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Condena en el juicio a la ESMA: la hora de los aparecidos

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En el barrio de Retiro, planeta Tierra, un poco más allá de los trenes y la villa, culminó parte de una extraña tarea: juzgar al infierno. El infierno no es metafísica religiosa, sino una institución terrestre, trasnacional, con más sucursales de las que uno quisiera imaginar. Alfredo Astiz con sonrisa deforme y escarapela redonda, y Jorge «El Tigre» Acosta momificado, fueron parte de la docena y media de integrantes de los grupos de tareas de la ESMA sometidos a juicio después de 30 años de impunidad:

  • 12 fueron condenados a prisión perpetua: Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber.
  • Dos resultaron absueltos: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, que siguen presos e imputados en otras causas.
  • Dos tuvieron penas de 25 años de prisión (Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea), uno 20 años (Carlos Capdevilla) y otro 18 (Juan Antonio Azic).
  • Las acusaciones abarcaron el masivo secuestro alrededor de la Iglesia de Santa Cruz (11 personas, incluyendo a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a dos monjas francesas) y casos como el de la desaparición de Rodolfo Walsh, entre 86 víctimas de secuestros, torturas y homicidios.

La sentencia
Cada anuncio de prisión perpetua era recibido en la sala de la planta baja con un sutil murmullo de aprobación. La sentencia fue leída ante ese recinto separado de las butacas de los genocidas y sus defensores por un vidrio blindado. La sensación de tener a gente como Astiz a tres metros de distancia es rara. El público en esa planta baja incluyó principalmente a sobrevivientes de la ESMA, familiares y amigos de desaparecidos, Madres, Abuelas, juristas, integrantes de organismos de derechos humanos y personas que llevaron adelante lo que demasiadas veces pareció una causa perdida: que se haga justicia.
Y otra parte de ese universo estuvo en la calle, reuniendo también a trabajadores de sindicatos, estudiantes, nietos recuperados, murgueros, artistas y otros sobrevivientes. Los aparecidos en la Argentina no son fantasmas ni espectros, sino todo lo contrario: frente al país de los desaparecidos, el genocidio y la muerte, son los que se presentan, superan el miedo, los que hablan, desobedecen, denuncian, no se resignan, contagian. Tienen herederos en cantidad de experiencias sociales de todo tipo nacidas en las últimas décadas. Son los que este 26 de octubre se abrazaban, reían y lloraban, mientras del otro lado del blindex una docena y media de marinos adelantaban las manos para que la policía volviera a ponerles las esposas, antes de regresar a prisión.
La sentencia
Bandeja alta
El público de la bandeja alta, se sabe, está formado por personas cercanas a los militares. Tres hombres canosos y trajeados esperaban su acreditación para ingresar al sector en el 6º piso del edificio de Comodoro Py, donde también estaban familiares de asesinados y desaparecidos. Mientras el personal del Tribunal intentaba ordenar a tanta gente, uno de los canosos murmuró: «El zurdaje que vaya a otro lado». El sólo uso de la palabra «zurdaje» implica acaso esclerosis múltiple, perversión militante, o que sigue siendo aconsejable no subestimar la estupidez humana. Ya en la bandeja alta las mujeres decían cosas como «mirá a Alfredo, es un ídolo». Alfredo era Astiz, infiltrado entre los familiares en la dictadura con el falso nombre de Gustavo Niño, encargado de marcar sobre todo a las Madres. Pendiente de la cámara, Astiz se colocó una escarapela redonda cuando lo enfocaban, y se la manoseaba como planchándola. Sonrió varias veces. En el comienzo del juicio había hecho lo mismo exhibiendo un libro llamado «Volver a matar». Cuando la cámara dejó de enfocarlo, Astiz se convirtió en estatua, aniquilado por tal indiferencia televisiva.
En la bandeja alta acompañaron las condenas con risas displicentes, intentaron cantar Aurora con un entusiasmo patético, y tiraron papelitos.
Desde abajo se escuchaba a los aparecidos cantando: «Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar».
La sentencia
Condenas y cumbias
En la calle la cita era a las 17 y a esa hora frente a la mole gris de los tribunales de Comodoro Py quedaba claro quiénes están desde siempre y desde la primera hora. La Agrupación HIJOS ya tenía montado el escenario donde se emitirían los videos con los prontuarios de los genocidas sentenciados. En el asfalto, los trabajadores. El Sindicato de Televisión (CGT), ATE Capital, el de los estibadores del puerto, el de los empleados judiciales, sin cánticos y con pocas banderas, sin alarde y con estoica firmeza, vieron ir llegando a los cientos que, de a dos, de a tres o de a seis, fueron inundando, gota sobre gota, la puerta de Comodoro Py. El micrófono estuvo a cargo de los jóvenes, de los HIJOS. Como en los tiempos de la Mesa de Escrache Popular la inconfundible música de Actitud María Marta sonó para recordar cómo se logró que aparezca esta justicia, al igual que la única consigna cantada también allí a viva voz por la multitud: «A dónde vayan los iremos a buscar».
