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Buscarle la quinta pata al chancho

La Cooperativa Los Chanchitos gestiona hace 2 años un bodegón porteño que se llena mediodía y noche. De sus anteriores dueños, que fueron a quiebra, sólo quedan los muebles que la justicia quiere enviar a remate público.

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La Cooperativa Los Chanchitos gestiona hace 2 años un bodegón porteño que se llena mediodía y noche. De sus anteriores dueños, que fueron a quiebra, sólo quedan los muebles que la justicia quiere enviar a remate público. En el medio, otro capricho judicial los intima a cobrarles un alquiler retroactivo. Pero los trabajadores tienen una receta especial.
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A las 2 de la tarde de cualquier día hábil el restorán Los Chanchitos está lleno. Repleto. 92 cubiertos al mediodía, que a la noche llegan a dar 3 vueltas. “Ese señor que ves allá – señala José Martín, mozo y presidente de la cooperativa- cuando cumplimos 2 años nos regaló una torta así de grande que decía Felicitaciones Cooperativa Los Chanchitos” . El hombre, ensimismado en su plato, es uno de los tantos fieles clientes de este restorán que ya es un clásico porteño.
La mesa en la que apoya el hombre los codos, que sostiene a su vez el plato, los cubiertos, la botella de agua, y la silla en la que está sentado ese hombre, deberían estar en este momento en remate. Es decir que en lugar del hombre comiendo en un salón lleno, hoy debería haber un martillero público, un oficial de justicia y los interesados en comprar el inmueble de Los Chanchitos.
Pero no: los trabajadores se plantaron de la mejor forma que conocen, trabajando, y piden renegociar las condiciones del remate y que se les validen los créditos laborales adeudados por la antigua gerencia.

Mirá las comisiones

Los Chanchitos es parte de la primera camada de restoranes recuperados en 2013, junto a Alé Alé, La Soleada, Don Battaglia y La Mangiata, todos pertenecientes a los mismos dueños y a la misma receta: vaciamiento, quiebra y toma del lugar por parte de los trabajadores.
Ocuparon el restaurante el 25 de abril del 2013, y ya en mayo estaban conformados como cooperativa y funcionando. Este año cumplieron dos años y ahora les toca dar la última batalla legal respecto a la quiebra de la firma anterior, Pizzanesa S.A., comandada por Jorge Andino y Sergio Lipovich.
Según José Martín, la firma quebrada desapareció del mapa pero ahora se enfrentan a la propia justicia, figurada en la síndico Ana Graciela Ventura, representante de la quiebra en el Juzgado Comercial n° 13. “Ella quedó adueñándose de la indagación y ahora quiere negociar. Es sabido que con la quiebra, al no haber activos de la empresa, los profesionales no cobran. Entonces quiere cobrar sus honorarios a costa de la cooperativa”.
La maniobra de la sindicatura, avalada en todos los casos por el juez Fernando Perillo, consta de tres actos:

  • Por pedido de la síndico y disposición del juez fueron sujetos a remate todos los bienes de la empresa recuperada por sus trabajadores: sillas, mesas, muebles, heladeras, cocinas, aires acondicionados y hasta una camioneta y dos motos.
  • El Juzgado Comercial n° 13 fijó que, en caso de ser la cooperativa la ganadora del remate, que la misma abone “en el momento y al contado” un 20% en concepto de “comisiones”.
  • También, la síndico pidió y el juzgado aprobó que los trabajadores paguen un canon locativo de 125 mil pesos por el uso de los bienes de forma retroactiva, es decir, por estos dos años pasados que estuvieron funcionando.

Los trabajadores la hacen corta: “No vamos a pagar ningún canon y vamos a renegociar las condiciones del remate. Nos cansamos. Estamos hartos de las trabas que nos impone la justicia. Si no le ponemos freno, el día de mañana nos van a venir con otra cosa”.
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Lo que cuestan las cosas

La forma en que van a hacer efectiva esta decisión es no permitiendo el remate y yendo a discutir jurídicamente las condiciones del litigio: “Es una persecución judicial para un beneficio propio de ellos aduciendo que perjudicaría el funcionamiento del juzgado, que quedaría sin fondos para respaldar los actos legales… Sentimos una actitud maliciosa hacia la cooperativa. Dice que no tiene que tener beneficios especiales, porque nosotros nos estamos amparando en un respaldo político-social que no concuerda con lo legal. Pero no es así. Que seamos cooperativa no quiere decir que nos tengan lástima: somos un restorán que está funcionando gracias al esfuerzo nuestro”.
Los trabajadores tienen un arma concreta: el 15 de abril compensaron sus créditos laborales, es decir todas las deudas que tenía la empresa Pizzanesa S.A. con ellos al momento de la quiebra: cargas sociales, sueldos atrasados, etc. El monto total de esos créditos, determinó la justicia, es de 345 mil pesos que los asociados donaron a la cooperativa.
Cuenta el presidente: “Días después la sindicatura presentó una notificación al juez pidiéndole el rechazo de los créditos laborales presentados por la cooperativa”. Los trabajadores insisten en que se validen esos créditos para el remate, ya que la cuenta les cierra a favor: los bienes fueron valuados en 297 mil pesos, 46 mil menos que el monto a favor de Los Chanchitos.
A su vez, los trabajadores discuten el propio monto en que fue valuado el mobiliario: “Hay que tener en cuenta todo lo que nosotros invertimos en reparar ese equipamiento. Heredamos un negocio abandonado con las cosas en desuso: heladoras, cocinas y fritadoras que no funcionaban. Eso lo pusimos en condiciones nosotros. Una camioneta que hoy la tenemos trabajando estaba tirada en un taller; fuimos, pagamos el arreglo y la pusimos a trabajar. Inclusive hay otra camioneta que está secuestrada por la justicia, que está en una cochera que pagamos nosotros; eso debería estar en un estacionamiento judicial. Hay dos motos en la terraza, que nunca las usamos. También les están poniendo precio dentro de la subasta: no tiene sentido. Hay un montón de cosas que no sirven, están inutilizadas y no tienen valor de reventa. Es para discutir y negociar”.
Los trabajadores cuentan que repusieron 8 motores de las diez heladeras, dos de los tres motores de los extractores, repararon la mecánica de la camioneta y compraron tres aires acondicionados.
Recalculando: “No tenemos problema con la subasta. Vamos a la subasta pero a renegociar el valor de los bienes y para que validen los créditos laborales”.
Por último, la batalla más insólita que les apareció ahora es el pago de un alquiler de esos bienes retroactivamente por los dos años que los usaron: 120 mil pesos a pagar en 20 días. “No lo aceptamos, es una decisión unánime de todos los compañeros. Como tampoco aceptamos cuando quisieron meternos un interventor”.
La historia del interventor demuestra que la discriminación judicial a la cooperativa estuvo desde el inicio y fue sostenida: “A los dos meses que arrancamos acá nos quisieron meter un interventor. ¡A nosotros! Estábamos laburando sin un peso. Yo, sentado en frente del interventor, le dije: usted tendría que haberle intervenido la empresa a Pizzanesa, que son los que crearon todo este fraude, esta deuda que la están sufriendo no solo los trabajadores, sino los proveedores, la AFIP, el Gobierno de la Ciudad… Ahí se ve el trato discriminatorio”.

