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A la calle por Lucía y por todas: movilización para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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