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Chubut: fiscales y policías procesados por espionaje ilegal

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El juzgado federal de Esquel procesó a dos fiscales provinciales y dos jefes policiales en el marco de la causa por espionaje ilegal a asambleístas del movimiento No a La Mina y la comunidad mapuche del Departamento de Cushamen. Un nuevo capítulo en el escándalo que involucra a espías, funcionarios judiciales, policiales y corporaciones.
El juez federal de Esquel Guido Otranto dictó el procesamiento de dos fiscales provinciales y dos efectivos policiales en el marco de una causa por espionaje ilegal que en 2014 involucró a decenas de asambleístas del movimiento No a la Mina y a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, brutalmente reprimida en enero. Se trata de los fiscales provinciales Fernando Rivarola y María Bottini, que aceptaron información ilegal proveniente de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también procesado, cuyo nombre permanece aún oculto ya que es el Estado quien debe relevarlo del secreto. Además, les trabó un embargo sobre los bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 30 mil pesos.

El fiscal federal les procesó “como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida” con el artículo 15 bis de la Ley de Inteligencia Nacional (ley 25.520) con un integrante de la AFI.

El artículo 15 bis establece que “toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia, y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad”.
Los dos policías procesados son Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. El fiscal probó más de sesenta llamados entre los jefes policiales y el agente de inteligencia con extensiones de hasta 55 minutos.
Otranto subraya en su auto que “se aprecia que los cuatro funcionarios imputados -en el ejercicio de sus funciones específicas- han aceptado y mantenido la relación que entabló con ellos el agente de inteligencia, con el propósito de recibir la información que él producía en su condición de tal que estuviese relacionada con el grupo que realizó la ocupación territorial en Leleque”.
Sobre los fiscales Rivarola y Bottini (que, como se ve en la nota que sigue a continuación, MU entrevistó semanas después de que el espionaje cobró estado público) Otranto estableció que los funcionarios sabían el material que estaban recibiendo, pese que pública y judicialmente habían manifestado lo contrario. “Esa descarga de información fue realizada por Rivarola a pesar de la clara advertencia que le realizó el agente acerca de que esto debería quedar de incógnito y que en todo caso necesitaría requerir una orden judicial para contar con su colaboración”, sostuvo, y agregó que “evidentemente Rivarola tomó en cuenta esa advertencia, porque guardó la información entre la que ya le había entregado la División Policial de Investigaciones de Esquel” y “sin identificarla ni aclarar que había sido entregada por un agente de inteligencia”.
Cabe aclarar que el Consejo de la Magistratura de Chubut, en mayo del año pasado, había archivado la denuncia que las víctimas del espionaje habían elevado contra los funcionarios judiciales. Por otro lado, el fiscal federal concluye: “Rivarola, Bottini, Muñoz y Rodríguez sabían que el vínculo que ellos entablaron con el agente de inteligencia no había sido autorizado. Esto es más claro todavía en el caso de Rivarola y Bottini ya que el propio agente les advirtió que su presencia en la Oficina Fiscal de Esquel debía pasar de incógnito y que deberían requerir su colaboración judicialmente”.
Nada de esto ocurrió.
Los detalles de este escándalo se explican en la siguiente nota que publicamos en mayo de 2016, que revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.
 

Llega una persona

El 28 de mayo de 2015 “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel (provincia de Chubut) para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque, departamento de Cushamen. La “persona” se identificó como un agente de inteligencia, exhibió su credencial y el fiscal general Fernando Rivarola lo invitó a pasar a su despacho y sentarse.
La recuperación de los territorios ancestrales mapuche había comenzado en marzo, dos meses antes. Benetton no perdió tiempo: presentó una denuncia por “usurpación”, que abrió una causa judicial, y llegó a imputar a los mapuche por terrorismo, ya que los tres fiscales que instruían la causa (María Bottini, Fernanda Révori y el propio Rivarola) entendieron que “el accionar” afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
¿Conclusión? La Justicia provincial buscó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista y emitió órdenes de captura internacionales para los mapuche, en medio de represiones con balas de plomo.
En ese contexto llegó el agente de inteligencia al Ministerio Público Fiscal de Esquel. En una reunión de una hora, donde les dejó su mail y número de teléfono, les dio a los fiscales un disco externo que los funcionarios públicos guardaron en la computadora del fiscal Rivarola. La información quedó guardada allí, junto a otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Tres meses después, tan solo unos minutos antes de la audiencia pública donde Benetton se constituiría como querellante, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para ver qué medidas habían sido solicitadas por los fiscales. Llegó a las carpetas guardadas desde mayo y observó, entre archivos y carpetas, un documento word que le llamó la atención, porque en mayúsculas titulaba:

  • “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.

¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.

El texto completo del procesamiento, en formato pdf

La justicia acusada

El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Se viralizaron por Facebook y Twitter y obligó a los tres fiscales a dar una conferencia de prensa donde explicaron que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. Como acto reflejo, los fiscales Rivarola, Bottini y Révori denunciaron el acto de espionaje ilegal ante el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, pero ya era tarde: en la calle la asamblea pedía la renuncia de los funcionarios y escrachaban el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juzgado emitió el 12 de abril un auto donde procesó al agente (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. También le trabó un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. El auto podría ser considerado una pieza de ficción si no se tratara de un hecho escandaloso: funcionarios públicos aceptando información ilegal de un agente que nunca requirieron y que guardaron y remitieron a la defensa pública junto al expediente que investigaban.
¿Cuál es entonces el enlace entre James Bond y el Superagente 86? La respuesta está en la foja 41 del auto de procesamiento del juzgado federal, donde se cita la declaración indagatoria del agente de inteligencia, que dice que Rivarola marcó su número de teléfono y lo llamó cuando el escándalo estalló.
Y, para la antología de la historia judicial argentina, le dijo:
-Me mandé un cagadón.

El cono del silencio

“El procesamiento es una buena noticia”, celebra Pablo Galperín, periodista de la radio comunitaria FM Kalewche, integrante del movimiento No a la Mina y una de las 26 personas fichadas por el agente de inteligencia que descansaban en el Ministerio Público Fiscal. “El fiscal Rivarola queda bastante mal parado porque el juez remarca contradicciones entre lo que declaró, la pericia informática que se hizo sobre su computadora y la versión del espía. Recordemos que la primera reacción de los fiscales fue salir a despegarse aclarando que desconocían la existencia de ese material. Pero las pericias informáticas llaman la atención porque puntualizan en las fechas en las que se crearon las carpetas en su computadora y se volcó la información suministrada. Según la descripción del juzgado, Rivarola iba monitoreando el material que le pasaba el espía”.
¿Cómo puede saberlo el juzgado federal? Los fiscales filmaron la reunión que tuvieron con el agente de inteligencia y el video es prueba que la fiscal federal Silvina Ávila analizó y cruzó junto a la pericia de la CPU de Rivarola, para verificar la creación de carpetas y archivos. Todas coinciden con el día en que el espía visitó su despacho. La reunión comenzó a las 9:11 horas y duró 57:52 minutos. El espía se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, exhibió credencial y aclaró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación abocado “a los hechos de ´Vuelta del Río´ (paraje donde se produjo la toma)”. Le dijo al fiscal que tenía identificadas a “montones de personas”, pero aclaró que sus intervenciones no eran “precisamente las judicializables”, sino que después deberían ser corroboradas “por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor”.
Rivarola le dijo que estaba “de acuerdo”.
El fiscal estaba solo. A casi 7 minutos de comenzada la entrevista vio pasar a la Fiscal Jefe María Bottini por el pasillo del Ministerio Público. Le pidió que se sumara. Lo hizo. Rivarola le preguntó entonces al espía “en concreto, de esta gente qué datos maneja”. El agente contestó que trataban de identificar a las personas que iban a las reuniones o a colaborar al lugar de ocupación. “Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban”, explica el auto. El juzgado consigna al espía como Agente AFI (por las siglas de la Agencia Federal de Inteligencia) Y sigue: “Sobre esto, mencionó que tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora”. El espía aclaró que toda la información la tenía “la brigada” porque “se manejaba con ellos”.
La fiscal Bottini le preguntó por el financiamiento de la toma. El espía respondió que los mapuche estaban “rentados” y que la organización italiana Ya Basta “gira dinero”. Agregó que la FM Kalewche recibió “remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad”. Cabe aclarar que Kalewche es una radio comunitaria.
A los 18:50 minutos de comenzada la entrevista el espía sacó de su bolsillo el disco externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado. “Lo bajamos, sí”, le dijo. Según el auto, “Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo conectado a la computadora, mientras [Agente AFI] realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto”. El espía les dice que tiene información de una periodista de El Bolsón que “acostumbra a escrachar a los agentes de inteligencia que concurren de incógnito a las manifestaciones”, y mencionó que después le mostraría la “ficha” de una mujer que tenía identificada. Rivarola manifestó que le interesaba: “Yo tengo que imputarla”. El auto describe cómo los fiscales fueron pasando por carpetas y archivos, y a casi 40 minutos, describe: “Rivarola preguntó ´¿esto´”, a lo que el agente respondió “que se trataba de un teléfono que estaba ´dentro de listado´ y pertenecía a una periodista del diario Crónica”.
Nadie se salvaba.
Más: “Al revisar otro archivo [Agente AFI] comenzó a decir ´ah, ese es un periodista´ y Rivarola completó ´militante de la Cámpora´. [Agente AFI] explicó que ´lamentablemente uno tiene que saber quiénes son y qué quieren´”.
Rivarola desconectó el disco externo a los 50:25 minutos. Es decir, más de media hora después. Textual del auto:

