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Chubut: el ojo de la tormenta

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, fue golpeado y detenido hoy tras una represión de la policía provincial a una marcha contra el descuento de los días de paro decretado por el gobernador Mariano Arcioni. El gremio denunció que el recorte abarcaba 17 días y se aplicó a todos los docentes provinciales, inclusos los que se encontraban de licencia por enfermedades graves. En muchas escuelas los descuentos llegaban hasta el 70% de los salarios. En Esquel, por ejemplo, los directores de los colegios entregaron las llaves de los establecimientos hasta que el conflicto se resuelva. En tanto, la CTERA convocó a un paro nacional para este viernes y demandó una mesa de diálogo, en una provincia que entró en la semana 16 de conflicto estatal, y que aún exige justicia por las muertes de las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Aquí compartimos la crónica publicada en la edición de octubre de MU, desde Rawson. La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy. 

El micro se detiene en medio de la Ruta 3, a dos kilómetros del acceso a Trelew. Vemos humo, fuego, gomas sobre el asfalto y algunos chalecos negros y amarillos entre cordones de gendarmes. Ocurre algo impensado: el chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez semanas que están sin obra social, yo no sé qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, durante dos horas de espera.
El comentario nos ubica en otra dimensión.
Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras del Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical desde hace un año, cuando el congelamiento de salarios a todos los estatales, el desfinanciamiento de la obra social y la pésima infraestructura de escuelas y hospitales fue el inicio de una mecha a punto de explotar. Allí está el secretario general de la delegación de Esquel, Juan Chaura, que desde la ruta precisa: “La gente está muy enojada. Otra no nos queda, porque de alguna forma tenemos que hacer visible la voz y que nos escuchen. Hacemos tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. Parece que al Gobierno le gustara que hagamos estas cosas. Ellos son los responsables de esta situación”.
Cuando el micro finalmente pasa, el chofer regala un bocinazo solidario. Cuarenta minutos después llegamos a Rawson, capital provincial, donde el conflicto alcanzó las tapas de los medios porteños de la peor manera: el incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura tras la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar (55, Economía y Contabilidad), de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico cuando volvían de un corte de ruta. Desde ese dolor, en el acampe frente a una Legislatura aún ennegrecida y con vidrios rotos, Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e integrante de la asamblea No a la Mina de Rawson, nos recibe así en la semana diez de una provincia paralizada: “Bienvenides al ojo de la tormenta”.

Foto: Martina Perosa.

La bomba

A la distancia, la primera impresión que devuelve ese ojo es que el fuego en Chubut se debe a lo salarial, pero la respuesta -como toda esta época- es más compleja: implica tirar de un fino hilo que desenrolla el espejo roto en el que se refleja Argentina hoy.
Chubut es una de las provincias más endeudadas del país. Según la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, su stock de pasivos en 2015 era de 7.427 millones de pesos. La deuda llegaría al tercer trimestre de este año a 54 mil millones. Es decir, un incremento del 445%. La megadevaluación -al cierre de esta edición con un dólar a 57 pesos- arrojó combustible a esa mecha: el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por 1.200 millones de dólares hasta 2028.
Todo este combo se ve a trasluz de los escándalos de corrupción en la provincia. Al menos diez ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves fueron condenados por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación al Estado en la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo largo del conflicto con los estatales, renunciaron tres ministros (dos de Educación y uno de Economía). La primera fue la ministra de Educación Graciela Cigudosa, hoy imputada por presunto desvío de concursos de precios para quedarse con las obras de refacción y mantenimiento de escuelas en Rawson y Playa Unión. Lo insólito: entrará como diputada por Chubut al Frente en la Legislatura en diciembre.
Además, el mecanismo de cancelación de deuda inmoviliza las regalías petroleras hasta saldar los vencimientos y, recién después libera el monto sobrante para uso del Ejecutivo.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, explica: “Mientras te dicen que no hay plata, Arcioni  (el gobernador) manda una ley para incrementarse 100% el sueldo. Y el único mecanismo que tienen es pedir adelantos de coparticipación, del Tesoro Nacional, del Fondo Fiduciario. Y más deuda: instalaron 1.300 millones de pesos en letras a una tasa del 78% del interés. En septiembre fueron 500 millones al 69%. Esa timba es una locura”.
La mecha estaba encendida.