Ángela Urondo, la hija de Paco, leyó un poema que el desaparecido Mario Gali escribió en 1973 como para hacer explícito lo que allí estaba en escena: ser los ojos, los oídos y la voz del gran acto de justicia que es la memoria.
Demoró más de tres horas verlos en la gran pantalla, sentados en el banquillo, mientras el frio y la  espera fue tensando el ánimo: «35 años y todavía tienen que discutir el fallo», se murmuraba.
Graciela Daleo, una de las sobrevivientes y testigo de la causa, se aferraba a los abrazos. Un poco más allá Victoria Donda, con la mirada húmeda, se acurrucaba en el cariñoso gesto de su compañero. Dos pasos más acá, el ahora diputado bonaerense Víctor De Genaro y por allá, el ahora funcionario del Ministerio de Seguridad, Ricardo Dios, vestido de traje, y presente como hijo de desaparecido.
Cada uno, cada quien, fue puro silencio cuando a las 20.18 comenzó la lectura de la sentencia. Ese silencio que se hace escuchar y sentir y se convierte en latido colectivo. El grito estalla con la primera condena a perpetua y se repite una docena de veces hasta convertirse en apretones, palmadas, miradas que se entrecruzan para dar cuenta de la intensidad del momento compartido. Luego, increíblemente, suena una cumbia. Y otra. Y otra más. Bailan las Madres. Bailan los trabajadores. Bailan los Hijos. Bailan los veteranos referentes de derechos humanos -como Graciela Rosemberg, de la Liga- y chicos de seis, diez o tres años. Bailan los sobrevivientes, Alguna vez fue Sting el que nos cantó «Ellas bailan solas». Lo que parece sentirse hoy ahí, en la calle de Comodoro Py, es exactamente eso: la alegría del fin de 35 años y tres horas de una poblada, injusta, impune soledad.
La sentencia
Voces
Lilia Ferreyra (última pareja de Rodolfo Walsh, integra actualmente el Centro de Estudios Legales y Sociales) dijo a lavaca: «Estoy muy conmovida. Recuerdo el título del último cuento publicado de Rodolfo: «Un oscuro día de justicia». Hoy se iluminó. Al escuchar la sentencia sentía que de algún modo era la respuesta al alegato que el propio Rodolfo escribió hace 35 años en su Carta Abierta a la Junta Militar. Y escuchar que también son condenados a perpetua los responsables no sólo por la desaparición de Rodolfo y todos los demás. Pero hablando de lo más personal e íntimo, siento la conmoción de haber podido sobrevivir, porque todos esos textos inéditos de Rodolfo que se secuestraron y por los cuales ahora están siendo condenados, yo era la única que los conocía y estaban en nuestra casa de San Vicente. Al mismo tiempo es sentir esa tensión entre la vida y la muerte, y lo que puede significar la vida cuando sirve de testimonio por los crímenes cometidos. Mi cuerpo se enfermó antes de esto. Colapsó. Estuve una semana sintiéndome físicamente muy mal. Algo se desarticulaba. Y es curioso. Hoy es como que me siento que todo volvió a encajar. Las partes encajan. El pasado y el presente encajan en este momento de justicia».
Graciela Daleo (secuestrada en la ESMA, una de las principales testigos en todos los juicios que se vienen llevando a cabo incluyendo el de los ex comandantes en 1985): «Yo que tengo tantas palabras, casi no tengo ninguna. Salvo para decir que celebremos este claro día de justicia, que no es un techo sino un piso en el que nos afirmamos para seguir la lucha. Y lo que rescato es que, sobre todo, esto hace aparecer a nuestros compañeros como militantes políticos y luchadores. Y a nosotros también. Por eso nos desaparecieron. Y ahora, a quienes aparecimos nos hace seguir tratando de contribuir a lo que es el resultado de una lucha colectiva. Hubo organizaciones de nuestro pueblo que tuvieron innegablemente una dinámica profunda para que esto ocurra, como las organizaciones de derechos humanos. Pero esto es colectivo. Ojalá lo viva como una victoria todo nuestro pueblo. No puedo dejar de señalar que este triunfo ha sido muy costoso. Jorge Julio López está desaparecido y él también contribuyó a esto. Que las próximas victorias incluyan también el castigo a los culpables de la desaparición de Julio».