  • “Rivarola culminó diciendo ´bueno, la verdad nos ha traído algunos datos importantes´. Intercambiaron sus direcciones de mail y Rivarola le dijo que ´todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no´. Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando”.

El espía se fue a la 10:07 de la oficina del fiscal Rivarola.
Tres meses después estalló el escándalo inevitable.

El rastrero

Algunas de las declaraciones testimoniales que tomó el juzgado federal también son indicativas de la relación promiscua entre las fuerzas de seguridad y espías respecto a tareas de inteligencia con escaso o nulo sustento legal. La primera declaración citada es la de Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. Muñoz declaró que el espía acudió a su oficina “en el marco de la investigación relativa a la ocupación territorial de Leleque”. Sostuvo que no lo conocía, pero “reconoció que trabaja de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia”.
Según Muñoz, “en la brigada consideraron que era lo que en la jerga se conoce como ´rastrero´, saca información y la lleva”, y quiso dejar en claro que “este agente nunca intervino con la policía dando indicaciones”. Muñoz aporta un dato interesante:

  • “Señaló que el mismo día en que se hizo público a través de redes sociales la existencia de documentación referida a personas del movimiento ´No a la Mina´, dos integrantes de la ex Secretaría de Inteligencia concurrieron a su oficina y le pidieron entrevistarse con el Fiscal Rivarola porque tenían información para darle. Dijeron ´viste, [Agente AFI] se la re mandó, venimos a pedir disculpas a la Fiscalía y al Juzgado Federal. Rivarola accedió a reunirse con ellos a las 18 horas en la dependencia policial”.