Foto: Martina Perosa.

El estallido

Tras la muerte de Das Neves en 2017, el vice Arcioni asumió la gobernación. Su primera medida fue congelar los salarios. Dos postales de su debut: un acampe de los estatales frente a Casa de Gobierno y la ocupación en el Ministerio de Educación. La lucha duró 180 días. 2019 arrancó con la elección provincial en la mira: el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y suscribió una cláusula gatillo trimestral, a partir de junio. Arcioni ganó las elecciones con el 39% de los votos, pero nada se cumplió. Y los estatales volvieron a las rutas.
La mecha se acortaba. En agosto, la policía detuvo al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. Los separaron en dos comisarías distintas, a 30 km de distancia. El repudio se hizo oír hasta de gremios como Camioneros y UOCRA y una marcha histórica reunió a  40 mil personas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los cortes continuaban y el titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila (casualmente también presidente de Petrominera, una S.A. del Estado), declaraba que iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No mentía: lo apuntan como el instigador de una patota de 200 personas encapuchadas que de madrugada llegaron con palos y golpearon a maestras y quemaron sus carpas. Los gremios también responsabilizan al ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, como “el orquestador”: lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había: así se habilitó la liberación de la zona”.
La CTERA convocó a un paro nacional. El gobierno desoía los reclamos y desde las asambleas en los gremios exigían a las dirigencias dar otro paso más: pedir el juicio político a Arcioni. Los docentes reclamaron a la dirigencia de ATECH la realización de un plenario de delegados de toda la provincia para discutir las medidas. Se convocó para el martes 17 de septiembre en Rawson. Las delegaciones votaron la instalación de un acampe frente a la Legislatura. Allí habían ido las docentes Jorgelina y María Cristina, junto a otras tres compañeras de Comodoro Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La noticia llegó mientras se armaba el acampe.
Y la bomba explotó.

Foto: Martina Perosa.

La mano en la lata

Dice el maestro de grado Carlos Magno, congresal del gremio por Comodoro Rivadavia: “La muerte de Jorgelina y María Cristina todavía no cobró el impacto de lo que significa: dos personas, dos compañeras, que fallecen después de una movilización que reclama algo elemental. No estamos reclamando algo extraordinario, fuera de lo rutinario, sino lo que está contemplado en la previsibilidad de cada trabajador, pero en Chubut no funciona lo más elemental del Estado”.
Un ejemplo: cada estatal tiene la misma obra social, Seros, que tiene una cobertura para 131 mil familias. “Hace años que viene desfinanciada porque empezaron a usar ese dinero para otros fines. La obra social ya no podía cubrir los costos médicos: desde 2018 tenemos situaciones de interrupción permanente”. Un ejemplo es la desesperación de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Curso un embarazo que entra ahora al séptimo mes y estoy rogando para que mi hijo nazca entre miércoles y viernes porque son los días que funciona la obra social. Esa angustia nos juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, Seros está tomada hace más de 70 días por los jubilados y las jubiladas.
Los gremios presentaron un proyecto de Ley Tributaria ante la Legislatura, que desenreda la matriz productiva de la provincia y propone de forma extraordinaria en el plazo de 18 meses:

  • Cobrar una tasa del 5% con carácter de ingresos brutos a las empresas petroleras. Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan American Energy, que está manejada por Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más rico de la Argentina, detrás de Paolo Rocca. Acá está el yacimiento de producción más rico del país, Cerro Dragón, que gana 4 mil millones de dólares por año. Eso es más que el presupuesto de Chubut del año pasado (41 millones de pesos). Y estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda un centavo”.
  • Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonelada de aluminio elaborada por Aluar. “Tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica Futaleufú. Le cobran a menor precio la energía eléctrica, su principal insumo, y es una de las empresas más importantes a nivel internacional”. Aluar es propiedad de la familia Madanes y la única productora de aluminio en Argentina, que exporta el 70% de su producción. En su planta de Puerto Madryn produce 460 mil toneladas anuales. Declaró en la Bolsa que durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la devaluación: el saldo superó los 3.000 millones de dólares. Magno: “Tampoco deja nada: ni Ingresos Brutos”.
  • Establecer el Impuesto Inmobiliario Rural a los latifundios. “Benetton es el mayor terrateniente y no paga impuesto inmobiliario”.

