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Chubut: el ojo de la tormenta

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, fue golpeado y detenido hoy tras una represión de la policía provincial a una marcha contra el descuento de los días de paro decretado por el gobernador Mariano Arcioni. El gremio denunció que el recorte abarcaba 17 días y se aplicó a todos los docentes provinciales, inclusos los que se encontraban de licencia por enfermedades graves. En muchas escuelas los descuentos llegaban hasta el 70% de los salarios. En Esquel, por ejemplo, los directores de los colegios entregaron las llaves de los establecimientos hasta que el conflicto se resuelva. En tanto, la CTERA convocó a un paro nacional para este viernes y demandó una mesa de diálogo, en una provincia que entró en la semana 16 de conflicto estatal, y que aún exige justicia por las muertes de las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Aquí compartimos la crónica publicada en la edición de octubre de MU, desde Rawson. La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy. 

El micro se detiene en medio de la Ruta 3, a dos kilómetros del acceso a Trelew. Vemos humo, fuego, gomas sobre el asfalto y algunos chalecos negros y amarillos entre cordones de gendarmes. Ocurre algo impensado: el chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez semanas que están sin obra social, yo no sé qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, durante dos horas de espera.
El comentario nos ubica en otra dimensión.
Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras del Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical desde hace un año, cuando el congelamiento de salarios a todos los estatales, el desfinanciamiento de la obra social y la pésima infraestructura de escuelas y hospitales fue el inicio de una mecha a punto de explotar. Allí está el secretario general de la delegación de Esquel, Juan Chaura, que desde la ruta precisa: “La gente está muy enojada. Otra no nos queda, porque de alguna forma tenemos que hacer visible la voz y que nos escuchen. Hacemos tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. Parece que al Gobierno le gustara que hagamos estas cosas. Ellos son los responsables de esta situación”.
Cuando el micro finalmente pasa, el chofer regala un bocinazo solidario. Cuarenta minutos después llegamos a Rawson, capital provincial, donde el conflicto alcanzó las tapas de los medios porteños de la peor manera: el incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura tras la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar (55, Economía y Contabilidad), de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico cuando volvían de un corte de ruta. Desde ese dolor, en el acampe frente a una Legislatura aún ennegrecida y con vidrios rotos, Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e integrante de la asamblea No a la Mina de Rawson, nos recibe así en la semana diez de una provincia paralizada: “Bienvenides al ojo de la tormenta”.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.

La bomba

A la distancia, la primera impresión que devuelve ese ojo es que el fuego en Chubut se debe a lo salarial, pero la respuesta -como toda esta época- es más compleja: implica tirar de un fino hilo que desenrolla el espejo roto en el que se refleja Argentina hoy.
Chubut es una de las provincias más endeudadas del país. Según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, su stock de pasivos en 2015 era de 7.427 millones de pesos. La deuda llegaría al tercer trimestre de este año a 54 mil millones. Es decir, un incremento del 445%. La megadevaluación -al cierre de esta edición con un dólar a 57 pesos- arrojó combustible a esa mecha: el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1.200 millones de dólares hasta 2028.
Todo este combo se ve a trasluz de los escándalos de corrupción en la provincia. Al menos diez ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves fueron condenados por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación al Estado en la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo largo del conflicto con los estatales, renunciaron tres ministros (dos de Educación y uno de Economía). La primera fue la ministra de Educación Graciela Cigudosa, hoy imputada por presunto desvío de concursos de precios para quedarse con las obras de refacción y mantenimiento de escuelas en Rawson y Playa Unión. Lo insólito: entrará como diputada por Chubut al Frente en la Legislatura en diciembre.
Además, el mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta saldar los vencimientos y, recién después libera el monto sobrante para uso del Ejecutivo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, explica: “Mientras te dicen que no hay plata, Arcioni  (el gobernador) manda una ley para incrementarse 100% el sueldo. Y el único mecanismo que tienen es pedir adelantos de coparticipación, del Tesoro Nacional, del Fondo Fiduciario. Y más deuda: instalaron 1.300 millones de pesos en letras a una tasa del 78% del interés. En septiembre fueron 500 millones al 69%. Esa timba es una locura”.
La mecha estaba encendida.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.

