Nota
Confirmada la desaparición forzada de César Monsálvez, 13 años
Como lo anticipó Mu en su número 67 de julio del 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida en Trelew, Chubut. La investigación completa que anticipó este caso.
Como lo anticipó la revista Mu en su número 67 de julio de 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida hace casi un año, plena democracia, en Trelew, Chubut. Aquí publicamos El triple enigma, la investigación completa que anticipó este caso, que ahora hizo que la Cámara de Casación aparte al juez y al fiscal y denuncie el modo en que policía y justicia difamaron a la víctima, con lo que de hecho se convirtieron en cómplices de la desaparición. Un caso que tiene tanta gravedad como los de Iván Torres, Julio López y Luciano Arruga. El fallo lleva la firma de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.
El triple enigma
¿Tres casos encadenados? Las vejaciones a un menor de edad en una comisaría, el asesinato de un testigo protegido, y la desaparición y muerte de un chico de 13 años. La violencia institucional en Chubut y su encubrimiento judicial. Los grupos que no se resignan y los familiares que logran vencer al miedo.
En el bar de Trelew hay una pantalla de televisión clavada en un canal porteño de noticias. Allí muestran el “caso Ángeles”, el crimen, el portero, los familiares, los panelistas, los expertos. Las palabras vacías sirven para llenar minutos, horas, existencias. El volumen está en cero: no sé a qué dios o camarero agradecerle. Se pueden ver la temperatura y los baches y los famosos de Buenos Aires, que para los medios autodenominados “nacionales” son más relevantes que la conversación que sostengo en este bar.
Me hablan sobre tres historias encadenadas. Tres “casos”, como se denomina a personas y crímenes en jerga jurídico-periodística. Cualquier científico, productor de noticiero, o detective en serie celebraría descubrir que pueden ser presentados como los casos A, B y C:
- Caso A, de Adolescente de 16 años, ilegalmente detenido, torturado y vejado por ocho (8) policías chubutenses en la Comisaría 2º de Trelew, el 18 de enero de 2012. Reitero: 16 años.
- Caso B, de Bruno Rodríguez Monsalve, 22 años: detenido en la misma comisaría y testigo del Caso A. Decidió denunciar la situación. Le tomaron una declaración anticipada en cámara Gesell. Para preservarlo de la policía, las autoridades provinciales lo consideraron testigo protegido. Fue asesinado de tres puñaladas el 26 de marzo de 2012. Reitero, 22 años.
- Caso C, de César Monsalve, 13 años, desaparecido desde el 27 de mayo último, sobrino de Bruno (Caso B). La familia, la abogada y la Cámara Penal plantean que podría tratarse de una desaparición forzada cometida por la policía, encadenada a los Casos A y B. Pero el fiscal de turno Fabián Moyano está visiblemente colocado: plantea el caso como el de una persona extraviada, una averiguación de paradero. Y la investigación está en manos de la propia policía. Edad de César al momento de desaparecer: 13 años.

Cintia, la madre de César. Su cuerpo apareció mientras Mu estaba haciendo la investigación: lo encontraron a 300 metros del Museo que recuerda la Masacre de Trelew.
Un violado, un asesinado y un desaparecido. Dos de ellos menores de edad. Y como corresponde a toda trilogía, hay un cuarto componente, inevitable en Trelew: el asesinato a golpes de Julián Antillanca y la conmovedora movilización generada por su padre César, albañil, en búsqueda de justicia.
El nexo que une a todas estas historias podría ser la policía jugando un rol de autoría, complicidad o sospecha, según el ojo con que se mire. El poder judicial funciona muchas veces como máquina de absolver, salvo el bingo de algunas excepciones. Todo queda en manos de familiares, amigos, abogados y vecinos que no se resignen a la impunidad.
En el bar, Fernando Almonacid y Estela Álvarez, los padres del chico del Caso A, tienen el alma inundada. Él es empleado de mantenimiento en una obra social. Ella es portera de escuela. Fernando me mira perplejo: “Yo tengo el privilegio de tener a mi hijo vivo”. Estela se pasa la mano por las mejillas mojadas: “Intentó suicidarse tres veces. Pero le decimos que tiene un futuro por delante. A Bruno lo mataron, y César está desaparecido ¿Qué es esto?”.
No sé qué es esto: hay espacios del mal para el que nos estamos quedando sin diccionarios. Todavía no es muy nítido qué canal está mirando el resto de Trelew. Pero sí resulta evidente que yo escribo, usted lee, el poder judicial flota y la televisión llena vacíos propios y ajenos, mientras un chico de 13 años está desaparecido cada minuto que pasa. Quito los ojos de la indignación de Fernando y Estela: en la pantalla dejan descansar a Ángeles, anuncian un debate sobre las PASO con candidatos que sonríen ya maquillados, y comienza el espacio publicitario.

