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Confirmada la desaparición forzada de César Monsálvez, 13 años

Como lo anticipó Mu en su número 67 de julio del 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida en Trelew, Chubut. La investigación completa que anticipó este caso.

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Como lo anticipó la revista Mu en su número 67 de julio de 2013, se confirmó que el caso de César Monsálvez, 13 años, es una desaparición forzada ocurrida hace casi un año, plena democracia, en Trelew, Chubut. Aquí publicamos El triple enigma, la investigación completa que anticipó este caso, que ahora hizo que la Cámara de Casación aparte al juez y al fiscal y denuncie el modo en que policía y justicia difamaron a la víctima, con lo que de hecho se convirtieron en cómplices de la desaparición. Un caso que tiene tanta gravedad como los de Iván Torres, Julio López y Luciano Arruga. El fallo lleva la firma de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

La nota de Mu, publicada en julio 2013

La nota de Mu, publicada en julio 2013

El triple enigma

¿Tres casos encadenados? Las vejaciones a un menor de edad en una comisaría, el asesinato de un testigo protegido, y la desaparición y muerte de un chico de 13 años. La violencia institucional en Chubut y su encubrimiento judicial. Los grupos que no se resignan y los familiares que logran vencer al miedo.
En el bar de Trelew hay una pantalla de televisión clavada en un canal porteño de noticias. Allí muestran el “caso Ángeles”, el crimen, el portero, los familiares, los panelistas, los expertos. Las palabras vacías sirven para llenar minutos, horas, existencias. El volumen está en cero: no sé a qué dios o camarero agradecerle. Se pueden ver la temperatura y los baches y los famosos de Buenos Aires, que para los medios autodenominados “nacionales” son más relevantes que la conversación que sostengo en este bar.
Me hablan sobre tres historias encadenadas. Tres “casos”, como se denomina a personas y crímenes en jerga jurídico-periodística. Cualquier científico, productor de noticiero, o detective en serie celebraría descubrir que pueden ser presentados como los casos A, B y C:

  • Caso A, de Adolescente de 16 años, ilegalmente detenido, torturado y vejado por ocho (8) policías chubutenses en la Comisaría 2º de Trelew, el 18 de enero de 2012. Reitero: 16 años.
  • Caso B, de Bruno Rodríguez Monsalve, 22 años: detenido en la misma comisaría y testigo del Caso A. Decidió denunciar la situación. Le tomaron una declaración anticipada en cámara Gesell. Para preservarlo de la policía, las autoridades provinciales lo consideraron testigo protegido. Fue asesinado de tres puñaladas el 26 de marzo de 2012. Reitero, 22 años.
  • Caso C, de César Monsalve, 13 años, desaparecido desde el 27 de mayo último, sobrino de Bruno (Caso B). La familia, la abogada y la Cámara Penal plantean que podría tratarse de una desaparición forzada cometida por la policía, encadenada a los Casos A y B. Pero el fiscal de turno Fabián Moyano está visiblemente colocado: plantea el caso como el de una persona extraviada, una averiguación de paradero. Y la investigación está en manos de la propia policía. Edad de César al momento de desaparecer: 13 años.

Cintia

Cintia, la madre de César. Su cuerpo apareció mientras Mu estaba haciendo la investigación: lo encontraron a 300 metros del Museo que recuerda la Masacre de Trelew.


