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Asiacentrismo: el comienzo del nuevo orden mundial
Aunque las crisis en Medio Oriente y Ucrania se roban los titulares mediáticos, son apenas los emergentes de un movimiento telúrico mucho mayor: el nacimiento de un nuevo orden mundial pos-estadounidense, centrado en Asia, en base a la triple alianza China-Rusia-India. Por Raúl Zibechi.
Uno de los núcleos del colonialismo y del imperialismo consiste en prohibirle hacer a los países periféricos lo que acostumbran hacer los países del centro. Cuando eso ya no funciona es porque el viejo orden centrado en la relación centro-periferia está dando paso a nuevas relaciones internacionales.
Las mismas potencias occidentales que ponen el grito en el cielo por la intervención de Rusia en Ucrania, bombardean Siria sin la autorización de su gobierno, con la excusa de combatir a una organización terrorista, el Estado Islámico, en cuya creación esas mismas potencias jugaron un papel relevante.
Que China y Rusia rechacen este tipo de acciones bélicas, que otrora se cubrían por lo menos con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es ya novedad alguna. Que el primer ministro de India, Narendra Modi, haya dicho a la cadena CNN, horas antes de su visita a Estados Unidos, que Rusia tiene “intereses legítimos en Ucrania”, es ya cosa más seria. No sólo se negó a criticar la anexión de Crimea por Rusia, sino que mostró “confianza” en cómo Pekín está manejando las disputas territoriales en los mares del sur de China (The Brics Post, 22 de setiembre de 2014).
Es como si un nuevo aire de Bandung (la conferencia que en 1955 alentó la descolonización) estuviera barriendo el planeta. “Si usted mira en detalle los últimos cinco o diez siglos, verá que China e India han crecido a ritmos similares. Sus contribuciones al PIB mundial han aumentado en paralelo y han caído en paralelo. La era actual pertenece a Asia”, dijo Modi. Estaba haciendo un discurso anticolonial con una mirada de larga duración, en los mismos días en que se produjo la visita del presidente chino Xi Jinping a India, quienes consolidaron una potente alianza entre los dos mayores países de la región.
POLÍTICA, O LA OCS. El gran cambio es que India pidió la integración plena a la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), durante la reciente cumbre realizada el 11 y 12 de setiembre en Dushanbe, capital de Tayikistán. Hasta ese momento era sólo observadora.
La OCS fue creada en 2001 por Rusia, China, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán con el objetivo de garantizar la seguridad regional y combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo, definidos como las “tres fuerzas malignas”. En el futuro podrán sumarse Irán y Pakistán, aunque esos pasos serán complejos en vista de la disputa que mantienen India y Pakistán en sus respectivas fronteras.
En los hechos, la OCS es un desafío al liderazgo estadounidense en una región donde la superpotencia tiene cada vez menos influencia. La organización orbita en torno a China, como su nombre lo indica. La solidificación de la alianza Rusia-China con su vertiente geopolítica y geoenergética (que incluye el ya iniciado gasoducto para proveer gas ruso a Pekín), es motivo de honda preocupación en Washington, según lo vienen analizando algunos medios como The Washington Post.
Pero la reciente visita de Xi a la India supone un paso decisivo en el diseño de un nuevo orden global. Los doce acuerdos firmados en Ahmedabad entre Modi y Xi, que abarcan desde las inversiones y el comercio hasta la cooperación en energía nuclear, forman parte del “proceso histórico de revitalización nacional” en ambas naciones emergentes, según afirmó el ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Yi (Xinhua, 19 de setiembre de 2014).
La potencia de la alianza entre India y China desafía los supuestos alineamientos ideológicos y se afinca en las necesidades geopolíticas de potencias que enfrentan problemas, y enemigos, comunes. En mayo de este año asumió el poder Narendra Modi en representación del Bharatiya Janata Party (BJP), que venciera en las elecciones generales al Congreso Nacional Indio (CNI) liderado por el ex primer ministro Manmohan Singh. En los papeles, el CNI funge como una fuerza progresista, heredera de la familia Gandhi y de Jawaharlal Nehru, aliada con socialdemócratas y comunistas, mientras el BJP es considerado nacionalista y conservador.
Sin embargo, en los alineamientos geopolíticos las ideologías tienen poco que decir. Modi está mostrando una profunda comprensión de las tendencias históricas en este período de viraje del sistema-mundo y, de modo muy particular, del papel que le toca jugar al continente asiático. La cooperación en la OCS llegó incluso al terreno militar. A fines de agosto se realizó “un ejercicio antiterrorista internacional” en Mogolia interior, China, en el que participaron siete mil soldados de China, Rusia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán (Diario del Pueblo, 24 de agosto de 2014).
