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¿Qué privacidad?: apuntes sobre cibervigilancia y derechos humanos

En una charla que se dio en Mu, punto de encuentro, el científico y filósofo Miguel Benasayag, para responder sobre el rol del periodismo citó una frase de Marcel Proust: “Los hechos no penetran al lugar donde están depositadas nuestras creencias”. Lo que Benasayag quería decir era que la información nunca es suficiente como para alertar o movilizar a la masa social si no penetra en ese lugar misterioso entre el sentido común y el imaginario colectivo.

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En una charla que se dio en Mu, punto de encuentro, el científico y filósofo Miguel Benasayag, para responder sobre el rol del periodismo citó una frase de Marcel Proust: “Los hechos no penetran al lugar donde están depositadas nuestras creencias”. Lo que Benasayag quería decir era que la información nunca es suficiente como para alertar o movilizar a la masa social si no penetra en ese lugar misterioso entre el sentido común y el imaginario colectivo.
cibervigilancia
Un buen ejemplo de esa insuficiencia ocurre con el caso de la cibervigilancia: las revelaciones de Snowden, resumidas en el libro del periodista británico Glenn Greenwald, desnudaron los mecanismos de vigilancia que EE.UU, a través de la NSA (Nationaly Security Agency) y con la excusa del terrorismo, ejercía sobre sus propios ciudadanos y sobre los de otros países como Brasil, Venezuela o México. Lo que hasta entonces era una sospecha que podía ser catalogada como un delirio más del fascinante mundo de las teorías conspirativas se volvió un hecho real, palpable, medible. Y con alcances más grandes de lo que cualquiera podría imaginar.  
Además de la  complicidad  con los proveedores de servicios de internet y las empresas que manejan los cables submarinos, Snowden demostró cómo la NSA desarrollaba- ¿y lo sigue haciendo?- sistemas para recavar datos de usuarios de AOL, Facebook, Twitter, Google, Skype, Microsoft. Servicios y redes que sin embargo seguimos usando y aportando datos personales cotidianamente.
¿Los hechos revelados por Snowden no penetran el lugar de nuestras creencias?
El jueves 12 de noviembre, a las 17:00 Hacks Hackers- grupo de hackers, programadores y periodistas-  organizó el encuentro “Cibervigilancia, BigData y Derechos Humanos” en el Centro Cultural Kirchner.
El periodista Esteban Magnani comenzó resumiendo las revelaciones de Snowden y recordó una de las afirmaciones de Julian Assange en su libro Cuando Google encontró a Wikileaks (Capital Intelectual, 2014): la frontera entre las corporaciones 2.0 y el sistema de vigilancia de Estados Unidos es muy difusa. Assange había sido entrevistado por el presidente de Google Eric Schmidt, su mujer Lisa Shields y dos socios: Scott Malcomsom y Jared Cohen. “En aquel momento, la delegación era una cuarta parte de Google y tres cuartas partes del Departamento de Política Exterior de Estados Unidos, pero yo eso aún lo ignoraba”, dice Assange en su libro luego de enterarse que salvo Schmidt, el resto ocupaba cargos en organismos estatales dedicados a las relaciones internacionales.
Magnani culminó su exposión planteando interrogantes sobre la soberanía digital, que serían retomados durante las exposiciones siguientes:

  • ¿Es la criptografía el único método seguro para evitar vigilancia cibernética?
  • ¿Alcanza con tener satélites y cables de fibra óptica propios?
  • ¿Es el software libre una salida?