Un violado, un asesinado y un desaparecido. Dos de ellos menores de edad. Y como corresponde a toda trilogía, hay un cuarto componente, inevitable en Trelew: el asesinato a golpes de Julián Antillanca y la conmovedora movilización generada por su padre César, albañil, en búsqueda de justicia.
El nexo que une a todas estas historias podría ser la policía jugando un rol de autoría, complicidad o sospecha, según el ojo con que se mire. El poder judicial funciona muchas veces como máquina de absolver, salvo el bingo de algunas excepciones. Todo queda en manos de familiares, amigos, abogados y vecinos que no se resignen a la impunidad.
En el bar, Fernando Almonacid y Estela Álvarez, los padres del chico del Caso A, tienen el alma inundada. Él es empleado de mantenimiento en una obra social. Ella es portera de escuela. Fernando me mira perplejo: “Yo tengo el privilegio de tener a mi hijo vivo”. Estela se pasa la mano por las mejillas mojadas: “Intentó suicidarse tres veces. Pero le decimos que tiene un futuro por delante. A Bruno lo mataron, y César está desaparecido ¿Qué es esto?”.
No sé qué es esto: hay espacios del mal para el que nos estamos quedando sin diccionarios. Todavía no es muy nítido qué canal está mirando el resto de Trelew. Pero sí resulta evidente que yo escribo, usted lee, el poder judicial flota y la televisión llena vacíos propios y ajenos, mientras un chico de 13 años está desaparecido cada minuto que pasa. Quito los ojos de la indignación de Fernando y Estela: en la pantalla dejan descansar a Ángeles, anuncian un debate sobre las PASO con candidatos que sonríen ya maquillados, y comienza el espacio publicitario.
Caso A: Fernando y Estela, padres del menor torturado y vejado en la Comisaría 2 de Trelew, que motivó el descabezamiento de la cúpula policial

Caso A: Fernando y Estela, padres del menor torturado y vejado en la Comisaría 2 de Trelew, que motivó el descabezamiento de la cúpula policial

Caso A: captura

Los chicos volvían de un baile. El adolescente, su novia, un par de amigos. Enero 18, 2012. El muchacho trabajaba ayudando al padre como empleado de mantenimiento. No tenía antecedentes, conflictos con la policía, y hasta filmaron ese regreso con sus celulares, corriendo, haciendo bromas y jugando: 16 años. En el camino tuvieron un incidente con el conductor de una camioneta Trafic, que casi los había atropellado. Cuando llegaban a la casa del chico, en el barrio Presidente Perón, aparecieron los patrulleros y saltaron sobre él, y lo arrancaron de las rejas a las que se aferraba gritándole a su madre. Estela: “Era antes de las 7 de la mañana, todo el barrio es de gente trabajadora como nosotros. Fernando ya se había salido porque entra a las 7. Yo tomo pastillas para poder dormir y no escuché”. Los gritos hicieron salir a los vecinos. Los policías golpeaban con excitación. Los vecinos pedían que se llevaran al de la Trafic que era el que los había embestido, que dejaran de golpear al chico, que esa era su casa y adentro estaban sus padres. Todo inútil: subieron al menor al patrullero, lo que en sí mismo fue injustificado e ilegal, aunque parte de la violencia institucional consiste en que las palabras no signifiquen nada.
Estela habla con la fluidez de la desesperación: “Un vecino me despertó y dijo ‘a tu hijo lo golpearon feo, iban para la comisaría’, como estamos a cuatro cuadras de la Seccional 2º llegué en 5 minutos, imagínese, y ellos decían que mi hijo le había tirado una piedra al patrullero y otro decía que le venía pegando a la novia, o que habían recibido un llamado, todas mentiras como se vio después en el juicio, si hasta a la novia la detuvieron por el lío que armó para que no se lo llevaran, y la tenían también a ella y después la dejaron conmigo, pero ahí yo estaba angustiada esperando con mi otro hijo y mi nuera, serían las siete y cinco (según el expediente: 7.08), hasta que a eso de las ocho y cuarto (8.10), me entregan a mi hijo todo golpeado y mojado”. Calla para respirar, y para llorar.

El infierno

En la Comisaría 2º, según quedó verificado en el juicio que se hizo en marzo de este año, el menor estuvo durante esa hora entera, lo cual en sí es una aberración, mientras su familia reclamaba en la sala de guardia que lo entregaran. Fue “alojado” en un pasillo, entre los calabozos y la Cuadra del personal, donde siguieron golpeándolo entre varios, hasta que uno de los policías lo levantó y lo llevó hasta la zona de calabozos, pusieron al chico contra la pared, le bajaron los pantalones y el calzoncillo, le introdujeron un bastón tipo tonfa (cachiporra) en el ano, reiteradas veces mientras él gritaba de dolor y los policías gritaban como celebrando. Luego lo llevaron hasta el pasillo donde lo dejaron tirado y le arrojaron un baldazo de agua.
En una celda, sometido la tortura de ver a los policías y escuchar los alaridos, estaba Bruno Rodríguez Monsalve.