Caso A: Fernando y Estela, padres del menor torturado y vejado en la Comisaría 2 de Trelew, que motivó el descabezamiento de la cúpula policial
Caso A: captura
Los chicos volvían de un baile. El adolescente, su novia, un par de amigos. Enero 18, 2012. El muchacho trabajaba ayudando al padre como empleado de mantenimiento. No tenía antecedentes, conflictos con la policía, y hasta filmaron ese regreso con sus celulares, corriendo, haciendo bromas y jugando: 16 años. En el camino tuvieron un incidente con el conductor de una camioneta Trafic, que casi los había atropellado. Cuando llegaban a la casa del chico, en el barrio Presidente Perón, aparecieron los patrulleros y saltaron sobre él, y lo arrancaron de las rejas a las que se aferraba gritándole a su madre. Estela: “Era antes de las 7 de la mañana, todo el barrio es de gente trabajadora como nosotros. Fernando ya se había salido porque entra a las 7. Yo tomo pastillas para poder dormir y no escuché”. Los gritos hicieron salir a los vecinos. Los policías golpeaban con excitación. Los vecinos pedían que se llevaran al de la Trafic que era el que los había embestido, que dejaran de golpear al chico, que esa era su casa y adentro estaban sus padres. Todo inútil: subieron al menor al patrullero, lo que en sí mismo fue injustificado e ilegal, aunque parte de la violencia institucional consiste en que las palabras no signifiquen nada.
Estela habla con la fluidez de la desesperación: “Un vecino me despertó y dijo ‘a tu hijo lo golpearon feo, iban para la comisaría’, como estamos a cuatro cuadras de la Seccional 2º llegué en 5 minutos, imagínese, y ellos decían que mi hijo le había tirado una piedra al patrullero y otro decía que le venía pegando a la novia, o que habían recibido un llamado, todas mentiras como se vio después en el juicio, si hasta a la novia la detuvieron por el lío que armó para que no se lo llevaran, y la tenían también a ella y después la dejaron conmigo, pero ahí yo estaba angustiada esperando con mi otro hijo y mi nuera, serían las siete y cinco (según el expediente: 7.08), hasta que a eso de las ocho y cuarto (8.10), me entregan a mi hijo todo golpeado y mojado”. Calla para respirar, y para llorar.
El infierno
En la Comisaría 2º, según quedó verificado en el juicio que se hizo en marzo de este año, el menor estuvo durante esa hora entera, lo cual en sí es una aberración, mientras su familia reclamaba en la sala de guardia que lo entregaran. Fue “alojado” en un pasillo, entre los calabozos y la Cuadra del personal, donde siguieron golpeándolo entre varios, hasta que uno de los policías lo levantó y lo llevó hasta la zona de calabozos, pusieron al chico contra la pared, le bajaron los pantalones y el calzoncillo, le introdujeron un bastón tipo tonfa (cachiporra) en el ano, reiteradas veces mientras él gritaba de dolor y los policías gritaban como celebrando. Luego lo llevaron hasta el pasillo donde lo dejaron tirado y le arrojaron un baldazo de agua.
En una celda, sometido la tortura de ver a los policías y escuchar los alaridos, estaba Bruno Rodríguez Monsalve.
Cómo se tapa
Fernando, el papá del chico vejado: “La novia y otros testigos vieron cómo lo sacaban de esa zona de calabozos con los pantalones bajos. Se ve que se había desmayado del dolor, y le tiraron agua para borrar también las huellas”. Estela, la madre: “Me lo devolvieron así, golpeado, mojado, aturdido, fuimos al Hospital Zonal, pero recién esa noche me contó todo lo demás que le hicieron. Y salimos a denunciar lo que pasó”.
Para calmar el escándalo público por la denuncia de los Almonacid, el gobernador Martín Buzzi ordenó el desplazamiento del jefe policial de Chubut Néstor Siri y del comisario de Trelew Juan Carlos Contreras (que reprimió también esos días una protesta por 200 despidos de trabajadores camioneros), tras “evaluar la serie de hechos de violencia policial sucedidos y que serán investigados hasta las últimas consecuencias para determinar, con toda claridad, los móviles y las responsables”, según dijo. Fernando: “Para mí fue todo político. Sacaron a uno para poner a otro, se reacomodan, y siguen tapando todo”.
Hay un vejado que vive
Se hicieron 70 rondas de reconocimiento para identificar a los acusados, hubo pericias, declaraciones, “anticipos jurisdiccionales de prueba” como la declaración de Bruno Rodríguez Monsalve (Caso B) y hasta las confesiones de tres de los ocho acusados, los policías Mario Bevaqua y Adolfo Carballo y el médico Fernando Zaghis, que en juicio abreviado reconocieron los hechos y su culpabilidad, a cambio de penas menores (3 años de prisión en suspenso, inhabilitación de 6 años para cargos públicos).
Y una prueba o curiosidad más: contra lo habitual en Chubut, en este caso la víctima está viva, pudo reconocer a los policías y relatar lo que ocurrió.
Vergüenza ajena
El juicio se hizo en marzo de este año. Acusados: Carlos Pato, Sergio Castillo, Hugo Ortiz, Aníbal Muñoz y Carlos Treuquil. Cargos: privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tortura y abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 16 años.
Los jueces Ivana González, Adrián Barrios y Darío Anguiano resolvieron llevar el juicio a puertas cerradas, bajo la excusa de “preservar a la víctima”, con el efecto práctico de aislar las audiencias y no quedar ellos mismos bajo la mirada de la sociedad. Con sólo tomar la declaración del adolescente a puertas cerradas hubiera sido suficiente.
Ese tribunal terminó por absolver a los cinco acusados que salieron festejando, siguen en funciones, y se han encargado de pasar por el barrio a burlarse de vecinos y familiares.
La burla mayor fue el propio fallo. Uno de los jueces dijo tener certeza sobre la existencia del abuso sexual, pero los otros dos no, porque la pericia de las lesiones anales indica que se produjeron ese día, pero no precisa a qué hora (como diciendo que el adolescente pudo haber sido vejado antes de estar en la Comisaría). Los fiscales María Tolomei y Arnaldo Maza, en su pedido de nulidad del juicio, rebaten el disparate recordando que se vieron las filmaciones de los chicos saliendo del boliche, jugando, riendo, corriendo, cosa imposible en un abusado de ese modo. Los jueces además omitieron la declaración de la médica forense, doctora Stella Maris Manzano, quien descrbió las lesiones cometidas en forma violenta, no consentida, reiteradas veces, y sólo posibles con un elemento compatible con un bastón tonfa.
Con qué te violan
Y un detalle más perverso. El chico había declarado: “…Empezaron con el machete, (…) fue el flaco grandote ese, de ese me acuerdo bien porque ese fue el que causó todo, el de la idea (…). Supongo que era un machete. Yo cerré los ojos y recuerdo que le dije a dios que quería justicia y que lo dejaba en manos de él. Me ardía, me dolía…no me hable más de eso por favor…”.
¿Conclusión de los jueces sobre esta declaración? Que no se puede tener por cierto que el abuso sexual se produjo con el bastón tonfa porque el joven no lo describió con precisión. Se solicita a lectoras y lectores que la próxima vez que sean agredidos, vejados o asesinados por policías, fotografíen antes con qué elemento, para evitar imprecisiones.
Así, un juicio inusualmente plagado de testimonios, reconocimientos, peritajes forenses y culpables confesos, recibió total absolución de los cinco principales responsables. Para redondear el abismo, el ministro de gobierno Javier Touriñán cargó contra los fiscales: “Faltó ímpetu en tratar de conseguir las pruebas para sostener la acusación”, dijo, higienizando jueces. Ese día nació la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew, que reúne a sindicatos, movimientos de derechos humanos, organizaciones de todo tipo desde la CTA hasta La Cámpora, y al Consejo Social de la Universidad Nacional del Sur. Natalí Narváez, de la Comisión: “Con esa sentencia, nos violaron a todos”. Fue el 26 de abril último.
Se pidió la nulidad del juicio, en el que no pudo estar presente el testigo clave: Bruno Rodríguez Monsalve, el Caso B.