El estallido

Tras la muerte de Das Neves en 2017, el vice Arcioni asumió la gobernación. Su primera medida fue congelar los salarios. Dos postales de su debut: un acampe de los estatales frente a Casa de Gobierno y la ocupación en el Ministerio de Educación. La lucha duró 180 días. 2019 arrancó con la elección provincial en la mira: el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y suscribió una cláusula gatillo trimestral, a partir de junio. Arcioni ganó las elecciones con el 39% de los votos, pero nada se cumplió. Y los estatales volvieron a las rutas.
La mecha se acortaba. En agosto, la policía detuvo al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. Los separaron en dos comisarías distintas, a 30 km de distancia. El repudio se hizo oír hasta de gremios como Camioneros y UOCRA y una marcha histórica reunió a  40 mil personas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los cortes continuaban y el titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila (casualmente también presidente de Petrominera, una S.A. del Estado), declaraba que iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No mentía: lo apuntan como el instigador de una patota de 200 personas encapuchadas que de madrugada llegaron con palos y golpearon a maestras y quemaron sus carpas. Los gremios también responsabilizan al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, como “el orquestador”: lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había: así se habilitó la liberación de la zona”.
La CTERA convocó a un paro nacional. El gobierno desoía los reclamos y desde las asambleas en los gremios exigían a las dirigencias dar otro paso más: pedir el juicio político a Arcioni. Los docentes reclamaron a la dirigencia de ATECH la realización de un plenario de delegados de toda la provincia para discutir las medidas. Se convocó para el martes 17 de septiembre en Rawson. Las delegaciones votaron la instalación de un acampe frente a la Legislatura. Allí habían ido las docentes Jorgelina y María Cristina, junto a otras tres compañeras de Comodoro Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La noticia llegó mientras se armaba el acampe.
Y la bomba explotó.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.

La mano en la lata

Dice el maestro de grado Carlos Magno, congresal del gremio por Comodoro Rivadavia: “La muerte de Jorgelina y María Cristina todavía no cobró el impacto de lo que significa: dos personas, dos compañeras, que fallecen después de una movilización que reclama algo elemental. No estamos reclamando algo extraordinario, fuera de lo rutinario, sino lo que está contemplado en la previsibilidad de cada trabajador, pero en Chubut no funciona lo más elemental del Estado”.
Un ejemplo: cada estatal tiene la misma obra social, Seros, que tiene una cobertura para 131 mil familias. “Hace años que viene desfinanciada porque empezaron a usar ese dinero para otros fines. La obra social ya no podía cubrir los costos médicos: desde 2018 tenemos situaciones de interrupción permanente”. Un ejemplo es la desesperación de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Curso un embarazo que entra ahora al séptimo mes y estoy rogando para que mi hijo nazca entre miércoles y viernes porque son los días que funciona la obra social. Esa angustia nos juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, Seros está tomada hace más de 70 días por los jubilados y las jubiladas.
Los gremios presentaron un proyecto de Ley Tributaria ante la Legislatura, que desenreda la matriz productiva de la provincia y propone de forma extraordinaria en el plazo de 18 meses:

  • Cobrar una tasa del 5% con carácter de ingresos brutos a las empresas petroleras. Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan American Energy, que está manejada por Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más rico de la Argentina, detrás de Paolo Rocca. Acá está el yacimiento de producción más rico del país, Cerro Dragón, que gana 4 mil millones de dólares por año. Eso es más que el presupuesto de Chubut del año pasado (41 millones de pesos). Y estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda un centavo”.
  • Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonelada de aluminio elaborada por Aluar. “Tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica Futaleufú. Le cobran a menor precio la energía eléctrica, su principal insumo, y es una de las empresas más importantes a nivel internacional”. Aluar es propiedad de la familia Madanes y la única productora de aluminio en Argentina, que exporta el 70% de su producción. En su planta de Puerto Madryn produce 460 mil toneladas anuales. Declaró en la Bolsa que durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la devaluación: el saldo superó los 3.000 millones de dólares. Magno: “Tampoco deja nada: ni Ingresos Brutos”.
  • Establecer el Impuesto Inmobiliario Rural a los latifundios. “Benetton es el mayor terrateniente y no paga impuesto inmobiliario”.

