según una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba el 67% de los jóvenes de barrios de bajos ingresos fue detenido alguna vez por la aplicación del Cödigo y el 95% no tuvo acceso a un abogado.
- El 75% de los detenidos tiene entre 18 y 25 años.
- En 2011 los detenidos llegaron a 200 por día; año a año la cifra aumentó, aunque no existen registros oficiales públicos.
“Hay un hueco entre la justicia y la policía de informar cuál es la situación de los detenidos”, plantea Ismael Rodriguez. “Y ahí es donde se habilita el abuso policialy se genera un subregistro en la cantidad de detenciones y porcentaje de delitos. Se oculta cada vez más”.
En los últimos años la Marcha de la Gorra sumó también el repudio a los atropellos contra el trabajo callejero, también regido por el Código de Faltas: “Las políticas de seguridad se recrudecieron en terrenos como el trabajo sexual, los carreros y los vendedores callejeros”, cuenta Ismael. Una de las voces fuertes en esta marcha fue la de las prostitutas, que levantaron carteles como “Más vale taco laburante que policía tratante” o “la prostitución no es escandalosa”, en relación al artículo del Código que habla de “prostitución molesta o escandalosa”.

Marcha de la Gorra. Foto: Ecos Córdoba
Tiempos políticos
La marcha, que todos los años se realizó el 20 de noviembre, este año se corrió dos dos días para que no quede pegada al balotaje. El Colectivo de Jóvenes aclara: “La marcha no tiene posicionamiento político de cara a las elecciones. Al contrario, aunque cada bloque llevó su cartel, lo que se quiere mostrar es diversidad”, dice Ismael.
Sin embargo, en las últimas elecciones el mapa de la provincia quedó dominado por gobiernos que avalan políticas de seguridad represivas: el PRO ganó a nivel país, el delasotismo mantuvo la provincia y el radicalismo tiene la capital. “Sí creemos que van juntos en las lógicas de políticas de seguridad. En relación a la Marcha, sus posturas se demuestran porque nos negaron, dos días antes de la marcha, los baños químicos y la luz eléctrica que pedimos para garantizar la integridad del espacio público y de las personas”. Ante la negativa el Colectivo de Jóvenes y otras organizaciones salieron en un “operativo escrache” haciendo responsable al Estado municipal de lo que pudiera llegar a pasar por la falta de condiciones: sólo así, entonces, lograron que les cedieran la Plaza San Martín para el festival de cierre.
La alegría de la Gorra
Allí entonces se unieron en el final todos los cánticos, los carteles y las banderas para mirar hacia un escenario al que se subieron distintas bandas independientes. Dice Ismael: “Más allá de que uno está denunciando constantemente este panorama oscuro, sombrío del abuso policial, queremos reinvidicar lo que hacen los pibes en los barrios. La Marcha no es un deshaogo de bronca, tirado desde el quilombo sino de la alegría, desde los colores y la música”.
Esos pibes que se subieron al escenario, dice Ismael, “son los que más saben de todo esto. Son pibes que están laburando distintas cuestiones en los barrios y que se organizan. Y esa organización está muy piola para que sepan que hay otras maneras de pensar la seguridad. Y ellos también tienen algo para decir sobre su seguridad, que son sus derechos”.

Marcha de la Gorra. Foto: Ecos Córdoba
El comisario y la calle
Hace una semana (de la Marcha) la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba condenó a tres años de cárcel al comisario Pablo Alejandro Márquez por ordenar detenciones masivas amparado por el polémico Código de Faltas. Márquez, ex fede del Comando de Acción Preventiva n° 8, fue señalado por sus agentes a cargo por ordenar detener sospechosos “por portación de cara” y exigirles “hacer número”. Los números de Márquez fueron los que se conocieron en 2011: 200 detenidos por día, uno cada 9 minutos.
Dice Ismael del Colectivo de Jóvenes: “La justicia con complicidad de la Policía sanciona a ese comisario pero no pone en jaque al Código ni a la institución completa”. El comisario Márquez, en este sentido, declaró en el juicio que “de la Jefatura para abajo” le soltaron la mano. “De esa manera el gobierno provincial dice que hizo justicia a nuestro reclamo, cuando a los pibes los siguen deteniendo y maltratando. Por eso seguimos y seguiremos marchando”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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