La sentencia
Eduardo Luis Duhalde (abogado, militaba junto al diputado Rodolfo Ortega Peña asesinado por la Triple A, logró escapar tras el golpe y fue activo participante en las campañas de denuncias internacionales contra la dictadura. Hoy es Secretario de Derechos Humanos). Dijo a lavaca: «¿Qué sensación puedo tener? El 24 de marzo de 1976 por la noche fueron a buscarme al domicilio donde creían que yo estaba, pero yo iba cambiándome, iba más adelantado que ellos, hasta que pude salir del país. Hoy no puedo decir que esto me produzca alegría; hay 86 muertos, desaparecidos, pero la sentencia condenatoria es la satisfacción de haber logrado que se hiciera justicia».
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora: «Es importante esta condena, pero tenemos que seguir, se tienen que abrir los archivos para que se sepa qué pasó con cada uno de los desaparecidos, y se sepa a quién entregaron los chicos de desaparecidos. No tiene que quedar un solo genocida impune. Lo que ellos no hicieron, lo hacemos nosotros, que tengan un juicio justo que se lleva a cabo con total respeto».
La sentencia
Ana Careaga (ella misma fue secuestrada cuando tenía 16 años, embarazada, lo que hizo que su mamá, la paraguaya Esther Ballestrino de Careaga, se convirtiera en parte del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo. Ana resultó liberada, pero Esther resolvió seguir junto a las otras Madres, y terminó siendo ella una de las desaparecidas. Ana preside hoy el Instituto Espacio para la Memoria): «Es un día histórico, pero es importante después de 35 años seguir avanzando para que la sociedad tome conciencia de los crímenes aberrantes que vivimos. Después de dos años en este juicio, uno no puede salir igual que como entró a él. Esto tiene que ver con toda la sociedad argentina, no solo con las víctimas. Esto no se cierra, falta mucho todavía, hay que reformar los juicios, buscar la manera de hacerlos con mayor celeridad, pero bueno, siempre se luchó así y así se fueron consiguiendo las cosas. Pero los que tiraron gente viva al mar tienen que pagar por esos delitos. Es muy importante seguir avanzando en la búsqueda de justicia, pero este es el avance que ha logrado la lucha histórica de derechos humanos»
Estela Carlotto (presidente de Abuelas de Plaza de Mayo): «Esto fue escuchar las voces es lo que sentimos en nuestro corazón. Recordar a nuestros queridos desaparecidos. Estos bestias que parecen humanos, pero no lo son, entraron esposados, y ahora perpetua, cárcel común. Sin ninguna venganza, sino lo que corresponde en un país democrático, juzgar a semejantes bestias. Salimos bien. Yo creo que es una inyección para seguir luchando por lo que viene adelante. Por lo que falta. Sabemos que estamos condenando a los más feroces. Faltan los civiles, los jueces cómplices, ya se ha comenzado con eso. Y encontrar 400 nietos. Pero no hay que aflojar. Falta, pero hay que seguir avanzando. A Astiz no lo quería ni mirar porque tenía un rictus como de sonrisa. Muy patriota con la escarapela, pero no importa: ya está condenado».
La sentencia
Adolfo y Perla Mango (del Equipo de Derechos Humanos de la Iglesia de Santa Cruz. Allí se reunían los familiares, y fueron infiltrados por Alfredo Astiz. Once de esos familiares fueron desaparecidos, incluyendo a Azucena Villaflor de Devincenti, Mary Ponce de Bianco y Esther Careaga, y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet): «Esto ha provocado un montón de sensaciones, de alegría, de dolor. Escuchamos y acompañamos lo que dijeron las víctimas, y estuvimos estos dos años apoyándolos todas las semanas. Lo más importante es que se hizo justicia».
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó la recomendación del Tribunal a Naciones Unidas para que incorpore la eliminación de una persona por sus ideas políticas como causal de genocidio. Comentó además a lavaca: «Esto ha sido extraordinario. Después de muchos años la justicia llega, es un remedio para la víctima y para la sociedad. Esto fortalece a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho para que no se vuelva a repetir. Está claro que las sociedades n pueden avanzar sobre la base de los crímenes más aberrantes. Es un paso importante de la sociedad argentina. Las absoluciones en definitiva son de personas que están involucradas en otras causas. Pero que haya absoluciones demuestra que estos juicios son legítimos y que las sentencias no están escritas de antes».
María Adela Antokoletz (hija de una de las fundadoras de Madres, un hermano desaparecido): «Mi hermano estuvo en la ESMA, pero este no es mi juicio sino de toda la población y de todos los países hermanos que tienen personas desaparecidas en mi país. Durante el juicio, claramente los testimonios fueron desgarradores. Pero son la palabra, y a veces los silencios, los que dijeron la verdad sobre lo que ocurrió en este país».
La sentencia
Fotos: Julieta Colomer y Hernán Cardinale

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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