Nota
Chubut: el ojo de la tormenta
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, fue golpeado y detenido hoy tras una represión de la policía provincial a una marcha contra el descuento de los días de paro decretado por el gobernador Mariano Arcioni. El gremio denunció que el recorte abarcaba 17 días y se aplicó a todos los docentes provinciales, inclusos los que se encontraban de licencia por enfermedades graves. En muchas escuelas los descuentos llegaban hasta el 70% de los salarios. En Esquel, por ejemplo, los directores de los colegios entregaron las llaves de los establecimientos hasta que el conflicto se resuelva. En tanto, la CTERA convocó a un paro nacional para este viernes y demandó una mesa de diálogo, en una provincia que entró en la semana 16 de conflicto estatal, y que aún exige justicia por las muertes de las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Aquí compartimos la crónica publicada en la edición de octubre de MU, desde Rawson. La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy.
El micro se detiene en medio de la Ruta 3, a dos kilómetros del acceso a Trelew. Vemos humo, fuego, gomas sobre el asfalto y algunos chalecos negros y amarillos entre cordones de gendarmes. Ocurre algo impensado: el chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez semanas que están sin obra social, yo no sé qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, durante dos horas de espera.
El comentario nos ubica en otra dimensión.
Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras del Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical desde hace un año, cuando el congelamiento de salarios a todos los estatales, el desfinanciamiento de la obra social y la pésima infraestructura de escuelas y hospitales fue el inicio de una mecha a punto de explotar. Allí está el secretario general de la delegación de Esquel, Juan Chaura, que desde la ruta precisa: “La gente está muy enojada. Otra no nos queda, porque de alguna forma tenemos que hacer visible la voz y que nos escuchen. Hacemos tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. Parece que al Gobierno le gustara que hagamos estas cosas. Ellos son los responsables de esta situación”.
Cuando el micro finalmente pasa, el chofer regala un bocinazo solidario. Cuarenta minutos después llegamos a Rawson, capital provincial, donde el conflicto alcanzó las tapas de los medios porteños de la peor manera: el incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura tras la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar (55, Economía y Contabilidad), de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico cuando volvían de un corte de ruta. Desde ese dolor, en el acampe frente a una Legislatura aún ennegrecida y con vidrios rotos, Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e integrante de la asamblea No a la Mina de Rawson, nos recibe así en la semana diez de una provincia paralizada: “Bienvenides al ojo de la tormenta”.
La bomba
A la distancia, la primera impresión que devuelve ese ojo es que el fuego en Chubut se debe a lo salarial, pero la respuesta -como toda esta época- es más compleja: implica tirar de un fino hilo que desenrolla el espejo roto en el que se refleja Argentina hoy.
Chubut es una de las provincias más endeudadas del país. Según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, su stock de pasivos en 2015 era de 7.427 millones de pesos. La deuda llegaría al tercer trimestre de este año a 54 mil millones. Es decir, un incremento del 445%. La megadevaluación -al cierre de esta edición con un dólar a 57 pesos- arrojó combustible a esa mecha: el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1.200 millones de dólares hasta 2028.
Todo este combo se ve a trasluz de los escándalos de corrupción en la provincia. Al menos diez ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves fueron condenados por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación al Estado en la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo largo del conflicto con los estatales, renunciaron tres ministros (dos de Educación y uno de Economía). La primera fue la ministra de Educación Graciela Cigudosa, hoy imputada por presunto desvío de concursos de precios para quedarse con las obras de refacción y mantenimiento de escuelas en Rawson y Playa Unión. Lo insólito: entrará como diputada por Chubut al Frente en la Legislatura en diciembre.
Además, el mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta saldar los vencimientos y, recién después libera el monto sobrante para uso del Ejecutivo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, explica: “Mientras te dicen que no hay plata, Arcioni (el gobernador) manda una ley para incrementarse 100% el sueldo. Y el único mecanismo que tienen es pedir adelantos de coparticipación, del Tesoro Nacional, del Fondo Fiduciario. Y más deuda: instalaron 1.300 millones de pesos en letras a una tasa del 78% del interés. En septiembre fueron 500 millones al 69%. Esa timba es una locura”.
