El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, fue golpeado y detenido hoy tras una represión de la policía provincial a una marcha contra el descuento de los días de paro decretado por el gobernador Mariano Arcioni. El gremio denunció que el recorte abarcaba 17 días y se aplicó a todos los docentes provinciales, inclusos los que se encontraban de licencia por enfermedades graves. En muchas escuelas los descuentos llegaban hasta el 70% de los salarios. En Esquel, por ejemplo, los directores de los colegios entregaron las llaves de los establecimientos hasta que el conflicto se resuelva. En tanto, la CTERA convocó a un paro nacional para este viernes y demandó una mesa de diálogo, en una provincia que entró en la semana 16 de conflicto estatal, y que aún exige justicia por las muertes de las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Aquí compartimos la crónica publicada en la edición de octubre de MU, desde Rawson. La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy. 

El micro se detiene en medio de la Ruta 3, a dos kilómetros del acceso a Trelew. Vemos humo, fuego, gomas sobre el asfalto y algunos chalecos negros y amarillos entre cordones de gendarmes. Ocurre algo impensado: el chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez semanas que están sin obra social, yo no sé qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, durante dos horas de espera.
El comentario nos ubica en otra dimensión.
Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras del Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical desde hace un año, cuando el congelamiento de salarios a todos los estatales, el desfinanciamiento de la obra social y la pésima infraestructura de escuelas y hospitales fue el inicio de una mecha a punto de explotar. Allí está el secretario general de la delegación de Esquel, Juan Chaura, que desde la ruta precisa: “La gente está muy enojada. Otra no nos queda, porque de alguna forma tenemos que hacer visible la voz y que nos escuchen. Hacemos tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. Parece que al Gobierno le gustara que hagamos estas cosas. Ellos son los responsables de esta situación”.
Cuando el micro finalmente pasa, el chofer regala un bocinazo solidario. Cuarenta minutos después llegamos a Rawson, capital provincial, donde el conflicto alcanzó las tapas de los medios porteños de la peor manera: el incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura tras la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar (55, Economía y Contabilidad), de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico cuando volvían de un corte de ruta. Desde ese dolor, en el acampe frente a una Legislatura aún ennegrecida y con vidrios rotos, Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e integrante de la asamblea No a la Mina de Rawson, nos recibe así en la semana diez de una provincia paralizada: “Bienvenides al ojo de la tormenta”.

La bomba

A la distancia, la primera impresión que devuelve ese ojo es que el fuego en Chubut se debe a lo salarial, pero la respuesta -como toda esta época- es más compleja: implica tirar de un fino hilo que desenrolla el espejo roto en el que se refleja Argentina hoy.
Chubut es una de las provincias más endeudadas del país. Según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, su stock de pasivos en 2015 era de 7.427 millones de pesos. La deuda llegaría al tercer trimestre de este año a 54 mil millones. Es decir, un incremento del 445%. La megadevaluación -al cierre de esta edición con un dólar a 57 pesos- arrojó combustible a esa mecha: el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1.200 millones de dólares hasta 2028.
Todo este combo se ve a trasluz de los escándalos de corrupción en la provincia. Al menos diez ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves fueron condenados por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación al Estado en la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo largo del conflicto con los estatales, renunciaron tres ministros (dos de Educación y uno de Economía). La primera fue la ministra de Educación Graciela Cigudosa, hoy imputada por presunto desvío de concursos de precios para quedarse con las obras de refacción y mantenimiento de escuelas en Rawson y Playa Unión. Lo insólito: entrará como diputada por Chubut al Frente en la Legislatura en diciembre.
Además, el mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta saldar los vencimientos y, recién después libera el monto sobrante para uso del Ejecutivo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, explica: “Mientras te dicen que no hay plata, Arcioni  (el gobernador) manda una ley para incrementarse 100% el sueldo. Y el único mecanismo que tienen es pedir adelantos de coparticipación, del Tesoro Nacional, del Fondo Fiduciario. Y más deuda: instalaron 1.300 millones de pesos en letras a una tasa del 78% del interés. En septiembre fueron 500 millones al 69%. Esa timba es una locura”.
La mecha estaba encendida.