Muñoz declaró que cuando llegó a su oficina, Rivarola ya estaba reunido con los dos agentes y con “el oficial Carrizo”. Según la declaración de otro de los integrantes de la Brigada, la reunión duró “20 minutos”. Muñoz dijo que en ese momento se enteró de la existencia del archivo con información de las personas del No a la Mina.
El “oficial Carrizo” es Pablo Nicolás Carrizo, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que también prestó declaración al juzgado federal. Confirmó parte de lo dicho por Muñoz: “Luego de la ocupación territorial en Leleque se presentó en la brigada una persona que se identificó como agente de la ex Secretaría de Inteligencia”. El agente pidió hablar “con el Jefe”. Es decir, Muñoz.
¿Qué dijo sobre la reunión de los otros dos agentes con Rivarola? Que sólo “se quedó cebando mate”. Según el oficial Carrizo, en ese momento se enteró de todo lo que se había destapado. Según la declaración, Carrizo “advirtió que los tres estaban al tanto de lo que había pasado y Rivarola pedía asesoramiento a los dos agentes”, que le confirmaron que la persona que había concurrido a su despacho con el disco externo era “compañero de ellos”. La declaración termina: “Se mostraban indignados”.
Otra declaración que remarca esa promiscuidad es la de José Luis Santillán, comisario 2do de El Maitén, que dijo que “en una oportunidad una persona que desde hace años conoce como [Agente AFI] y sabe que es agente de la ex Secretaría de Inteligencia lo fue a buscar a la Comisaría”. Agregó que, de allí, lo mandaron a verlo a su casa. Santillán declara que fue al hogar del espía, que estaba “con su esposa e hija”. Comentó que hablaron de temas personales. Según el auto, el agente le manifestó que estaba “trabajando con el tema de los mapuche”, pero que Santillán “no le hizo ninguna pregunta sobre ello porque sabe que se manejan de manera confidencial”.
Otro que declaró fue Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y su importancia radica en que, como expresa el auto, “tuvo intervención desde el primer momento en la investigación por la ocupación”. Rodríguez afirmó que en marzo se presentó el espía, que dijo ser de “la SIDE”. Según el oficial, “tuvo por lo menos dos o tres encuentros” con el agente, que le “trataba de sacar información” y que bajó información en su computadora, pero que “la borró” porque “no tenía nada que ver con sus investigaciones”. Dijo que no vio nada sobre las fichas del No a la Mina.
El juzgado federal requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas por el espía. La empresa prestataria del servicio de telefonía móvil informó que su celular estaba domiciliado en Puerto Madryn y registrado bajo la titularidad de “SIDE”. Según el listado completo citado en el auto de procesamiento:

  • Recibió 17 llamadas desde el celular del subcomisario Rodríguez entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015. “A su vez, lo llamó en veinticinco ocasiones y le envió cinco mensajes de texto entre el 12 de abril y el 15 de agosto”.
  • Recibió 3 llamadas del Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 3 de junio de 2015. El espía lo llamó 17 veces y le envió 3 mensajes de texto entre el 25 de marzo y el 20 de julio de 2015.
  • El 4 de junio llamó al celular del “oficial Carrizo”.
  • El 28 de agosto recibió una llamada del fiscal Rivarola. El juzgado federal constató que la llamada fue a las 18:05 horas y duró siete minutos. El auto no aclara otra llamada, por lo que se podría intuir que fue en esa comunicación que el funcionario público se sinceró: “Me mandé un cagadón”. La fecha coincide con el día en que el defensor público denunció la existencia de las fichas.

Qué dice Pablo Galperín, de FM Kalewche: “La importancia de este auto es poner en evidencia la complicidad en el manejo irregular de información entre servicios de inteligencia, la justicia y la policía. El espía alcanzó un nivel de gestión con distintos funcionarios judiciales y policiales que llama la atención que sea por pura iniciativa propia. Es mucho trabajo. Una cosa es aportar un material, otra cosa es todo esto. Además, genera cierta inquietud que aún no se conoce su identidad. Puede seguir trabajando. No hay muchas garantías de que esto no siga pasando”.

Qué dice el espía

El agente de inteligencia prestó declaración indagatoria el 2 de febrero. El juzgado le imputaba que, en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, “cumplió funciones de investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta”.
Qué respondió el espía. Extractos textuales del auto:

  • En defensa de esta imputación, [Agente AFI] refirió que concurrió a esta zona comisionado por órdenes superiores para realizar una tarea que ´no puedo revelar en el marco de la ley de inteligencia´. Vino en cuatro oportunidades, inició su comisión el 12 de marzo y estuvo en la región en abril, mayo y junio. Que se presentó ante las ´distintas autoridades´ a raíz de ´los nuevos paradigmas de la AFI´, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un ´marco abierto y plena colaboración´.”.
  • Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que ´estaba trabajando y me entrevistaba con la policía´. Sólo estuvo dos veces con él, en mayo y junio, y conversó por teléfono en una sola oportunidad. El vínculo era a través de Muñoz”.
  • ´Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial´. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. ´Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…´. Las fotos que ´yo había tomado de la toma´ le servían para su investigación”.
  • Dijo que la información que le dio a Rivarola “no es clasificada”, sino sacada de “redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas”.