Cómo se tapa

Fernando, el papá del chico vejado: “La novia y otros testigos vieron cómo lo sacaban de esa zona de calabozos con los pantalones bajos. Se ve que se había desmayado del dolor, y le tiraron agua para borrar también las huellas”. Estela, la madre: “Me lo devolvieron así, golpeado, mojado, aturdido, fuimos al Hospital Zonal, pero recién esa noche me contó todo lo demás que le hicieron. Y salimos a denunciar lo que pasó”.
Para calmar el escándalo público por la denuncia de los Almonacid, el gobernador Martín Buzzi ordenó el desplazamiento del jefe policial de Chubut Néstor Siri y del comisario de Trelew Juan Carlos Contreras (que reprimió también esos días una protesta por 200 despidos de trabajadores camioneros), tras “evaluar la serie de hechos de violencia policial sucedidos y que serán investigados hasta las últimas consecuencias para determinar, con toda claridad, los móviles y las responsables”, según dijo. Fernando: “Para mí fue todo político. Sacaron a uno para poner a otro, se reacomodan, y siguen tapando todo”.

Hay un vejado que vive

Se hicieron 70 rondas de reconocimiento para identificar a los acusados, hubo pericias, declaraciones, “anticipos jurisdiccionales de prueba” como la declaración de Bruno Rodríguez Monsalve (Caso B) y hasta las confesiones de tres de los ocho acusados, los policías Mario Bevaqua y Adolfo Carballo y el médico Fernando Zaghis, que en juicio abreviado reconocieron los hechos y su culpabilidad, a cambio de penas menores (3 años de prisión en suspenso, inhabilitación de 6 años para cargos públicos).
Y una prueba o curiosidad más: contra lo habitual en Chubut, en este caso la víctima está viva, pudo reconocer a los policías y relatar lo que ocurrió.

Vergüenza ajena

El juicio se hizo en marzo de este año. Acusados: Carlos Pato, Sergio Castillo, Hugo Ortiz, Aníbal Muñoz y Carlos Treuquil. Cargos: privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tortura y abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 16 años.
Los jueces Ivana González, Adrián Barrios y Darío Anguiano resolvieron llevar el juicio a puertas cerradas, bajo la excusa de “preservar a la víctima”, con el efecto práctico de aislar las audiencias y no quedar ellos mismos bajo la mirada de la sociedad. Con sólo tomar la declaración del adolescente a puertas cerradas hubiera sido suficiente.
Ese tribunal terminó por absolver a los cinco acusados que salieron festejando, siguen en funciones, y se han encargado de pasar por el barrio a burlarse de vecinos y familiares.
La burla mayor fue el propio fallo. Uno de los jueces dijo tener certeza sobre la existencia del abuso sexual, pero los otros dos no, porque la pericia de las lesiones anales indica que se produjeron ese día, pero no precisa a qué hora (como diciendo que el adolescente pudo haber sido vejado antes de estar en la Comisaría). Los fiscales María Tolomei y Arnaldo Maza, en su pedido de nulidad del juicio, rebaten el disparate recordando que se vieron las filmaciones de los chicos saliendo del boliche, jugando, riendo, corriendo, cosa imposible en un abusado de ese modo. Los jueces además omitieron la declaración de la médica forense, doctora Stella Maris Manzano, quien descrbió las lesiones cometidas en forma violenta, no consentida, reiteradas veces, y sólo posibles con un elemento compatible con un bastón tonfa.