Caso B: Marta, la madre de Bruno, el testigo protegido que terminó asesinado a puñaladas.
Caso B: muerto protegido
Volvamos a una imagen: cuando el adolescente era torturado y vejado, en una de las celdas contiguas estaba Bruno Rodríguez Monsalve, viendo y escuchando. Tenía 22 años, vivía con su madre Marta y tres sobrinos en el barrio Oeste de Trelew. Como tantas veces en tantos barrios (el propio caso del desaparecido Iván Torres) Bruno tenía fricciones con la policía que cada tanto lo hospedaba en la Comisaría. Lo que vio y escuchó aquel 18 de enero de 2012 le hizo tomar la decisión de declarar.
Marta, que trabaja atendiendo ancianos del barrio: “Al día siguiente lo atropellaron con una moto de la policía insultándolo, le dejaron la rodilla a la miseria, y lo amenazaron”. Bruno se presentó ante el defensor de oficio Sergio Rey: “Loco, me tiró la moto encima, me quiero ir, me van a matar”.
Estela, la mamá del adolescente del Caso A: “Para nosotros Bruno fue como un ángel que mandó Dios, para contar lo que sabía”. Se decidió tomarle declaración anticipada en cámara Gesell, no por paranoia sino por sentido común. Bruno reconoció sin dudar a dos de los policías, y sindicó a un tercero. La provincia lo consideró testigo protegido y lo trasladó a Santa Cruz, a casa de unos familiares. Marta: “Le dieron plata y le prometieron que le iban a conseguir algún trabajo”. Cuando se acabó la plata, Bruno volvió a Trelew para tramitar su documento, cosa que le exigían en Santa Cruz para darle trabajo. Pero la “protección” no es la que se ve en las películas de Hollywood. Bruno seguía moviéndose solo.
Tres puñaladas
Unos días después del regreso de Bruno a Trelew, el 26 de marzo de 2012, Marta le oyó llegar a las 5 de la mañana. “Me dijo: ‘mami’, se apoyó en esta mesa, y se cayó. Pensé que se había desmayado por un problema que tenía al corazón, le abrí la campera, le levanté el pulóver, y ahí vi las puñaladas”.
Ante los gritos de la madre los vecinos pidieron ambulancia, pero llegó la policía y Bruno falleció poco después. Tres cuchilladas. Marta: “El médico dijo que había perdido muchísima sangre, pero la ropa no estaba manchada, sólo se veían las heridas. Nunca entendí”. Poco después ella misma fue perseguida y amenazada por un patrullero desde el que le gritaron: “Sacá la cámara Gesell”. “Además se reían y me tiraban el auto encima”. El propio fiscal Arnaldo Maza vino aquí para tomar nuestra denuncia, y vio cómo un patrullero se paró frente a la puerta de nuestra casa, mirándonos, para asustarnos. Cuando lo vieron al fiscal, salieron picando”.
Breve contexto: sólo en el caso de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia hubo 6 testigos muertos, dos de ellos protegidos, y una testigo violada a la que le dijeron: “Andá a hacer la denuncia a la comisaría, que te la tomo yo”.
El asesinato de Bruno eliminaba al principal testigo del juicio por el Caso A (que había provocado el desplazamiento de las cúpulas policiales). Sin embargo jamás se investigó la posible participación o instigación policial. Y a velocidad de un tuit apareció el fiscal Fabián Moyano con el crimen resuelto gracias a la oportuna aparición de un “buchón” relacionado –obvio- con la policía: Bruno había sido muerto por un vecino, por un ajuste de cuentas.
La versión de Cintia Monsalve, la hermana de Bruno: “Sabíamos que eso era mentira. El chico al que acusaban, Gastón Béjar, era amigo nuestro. Estaban acusando a cualquiera. Un perejil, como le dicen”. Béjar, inesperadamente, fue defendido por un dúo de abogados de los más caros de Chubut, Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, habituales defensores del personal policial (caso Antillanca, por ejemplo) o de los militares y policías juzgados por la Masacre de Trelew. Se vio a ambos acompañar sonrientes a los policías exculpados en el Caso A. El acusado Béjar también terminó absuelto.
La mirada de Gastón Pérez Álvarez, de la Asociación de Docentes Universitarios y la Comisión contra la Impunidad: “Al acusado lo absolvieron, y de paso se le solucionaron sospechosamente otras causas que tenía. Uno sabe que las fuerzas policiales desarrollan la tercerización de robos y delitos, a cambio de protección. No se pudo probar en ese caso, y el crimen de Bruno por ahora queda impune”.