ECONOMÍA O LA RUTA DE LA SEDA. Si la OCS es la respuesta asiática a la presencia desestabilizadora de Estados Unidos en la región, la Ruta de la Seda es la respuesta económica al cerco que pretende imponer sobre China, denominado “pivote hacia Asia” por la administración de Barack Obama. Pero es mucho más: significa la alianza de Rusia y China con Europa, en concreto con Alemania.
La nueva Ruta de la Seda une dos potentes centros industriales: Chongqing en China con Duisburgo en Alemania, atravesando Kazajstán, Rusia y Bielorrusia, eludiendo de ese modo las zonas más conflictivas al sur del mar Caspio como Afganistán, Irán y Turquía. Está destinada a ser la mayor ruta comercial del mundo, cuya línea férrea ya recorta el tiempo de transporte marítimo de cinco semanas a sólo quince días. Se prevé que China se convertirá en el primer socio comercial de Alemania, lo que supone un dislocamiento geopolítico de gran trascendencia.
Se está trazando además la Ruta de la Seda Marítima, que atraviesa el océano Índico, y el Cinturón Económico de la ruta terrestre. La ruta marítima es, de algún modo, la reactivación del “collar de perlas”, un sistema de puertos que rodeaba a la India y aseguraba el comercio chino hacia Europa.
Pero es también la respuesta a la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), iniciativa de los Estados Unidos que excluye a China e incluye a Japón, Australia, Nueva Zelanda, más cuatro miembros de la AEAN (Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam) y los países de la Alianza del Pacifico (Perú, México, Chile y probablemente Colombia). La estrategia de Washington consiste en aislar a China generando conflictos a su alrededor (con Japón y Vietnam principalmente), excusa para militarizar los mares de China, cerrando así el cerco comercial, político y militar en torno a una potencia que en 2012 se convirtió en la principal importadora de petróleo del mundo, superando a Estados Unidos.
Esto explica el acuerdo energético con Rusia, que es el único modo como China puede asegurarse un abastecimiento seguro. Pero también explica el trazado de la nueva Ruta de la Seda, tanto la terrestre como la marítima. El 80 por ciento del petróleo que importa China pasa a través del Estrecho de Malaca (un angosto corredor de 800 kilómetros que une los océanos Pacífico e Índico entre Indonesia y Malasia), fácilmente obstruible en caso de guerra.
Para eso China va construyendo una red portuaria, que incluye puertos, bases y estaciones de observación en Sri Lanka, Bangladesh y Birmania. Entre ellas un puerto estratégico en Pakistán, Gwadar, la “garganta” del Golfo Pérsico, a 72 kilómetros de la frontera con Irán y a unos 400 kilómetros del más importante corredor de transporte de petróleo, muy cerca del estratégico estrecho de Ormuz. El puerto fue construido y financiado por China y es operado por la empresa estatal China Overseas Port Holding Company (COPHC).
“El puerto es visto por los observadores como el primer punto de apoyo de China en Oriente Medio”, estimaba la prensa occidental el día de la inauguración (BBC News, 20 de marzo de 2007). La región circundante al puerto de Gwadar, contiene dos tercios de las reservas mundiales de petróleo. Por allí pasa el 30 por ciento del petróleo del mundo (pero el 80 por ciento del que recibe China) y está en la ruta más corta hacia Asia.
China gana espacios, también, en el corazón de Occidente. El gobierno británico ha dado pasos para reforzar a Londres como centro de comercio mundial y de inversiones en yuanes, la moneda china. Más aún, “el gobierno británico se convertirá en el primer país occidental en emitir un bono soberano en la moneda china” en lo que debe interpretarse como “el apoyo a las ambiciones de China a utilizar su moneda a escala global” (Market Watch, 15 de setiembre de 2014).
POTENCIA MILITAR. “Las sanciones a Rusia son un acto de guerra”, razona redactor jefe de la revista Executive Intelligence Review, Jeff Steinberg (EIR, 19 de setiembre de 2014). En tanto, The Economist considera a la OCS como “una especie de OTAN liderada por China”.
