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Desoyó 15 denuncias previas al femicidio: destituyeron al juez que (no) intervino en el caso de Paola Tacacho

Paola Tacacho fue asesinada por Mauricio Parada, en Tucumán,luego de haber hecho 15 denuncias en su contra. Por eso, el juez Juan Francisco Pisa acaba de ser destituido por la justicia provincial tucumana, ya que intervino en el caso y no tuvo en cuenta el contexto de violencia machista y acoso que derivó previsiblemente en el femicidio. “Es un precedente para toda la provincia y para todo el país», dicen las organizaciones de mujeres de Tucumán. Y su madre: «Ahora vamos por el resto: quiero respuesta de todos los responsables. A mi hija nadie me la devuelve, pero hoy siento esperanza”.
La justicia de la provincia de Tucumán destituyó al juez Juan Francisco Pisa por su actuación en las denuncias que había efectuado Paola Tacacho antes de ser asesinada por Mauricio Parada Parejas.
El Jurado de Enjuiciamiento consideró que el Juan Francisco Pisa incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.
“Yo estaba convenciada que iba a ser destituido”, dice a lavaca Mariela, mamá de Paola Tacacho, que llegó desde Salta a Tucumán para estar presente el día del veredicto. El proceso fue largo: a Pisa se le leyó la acusación el pasado 26 de agosto.
“Esto es un paso para adelante. Se abrió la puerta de la justicia para mi hija, justicia que se le negó durante 5 años. La lucha no se termina con la destitución: es un precedente no solo para Tucumán sino para el país. Es muy importante. Y ahora vamos por el resto, quiero respuesta de todos los responsables: fiscales y fiscalas”.
Cinco años de denuncias A Paola Tacacho la asesinó el viernes 30 de octubre Mauricio Parada Parejas, un ex alumno de la carrera de traductorado de inglés en el Colegio Mark Twain de la capital tucumana.
Fueron al menos seis puñaladas. Luego, el asesino se suicidó.
La historia
Según la familia, Parada se obsesionó con Paola y la acosó durante cinco años. En redes sociales la amenazó de muerte a ella y a su familia. La perseguía en sus rutinas diarias.
La joven de 32 años, -oriunda de Salta pero que vivía y trabajaba en Tucumán- había realizado 15 denuncias (por acoso y violencia de género, por desobediencia judicial y amenazas) entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.
El Estado no la protegió.
Solamente una de las denuncias llegó a juicio. Fue ahí cuando el juez Pisa resolvió absolver a Mauricio Parada en la causa por “desobediencia judicial” sin tener en cuenta el resto de las denuncias que Paola había hecho, y sin tener en cuenta las pruebas y testigos que se habían presentado para dar cuenta de que incumplía las restricciones de acercamiento.
Paola vivió un infierno. Durante cinco años caminó con miedo por la ciudad, cerró todas sus cuentas de redes sociales, hizo denuncias. Su familia cuenta que se sentía tranquila solo cuando estaba de vacaciones, lejos de su acosador y femicida.
La noche del viernes 30 de octubre, cerca de las 21 horas, Paola salió del gimnasio y se encontró, una vez más, con Mauricio esperándola, agazapado.
Intentó evadir el encuentro, pero él la siguió, acosándola. Las cámaras de un comercio registraron cómo luego de una breve discusión, ella empezó a caminar y Parada la tomó por atrás, le descargó una puñalada en la espalda y otras en distintas partes del cuerpo. La dejó tirada y se fue caminando. Los vecinos intentaron auxiliarla. Otros, que lo vieron escaparse, lo acorralaron pensando que era un ladrón. Al verse rodeado sin salida, se clavó con fuerza en el pecho el mismo cuchillo con que había matado a Paola.
Parada murió prácticamente en el acto; Paola se desangró en plena calle del centro de San Miguel de Tucumán, en Monteagudo al 500.
Dice Mariela, su mamá: “Desde el 30 de octubre del 2020 decidimos emprender el camino de la lucha, porque es la única forma de enfrentar la impunidad. Esta lucha la impulsamos con mi familia, y con todas las organizaciones. Esto es un logro de todos, de todas. Y hace unos días ya se sentía que todos los tucumanos querían la destitución. Paola era una persona muy querida y respetada. Su femicidio dejó al descubierto la violencia institucional que viven todas las mujeres que sufren violencia de género. El caso de mi hija eso estuvo muy patente, era demasiado”.
Tucumán, jardín de la impunidad
La destitución del juez Pisa se leyó desde la calle como una conquista en una provincia que tiene una cantidad alarmante de funcionarios de todos los poderes –ejecutivo, legislativo y judicial- denunciados. Algunos de ellos: el ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano.
“Es muy contradictorio el festejo de la destitución de un juez que no cumplió y que lo que ocasionó eso fue una muerte. Pero es un precedente para toda la provincia y para todo el país, cuando la justicia hace lo que corresponde las cosas salen bien. La destitución para nuestra provincia significa mucho, es un mensaje que la justicia le da a jueces y fiscales, pero nos queda mucho para avanzar por eso nuestra agenda tiene que ser con una reforma judicial”, dice a lavaca Leonor Cruz, de la Multisectorial de Mujeres de Tucumán.
Mariela, mamá de Paola vuelve a Salta con las banderas en alto. “Yo levanto la bandera de justicia por mi hija y por todas las madres que perdieron a sus hijas de una manera inesperada y brutal. Esto que vivo hoy no es felicidad; este año trascurrió entre rápido porque queríamos justicia, que la causa no quede en el olvido; y lento por el dolor: tenés que aprender a vivir con el dolor y la ausencia. A mi hija nadie me la devuelve, pero hoy siento esperanza”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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