Caso C: Cintia y el cartel escrito a mano buscando a César, 13 años
Caso C: 13 años
El 27 de mayo último a las 10 de la mañana César Monsalve, 13 años, sobrino de Bruno (Caso B), hijo de Cintia y nieto de Marta, salió de la casa de su abuela rumbo a la de una tía en el barrio Inta. Desde entonces nada se sabe de él. Vestía bermudas, remera marón, y sólo llevaba la tarjeta para el colectivo, o sea, nada como para pensar en una fuga adolescente.
Únicas coincidencias temporales:
- Un mes antes habían absuelto y liberado a los acusados por el Caso A de vejaciones en la comisaría.
- Y pocos días después comenzaría el juicio por el Caso B, el homicidio de su tío Bruno, el testigo “protegido” apuñalado.
Cintia Monsalve tiene 29 años: “Mi hijo siempre vivió con mi mamá y mis hermanos. Lo tuve muy chica. Cuando no apareció, lo empezamos a buscar con toda la familia y los amigos. El 29 de mayo presenté la denuncia. La policía ni caso me hizo, y yo ya sabía, por lo de mi hermano Bruno. No les importamos. Al revés. Yo veo que no hacen nada. Ya le dije a una fiscal: ¿tengo que esperar que a César me lo devuelvan en un cajón? Ni siquiera hablamos de alguien grande. Es un nene. Me dijo que hay que tener fe”.
Marta me mira: “Yo no quiero mezclar mucho las cosas. A mi hijo Bruno me lo mataron y nadie me lo va a devolver. Pero mi nieto es un chiquito, quiero que esté en casa…”. No puede terminar. Cintia ceba mate. Se escucha el viento helado contra la puerta.
Desaparición forzada
En las primeras movilizaciones de denuncia, junto a la Comisión contra la Impunidad y a los Almonacid (que venían de la absolución de los culpables de las vejaciones a su hijo), Cintia conoció a César Antillanca, el padre del asesinado Julián. Y a la abogada Verónica Heredia.
Juntas presentaron el 2 de junio un hábeas corpus planteando que el caso de César Monsalve encuadra como una desaparición forzada de persona: no alguien fugado o extraviado, sino posiblemente privado de su libertad por personal del Estado. Por eso mismo, piden el apartamiento de la policía provincial de la búsqueda, y el de los jueces del Caso A, que absolvieron a policías planteando “duda razonable” sobre las vejaciones en la comisaría.
La jueza Ana Servent ordenó que la gendarmería buscase en comisarías, hospitales, salas de guardia, no encontró a César, y rechazó el hábeas corpus. La Cámara Penal le aclaró que el niño continúa desaparecido, le ordenó volver a hacerse cargo, y postula que la vinculación entre la desaparición del niño y la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a autoridades policiales locales “desde el punto de vista jurídico permitiría asimilar la situación a la de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”.
Mapa del crimen
Pasan horas, pasan días, César no aparece. ¿Por qué pensar en violencia institucional? Datos: El delito de desaparición forzada de persona se tipificó en Argentina en 2011, y es una de las consecuencias de la condena que sufrió el actual Estado Nacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Iván Torres, en 2003, y en esta misma Chubut. La abogada fue, como ahora, la doctora Verónica Heredia. Con el de César, ella ha contabilizado en los últimos 10 años ocho desapariciones forzadas en la provincia. “Todas lo son, hasta que se demuestre lo contrario”.
En Chubut, además, el ministerio de la Defensa Pública tuvo que crear un Banco de Datos sobre Torturas. En los últimos cinco años, se registra un promedio de 490 denuncias anuales de torturas producidas por las denominadas fuerzas de la ley. Son entre 9 y 10 casos por semana; no se sabe cuántos son los que no se atreven a denunciar.
El Grupo pro Derechos de los Niños realizó otro informe. Leerlo da miedo. Dos ejemplos. Eduardo Mariano Haro, amputación de testículos en la Comisaría 2ª de Comodoro Rivadavia (17 de noviembre de 2003). Gustavo Andrés Sáenz, 24 años, “golpiza policial, le arrancaron el ojo izquierdo” informa el texto, el 16 de septiembre de 2011.
El informe no alcanza a citar lo reciente. César Velázquez, 24 años, su madre y esposa denunciaron a mediados de junio a la prensa que “le pusieron corriente en las bolas” y también en las manos, en la Comisaría 5º de Comodoro Rivadavia. El mismo mes, en Esquel, hubo condenas a cinco policías por vejaciones agravadas en la Comisaría 2ª. Y abuso deshonesto de otro policía: la víctima, una niña de 4 años. O el caso del policía de Rawson que quemaba y abusaba de su esposa apuntándole con un arma para obligarla a practicarle sexo oral. O el caso de Héctor “Tití” García que fue detenido por recriminarle a un policía que estaba maltratando a un perro. García recibió una paliza antológica en la Comisaría 5ª de Comodoro, le reventaron el bazo y murió al día siguiente en el Hospital Regional. O la represión en Corcovado, 2009, un pueblo cordillerano sitiado por el grupo de choque policial GEOP que cometió decenas de abusos, golpizas y allanamientos sin control buscando a un delincuente… apenas el inicio de una enumeración al infinito y más allá. Un lugar común consiste en decir que hay policías buenos y malos, también en Chubut. Eso puede ser cierto, pero elude una cuestión estructural que explique por qué los malos son tan exitosos.