  • Con relación al archivo ´ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc´ (donde estaban las fichas del No a la Mina) dijo que Rivarola ´lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar´. En ese momento, él se dio cuenta que se le había ´traspapelado´, ´pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie´”.
  • Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en ´redes sociales´ tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. ´Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos´”.
  • Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo ´me mandé un cagadón´. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él”.
  • “Dijo no estar al tanto de la reunión que mantuvieron compañeros suyos con Rivarola en la sede de la Brigada. Nunca escuchó los nombres de los agentes que habrían participado en esa reunión, ni como nombres de cobertura”.

Dardos cruzados

Desde la Agencia Federal de Inteligencia, aún en tiempos de Oscar Parrilli, informaron al juzgado que el organismo no ordenó ninguna de las actividades que se desprenden en la causa. Antes de dictar el procesamiento, el juez federal Otranto subraya que la información suministrada por el espía “no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en Intenet”, ya que “las características de los datos recabados dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región”. El juez se apoya en el peritaje informático: el archivo fue creado sólo cinco días después del comienzo de la recuperación mapuche en tierras de Benneton.
El juzgado también remarca la contradicción entre la declaración del espía con la declaración del fiscal Rivarola. El funcionario afirmó en sede judicial que la existencia del fichaje le pasó inadvertida. El agente, por su parte, declaró que Rivarola lo vio. Para el juzgado, “no se ha podido establecer con exactitud –hasta ahora- en qué momento abrieron el archivo” que contenía las fichas. Sin embargo, el magistrado aclara que lo que sí pudo establecerse es el momento de la entrevista en el que los fiscales observan las fotografías que el agente de inteligencia obtuvo cuando acudió a una reunión del movimiento No a la Mina. Es decir, observaron un delito.

Por ese motivo el juzgado no saca la lupa sobre el proceder de los fiscales.

Una alta fuente de ese juzgado federal encargada de la investigación había asegurado en septiembre del 2015 a MU que el accionar de los fiscales había sido irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir este tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
No pensaba lo mismo Bottini, que en una entrevista a esta revista dijo: “¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?”. Rivarola, en tanto, además de confirmar que “la Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos”, fue por el mismo carril: “No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presentara de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”. No fue gratis: el Procurador provincial los apartó de la causa y el Consejo de la Magistratura aprobó por 8 a 5 la apertura de un sumario a los tres fiscales. Para el doctor Jorge Amado Gutiérrez, instructor del sumario, los funcionarios “no han incurrido en mal desempeño de sus funciones ni en desconocimiento inexcusable del derecho”, por lo que propone el archivo de la causa, según su dictamen del 9 de abril. De todos modos, aún resta que el informe sea abordado por el Consejo, que sesionará el 10 y 13 de mayo.
¿Cómo se leerá en ese contexto el procesamiento del espía?

¿Casualidad o causalidad?

¿Qué pasó con la acusación de terrorismo hacia los mapuche? La Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó en nueve líneas el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista. El fallo firmado en diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda hizo propias las palabras del Procurador Fiscal ante la Corte, Victor Abramovich, cuyo dictamen deshizo la interpretación del juez provincial Martín Zacchino, que entendía –apoyado por la instrucción de las fiscales Bottini y Révori y el fiscal Rivarola, hoy apartados de la causa- que el “accionar” mapuche ponía “en riesgo la seguridad interior” de la Nación.
Dice Abramovich:

  • Por el contrario, los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

¿Es casual que las fichas hayan aparecido en el marco de esa causa?
Galperín concluye: “Que aparezcan justo en una investigación territorial no puede leerse como una casualidad y una coincidencia, sino como la amenaza que ven ciertos sectores hacia lo que son los procesos de organización y movilización social como las comunidades originarias y la asamblea No a la Mina, que en el fondo discuten lo mismo: la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes. Todos los que aparecemos en al auto somos integrantes y referentes de la asamblea y de diferentes comunidades, que peleamos por la reivindicación de ciertos derechos”.
 