El proyecto también aplica porcentajes sobre la pesca, el juego y la energía eólica, parte de otro negociado. “La energía eólica siempre fue un reclamo para que se dejen de lado las matrices de generación de energía a través de combustibles fósiles, pero nunca se le dio importancia hasta que vieron un negocio. Hoy son empresas relacionadas con Macri. Ahora florecen por todos lados”.
Su lectura: “Acá ya hay una disputa política de la sociedad donde el gobierno se juega a todo y nada con el propósito de derrotar a los trabajadores para que no logremos levantar la cabeza por mucho tiempo. Por eso, el después va a ser importante: cómo saldremos de esto. Desentrañemos entonces a los responsables. Ahora hay más trabajadores que reconocen que en la cuestión tributaria está el foco del problema. Algunos dicen que es reformista: ¿cómo no sería una victoria arrancar una ley a estos gobiernos y que obligue a tributar a Aluar, a Benetton, a PAE?”.
Las mismas preguntas y respuestas se replican por Rawson, donde también hay un consenso unánime respecto a qué hay detrás de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la megaminería”.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.

El no es no

La docente Evelyn Oyarzo fue la fotógrafa que capturó un momento histórico. En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense debía discutir una iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), respaldada por 13.007 firmas, para ampliar la prohibición de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera. El proyecto reforzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.
Evelyn registró en esa sesión el momento en el que un gerente minero le dictaba por mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz cómo debía corregir un artículo del proyecto, que terminó transformándose en una ley prominera. El escándalo desató un debate con puntos en común con la actual crisis: corporaciones vs. democracia. El diario El extremo sur de la Patagonia publicó que el reciente presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, instaló el lobby provincial para que la minería sea “la única salida ante la crisis”. En todos los acampes y ocupaciones que recorrió MU, la preocupación también se extendía a partir de las reuniones de Alberto Fernández con los empresarios, incluidos los de la Meridian Gold.
Sin embargo, para trabajadores viales  y docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: “La gente está cada vez más fuerte. Y vemos los frutos del trabajo de hormiga de las asambleas durante todo este tiempo. Al principio no lo notábamos, pero el año pasado, cuando comenzó el pago escalonado, mucha gente sacó la misma conclusión que nosotros. Y nos sorprendió: gente que no participa de la asamblea tenía la certeza de que nos estaban metiendo en una crisis para instalar la megaminería”.
Lo que devuelve el ojo de la tormenta, entonces, ya no es solo salarial.
Es una discusión por la vida.

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Foto: Martina Perosa.

El grito

Leila, desde su embarazo: “Nos dimos cuenta de la importancia de la voz propia. De animarse a decir. Porque gran parte de las medidas de fuerza que se sostienen desde el año pasado no salieron de los gremios, sino de las propias bases. Cuando buscamos asamblear en las escuelas, solíamos ser los mismos. Pero este año otros docentes ocuparon espacios, quizá por primera vez. Y fue muy importante. Porque antes estábamos en una situación en la que el sentido común era: qué importa si nadie me va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un grito: ¿cómo no me van a escuchar?”.
Ahora, a las nueve de la mañana, el grito se escucha en un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó: murieron dos compañeras, se prendió fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, y no tenemos respuestas. Es desesperante”. En este momento Arcioni está reunido con diputados de la oposición. Las docentes reconocen al radical Manuel Pagliaroni, que admite a MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia de la Argentina”.

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Foto: Martina Perosa.