Fabián Moyano, el fiscal tanto en el caso del asesinato de Bruno (que terminó sin condenas, por ahora) como en la desaparición de César, pero no investiga a la policía.
Charla con un fiscal
El asesinato de Bruno y la desaparición de César tienen otro punto en común, el fiscal Fabián Moyano. Asumió el caso de César un jueves, y le dijo a la madre que debía revisar el expediente. Un jurista de Trelew me pregunta: “¿Será que el chico está en el expediente?”. Al día siguiente Mu intentó comunicarse, y seguía leyendo el expediente. Accedió a recibirnos por la tarde. Ojos muy abiertos, toses, miradas de reojo a un papel, fragmentos del diálogo:
-La desaparición no es un delito en sí mismo.
-Si es desaparición forzada sí.
-Pero esto es distinto. Un chico que salió de la casa y no sabemos a dónde fue. Mandé un oficio a La Rioja donde tiene familiares, se hicieron rastrillajes, búsqueda con gomones por el río con todo el personal policial.
-Pero si es una desaparición forzada, tendría que investigar a la policía.
-No tengo el más mínimo indicio de que sea así.
-¿Cómo va a tener indicios, si no la investiga? Primero se investiga, y después se descarta.
-No hay ningún indicio.
-La denuncia de la familia, la presentación de un hábeas corpus, la Cámara Penal ratificándolo, la sospecha de la población, los antecedentes provinciales como el de Iván Torres, por el que hubo condena al Estado Argentino por desaparición forzada.
-Es una tacha que nos dejó a todos estigmatizados. Pero si hay un hábeas corpus por el que la jueza aparta a la policía, y yo investigo con la policía, estamos cubriendo todas las posibilidades. Y con la jueza estamos en permanente contacto intercambiándonos información.
-…
-Tengo 25 años de trayectoria. Jamás encubriría a alguien. Si tuviera la más mínima sospecha, apartaría a la policía.
-¿Por qué la descarta como hipótesis?
-No la descarto. Pero si la sospecha es que hay relación con la muerte del testigo protegido Bruno Rodríguez Monsalve, nadie mejor que yo para saber que no lo mató la policía. En el juicio acredité, por declaraciones de testigos y escuchas telefónicas, que el autor de la muerte de Bruno fue Gastón Béjar por un ajuste de cuentas, cuando ambos estaban totalmente borrachos y empastillados y Bruno le robó una computadora.
-Sin embargo el tribunal absolvió a Béjar. O sea que usted no acreditó eso.
-Se dieron vuelta los testigos. Son cosas que pasan. Es nuestro sistema. Pero no lo mató la policía.
-En los otros casos de testigos muertos tampoco. Mandan a chicos que después reciben algún beneficio material o judicial. ¿Por qué descarta esa hipótesis?
-Porque yo tengo otra, y no son compatibles.
Así fueron dos sesiones, una personal y otra telefónica, en las que el fiscal apuntó a César como un chico sin control, a su abuela por lo mismo, a la madre por no haber hecho la denuncia antes, a Bruno por haber vuelto a Trelew, en medio de elogios al rol policial.
Investigar al Estado
¿Por qué pudo César Monsalve ser desaparecido? Misterio. Pero su desaparición, como el asesinato de su tío Bruno, logran de inmediato reforzar el miedo generalizado a declarar, lo cual consolida el control absoluto de la policía & afines sobre cualquier investigación.
¿Y si fuese al revés, y César se escapó y está escondido, o tuvo un accidente, o fue raptado por delincuentes? La abogada Verónica Heredia: “Cuando se sospecha que una persona fue desaparecida forzadamente se invierte toda la lógica. Hay que mirar al Estado, no a la calle. El Estado tiene que demostrar que no es responsable. Lo que es casi absurdo es pensar que en un lugar como Trelew un chico se vaya sin que nadie lo haya visto. La desaparición forzada como parte de la violencia institucional en Chubut se fundamenta en una práctica sistemática de la policía principalmente sobre chicos pobres de barrios periféricos, con una complicidad del poder político y un silencio del poder judicial, como lo planteó Sofía Tiscornia en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
¿Qué describió Tiscornia en ese informe sobre Chubut? Textualmente: “Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos, y tribunales que –alejados de los conflictos sociales de quienes más lo necesitan – no investigan o son cómplices de los crímenes”.
La doctora Heredia: “Parecía muy loco pensar que Iván Torres está desaparecido. O Luciano Arruga, o cualquier otro. Si César apareciera y se descubre que se fue con una noviecita, se pedirá disculpas. Pero todo el contexto nos dice que mientras tanto hay que investigar al propio Estado”.
El fiscal Moyano no tiene intención de hacerlo. “En ese caso segundo a segundo se sigue cometiendo el delito y hay una omisión de investigación del fiscal, integrante del Estado, que al no asumir que es una desaparición forzada, empieza a estar incurso en el propio delito y oportunamente se verá si corresponde que responda penalmente”.
La vida está en otra parte
La sociedad chubutense es mucho más que esto. Es también la que creó movilizaciones de sus comunidades contra la megaminería, asambleas, experiencias productivas, nuevos medios sociales de comunicación, espacios educativos, sindicales y comunitarios para combatir la impunidad. Y eso genera efectos institucionales. El reclamo de justicia del obrero César Antillanca tras el crimen de su hijo Julián en Trelew primero recibió su propia vejación, con un fallo que absolvió a los policías involucrados pese al cúmulo de pruebas. César no se resignó, siguió movilizándose y movilizando a la comunidad, y la apelación judicial provocó que el Superior Tribunal de Justicia anule ese juicio, que deberá realizarse nuevamente. El Superior Tribunal también está en crisis, con peleas y denuncias entre sus miembros: “Tal vez por eso están preocupados por recuperar credibilidad, con fallos como esa anulación” intuye la doctora Heredia. Todo un síntoma: para ganar credibilidad, hacer justicia.
Antillanca entiende las cosas mejor que muchos expertos. Plantea que hay que crear una Policía Judicial realmente independiente que resulte confiable y pueda también investigar al aparato policial. “La lucha cotidiana es colectiva, y no tiene que ver con esperanza y con fe, sino con confianza en el trabajo realizado, aún con todas las dificultades que implica ver que el informante oficial es el delincuente. Y el poder judicial depende exclusivamente de esa policía. Por eso hay que crear otras instituciones para que haya justicia y termine la impunidad”.
Fernando y Estela, los padres del chico vejado: “Esa anulación del juicio de Antillanca nos da una expectativa de que se haga lo mismo en nuestro caso. Pero él tiene a su hijo muerto. Nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo vivo, con necesidad de que mire hacia adelante después de todo lo que le pasó. Sabemos que no estamos denunciando al vecino de la esquina, sino a una mafia”. Estela: “A veces tengo mucho miedo, a él le quebraron la vida, pero nunca vamos a callarnos. Yo creo en Dios pero bueno, con lo que pasó estoy un poco peleada con Dios: ¿dónde está la justicia que nos prometiste?”. Fernando cuenta: “A nosotros nos ofrecieron irnos a otra provincia, con casa y todo. Yo digo que a cambio del silencio. Pero nunca lo vamos a hacer. Porque siempre pagan los más humildes, los chicos de los barrios. Y nos meten miedo. Pero con nosotros se equivocaron. Vamos a estar siempre, en todas la marchas, en todos lados, para que a nadie más le pase esto”.
Otra noticia: el adolescente protagonista del Caso A ya tiene 17 años. Va saliendo lentamente del infierno, me dicen sus padres. Trabaja, hace deporte, dio otro paso con su novia, la misma que lo acompañaba aquel día, y han tenido una beba. “Le quisieron robar los sueños y la vida, pero ahora tiene que pensar en esa hijita, mi nieta” sonríe Estela, como preguntándose si será posible.
Antillanca dice que no es un asunto de fe o esperanza, sino de confianza en el trabajo colectivo. Fernando: “Es cierto. Yo apuesto a que podemos dar vuelta todo”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (87 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 87 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
Nota
Los principales puntos del fallo que critica el operativo policial y ordenó liberar a los 114 detenidos