Recetas sin patrón

Hoy Los Chanchitos es uno de los mejores lugares donde comer en Buenos Aires: platos abundantes, originales y precios muy accesibles. “Estamos haciendo las cosas como corresponde. Aprendimos durante muchos años de los errores de la patronal, siendo empleados. Por eso anda tan bien. Hoy somos 35 asociados, empezamos 28, o sea que hemos creado fuentes de trabajo cuando todos los demás restoranes están achicando. Quiere decir que esto funciona”.
¿Por qué en estos dos años cerraron tantos restoranes? “Es muy difícil este rubro. Nosotros necesitamos de muchos insumos, hay que comprar prácticamente todos los días mucha mercadería perecedera. El tema es que nosotros como cooperativa somos 35 asociados interesados, de los cuales al menos 10 nos preocupamos por pensar esas compras. Vamos en la camioneta dos veces por semana al mercado central. Ahí conseguimos todo lo que es fruta verdura; negociamos mucho los proveedores de bodega, vamos a Mataderos, donde sea. Entonces achicamos el costo por ahí, y lo que es carne no se toca: lo pagamos caro pero es la mercadería que queremos laburar y la gente prefiere. De esa manera mantenemos la calidad y bajamos el costo por otro lado. Eso un empresario no lo puede hacer. Un empresario está solo. No puede más que agarrar el teléfono y hablar con el proveedor. Y si aumenta la carne, él aumenta el precio, y si aumenta el vino, lo sube en la carta, y así”.
Los Chanchitos se enorgullece de que el último aumento que hicieron fue en noviembre de 2014 -hace seis meses- y fue de 10%.
José: “Entonces el empresario lo que hace es recortar los salarios de los compañeros, a los proveedores, a generar un poquito de deuda, y cuando te querés acordar ya no te rinde. Si a mí hace dos años me decían: vamos a cerrar porque no viene gente, Los Chanchitos no trabaja, fenómeno, me voy a mi casa. Pero si es por una maniobra fraudulenta, ni loco”.
Los detalles del fraude pueden conocerse en la MU 65.
La receta de Los Chanchitos quizá sea una enseñanza para muchos en tiempos de inestabilidad económica: “Salir a buscar costos te ayuda un montón, y esa es la razón por la que mantenemos la clientela. Encontramos la medida. Un restorán normal no tiene el tiempo que tenemos nosotros”.
Bingo: lo más valioso en la autoegestión es el tiempo, y no el dinero.
Más recetas autogestivas: “Hoy en día una cooperativa de trabajadores no se llena de plata. Nosotros creamos un mercado interno para manejarlo acá, conservamos nuestras fuentes de trabajo, conservamos el local en estado. Es una economía chica para nosotros lo esencial es tener un retiro que nos permita vivir y que lo podamos cobrar en tiempo y forma, cosa que acá no sucedía”. Aclaración: los socios de una cooperativa de trabajo no reciben sueldos ni salarios, sino que realizan retiros o retornos. No hay relación de dependencia, sino una red de trabajadores haciendo las cosas juntos. Sin patrón, de modo autogestionado.
“También el hecho de recuperar nuestra jubilación, la obra social, un montón de cosas que se habían perdido, para nosotros es una ganancia enorme, porque te crea estabilidad en la familia, que era lo que se iba deteriorando. Nosotros lo vivimos, nos damos cuenta de esas diferencias, y no pretendemos llenarnos de plata. Si entra plata de más intentamos crear una fuente de trabajo”.
La familia y el futuro: “Los asociados nuevos son todos pibes jóvenes, la mayoría familiares de los compañeros. Estamos tratando de que el día de mañana nuestros hijos y sobrinos puedan seguir con esto. Tenemos el gran trabajo de cuidarlo ahora. Nos mentalizamos para defenderlo como sea”.
El round de esta semana: “Te quieren debilitar, te quieren hacer bajar los brazos. Pero no se dan cuenta que atrás de todo esto hay mucho apoyo, un montón de gente.
Este miércoles, desde temprano, invitan a agruparse dentro del local para recibir al martillero público con un “no” contundente. El resto, lo discutirán en la justicia y, si es necesario, en la calle. También las cooperativas de trabajo pueden plantearse: Ni una menos.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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