Con qué te violan

Y un detalle más perverso. El chico había declarado: “…Empezaron con el machete, (…) fue el flaco grandote ese, de ese me acuerdo bien porque ese fue el que causó todo, el de la idea (…). Supongo que era un machete. Yo cerré los ojos y recuerdo que le dije a dios que quería justicia y que lo dejaba en manos de él. Me ardía, me dolía…no me hable más de eso por favor…”.
¿Conclusión de los jueces sobre esta declaración? Que no se puede tener por cierto que el abuso sexual se produjo con el bastón tonfa porque el joven no lo describió con precisión. Se solicita a lectoras y lectores que la próxima vez que sean agredidos, vejados o asesinados por policías, fotografíen antes con qué elemento, para evitar imprecisiones.
Así, un juicio inusualmente plagado de testimonios, reconocimientos, peritajes forenses y culpables confesos, recibió total absolución de los cinco principales responsables. Para redondear el abismo, el ministro de gobierno Javier Touriñán cargó contra los fiscales: “Faltó ímpetu en tratar de conseguir las pruebas para sostener la acusación”, dijo, higienizando jueces. Ese día nació la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew, que reúne a sindicatos, movimientos de derechos humanos, organizaciones de todo tipo desde la CTA hasta La Cámpora, y al Consejo Social de la Universidad Nacional del Sur. Natalí Narváez, de la Comisión: “Con esa sentencia, nos violaron a todos”. Fue el 26 de abril último.
Se pidió la nulidad del juicio, en el que no pudo estar presente el testigo clave: Bruno Rodríguez Monsalve, el Caso B.

Caso B: Marta, la madre de Bruno, el testigo protegido que terminó asesinado a puñaladas.

Caso B: Marta, la madre de Bruno, el testigo protegido que terminó asesinado a puñaladas.

Caso B: muerto protegido

Volvamos a una imagen: cuando el adolescente era torturado y vejado, en una de las celdas contiguas estaba Bruno Rodríguez Monsalve, viendo y escuchando. Tenía 22 años, vivía con su madre Marta y tres sobrinos en el barrio Oeste de Trelew. Como tantas veces en tantos barrios (el propio caso del desaparecido Iván Torres) Bruno tenía fricciones con la policía que cada tanto lo hospedaba en la Comisaría. Lo que vio y escuchó aquel 18 de enero de 2012 le hizo tomar la decisión de declarar.
Marta, que trabaja atendiendo ancianos del barrio: “Al día siguiente lo atropellaron con una moto de la policía insultándolo, le dejaron la rodilla a la miseria, y lo amenazaron”. Bruno se presentó ante el defensor de oficio Sergio Rey: “Loco, me tiró la moto encima, me quiero ir, me van a matar”.
Estela, la mamá del adolescente del Caso A: “Para nosotros Bruno fue como un ángel que mandó Dios, para contar lo que sabía”. Se decidió tomarle declaración anticipada en cámara Gesell, no por paranoia sino por sentido común. Bruno reconoció sin dudar a dos de los policías, y sindicó a un tercero. La provincia lo consideró testigo protegido y lo trasladó a Santa Cruz, a casa de unos familiares. Marta: “Le dieron plata y le prometieron que le iban a conseguir algún trabajo”. Cuando se acabó la plata, Bruno volvió a Trelew para tramitar su documento, cosa que le exigían en Santa Cruz para darle trabajo. Pero la “protección” no es la que se ve en las películas de Hollywood. Bruno seguía moviéndose solo.