La jueza Karina Andrade dictó de madrugada la liberación de 114 personas detenidas en la cacería que el Gobierno desató en la protesta contra el recorte a los jubilados en el Congreso. El fallo es preciso no sólo en los términos bajo los que ubica el derecho a la protesta como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino también en la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad. La jueza cuestionó la información “imprecisa” y “deficitaria” respecto del motivo de las detenciones, el momento y lugar en el que se produjeron, y a donde fueron llevados. La magistrada fue clara en marcar dónde está la falla: “Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”. Mientras el Gobierno amenaza a la jueza, el fotógrafo Pablo Grillo sigue peleando por su vida, internado en el Hospital Ramos Mejía por un disparo en la cabeza.
Por Lucas Pedulla
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
La cita es textual y corresponde al fallo de 12 páginas con el que la jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº15, dictó la liberación de 114 personas detenidas en la cacería desatada en la protesta del Congreso. La decisión causó desconcierto en el Gobierno, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con que “se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.
Pero la jueza es precisa no sólo en los términos sino también en la descripción de una jornada bestial, con múltiples personas heridas de gravedad, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía.
“Información imprecisa”
La jueza Andrade especifica que a las 17.55 horas les llegó la convalidación de las primeras tres detenciones. A las 18.49, llegaron las de otras siete personas. A las 20.43, de otras cinco. La información es importante porque la magistrada apunta que, pasadas las 22 horas, la Dirección de Privados de Libertad le informó la detención de 89 personas que no habían sido comunicadas ni al tribunal ni a la defensa. Mientras, otra presentación le pedía a la jueza la liberación de las personas porque habían intervenido fuerzas federales y no de la Ciudad.
El caos continuaba. A las 22.30, la jueza recibió el grueso: 93 detenciones. A las 23.23, otras cuatro. Y recién a las 2.16 se informó la identidad de la última persona: en total, 114 detenciones. Por esas horas, la información era difusa respecto de la cantidad y los lugares donde estaban. Así queda claro el porqué y cómo la jueza argumentó su decisión:
- “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”.
- “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”.
- “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
- “En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados. Situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”.
- Sobre los detenidos 109) a 113), no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones y, finalmente se aguardó para el dictado de la presente la identificación de la última de las personas detenidas, previamente identificado como “Hombre de 25 años de edad que no aporta datos pero es ciudadano mexicano”.
Sobre las irregularidades en las detenciones, cita un fallo paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia del joven Iván Torres: “Una ‘demora’, así sea con meros fines de identificación de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezca al efecto, siempre y cuando sea compatible con la Convención”.
Por eso, remarca: “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”.
La protesta como libertad de expresión
La jueza ubica que la marcha de jubilados en el Congreso, “como es de público conocimiento”, ocurre todos los miércoles desde hace un año, y sobre esa base fáctica le “resultó imperioso” enmarcar los hechos “dentro de las exigencias constitucionales y convencionales” ya que, advirtió, “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión”.
Por ese motivo, subraya:
- “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
- “Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación”.
- “La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos”.
- Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): “Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas … Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectiva a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
- Sigue la jueza: “Entonces, quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”.
- “En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.
La jueza cita al constitucionalista Roberto Gargarella: “Una democracia representativa, la única alternativa con la que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de protestar y quejarse frente a las autoridades. Si se socava dicha posibilidad, la democracia representativa se convierte en una oligarquía o plutocracia, es decir, la democracia llega a su fin. De allí que una democracia, aún modesta, no sólo no puede darse el lujo de perder ciertas voces críticas sino que más bien, y por el contrario, debe hacer todo lo posible por potenciar a cada una de ellas”.
Déficit de seguridad
Sobre el cierre, la jueza vuelve a cuestionar el operativo:
- “No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’”.
- “Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ’flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.
- “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
- “Y sobre esta cuestión, es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
Nota
Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

¿Por qué la marcha de ayer fue reprimida? Miles de personas identificadas con distintos clubes se acercaron a bancar la marcha de todos los miércoles de jubiladas y jubilados. Algunas no llegaron ni a acercarse a Congreso que los gases ya habían comenzado. Pero eso no hizo mermar la convocatoria, que fue multitudinaria y regaló, pese a los palos, charlas e imágenes que hablan de una alianza inesperada y transversal a distintas demandas sociales. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue? Los testimonios de jubilados y jóvenes antes, durante y después del partido que se jugó en la calle, que siguió al ritmo de las cacerolas y promete generar un quiebre en odio y bronca alrededor de dos gritos de época: “Fuera Milei” y “Que se vayan todos”.
La foto que ayer intentó borrar el gobierno con la represión salvaje fue la de miles de clubes unidos alrededor de la marcha habitual de jubilados, y la foto del miércoles que sigue, probablemente con más gente, y la del siguiente, con cada vez más. Está por verse los efectos de este violento amedrentamiento a la protesta, con pruebas plantadas para justificarlo, mientras el fotógrafo Pablo Grillo pelea por su vida. Pero hay algo que ya pasó ayer, más acá de la represión.
Los jubilados y las hinchadas marcharon.
Se tuvieron que aguantar los gases, los tiros y los palos.
Y los aguantaron.
Y siguieron ahí, pese a todo.
Y siguió llegando gente, pese a todo.
Hasta altas horas de la madrugada en distintos barrios porteños, y hasta en Plaza de Mayo.
Pese a todo.