El estallido

Tras la muerte de Das Neves en 2017, el vice Arcioni asumió la gobernación. Su primera medida fue congelar los salarios. Dos postales de su debut: un acampe de los estatales frente a Casa de Gobierno y la ocupación en el Ministerio de Educación. La lucha duró 180 días. 2019 arrancó con la elección provincial en la mira: el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y suscribió una cláusula gatillo trimestral, a partir de junio. Arcioni ganó las elecciones con el 39% de los votos, pero nada se cumplió. Y los estatales volvieron a las rutas.
La mecha se acortaba. En agosto, la policía detuvo al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. Los separaron en dos comisarías distintas, a 30 km de distancia. El repudio se hizo oír hasta de gremios como Camioneros y UOCRA y una marcha histórica reunió a  40 mil personas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los cortes continuaban y el titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila (casualmente también presidente de Petrominera, una S.A. del Estado), declaraba que iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No mentía: lo apuntan como el instigador de una patota de 200 personas encapuchadas que de madrugada llegaron con palos y golpearon a maestras y quemaron sus carpas. Los gremios también responsabilizan al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, como “el orquestador”: lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había: así se habilitó la liberación de la zona”.
La CTERA convocó a un paro nacional. El gobierno desoía los reclamos y desde las asambleas en los gremios exigían a las dirigencias dar otro paso más: pedir el juicio político a Arcioni. Los docentes reclamaron a la dirigencia de ATECH la realización de un plenario de delegados de toda la provincia para discutir las medidas. Se convocó para el martes 17 de septiembre en Rawson. Las delegaciones votaron la instalación de un acampe frente a la Legislatura. Allí habían ido las docentes Jorgelina y María Cristina, junto a otras tres compañeras de Comodoro Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La noticia llegó mientras se armaba el acampe.
Y la bomba explotó.

La mano en la lata

Dice el maestro de grado Carlos Magno, congresal del gremio por Comodoro Rivadavia: “La muerte de Jorgelina y María Cristina todavía no cobró el impacto de lo que significa: dos personas, dos compañeras, que fallecen después de una movilización que reclama algo elemental. No estamos reclamando algo extraordinario, fuera de lo rutinario, sino lo que está contemplado en la previsibilidad de cada trabajador, pero en Chubut no funciona lo más elemental del Estado”.
Un ejemplo: cada estatal tiene la misma obra social, Seros, que tiene una cobertura para 131 mil familias. “Hace años que viene desfinanciada porque empezaron a usar ese dinero para otros fines. La obra social ya no podía cubrir los costos médicos: desde 2018 tenemos situaciones de interrupción permanente”. Un ejemplo es la desesperación de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Curso un embarazo que entra ahora al séptimo mes y estoy rogando para que mi hijo nazca entre miércoles y viernes porque son los días que funciona la obra social. Esa angustia nos juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, Seros está tomada hace más de 70 días por los jubilados y las jubiladas.
Los gremios presentaron un proyecto de Ley Tributaria ante la Legislatura, que desenreda la matriz productiva de la provincia y propone de forma extraordinaria en el plazo de 18 meses:

• Cobrar una tasa del 5% con carácter de ingresos brutos a las empresas petroleras. Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan American Energy, que está manejada por Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más rico de la Argentina, detrás de Paolo Rocca. Acá está el yacimiento de producción más rico del país, Cerro Dragón, que gana 4 mil millones de dólares por año. Eso es más que el presupuesto de Chubut del año pasado (41 millones de pesos). Y estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda un centavo”.
• Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonelada de aluminio elaborada por Aluar. “Tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica Futaleufú. Le cobran a menor precio la energía eléctrica, su principal insumo, y es una de las empresas más importantes a nivel internacional”. Aluar es propiedad de la familia Madanes y la única productora de aluminio en Argentina, que exporta el 70% de su producción. En su planta de Puerto Madryn produce 460 mil toneladas anuales. Declaró en la Bolsa que durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la devaluación: el saldo superó los 3.000 millones de dólares. Magno: “Tampoco deja nada: ni Ingresos Brutos”.
• Establecer el Impuesto Inmobiliario Rural a los latifundios. “Benetton es el mayor terrateniente y no paga impuesto inmobiliario”.