Por su parte, Natalia Zuazo, politóloga y periodista, autora del libro Guerras de Internet, habló sobre la videovigilancia, el sistema más moderno- no por eso más efectivo- de vigilancia urbana que en Argentina está cristalizado en el “modelo Tigre” implementado por las políticas de seguridad de Sergio Massa. En Tigre hay 1.300 cámaras (cuestan entre $15.000 y $30.000 cada una) para 380.00 habitantes (una cámara cada 292 personas). Sin embargo en el municipio el 60% de la población vive en barrios cerrados, por lo cual la mayoría de las cámaras operan sobre el 40% restante.
La video vigilancia se trata, dirá Zuazo, de una vigilancia sobre los cuerpos a través de la imagen: cámaras de seguridad, Google Street view, entre otros.
Según la periodista, existen a grandes rasgos dos grandes causas por las cuales se implementan estas tecnologías de control: en Estados Unidos por el terrorismo, en América Latina por la inseguridad.
Sin embargo, no sólo no existen datos ni estadísticas que permitan establecer la eficacia de este sistema sino que tampoco existen datos que permitan determinar con qué criterio se aplican. No tiene que ver con las estadísticas de delitos ni con la cantidad de población, asegura Zuazo.
La ciudad  con más cámaras (entre privadas y públicas) es Londres y le siguen Beijing y Chicago. En Ámerica Latina la lista la encabeza San Pablo, que tiene 12 millones de habitantes y 1.5 millones de cámaras de seguridad (una cámara cada ocho habitantes).
Según Zuazo, la implementación de estos sistemas de vigilancia viene de la mano con un rasgo de época donde la política se aplica con un criterio efectista- “capacidad de gestión”-, donde la solución técnica suplanta la ideología, o incluso la solución técnica es la ideología.
“Una de las preguntas más filosóficas que me hago es cómo ofrecemos el control de nuestros cuerpos sin cuestionarlo”, razona Zuazo.
Existen tres empresas que se reparten las licitaciones para instalar cámaras: TIS (Telefónica Ingeniería de Seguridad), Ubik2 y Global View. Esta última maneja el 80% del negocio. Según Zuazo no hay un debate ni una decisión política clara de por qué se las dan a estas empresas- más allá del lobby- y al mismo tiempo se ha comprobado que las cámaras son vulnerables, por lo cual no hay seguridad sobre qué ocurre con esas imágenes.
Por último, la periodista citó una entrevista que tuvo con un encargado de prensa de Massa para entender la relación entre política, seguridad y medios de comunicación. Allí, el asesor le comentó que los medios tienen libre acceso a las imágenes de las cámaras. Razona Zuazo: “La política, el Estado, financia cámaras, los centros de monitoreo entregan imágenes a los medios, y los medios lo devuelven en forma de marketing, mostrando que en Tigre se detienen ladrones gracias a la tecnología”.
¿Por qué los medios pueden acceder libremente a esas imágenes? ¿Hay legislación sobre ese acceso?

Assange y después

El periodista Santiago O´Donnell, autor de los libros Argenleaks y Politileaks, habló sobre la filosofía y el modo de actuar de Julián Assange, a quién pudo entrevistar en reiteradas ocasiones.
“Una de las ideas más importantes de Assange es la siguiente: las empresas son demasiado opacas y los ciudadanos somos demasiado transparentes””, dice O´Donnell. Los usuarios entregamos datos cotidianamente a empresas demasiado oscuras como para saber qué hacen con ellos. Son empresas con fronteras poco claras respecto al Estado y a las agencias de seguridad. Para Assange el flujo debería ser inverso: empresas transparentes que otorgan sus datos e individuos opacos, con su privacidad protegida.
O´Donell criticó que Assange opere con mayor intensidad contra Estados Unidos y no tanto contra otros países igual o más represivos como Rusia o China. Si bien Wikileaks hizo revelaciones importantes que dañaron los sistemas de seguridad de esos países, no fueron tan considerables como con EEUU, por lo que Assange, consciente o no, termina jugando un rol geopolíticamente favorable para esas potencias.
El periodista habló también del sistema SIBIOS que utiliza información biométrica de los ciudadanos, como la huella digital, supuestamente con el mismo fin que las cámaras de vigilancia: mayor seguridad.
O´Donnel comentó el caso de Pakistán, que vendió los datos de su sistema SIBIOS a una consultora que resultó trabajar para el departamento de inteligencia de Inglaterra, lo cual demuestra la vulnerabilidad de los datos personales en manos del Estado. O´Donnell: “Imaginen lo que hizo la última dictadura con la tecnología que tenía y lo que podría llegar a hacer un régimen autoritario con toda esta información de los ciudadanos”.
Por último, el periodista habló de su conflicto con el diario Página 12, al no poder publicar libremente la información que tenía. Concluyó: “Es más fácil conseguir información que publicarla”.
Cerraron el encuentro Ewen Macaskill y David Blishen, ambos periodistas de The Guardian, el diario que publicó las revelaciones de Snowden (hablaron en inglés y no había traductor). Macaskill fue el primero en conocer a Snowden junto a Glenn Greenwald en esa histórica reunión que tuvo lugar en un hotel de Hong Kong y que quedó inmortalizada en el documental Citizen Four.
El periodista de origen escocés comentó que Snowden publicó solo el 1%  (más de 60.000 documentos) de la información que tenía, porque era la que implicaba a ciudadanos comunes que estaban siendo violados en nombre de la lucha contra el terrorismo. Esto habla del alcance y la dimensión abismal del sistema de vigilancia de la NSA.
Habló también de que lo que más le interesa a los servicios de vigilancia es la metadata (la manera en la que se almacena la información) más que el contenido.
La conclusión general fue la vulnerabilidad de los ciudadanos frente la era digital y la falta de debate y cuestionamiento sobre sistemas que controlan nuestros datos y nuestra vida.
Natalia Zuazo remató: “La pregunta no es qué es la privacidad, porque eso cambia según la época. La pregunta es quién la controla”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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