La mecha estaba encendida.
El estallido
Tras la muerte de Das Neves en 2017, el vice Arcioni asumió la gobernación. Su primera medida fue congelar los salarios. Dos postales de su debut: un acampe de los estatales frente a Casa de Gobierno y la ocupación en el Ministerio de Educación. La lucha duró 180 días. 2019 arrancó con la elección provincial en la mira: el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y suscribió una cláusula gatillo trimestral, a partir de junio. Arcioni ganó las elecciones con el 39% de los votos, pero nada se cumplió. Y los estatales volvieron a las rutas.
La mecha se acortaba. En agosto, la policía detuvo al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. Los separaron en dos comisarías distintas, a 30 km de distancia. El repudio se hizo oír hasta de gremios como Camioneros y UOCRA y una marcha histórica reunió a 40 mil personas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los cortes continuaban y el titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila (casualmente también presidente de Petrominera, una S.A. del Estado), declaraba que iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No mentía: lo apuntan como el instigador de una patota de 200 personas encapuchadas que de madrugada llegaron con palos y golpearon a maestras y quemaron sus carpas. Los gremios también responsabilizan al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, como “el orquestador”: lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había: así se habilitó la liberación de la zona”.
La CTERA convocó a un paro nacional. El gobierno desoía los reclamos y desde las asambleas en los gremios exigían a las dirigencias dar otro paso más: pedir el juicio político a Arcioni. Los docentes reclamaron a la dirigencia de ATECH la realización de un plenario de delegados de toda la provincia para discutir las medidas. Se convocó para el martes 17 de septiembre en Rawson. Las delegaciones votaron la instalación de un acampe frente a la Legislatura. Allí habían ido las docentes Jorgelina y María Cristina, junto a otras tres compañeras de Comodoro Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La noticia llegó mientras se armaba el acampe.
Y la bomba explotó.
La mano en la lata
Dice el maestro de grado Carlos Magno, congresal del gremio por Comodoro Rivadavia: “La muerte de Jorgelina y María Cristina todavía no cobró el impacto de lo que significa: dos personas, dos compañeras, que fallecen después de una movilización que reclama algo elemental. No estamos reclamando algo extraordinario, fuera de lo rutinario, sino lo que está contemplado en la previsibilidad de cada trabajador, pero en Chubut no funciona lo más elemental del Estado”.
Un ejemplo: cada estatal tiene la misma obra social, Seros, que tiene una cobertura para 131 mil familias. “Hace años que viene desfinanciada porque empezaron a usar ese dinero para otros fines. La obra social ya no podía cubrir los costos médicos: desde 2018 tenemos situaciones de interrupción permanente”. Un ejemplo es la desesperación de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Curso un embarazo que entra ahora al séptimo mes y estoy rogando para que mi hijo nazca entre miércoles y viernes porque son los días que funciona la obra social. Esa angustia nos juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, Seros está tomada hace más de 70 días por los jubilados y las jubiladas.
Los gremios presentaron un proyecto de Ley Tributaria ante la Legislatura, que desenreda la matriz productiva de la provincia y propone de forma extraordinaria en el plazo de 18 meses:
- Cobrar una tasa del 5% con carácter de ingresos brutos a las empresas petroleras. Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan American Energy, que está manejada por Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más rico de la Argentina, detrás de Paolo Rocca. Acá está el yacimiento de producción más rico del país, Cerro Dragón, que gana 4 mil millones de dólares por año. Eso es más que el presupuesto de Chubut del año pasado (41 millones de pesos). Y estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda un centavo”.
- Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonelada de aluminio elaborada por Aluar. “Tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica Futaleufú. Le cobran a menor precio la energía eléctrica, su principal insumo, y es una de las empresas más importantes a nivel internacional”. Aluar es propiedad de la familia Madanes y la única productora de aluminio en Argentina, que exporta el 70% de su producción. En su planta de Puerto Madryn produce 460 mil toneladas anuales. Declaró en la Bolsa que durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la devaluación: el saldo superó los 3.000 millones de dólares. Magno: “Tampoco deja nada: ni Ingresos Brutos”.
- Establecer el Impuesto Inmobiliario Rural a los latifundios. “Benetton es el mayor terrateniente y no paga impuesto inmobiliario”.
El proyecto también aplica porcentajes sobre la pesca, el juego y la energía eólica, parte de otro negociado. “La energía eólica siempre fue un reclamo para que se dejen de lado las matrices de generación de energía a través de combustibles fósiles, pero nunca se le dio importancia hasta que vieron un negocio. Hoy son empresas relacionadas con Macri. Ahora florecen por todos lados”.
Su lectura: “Acá ya hay una disputa política de la sociedad donde el gobierno se juega a todo y nada con el propósito de derrotar a los trabajadores para que no logremos levantar la cabeza por mucho tiempo. Por eso, el después va a ser importante: cómo saldremos de esto. Desentrañemos entonces a los responsables. Ahora hay más trabajadores que reconocen que en la cuestión tributaria está el foco del problema. Algunos dicen que es reformista: ¿cómo no sería una victoria arrancar una ley a estos gobiernos y que obligue a tributar a Aluar, a Benetton, a PAE?”.
Las mismas preguntas y respuestas se replican por Rawson, donde también hay un consenso unánime respecto a qué hay detrás de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la megaminería”.
El no es no
La docente Evelyn Oyarzo fue la fotógrafa que capturó un momento histórico. En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense debía discutir una iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), respaldada por 13.007 firmas, para ampliar la prohibición de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera. El proyecto reforzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.
Evelyn registró en esa sesión el momento en el que un gerente minero le dictaba por mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz cómo debía corregir un artículo del proyecto, que terminó transformándose en una ley prominera. El escándalo desató un debate con puntos en común con la actual crisis: corporaciones vs. democracia. El diario El extremo sur de la Patagonia publicó que el reciente presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, instaló el lobby provincial para que la minería sea “la única salida ante la crisis”. En todos los acampes y ocupaciones que recorrió MU, la preocupación también se extendía a partir de las reuniones de Alberto Fernández con los empresarios, incluidos los de la Meridian Gold.
Sin embargo, para trabajadores viales y docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: “La gente está cada vez más fuerte. Y vemos los frutos del trabajo de hormiga de las asambleas durante todo este tiempo. Al principio no lo notábamos, pero el año pasado, cuando comenzó el pago escalonado, mucha gente sacó la misma conclusión que nosotros. Y nos sorprendió: gente que no participa de la asamblea tenía la certeza de que nos estaban metiendo en una crisis para instalar la megaminería”.
Lo que devuelve el ojo de la tormenta, entonces, ya no es solo salarial.
Es una discusión por la vida.
El grito
Leila, desde su embarazo: “Nos dimos cuenta de la importancia de la voz propia. De animarse a decir. Porque gran parte de las medidas de fuerza que se sostienen desde el año pasado no salieron de los gremios, sino de las propias bases. Cuando buscamos asamblear en las escuelas, solíamos ser los mismos. Pero este año otros docentes ocuparon espacios, quizá por primera vez. Y fue muy importante. Porque antes estábamos en una situación en la que el sentido común era: qué importa si nadie me va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un grito: ¿cómo no me van a escuchar?”.
Ahora, a las nueve de la mañana, el grito se escucha en un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó: murieron dos compañeras, se prendió fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, y no tenemos respuestas. Es desesperante”. En este momento Arcioni está reunido con diputados de la oposición. Las docentes reconocen al radical Manuel Pagliaroni, que admite a MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia de la Argentina”.