El proyecto también aplica porcentajes sobre la pesca, el juego y la energía eólica, parte de otro negociado. “La energía eólica siempre fue un reclamo para que se dejen de lado las matrices de generación de energía a través de combustibles fósiles, pero nunca se le dio importancia hasta que vieron un negocio. Hoy son empresas relacionadas con Macri. Ahora florecen por todos lados”.
Su lectura: “Acá ya hay una disputa política de la sociedad donde el gobierno se juega a todo y nada con el propósito de derrotar a los trabajadores para que no logremos levantar la cabeza por mucho tiempo. Por eso, el después va a ser importante: cómo saldremos de esto. Desentrañemos entonces a los responsables. Ahora hay más trabajadores que reconocen que en la cuestión tributaria está el foco del problema. Algunos dicen que es reformista: ¿cómo no sería una victoria arrancar una ley a estos gobiernos y que obligue a tributar a Aluar, a Benetton, a PAE?”.
Las mismas preguntas y respuestas se replican por Rawson, donde también hay un consenso unánime respecto a qué hay detrás de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la megaminería”.

El no es no

La docente Evelyn Oyarzo fue la fotógrafa que capturó un momento histórico. En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense debía discutir una iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), respaldada por 13.007 firmas, para ampliar la prohibición de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera. El proyecto reforzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.
Evelyn registró en esa sesión el momento en el que un gerente minero le dictaba por mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz cómo debía corregir un artículo del proyecto, que terminó transformándose en una ley prominera. El escándalo desató un debate con puntos en común con la actual crisis: corporaciones vs. democracia. El diario El extremo sur de la Patagonia publicó que el reciente presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, instaló el lobby provincial para que la minería sea “la única salida ante la crisis”. En todos los acampes y ocupaciones que recorrió MU, la preocupación también se extendía a partir de las reuniones de Alberto Fernández con los empresarios, incluidos los de la Meridian Gold.
Sin embargo, para trabajadores viales  y docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: “La gente está cada vez más fuerte. Y vemos los frutos del trabajo de hormiga de las asambleas durante todo este tiempo. Al principio no lo notábamos, pero el año pasado, cuando comenzó el pago escalonado, mucha gente sacó la misma conclusión que nosotros. Y nos sorprendió: gente que no participa de la asamblea tenía la certeza de que nos estaban metiendo en una crisis para instalar la megaminería”.
Lo que devuelve el ojo de la tormenta, entonces, ya no es solo salarial.
Es una discusión por la vida.

El grito

Leila, desde su embarazo: “Nos dimos cuenta de la importancia de la voz propia. De animarse a decir. Porque gran parte de las medidas de fuerza que se sostienen desde el año pasado no salieron de los gremios, sino de las propias bases. Cuando buscamos asamblear en las escuelas, solíamos ser los mismos. Pero este año otros docentes ocuparon espacios, quizá por primera vez. Y fue muy importante. Porque antes estábamos en una situación en la que el sentido común era: qué importa si nadie me va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un grito: ¿cómo no me van a escuchar?”.
Ahora, a las nueve de la mañana, el grito se escucha en un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó: murieron dos compañeras, se prendió fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, y no tenemos respuestas. Es desesperante”. En este momento Arcioni está reunido con diputados de la oposición. Las docentes reconocen al radical Manuel Pagliaroni, que admite a MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia de la Argentina”.