Es evidente que la guerra entre las grandes potencias ya no es visualizada como una posibilidad remota. Cada uno hace, por tanto su juego. China e Irán realizan sus primeros ejercicios navales conjuntos en el Golfo Pérsico, donde participan “buques de la Armada china involucrados en la protección de la navegación en el golfo de Adén” (Russia Today, 22 de setiembre de 2014). China es ahora el primer comprador de crudo saudí y no va a permitir que las rutas que la abastecen queden en manos de fuerzas enemigas.
A fines de agosto trascendió que Rusia y China están negociando un “acuerdo militar histórico” que incluye la compra por el país asiático de submarinos diesel furtivos con “intercambio de tecnologías”, a la vez que siguen negociando la venta de cazas Sukhoi-35 y sistemas de defensa antiaérea S-400, considerados los más avanzados del mundo (Russia Today, 19 de agosto de 2014). Hasta ahora los rusos se han mostrado reticentes a vender ciertas armas a China porque ésta las clona y termina fabricando sus propios prototipos. A su vez, India y Rusia, que mantienen una extensa cooperación militar que incluye submarinos nucleares y portaaviones, se disponen a fabricar conjuntamente un caza de quinta generación.
Estamos ante un punto muy sensible, en el que Washington tiene algunas dificultades. Aunque sigue teniendo el mayor presupuesto de defensa del mundo (unos 600 mil millones de dólares anuales, frente poco más de cien mil de China y algo menos de cien mil de Rusia), ese presupuesto es declinante mientras el de sus adversarios crece. China pasó de poco más de 5 mil millones de dólares anuales de inversión militar en 1990 a 110 mil millones en 2012.
“Pero lo importante no es cuánto se gasta sino cómo se gasta”, sostiene un periódico estadounidense (The Fiscal Times, 16 de setiembre de 2014). Según la publicación, los enormes gastos militares del Pentágono se destinan a mantener su costosa flota de once portaaviones, a la modernización de antiguos sistemas y a proyectos fallidos como el caza F-35. En tanto, China y Rusia invierten en modernos submarinos nucleares y en guerra cibernética. Las armas antibuque chinas son mucho más baratas que un portaaviones, pero pueden hundirlo o inutilizarlo aunque el Pentágono los considere inexpugnables.
CONTRASTES. Múltiples denuncias aquejan a las autoridades de defensa de los Estados Unidos de malversación de los presupuestos. En julio pasado la flota de F-35 no pudo volar por fallas en un motor, luego de varios percances en los sistemas de software, armas y aviónica. Tras dos décadas de concepción y desarrollo, el coste del proyecto se ha disparado a 400.000 millones de dólares, el proyecto armamentístico más caro de la historia del Pentágono, pese a lo cual ha sido cancelado el debut del caza en dos exhibiciones aéreas en el Reino Unido (El Periódico, 11 de julio de 2014).
La otrora poderosa Boeing es una buena muestra de los problemas defensivos del Pentágono. La apuesta a que el F-35 lo desarrollara Lockheed Martin, está drenando los fondos del Pentágono fuera de la Boeing, que era la empresa insignia de la fuerza aérea. De hecho, la franja de defensa de la Boeing se estrechó del 56 por ciento de su producción total en 2003, a apenas el 38 por ciento en 2013 y se estima que en pocos años ya no producirá aviones de combate, al haber fracasado en su búsqueda de mercados alternativos en Brasil, India y Corea del Sur (Wall Street Journal, 20 de setiembre de 2014). Boeing cerrará su fábrica de cargueros C-17 en Long Beach y puede cerrar la de F-18 en Saint Louis en 2017 si no consigue más encomiendas.
Finalmente, la política exterior de la Casa Blanca es errática, mientras la de sus competidores tiene un horizonte definido. El periodista Robert Parry analiza cómo los neoconservadores lograron bloquear la “estrategia realista” de Obama, consistente en colaborar con Vladimir Putin para desenredar el caos geopolítico en Oriente Medio. Los neocon siguen apostando a la caída de Bachar al Assad y se inclinan por crear situaciones caóticas, como la que vive Libia, antes que tolerar la existencia de regímenes adversos (Consortiumnews.com, 19 de setiembre de 2014).
Diversos analistas sostienen que la fabricación de crisis es lo que mejor sabe hacer la superpotencia y que puede ser el único modo de contener su decadencia. El conflicto en Ucrania, donde forzaron la caída de un presidente electo, apunta a aislar a Rusia de Europa. El ataque al Estado Islámico, busca empujarlo cada vez más hacia el norte. Ambas operaciones atentan contra el trazado de la Ruta de la Seda, considerada una de las vigas maestras del nuevo orden mundial.
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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
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