Tres puñaladas

Unos días después del regreso de Bruno a Trelew, el 26 de marzo de 2012, Marta le oyó llegar a las 5 de la mañana. “Me dijo: ‘mami’, se apoyó en esta mesa, y se cayó. Pensé que se había desmayado por un problema que tenía al corazón, le abrí la campera, le levanté el pulóver, y ahí vi las puñaladas”.
Ante los gritos de la madre los vecinos pidieron ambulancia, pero llegó la policía y Bruno falleció poco después. Tres cuchilladas. Marta: “El médico dijo que había perdido muchísima sangre, pero la ropa no estaba manchada, sólo se veían las heridas. Nunca entendí”. Poco después ella misma fue perseguida y amenazada por un patrullero desde el que le gritaron: “Sacá la cámara Gesell”. “Además se reían y me tiraban el auto encima”. El propio fiscal Arnaldo Maza vino aquí para tomar nuestra denuncia, y vio cómo un patrullero se paró frente a la puerta de nuestra casa, mirándonos, para asustarnos. Cuando lo vieron al fiscal, salieron picando”.
Breve contexto: sólo en el caso de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia hubo 6 testigos muertos, dos de ellos protegidos, y una testigo violada a la que le dijeron: “Andá a hacer la denuncia a la comisaría, que te la tomo yo”.
El asesinato de Bruno eliminaba al principal testigo del juicio por el Caso A (que había provocado el desplazamiento de las cúpulas policiales). Sin embargo jamás se investigó la posible participación o instigación policial. Y a velocidad de un tuit apareció el fiscal Fabián Moyano con el crimen resuelto gracias a la oportuna aparición de un “buchón” relacionado –obvio- con la policía: Bruno había sido muerto por un vecino, por un ajuste de cuentas.
La versión de Cintia Monsalve, la hermana de Bruno: “Sabíamos que eso era mentira. El chico al que acusaban, Gastón Béjar, era amigo nuestro. Estaban acusando a cualquiera. Un perejil, como le dicen”. Béjar, inesperadamente, fue defendido por un dúo de abogados de los más caros de Chubut, Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, habituales defensores del personal policial (caso Antillanca, por ejemplo) o de los militares y policías juzgados por la Masacre de Trelew. Se vio a ambos acompañar sonrientes a los policías exculpados en el Caso A. El acusado Béjar también terminó absuelto.
La mirada de Gastón Pérez Álvarez, de la Asociación de Docentes Universitarios y la Comisión contra la Impunidad: “Al acusado lo absolvieron, y de paso se le solucionaron sospechosamente otras causas que tenía. Uno sabe que las fuerzas policiales desarrollan la tercerización de robos y delitos, a cambio de protección. No se pudo probar en ese caso, y el crimen de Bruno por ahora queda impune”.

Caso C: Cintia y el cartel escrito a mano buscando a César, 13 años

Caso C: Cintia y el cartel escrito a mano buscando a César, 13 años

Caso C: 13 años

El 27 de mayo último a las 10 de la mañana César Monsalve, 13 años, sobrino de Bruno (Caso B), hijo de Cintia y nieto de Marta, salió de la casa de su abuela rumbo a la de una tía en el barrio Inta. Desde entonces nada se sabe de él. Vestía bermudas, remera marón, y sólo llevaba la tarjeta para el colectivo, o sea, nada como para pensar en una fuga adolescente.
Únicas coincidencias temporales:

  • Un mes antes habían absuelto y liberado a los acusados por el Caso A de vejaciones en la comisaría.
  • Y pocos días después comenzaría el juicio por el Caso B, el homicidio de su tío Bruno, el testigo “protegido” apuñalado.

Cintia Monsalve tiene 29 años: “Mi hijo siempre vivió con mi mamá y mis hermanos. Lo tuve muy chica. Cuando no apareció, lo empezamos a buscar con toda la familia y los amigos. El 29 de mayo presenté la denuncia. La policía ni caso me hizo, y yo ya sabía, por lo de mi hermano Bruno. No les importamos. Al revés. Yo veo que no hacen nada. Ya le dije a una fiscal: ¿tengo que esperar que a César me lo devuelvan en un cajón? Ni siquiera hablamos de alguien grande. Es un nene. Me dijo que hay que tener fe”.
Marta me mira: “Yo no quiero mezclar mucho las cosas. A mi hijo Bruno me lo mataron y nadie me lo va a devolver. Pero mi nieto es un chiquito, quiero que esté en casa…”. No puede terminar. Cintia ceba mate. Se escucha el viento helado contra la puerta.