En la Municipalidad no hay funcionarios, pero suena cumbia mientras despliegan banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace dos meses paramos porque no cobramos los sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí también me gustaría entenderlo”.
El edificio de Vialidad provincial está ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de la dirección de Obras por Contrato: “Estamos pagando todas nuestras cuentas con intereses. Es un círculo muy vicioso porque no te podés siquiera enfermar. Los chicos sin clases por la lucha de las compañeras docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay otra manera”.
En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: “Hacer paro es hacer justicia”.
Frente al Hospital Santa Teresita se levanta una estructura con carteles pegados hacia la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti (33 años, psicóloga) aclaran que no es una carpa, sino un centro de atención precaria, y precisan que la situación se extiende en toda la provincia. Y que este, único hospital de Rawson, atiende una población de más de 40 mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un circuito muy desgastante que a nadie le importa, sin políticas de contención. No hay noción de los efectos en el cuerpo y la salud mental que traen las crisis sociales”.

La nueva escuela

De vuelta en la Legislatura, un arco de llegada cruza de vereda a vereda a la espera del Grupo de Docentes de Chubut a Pedal. Después de las muertes de Jorgelina y María Cristina, un profesor de Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo que parecía una misión imposible se transformó en 48 horas en un grupo de 14 docentes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Yanina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Daniel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por día con postas cada 30 minutos. Salieron el martes a las 8am y acaban de llegar, a las 12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. Con lágrimas en los ojos. Con mates calientes. Y también con una certeza que dimensionan así a MU.
José: “Hay que aclarar algo: esto no fue una hazaña ni un desafío deportivo. Era una forma de hacer visible que no es solo sueldos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es la educación, es la salud. No podemos perder más vidas luchando por nuestros derechos. La muerte de las compañeras no fue un accidente: el Estado es responsable. Tenemos que estar adentro de las aulas. Pero también refleja un estado de ánimo después de tanto tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.

Jorge, el profe que propuso esta idea, piensa qué hay después de toda esta lucha: “Después de una actividad muy intensa siempre hay un día posterior que se llama regenerativo. Es volver a un trabajo de acomodación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar para volver a pedir otra exigencia. Cuando volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mismo”. Daniel: “Hay una sociedad más consciente y organizada. El pueblo fue encontrando otras herramientas, porque como vimos con Jorgelina y María Cristina, las personas que mueren siempre son las mismas: el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es que ya no está la idea apegarse a algo, sino de juntarse y crear otra cosa distinta”.
José muestra uno de los carteles que les dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: “Nunca se den por vencidos”.
Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia?

La provincia luchona

En la misma sede donde funciona la Escuela 7705 y el Instituto 816 de Rawson hay una clase abierta de Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 19 años, está en sexto año y en el día número 28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller -20, estudiante del profesorado de Educación Especial- precisa que es la primera vez que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda la lucha en general, que va más allá de la educación en sí: es por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotres, es pedir un establecimiento con condiciones dignas”. En Madryn hay siete escuelas tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, porque estamos luchando por algo que queremos. No es poco. Y siempre en grupo”.
En el instituto también hay representantes de la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuentan que la supervisión de escuelas está tomada hace 23 días y que están recorriendo las ocupaciones para realizar un documental. Marco Antonio, estudiante de Música y Ciencias de la Educación: “Se está formando algo lindo que no sabemos dónde va a parar, pero va más allá de las políticas partidarias”. Valeria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: “El método asambleario, que vemos replicado en toda la lucha, maneja una horizontalidad que es crucial en tiempos de crisis”.

Fiona Cartolano es de las más chicas de la ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de familia luchona, que me enseñaron muchísimas cosas, en marchas, explicándome. Y acá también estoy aprendiendo a pensar con otres. No es fácil, hay choques, más durante tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”.
¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es resistir. Pero no mandando un mensajito, un ‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué necesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”.
Fiona tiene 13 años.