A diferencia de la versión del gobierno nacional y de los medios de comunicación cercanos, en una imagen casi inédita en la historia argentina (sin Mundial) hubo hinchas de montones de clubes del fútbol argentino juntos y hermanados.
“Este gobierno hizo lo que pocas cosas logran, unirnos”, dice uno de Huracán abrazado a otro de San Lorenzo. Una de Morón, con uno de Almirante Brown. Una de Boca, con otra de River. Y uno de Tigre, con una de Ferro, con uno de Midland, con una de Los Andes, y así todos, reunidos con entusiasmo en esta foto producida por lavaca:

La previa
Horas antes, jubiladas y jubilados se reunían en MU (a una cuadra del Congreso) como previa de cada miércoles. Todavía tranquilos, pensaban sobre lo que pasaría más tarde. Son parte del grupo Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubilados y charlan con lavaca sobre eso que ya había pasado: una alianza insólita entre hinchas y jubilados.
Ustedes vienen convocando desde hace más de un año a que se sumen organizaciones, centrales obreras, pero… de repente son las hinchadas. ¿Por qué?
Beatriz: Pero no es desde ahora, ¿ustedes recuerdan la canción de Pappo? “Nadie se atreva a tocar a mi vieja”; bueno, eso significa que todos estos muchachos de la hinchada, quizás cuando iban a la cancha con el abuelo cuando eran chiquitos, los llevó el padre hoy jubilado, es decir: es muy genuina y muy ingenua también la adhesión. Y es tremendamente afectiva.
Víctor: Las organizaciones no movilizan porque la mayoría está dirigida por la burocracia, la burocracia sindical, y como ellos no movilizan, le meten miedo también a los trabajadores para que no se movilicen, ese es uno de los puntos. Hace media hora, un compañero mandó un mensaje que estaba saliendo de La Plata, y comentaba que en el tren de atrás venían hinchas de Gimnasia y Estudiantes, juntos en el mismo tren.

O sea que el espanto logró unir lo imposible.
Beatriz: Claro, el espanto o el amor. Y otra de las cosas más interesantes que yo veo es que subyace una cosa que es la argentinidad. ¿Recuerdan cuando se ganó el campeonato del mundo? La argentinidad: eso subyace y en algún momento sale, sobre todo frente al avasallamiento que hay acerca de la argentinidad en este momento.
Rubén: No se olviden que la hinchada de Boca fue la primera que hizo una movilización en contra del macrismo, y apenas asumió lo sacamos a Milei a las puteadas el día que se votaba presidente en el club. Hacía 6 días que lo habían elegido Presidente y lo sacamos a escupitajos y a puteadas. Eso tiene que ver con esa combinación entre el sentimiento y la pasión, con lo político.
Beatriz: La vez pasada en la cancha de Estudiantes, Sturzenegger se tuvo que ir porque le decían de todo menos bonito: las tribunas son un termómetro social total.
¿Y cómo se hace para que esta alianza siga más allá de hoy?
Rubén (bostero): Hay que plantear que se haga permanente, aquí viene lo que se llama la construcción, y una construcción es día a día. ¿Cómo se hace, quién tiene la receta? Nadie. Lo que pasó el miércoles anterior a lo que pasó este miércoles son cosas distintas: todos los movimientos se van modificando, porque la realidad se va modificando. No podés manejar el tiempo, lo único que podés hacer es leer hacia dónde va la realidad, para poder ir digamos hacia una estrategia más ordenada o más segura para la clase trabajadora. Pero es muy difícil eso si no ves la realidad, si estás con una doctrina o con un dogma encima tuyo, no ves lo que está pasando. Es momento de estar muy abiertos.
¿Así sea de River Plate?
Como trabajador te respeto, pero como hincha… bueno: desde hoy, sí.
Rubén, Beatriz, Víctor y el resto de jubilados salían así la cancha, con los ojos bien abiertos.

El partido
Laura tiene la remera de Boca; Margarita la de River. Y se abrazan. Laura dice: “Es terrible lo que viene pasando todos los miércoles, había que estar acá apoyando”. Su ¿rival? coincide.
Margarita, enfermera jubilada de Aldo Bonzi, lleva la de River: “Soy de una generación que viene luchando por sus derechos desde hace muchos años. El único camino es la calle, y no sólo para luchar por nosotros, los jubilados, sino por la educación, para que no se lleven todas nuestras riquezas. Con esto estamos perdiendo nuestro bienestar, nuestra tranquilidad”.
Otro clásico rival, dentro de la cancha, es Vélez-Chicago. Artemio tiene la del club de Mataderos. Rafael, la del conjunto de Liniers. Artemio dice que vino porque este gobierno es lo peor que pasó en democracia: “Lo que hay que hacer es resistir, y para resistir hay que olvidar cualquier división que no sea patria y antipatria”. Rafael, del cuadro contrario, completa: “Es fascismo puro, hay que sacarlo a la mierda: la democracia tiene que salvarse”.

El Padre “Paco” Olveira, sacerdote de los Curas de Opción por los Pobres, no tiene puesta una sotana, sino una casaca de Boca. Más tarde intentaría evitar una detención y terminaría a punto de quedar detenido él. Antes de eso, dijo a lavaca, como un preludio de aquello: “Antes de empezar la marcha y ya nos gasearon; estamos en una dictadura, esto no es democracia, no hay ningún derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente. Lo que buscan es sacarnos de la calle, atemorizarnos, pero están consiguiendo lo contrario: que cada vez seamos más”.
Filomena no tiene puesta ninguna remera. Sí su nieto (de River), que la acompaña. Ella, 84 años, está en silla de ruedas. Dice: «Vine con mi nieto para sumar gente. La cosa está muy mal. Hoy por ejemplo, no tengo leche», dijo mientras la Policía comenzaba ya a reprimir.
Armando tiene 76 años y vino desde Haedo. En su bastón, con el que se afirma ante el terreno movedizo de este presente del país, lleva colgado un papel: “Prefiero morir de pie, que vivir de rodillas”. Tiene los ojos todos gaseados. De pie, denuncia: “Más de 30 años de aporte tengo, y este perro, porque es un perro, me sacó los remedios para la presión”. Muestra: “Mirá, mirá cómo tengo las piernas; y vine igual”. Y repite: “Y vine igual”, mientras muestra las várices que esta vez viajaron desde el conurbano bonaerense.