Desaparición forzada

En las primeras movilizaciones de denuncia, junto a la Comisión contra la Impunidad y a los Almonacid (que venían de la absolución de los culpables de las vejaciones a su hijo), Cintia conoció a César Antillanca, el padre del asesinado Julián. Y a la abogada Verónica Heredia.
Juntas presentaron el 2 de junio un hábeas corpus planteando que el caso de César Monsalve encuadra como una desaparición forzada de persona: no alguien fugado o extraviado, sino posiblemente privado de su libertad por personal del Estado. Por eso mismo, piden el apartamiento de la policía provincial de la búsqueda, y el de los jueces del Caso A, que absolvieron a policías planteando “duda razonable” sobre las vejaciones en la comisaría.
La jueza Ana Servent ordenó que la gendarmería buscase en comisarías, hospitales, salas de guardia, no encontró a César, y rechazó el hábeas corpus. La Cámara Penal le aclaró que el niño continúa desaparecido, le ordenó volver a hacerse cargo, y postula que la vinculación entre la desaparición del niño y la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a autoridades policiales locales “desde el punto de vista jurídico permitiría asimilar la situación a la de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”.

Mapa del crimen

Pasan horas, pasan días, César no aparece. ¿Por qué pensar en violencia institucional? Datos: El delito de desaparición forzada de persona se tipificó en Argentina en 2011, y es una de las consecuencias de la condena que sufrió el actual Estado Nacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Iván Torres, en 2003, y en esta misma Chubut. La abogada fue, como ahora, la doctora Verónica Heredia. Con el de César, ella ha contabilizado en los últimos 10 años ocho desapariciones forzadas en la provincia. “Todas lo son, hasta que se demuestre lo contrario”.
En Chubut, además, el ministerio de la Defensa Pública tuvo que crear un Banco de Datos sobre Torturas. En los últimos cinco años, se registra un promedio de 490 denuncias anuales de torturas producidas por las denominadas fuerzas de la ley. Son entre 9 y 10 casos por semana; no se sabe cuántos son los que no se atreven a denunciar.
El Grupo pro Derechos de los Niños realizó otro informe. Leerlo da miedo. Dos ejemplos. Eduardo Mariano Haro, amputación de testículos en la Comisaría 2ª de Comodoro Rivadavia (17 de noviembre de 2003). Gustavo Andrés Sáenz, 24 años, “golpiza policial, le arrancaron el ojo izquierdo” informa el texto, el 16 de septiembre de 2011.
El informe no alcanza a citar lo reciente. César Velázquez, 24 años, su madre y esposa denunciaron a mediados de junio a la prensa que “le pusieron corriente en las bolas” y también en las manos, en la Comisaría 5º de Comodoro Rivadavia. El mismo mes, en Esquel, hubo condenas a cinco policías por vejaciones agravadas en la Comisaría 2ª. Y abuso deshonesto de otro policía: la víctima, una niña de 4 años. O el caso del policía de Rawson que quemaba y abusaba de su esposa apuntándole con un arma para obligarla a practicarle sexo oral. O el caso de Héctor “Tití” García que fue detenido por recriminarle a un policía que estaba maltratando a un perro. García recibió una paliza antológica en la Comisaría 5ª de Comodoro, le reventaron el bazo y murió al día siguiente en el Hospital Regional. O la represión en Corcovado, 2009, un pueblo cordillerano sitiado por el grupo de choque policial GEOP que cometió decenas de abusos, golpizas y allanamientos sin control buscando a un delincuente… apenas el inicio de una enumeración al infinito y más allá. Un lugar común consiste en decir que hay policías buenos y malos, también en Chubut. Eso puede ser cierto, pero elude una cuestión estructural que explique por qué los malos son tan exitosos.

Fabián Moyano

Fabián Moyano, el fiscal tanto en el caso del asesinato de Bruno (que terminó sin condenas, por ahora) como en la desaparición de César, pero no investiga a la policía.