El proyecto también aplica porcentajes sobre la pesca, el juego y la energía eólica, parte de otro negociado. “La energía eólica siempre fue un reclamo para que se dejen de lado las matrices de generación de energía a través de combustibles fósiles, pero nunca se le dio importancia hasta que vieron un negocio. Hoy son empresas relacionadas con Macri. Ahora florecen por todos lados”.
Su lectura: “Acá ya hay una disputa política de la sociedad donde el gobierno se juega a todo y nada con el propósito de derrotar a los trabajadores para que no logremos levantar la cabeza por mucho tiempo. Por eso, el después va a ser importante: cómo saldremos de esto. Desentrañemos entonces a los responsables. Ahora hay más trabajadores que reconocen que en la cuestión tributaria está el foco del problema. Algunos dicen que es reformista: ¿cómo no sería una victoria arrancar una ley a estos gobiernos y que obligue a tributar a Aluar, a Benetton, a PAE?”.
Las mismas preguntas y respuestas se replican por Rawson, donde también hay un consenso unánime respecto a qué hay detrás de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la megaminería”.

Foto: Martina Perosa.

El no es no

La docente Evelyn Oyarzo fue la fotógrafa que capturó un momento histórico. En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense debía discutir una iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), respaldada por 13.007 firmas, para ampliar la prohibición de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera. El proyecto reforzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.
Evelyn registró en esa sesión el momento en el que un gerente minero le dictaba por mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz cómo debía corregir un artículo del proyecto, que terminó transformándose en una ley prominera. El escándalo desató un debate con puntos en común con la actual crisis: corporaciones vs. democracia. El diario El extremo sur de la Patagonia publicó que el reciente presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, instaló el lobby provincial para que la minería sea “la única salida ante la crisis”. En todos los acampes y ocupaciones que recorrió MU, la preocupación también se extendía a partir de las reuniones de Alberto Fernández con los empresarios, incluidos los de la Meridian Gold.
Sin embargo, para trabajadores viales  y docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: “La gente está cada vez más fuerte. Y vemos los frutos del trabajo de hormiga de las asambleas durante todo este tiempo. Al principio no lo notábamos, pero el año pasado, cuando comenzó el pago escalonado, mucha gente sacó la misma conclusión que nosotros. Y nos sorprendió: gente que no participa de la asamblea tenía la certeza de que nos estaban metiendo en una crisis para instalar la megaminería”.
Lo que devuelve el ojo de la tormenta, entonces, ya no es solo salarial.
Es una discusión por la vida.

Foto: Martina Perosa.

El grito

Leila, desde su embarazo: “Nos dimos cuenta de la importancia de la voz propia. De animarse a decir. Porque gran parte de las medidas de fuerza que se sostienen desde el año pasado no salieron de los gremios, sino de las propias bases. Cuando buscamos asamblear en las escuelas, solíamos ser los mismos. Pero este año otros docentes ocuparon espacios, quizá por primera vez. Y fue muy importante. Porque antes estábamos en una situación en la que el sentido común era: qué importa si nadie me va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un grito: ¿cómo no me van a escuchar?”.
Ahora, a las nueve de la mañana, el grito se escucha en un cacerolazo frente a la Casa de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó: murieron dos compañeras, se prendió fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, y no tenemos respuestas. Es desesperante”. En este momento Arcioni está reunido con diputados de la oposición. Las docentes reconocen al radical Manuel Pagliaroni, que admite a MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia de la Argentina”.

