El Superior Tribunal de Entre Ríos desconoció cinco fallos y ratificó la validez de un decreto provincial que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y a 500 metros aéreos. La medida llega luego de un fuerte lobby de las entidades de la Mesa de Enlace a nivel provincial que incluyó amenazas a los referentes de la Coordinarora Basta es Basta y el apoyo público del presidente Macri. En los argumentos los jueces hablan sobre «el ingreso que genera la producción agroindustrial» y utilizan biliografía aportada por Monsanto. La Coordinadora ya está trabajando en la apelación a la Corte Suprema, junto otras organizaciones territoriales que lo acompañarán como amicus: “Hay una gran alarma en Entre Ríos frente a este retroceso».
“Lo que revela este fallo es el sostenimiento de la producción agroindustrial sin analizar otro modo de producir. Y expone que tampoco existe política, programa o gestión para la sostenibilidad de la vida de los niños que tienen comprobado daño genético en las escuelas”. Así sintetiza a lavaca la abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia, la última decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: pese a cinco fallos judiciales que señalaban lo contrario, ratificó la validez de un decreto provincial que establece distancias de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para las zonas con escuelas rurales, rechazando un fallo previo que había estipulado 1000 metros para terrestres y 3000 para áreas.
“Sabemos que hay soluciones a esta problemática, porque había políticas publicas para favorecer a otro tipo de producción, como la transición agroecológica, pero tampoco se ve un interés por generar ninguna política pública proteccionista”, explica Sasia.
El fallo llega luego de un fuerte lobby de las entidades de la Mesa de Enlace a nivel provincial que incluyó movilizaciones y la amenaza pública de un importante dirigente de las entidades rurales a un referente de la Coordinarora Basta es Basta, que lucha contra los efectos de los agrotóxicos.
El fallo de los jueces Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone se explica en un enredo judicial y político. El primer amparo que presentó el movimiento tenía como objeto fijar una distancia ante la inexistencia de una iniciativa que protegiera a las escuelas. “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite”, contó María Fernández Benetti, otra de las abogadas. “Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Un nuevo decreto del gobernador Gustavo Bordet llevó la discusión otra vez al ámbito judicial y dejó la decisión nuevamente en el Superior Tribunal de la provincia. Pero el escenario era otro. Explica Sasia: “En el medio de estas idas y venidas, por instancias del Ejecutivo, la Legislatura modifica la Ley de Procedimientos Judiciales. Los jueces que venían decidiendo correspondían a la sala de Procedimientos Constitucionales, la especializada a tal fin. Con la reforma, se apartó a esa sala natural, y abrieron paso a estos cinco jueces que no tenían relación con los expedientes ni antecedentes en la materia”.
Desde el movimiento hicieron llegar a la Justicia mensajes que circularon por celular en los que los productores se jactaban de una resolución a favor con la nueva composición del tribunal.
-¿Cómo se explica este fallo?
-Lo que dicen ahora los jueces es que en la primera sentencia no hubo cosa juzgada, apoyándose en un requisito formal. Pero dicen que, no obstante si estuviera vigente ese fallo, el Estado fundamentó suficientemente su decreto en las recomendaciones de Buenas Prácticas Agrícolas o el informe del Conicet del 2009 (basado en bibliografía aportada por la propia Monsanto). En ese sentido, la sentencia tiene una orfandad argumental muy grande. Nos sorprende porque estábamos acostumbradas a sentencias con sustento técnico y jurídico. Les da valor de dictamen técnico cuando en realidad no lo tienen, pero no valoran el comité que conformarmos con los expertos, los mismos que se expidieron en la causa de Pergamino y por cuyos dictámenes hoy hay procesados tres productores.
-¿Qué implica este fallo?
-El fundamento es el ingreso que genera la producción agroindustrial sin analizar otro modo de producir y sin siquiera tratar de apaciguar esta situación, tendiendo a proponer un diálogo entre los sectores. Entre las marchas que encabezaron los productores, el propio presidente del Superior Tribunal los recibió y les dijo: “Ustedes son quienes nos hacen llegar los ingresos para que nos paguen los sueldos a fin de mes». Esa política cortoplacista viene de la mano de pensar que el único ingreso de nuestra provincia lo da la soja. Es tan grave el fallo y tan poca la preocupación del Estado respecto a la salud de los niños: el decreto hoy vigente crea unidades centinelas, que son las encargadas de controlar cuando se fumiga al lado de las escuelas. Esas unidades tienen que están conformadas por un ingeniero agrónomo designado por el productor que va a aplicar y por la directora de la escuela: nosotros hicimos acción de amparo pidiendo que se proteja a los docentes, y el Estado lo soluciona diciendo que manden a la directora a las aspersiones a controlar que no se pasen de la distancia. Es insólito.
El fallo afirma que los 100 metros de distancia se debe medir desde una “barrera vegetal”, a modo de protección. Sasia: “Eso no existe en ninguna escuela. Si implementa en las 1083 escuelas, recién van a crecer en 10 años. Entonces los niños que hoy tienen daño genético irreversible ya no van a estar más”.
Desde el movimiento ya están trabajando en la apelación a la Corte Suprema, junto otras organizaciones territoriales que lo acompañarán como amicus. “Hay una gran alarma en Entre Ríos. Los fallos previos habían dado una solución muy innovadora en la necesidad de proteger a la vida y a la producción, en la necesidad de que interactúen derechos fundamentales, pero esta sentencia no sólo es regresiva, sino que es empezar de cero. Muestra una orfandad argumentativa absoluta y evidencia la falta de interacción que tiene cotidianamente los que representan los máximos escaños de la justicia, sin relación con derechos humanos vulnerados ni con la víctima. Desde un escritorio es muy fácil resolver en favor de las entidades productivas”.

La batalla de las velas: Cómo Entre Ríos frenó una ley pro agrotóxicos