Charla con un fiscal

El asesinato de Bruno y la desaparición de César tienen otro punto en común, el fiscal Fabián Moyano. Asumió el caso de César un jueves, y le dijo a la madre que debía revisar el expediente. Un jurista de Trelew me pregunta: “¿Será que el chico está en el expediente?”. Al día siguiente Mu intentó comunicarse, y seguía leyendo el expediente. Accedió a recibirnos por la tarde. Ojos muy abiertos, toses, miradas de reojo a un papel, fragmentos del diálogo:
-La desaparición no es un delito en sí mismo.
-Si es desaparición forzada sí.
-Pero esto es distinto. Un chico que salió de la casa y no sabemos a dónde fue. Mandé un oficio a La Rioja donde tiene familiares, se hicieron rastrillajes, búsqueda con gomones por el río con todo el personal policial.
-Pero si es una desaparición forzada, tendría que investigar a la policía.
-No tengo el más mínimo indicio de que sea así.
-¿Cómo va a tener indicios, si no la investiga? Primero se investiga, y después se descarta.
-No hay ningún indicio.
-La denuncia de la familia, la presentación de un hábeas corpus, la Cámara Penal ratificándolo, la sospecha de la población, los antecedentes provinciales como el de Iván Torres, por el que hubo condena al Estado Argentino por desaparición forzada.
-Es una tacha que nos dejó a todos estigmatizados. Pero si hay un hábeas corpus por el que la jueza aparta a la policía, y yo investigo con la policía, estamos cubriendo todas las posibilidades. Y con la jueza estamos en permanente contacto intercambiándonos información.
-…
-Tengo 25 años de trayectoria. Jamás encubriría a alguien. Si tuviera la más mínima sospecha, apartaría a la policía.
-¿Por qué la descarta como hipótesis?
-No la descarto. Pero si la sospecha es que hay relación con la muerte del testigo protegido Bruno Rodríguez Monsalve, nadie mejor que yo para saber que no lo mató la policía. En el juicio acredité, por declaraciones de testigos y escuchas telefónicas, que el autor de la muerte de Bruno fue Gastón Béjar por un ajuste de cuentas, cuando ambos estaban totalmente borrachos y empastillados y Bruno le robó una computadora.
-Sin embargo el tribunal absolvió a Béjar. O sea que usted no acreditó eso.
-Se dieron vuelta los testigos. Son cosas que pasan. Es nuestro sistema. Pero no lo mató la policía.
-En los otros casos de testigos muertos tampoco. Mandan a chicos que después reciben algún beneficio material o judicial. ¿Por qué descarta esa hipótesis?
-Porque yo tengo otra, y no son compatibles.
Así fueron dos sesiones, una personal y otra telefónica, en las que el fiscal apuntó a César como un chico sin control, a su abuela por lo mismo, a la madre por no haber hecho la denuncia antes, a Bruno por haber vuelto a Trelew, en medio de elogios al rol policial.

Investigar al Estado

¿Por qué pudo César Monsalve ser desaparecido? Misterio. Pero su desaparición, como el asesinato de su tío Bruno, logran de inmediato reforzar el miedo generalizado a declarar, lo cual consolida el control absoluto de la policía & afines sobre cualquier investigación.
¿Y si fuese al revés, y César se escapó y está escondido, o tuvo un accidente, o fue raptado por delincuentes? La abogada Verónica Heredia: “Cuando se sospecha que una persona fue desaparecida forzadamente se invierte toda la lógica. Hay que mirar al Estado, no a la calle. El Estado tiene que demostrar que no es responsable. Lo que es casi absurdo es pensar que en un lugar como Trelew un chico se vaya sin que nadie lo haya visto. La desaparición forzada como parte de la violencia institucional en Chubut se fundamenta en una práctica sistemática de la policía principalmente sobre chicos pobres de barrios periféricos, con una complicidad del poder político y un silencio del poder judicial, como lo planteó Sofía Tiscornia en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
¿Qué describió Tiscornia en ese informe sobre Chubut? Textualmente: “Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos, y tribunales que –alejados de los conflictos sociales de quienes más lo necesitan – no investigan o son cómplices de los crímenes”.
La doctora Heredia: “Parecía muy loco pensar que Iván Torres está desaparecido. O Luciano Arruga, o cualquier otro. Si César apareciera y se descubre que se fue con una noviecita, se pedirá disculpas. Pero todo el contexto nos dice que mientras tanto hay que investigar al propio Estado”.
El fiscal Moyano no tiene intención de hacerlo. “En ese caso segundo a segundo se sigue cometiendo el delito y hay una omisión de investigación del fiscal, integrante del Estado, que al no asumir que es una desaparición forzada, empieza a estar incurso en el propio delito y oportunamente se verá si corresponde que responda penalmente”.