 

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La cursada puede ser presencial (en Riobamba 143, CABA) o virtual, un sábado por mes, con seguimiento online entre cada encuentro para intercambio de materiales, trabajos, ideas y experiencias. Y para potenciar trabajos, proyectos y sueños.

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Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental Dr. Andrés Carrasco

El primer sábados de cada mes, de 14 a 17.30 hs

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Además, nos proponemos que el Diplomado resulte un lugar para crear y fortalecer espacios de contacto e intercambio entre las comunidades, la ciencia, las organizaciones sociales, los ámbitos de estudio, la producción y la comunicación.

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Segundos sábados de cada mes, de 12 a 14 hs

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Cuartos sábados de cada mes, de 14 a 17.30 hs

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Las cuestiones

¿Cómo se hace?
¿A partir de qué recursos se puede crear otra forma de comunicación?
¿Qué experiencias nos permiten reflexionar sobre sus límites y desafíos?
¿Con qué lenguaje se expresa lo nuevo?
¿Qué ideas nos ayudan a explorar, en lugar de repetir viejos modelos?
¿Y cómo llevarlas concretamente a la práctica para que funcionen y sean sustentables en el tiempo?

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Los elementos prácticos e indispensables para concretar y sostener proyectos de comunicación. Gestión, administración, costos, legislaciones, recursos, herramientas.

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El contacto con quienes lo lograron. Aciertos, errores, exploraciones. La evaluación de los proyectos y las pistas para combinar métodos, intuiciones, sistemas y sueños. En tiempos vertiginosos de cambios culturales, políticos, sociales, productivos y civilizatorios, ¿cómo pensar y actuar? Ideas y prácticas que, más que conclusiones, proponen aperturas.

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Tercera entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone así transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que orada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves, 2.391 veces al 15 de enero, fecha a la que corresponde esta cobertura realizada por la fotógrafa Cecilia Bethencourt. Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Hermanas pertenecientes a la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, marchan en la Ronda de numero 2391 por la lucha de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

“Elegí trabajar interviniendo las fotos a través de la perforación de las imágenes como acto de resiliencia y lucha para llenar de luz el valor de la constancia, la memoria, esa huella que queda en cada paso de esfuerzo de Las Madres de Plaza de Mayo. Una luz que habla de la resistencia, la fortaleza, un atravesar la violencia con la no violencia, un reclamo por la Verdad y la Justicia”.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Pina del Fiore, Madre de Plaza de Mayo se colaca el pañuelo blanco sobre su cabeza, simbolo con el que se identifican a lo largo de estos años para reclamar por sus hijos desaparecidos en la dictadura militar durante la Ronda de los jueves numero 2391 en Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Pina del Fiore, Madre de Plaza de Mayo, perteneciente a la Asociación llega a Plaza de Mayo para marchar en la Ronda de los jueves numero 2391 en reclamo de Verdad y Justicia en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Carmen perteneciente a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, marcha junto a militantes, activistas y turistas en la Ronda numero 2391 en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

Sobre Cecilia Bethencourt

IG @cebethania
Es fotógrafa, psicóloga y comunicadora audiovisual. A través de su trabajo explora temas de construcción de identidad, cuerpos, sexualidad, memoria y procesos de transformación con un enfoque transdisciplinario. Centrándose en nuevas formas y posibilidades de vinculación. En el año 2022 edito su primer libro “Otra Piel” trabajo fotográfico de autorretratos realizado en pandemia. Actualmente trabaja en sus dos nuevos proyectos multidisciplinarios uno sobre el cuerpo en las trabajadorxs sexuales y sus derechos negados y otro sobre la desintegración del lenguaje, recuerdo y memoria.

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Nota

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsable a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Texto: Francisco Pandolfi/ Fotos: Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Escenas del bosque incendiado en la Patagonia. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Cruz Cárdenas, señalado por el gobernador. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cárdenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida va más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

El bosque sigue humeando tras los incendios. Foto Nicolás Palacios para lavaca

Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

La vegetación que sobrevive, y la que quedó incendiada en la ladera de uno de los cerros. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Vida vegetal y vida humana: una idea de comunidad. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

La reunión de parte de la comunidad con lavaca. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

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