En la Municipalidad no hay funcionarios, pero suena cumbia mientras despliegan banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace dos meses paramos porque no cobramos los sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí también me gustaría entenderlo”.
El edificio de Vialidad provincial está ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de la dirección de Obras por Contrato: “Estamos pagando todas nuestras cuentas con intereses. Es un círculo muy vicioso porque no te podés siquiera enfermar. Los chicos sin clases por la lucha de las compañeras docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay otra manera”.
En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: “Hacer paro es hacer justicia”.
Frente al Hospital Santa Teresita se levanta una estructura con carteles pegados hacia la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti (33 años, psicóloga) aclaran que no es una carpa, sino un centro de atención precaria, y precisan que la situación se extiende en toda la provincia. Y que este, único hospital de Rawson, atiende una población de más de 40 mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un circuito muy desgastante que a nadie le importa, sin políticas de contención. No hay noción de los efectos en el cuerpo y la salud mental que traen las crisis sociales”.
La nueva escuela
De vuelta en la Legislatura, un arco de llegada cruza de vereda a vereda a la espera del Grupo de Docentes de Chubut a Pedal. Después de las muertes de Jorgelina y María Cristina, un profesor de Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo que parecía una misión imposible se transformó en 48 horas en un grupo de 14 docentes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Yanina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Daniel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por día con postas cada 30 minutos. Salieron el martes a las 8am y acaban de llegar, a las 12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. Con lágrimas en los ojos. Con mates calientes. Y también con una certeza que dimensionan así a MU.
José: “Hay que aclarar algo: esto no fue una hazaña ni un desafío deportivo. Era una forma de hacer visible que no es solo sueldos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es la educación, es la salud. No podemos perder más vidas luchando por nuestros derechos. La muerte de las compañeras no fue un accidente: el Estado es responsable. Tenemos que estar adentro de las aulas. Pero también refleja un estado de ánimo después de tanto tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.
Jorge, el profe que propuso esta idea, piensa qué hay después de toda esta lucha: “Después de una actividad muy intensa siempre hay un día posterior que se llama regenerativo. Es volver a un trabajo de acomodación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar para volver a pedir otra exigencia. Cuando volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mismo”. Daniel: “Hay una sociedad más consciente y organizada. El pueblo fue encontrando otras herramientas, porque como vimos con Jorgelina y María Cristina, las personas que mueren siempre son las mismas: el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es que ya no está la idea apegarse a algo, sino de juntarse y crear otra cosa distinta”.
José muestra uno de los carteles que les dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: “Nunca se den por vencidos”.
Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia?
La provincia luchona
En la misma sede donde funciona la Escuela 7705 y el Instituto 816 de Rawson hay una clase abierta de Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 19 años, está en sexto año y en el día número 28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller -20, estudiante del profesorado de Educación Especial- precisa que es la primera vez que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda la lucha en general, que va más allá de la educación en sí: es por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotres, es pedir un establecimiento con condiciones dignas”. En Madryn hay siete escuelas tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, porque estamos luchando por algo que queremos. No es poco. Y siempre en grupo”.
En el instituto también hay representantes de la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuentan que la supervisión de escuelas está tomada hace 23 días y que están recorriendo las ocupaciones para realizar un documental. Marco Antonio, estudiante de Música y Ciencias de la Educación: “Se está formando algo lindo que no sabemos dónde va a parar, pero va más allá de las políticas partidarias”. Valeria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: “El método asambleario, que vemos replicado en toda la lucha, maneja una horizontalidad que es crucial en tiempos de crisis”.
Fiona Cartolano es de las más chicas de la ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de familia luchona, que me enseñaron muchísimas cosas, en marchas, explicándome. Y acá también estoy aprendiendo a pensar con otres. No es fácil, hay choques, más durante tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”.
¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es resistir. Pero no mandando un mensajito, un ‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué necesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”.
Fiona tiene 13 años.
Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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