Foto: Martina Perosa.


En la Municipalidad no hay funcionarios, pero suena cumbia mientras despliegan banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace dos meses paramos porque no cobramos los sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí también me gustaría entenderlo”.
El edificio de Vialidad provincial está ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de la dirección de Obras por Contrato: “Estamos pagando todas nuestras cuentas con intereses. Es un círculo muy vicioso porque no te podés siquiera enfermar. Los chicos sin clases por la lucha de las compañeras docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay otra manera”.
En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: “Hacer paro es hacer justicia”.
Frente al Hospital Santa Teresita se levanta una estructura con carteles pegados hacia la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti (33 años, psicóloga) aclaran que no es una carpa, sino un centro de atención precaria, y precisan que la situación se extiende en toda la provincia. Y que este, único hospital de Rawson, atiende una población de más de 40 mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un circuito muy desgastante que a nadie le importa, sin políticas de contención. No hay noción de los efectos en el cuerpo y la salud mental que traen las crisis sociales”.

Foto: Martina Perosa.

La nueva escuela

De vuelta en la Legislatura, un arco de llegada cruza de vereda a vereda a la espera del Grupo de Docentes de Chubut a Pedal. Después de las muertes de Jorgelina y María Cristina, un profesor de Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo que parecía una misión imposible se transformó en 48 horas en un grupo de 14 docentes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Yanina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Daniel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por día con postas cada 30 minutos. Salieron el martes a las 8am y acaban de llegar, a las 12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. Con lágrimas en los ojos. Con mates calientes. Y también con una certeza que dimensionan así a MU.
José: “Hay que aclarar algo: esto no fue una hazaña ni un desafío deportivo. Era una forma de hacer visible que no es solo sueldos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es la educación, es la salud. No podemos perder más vidas luchando por nuestros derechos. La muerte de las compañeras no fue un accidente: el Estado es responsable. Tenemos que estar adentro de las aulas. Pero también refleja un estado de ánimo después de tanto tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.

Foto: Martina Perosa.


Jorge, el profe que propuso esta idea, piensa qué hay después de toda esta lucha: “Después de una actividad muy intensa siempre hay un día posterior que se llama regenerativo. Es volver a un trabajo de acomodación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar para volver a pedir otra exigencia. Cuando volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mismo”. Daniel: “Hay una sociedad más consciente y organizada. El pueblo fue encontrando otras herramientas, porque como vimos con Jorgelina y María Cristina, las personas que mueren siempre son las mismas: el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es que ya no está la idea apegarse a algo, sino de juntarse y crear otra cosa distinta”.
José muestra uno de los carteles que les dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: “Nunca se den por vencidos”.
Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia?

La provincia luchona

En la misma sede donde funciona la Escuela 7705 y el Instituto 816 de Rawson hay una clase abierta de Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 19 años, está en sexto año y en el día número 28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller -20, estudiante del profesorado de Educación Especial- precisa que es la primera vez que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda la lucha en general, que va más allá de la educación en sí: es por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotres, es pedir un establecimiento con condiciones dignas”. En Madryn hay siete escuelas tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, porque estamos luchando por algo que queremos. No es poco. Y siempre en grupo”.
En el instituto también hay representantes de la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuentan que la supervisión de escuelas está tomada hace 23 días y que están recorriendo las ocupaciones para realizar un documental. Marco Antonio, estudiante de Música y Ciencias de la Educación: “Se está formando algo lindo que no sabemos dónde va a parar, pero va más allá de las políticas partidarias”. Valeria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: “El método asambleario, que vemos replicado en toda la lucha, maneja una horizontalidad que es crucial en tiempos de crisis”.

Foto: Martina Perosa.


Fiona Cartolano es de las más chicas de la ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de familia luchona, que me enseñaron muchísimas cosas, en marchas, explicándome. Y acá también estoy aprendiendo a pensar con otres. No es fácil, hay choques, más durante tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”.
¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es resistir. Pero no mandando un mensajito, un ‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué necesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”.
Fiona tiene 13 años.
 

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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