La vida está en otra parte

La sociedad chubutense es mucho más que esto. Es también la que creó movilizaciones de sus comunidades contra la megaminería, asambleas, experiencias productivas, nuevos medios sociales de comunicación, espacios educativos, sindicales y comunitarios para combatir la impunidad. Y eso genera efectos institucionales. El reclamo de justicia del obrero César Antillanca tras el crimen de su hijo Julián en Trelew primero recibió su propia vejación, con un fallo que absolvió a los policías involucrados pese al cúmulo de pruebas. César no se resignó, siguió movilizándose y movilizando a la comunidad, y la apelación judicial provocó que el Superior Tribunal de Justicia anule ese juicio, que deberá realizarse nuevamente. El Superior Tribunal también está en crisis, con peleas y denuncias entre sus miembros: “Tal vez por eso están preocupados por recuperar credibilidad, con fallos como esa anulación” intuye la doctora Heredia. Todo un síntoma: para ganar credibilidad, hacer justicia.
Antillanca entiende las cosas mejor que muchos expertos. Plantea que hay que crear una Policía Judicial realmente independiente que resulte confiable y pueda también investigar al aparato policial. “La lucha cotidiana es colectiva, y no tiene que ver con esperanza y con fe, sino con confianza en el trabajo realizado, aún con todas las dificultades que implica ver que el informante oficial es el delincuente. Y el poder judicial depende exclusivamente de esa policía. Por eso hay que crear otras instituciones para que haya justicia y termine la impunidad”.
Fernando y Estela, los padres del chico vejado: “Esa anulación del juicio de Antillanca nos da una expectativa de que se haga lo mismo en nuestro caso. Pero él tiene a su hijo muerto. Nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo vivo, con necesidad de que mire hacia adelante después de todo lo que le pasó. Sabemos que no estamos denunciando al vecino de la esquina, sino a una mafia”. Estela: “A veces tengo mucho miedo, a él le quebraron la vida, pero nunca vamos a callarnos. Yo creo en Dios pero bueno, con lo que pasó estoy un poco peleada con Dios: ¿dónde está la justicia que nos prometiste?”. Fernando cuenta: “A nosotros nos ofrecieron irnos a otra provincia, con casa y todo. Yo digo que a cambio del silencio. Pero nunca lo vamos a hacer. Porque siempre pagan los más humildes, los chicos de los barrios. Y nos meten miedo. Pero con nosotros se equivocaron. Vamos a estar siempre, en todas la marchas, en todos lados, para que a nadie más le pase esto”.
Otra noticia: el adolescente protagonista del Caso A ya tiene 17 años. Va saliendo lentamente del infierno, me dicen sus padres. Trabaja, hace deporte, dio otro paso con su novia, la misma que lo acompañaba aquel día, y han tenido una beba. “Le quisieron robar los sueños y la vida, pero ahora tiene que pensar en esa hijita, mi nieta” sonríe Estela, como preguntándose si será posible.
Antillanca dice que no es un asunto de fe o esperanza, sino de confianza en el trabajo colectivo. Fernando: “Es cierto. Yo apuesto a que podemos dar vuelta todo”.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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Nota

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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