En la Municipalidad no hay funcionarios, pero suena cumbia mientras despliegan banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace dos meses paramos porque no cobramos los sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí también me gustaría entenderlo”.
El edificio de Vialidad provincial está ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de la dirección de Obras por Contrato: “Estamos pagando todas nuestras cuentas con intereses. Es un círculo muy vicioso porque no te podés siquiera enfermar. Los chicos sin clases por la lucha de las compañeras docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay otra manera”.
En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: “Hacer paro es hacer justicia”.
Frente al Hospital Santa Teresita se levanta una estructura con carteles pegados hacia la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti (33 años, psicóloga) aclaran que no es una carpa, sino un centro de atención precaria, y precisan que la situación se extiende en toda la provincia. Y que este, único hospital de Rawson, atiende una población de más de 40 mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un circuito muy desgastante que a nadie le importa, sin políticas de contención. No hay noción de los efectos en el cuerpo y la salud mental que traen las crisis sociales”.
Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.

La nueva escuela

De vuelta en la Legislatura, un arco de llegada cruza de vereda a vereda a la espera del Grupo de Docentes de Chubut a Pedal. Después de las muertes de Jorgelina y María Cristina, un profesor de Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo que parecía una misión imposible se transformó en 48 horas en un grupo de 14 docentes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Yanina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Daniel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por día con postas cada 30 minutos. Salieron el martes a las 8am y acaban de llegar, a las 12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. Con lágrimas en los ojos. Con mates calientes. Y también con una certeza que dimensionan así a MU.
José: “Hay que aclarar algo: esto no fue una hazaña ni un desafío deportivo. Era una forma de hacer visible que no es solo sueldos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es la educación, es la salud. No podemos perder más vidas luchando por nuestros derechos. La muerte de las compañeras no fue un accidente: el Estado es responsable. Tenemos que estar adentro de las aulas. Pero también refleja un estado de ánimo después de tanto tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.


Jorge, el profe que propuso esta idea, piensa qué hay después de toda esta lucha: “Después de una actividad muy intensa siempre hay un día posterior que se llama regenerativo. Es volver a un trabajo de acomodación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar para volver a pedir otra exigencia. Cuando volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mismo”. Daniel: “Hay una sociedad más consciente y organizada. El pueblo fue encontrando otras herramientas, porque como vimos con Jorgelina y María Cristina, las personas que mueren siempre son las mismas: el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es que ya no está la idea apegarse a algo, sino de juntarse y crear otra cosa distinta”.
José muestra uno de los carteles que les dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: “Nunca se den por vencidos”.
Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia?

La provincia luchona

En la misma sede donde funciona la Escuela 7705 y el Instituto 816 de Rawson hay una clase abierta de Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 19 años, está en sexto año y en el día número 28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller -20, estudiante del profesorado de Educación Especial- precisa que es la primera vez que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda la lucha en general, que va más allá de la educación en sí: es por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotres, es pedir un establecimiento con condiciones dignas”. En Madryn hay siete escuelas tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, porque estamos luchando por algo que queremos. No es poco. Y siempre en grupo”.
En el instituto también hay representantes de la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuentan que la supervisión de escuelas está tomada hace 23 días y que están recorriendo las ocupaciones para realizar un documental. Marco Antonio, estudiante de Música y Ciencias de la Educación: “Se está formando algo lindo que no sabemos dónde va a parar, pero va más allá de las políticas partidarias”. Valeria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: “El método asambleario, que vemos replicado en toda la lucha, maneja una horizontalidad que es crucial en tiempos de crisis”.

Chubut: el ojo de la tormenta

Foto: Martina Perosa.


Fiona Cartolano es de las más chicas de la ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de familia luchona, que me enseñaron muchísimas cosas, en marchas, explicándome. Y acá también estoy aprendiendo a pensar con otres. No es fácil, hay choques, más durante tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”.
¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es resistir. Pero no mandando un mensajito, un ‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué necesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”.
Fiona tiene 13 años.
 

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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