Después del próximo 23 de marzo, en apenas días, Armando y los trabajadores que no tengan 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación: se estima que 7 de cada 10 accedieron a su jubilación mediante la moratoria vigente. Y en el caso de las mujeres, 9 de cada 10.
Pero los jubilados no luchan sólo por los jubilados. Al contrario. Lo resume Julio, que tiene colgada una bufanda celeste y blanca, y unos ojos dilatados no por el llanto, sino por el gas. “Vengo por mi familia, por los jóvenes, por la gente en situación de calle -dice- por la pobreza que hay, que cada vez es mayor. Nunca vi una cosa igual, este gobierno no tiene sensibilidad, no sé a dónde vamos a parar”. Cierra Julio, de 84 años, con los ojos cada vez más rojos, mientras siguen los gases: “Yo voy a seguir luchando mientras pueda contra este régimen”.
Sobre Avenida de Mayo y sobre Hipólito Yrigoyen, las calles que rodean la Plaza de los dos Congresos, se profundiza el enfrentamiento directo entre hinchadas y distintas fuerzas. Al frente de la represión está la Gendarmería Nacional y motos de la Policía Federal; atrás, agentes con chalecos de esta misma fuerza salen en grupo a cazar manifestantes. De pronto salen no menos de diez sosteniendo a una joven de 22 años, y la llevan hacia unos camiones celulares apostados en la entrada del Senado de la Nación. Allí ocurre esta escena, que mezcla el testimonio de la joven Anabella Pompeo con el del comisario a cargo de su detención:
La cacería siguió.
Horacio Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos, está colgado en una valla frente al Congreso de la Nación y mira desde allí cómo centenas de policías federales tiran balazos de goma a las columnas de varias organizaciones sociales. Dice, desde las alturas: “Empezaron desde muy temprano, no querían que se convoque. A las 16 ya estaban reprimiendo. Esto cada vez va a ser más grande; la gente vino pacíficamente, no hubo agresiones grandes y sin embargo reprimieron de entrada. Es increíble la respuesta que da el Gobierno Nacional”.
Un hombre de 50 años, de zona Norte, viene por primera vez a la marcha de jubilados de los miércoles, también está asombrado con la represión: “Es impresionante. Lo quería ver con mis propios ojos. Es lo más parecido a un gobierno facho».


Silvia, 77 años, jubilada, no habla desde el Congreso: estaba por salir acompañada de Melanie, su amiga, y las balas la frenaron. Dice: “Mi intención era estar en la marcha. Hoy más que nunca había que estar, cansados de ver cómo nos maltratan todos los miércoles. Pensaba ir temprano, con mi sillita porque no puedo estar parada mucho tiempo, hasta que vi lo que empezaba a pasar desde temprano, que me hizo acordar demasiado a la dictadura, no a un gobierno democrático. No hay libertad de expresión ni derecho a la protesta. Fue durísima la represión y consiguió el gobierno que no me animara a ir, simplemente porque no iba a poder correr. Y fue así, fue una cacería. Pero espero que cada vez seamos más los que salgamos, que no nos llenen de miedo”.
Los detenidos por manifestar fueron, según el gobierno, alrededor de 114 y la lista de heridos seguía creciendo al cierre de esta edición, uno de gravedad: Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, al cual un cartucho de gas lacrimógeno le impacto y rompió el cráneo. Pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
La represión, y la solidaridad: al cierre de esta nota la familia Grillo agradecía que la cantidad de gente que había ido a donar sangre para Pablo desbordaba el Hospital.


El partido que viene
Como todos los miércoles, ya está la convocatoria para el que viene, a la misma hora (17) y en el mismo lugar (el Congreso).
Una jubilada dice: “El próximo fin de semana, y en los que vendrán, en todas las canchas debe haber un grito unánime ‘Fuera Milei’, que sea de reivindicación al trabajo, a la dignidad y a la soberanía. Hoy debe ser el principio del fin de este gobierno, donde el pueblo se une y toma conciencia para que las cosas puedan cambiar”.
Los abrazos y apretones de manos son más efusivos entre clubes de signos opuestos al caer la noche. “Vamos Almirante Brown”, se escucha en la calle, y el cumplido no viene de otro hincha del club de Isidro Casanova, en La Matanza, sino de un veterano con la camiseta de Chicago, eterno clásico. Otra persona se acerca, pero ahora con la casaca de Morón, otro tremendo duelo del far west conurbano: “Vamos, compa, vamos los jubilados”, alentaron a algunos cabizbajos.

Lo que es casi imposible de ver por las calles de esos barrios, los jubilados lo hicieron posible.
Eso es también lo que expresa no ya la bronca, sino la rabia de una multitud que dice “basta” y cantó también un hit de época: “Que se vayan todos”, mientras Avenida de Mayo y sus arterias regalaron imágenes típicas del 2001.
La policía, en un momento desorientada porque la gente no se amilanaba, era atacada con palabras y cantos:
– “Sos un muerto de hambre”.
– “¿No tenés abuela? ¿No tenés abuelo?”.
– “Vergüenza te tiene que dar”.
– “A ustedes les parece que puedo vivir con 259 mil pesos por mes?”.
– “Mira tu carita, ¿no tenés mamá? ¿No tenés papá?”.
– “Están entregando el petróleo, el litio, ¿y defienden a este gobierno pegándonos a nosotros?”.
– “¿Qué te dice tu vieja cuando venís a pegarle a los jubilados? ¿No es una jubilada como yo? No tenés cerebro ni corazón, malnacido”.
– “Andá a Bahía, la puta que te parió, andá a Bahía, la puta que te parió”.

Marcelo tiene 68 años y ligó un balazo de goma en el estómago: mientras se reponía en un bar enfrente del Congreso, contaba a lavaca: “Estaba en la vereda y empezaron a tirar tiros al tuntún” -dice levantándose la remera y mostrando la herida-. “Soy jubilado, soy hincha de Ferro y siento una impotencia porque estamos en manos de este tipo que es un loco, de la hermana que es peor y con un gabinete que es puro derecha y derecha. Tenemos que seguir con estas marchas: es la única forma de que se pueda dar vuelta la cosa”.
Afuera, mientras el viento empuja los gases que hacen arder ojos y gargantas, Carlos, el ya mítico jubilado hincha de Chacarita que logró que viniera su hinchada y luego el resto, sobresale de la línea de efectivos porque está parado sobre las rejas de un cordón que queda sobre Callao.
¿Quiere dar algún mensaje, Carlos?
La juventud nos ha apoyado y el pueblo también. Y el miércoles que viene va a haber más apoyo. Salgan a luchar.

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