La masacre de San Miguel del Monte, donde murieron tres niños y un joven (22, 14 y 13 años) y otra chica (13) pelea por su vida, revela el carácter sistémico de la represión estatal de la Policía Bonaerense, que bajo la gestión Cambiemos presenta el 51 por ciento de los casos de muerte en por violencia policial en todo el país. “Todo lo que dijo la policía es falso”, explicó en diálogo con lavaca, la abogada María del Carmen Verdú.  Brinda detalles: el acta de procedimiento es falsa porque está probado que no hubo situación de fuga; las cámaras de seguridad muestran a un policía medio cuerpo afuera del auto disparando, y luego del choque hicieron un acta donde consignan que había sido un “accidente de tránsito”.  Los datos para comprender un problema sistémico que no fue ni un error ni un exceso.
“No sé de dónde saqué fuerzas y pedí entrar a la morgue. Lo reconocí por sus piecitos”. Eso dijo Susana, mamá de Gonzalo Domínguez, 14 años, uno de los cuatro asesinados en la masacre de San Miguel del Monte, en un nuevo hecho policial en el que la violencia y la impunidad adquieren ribetes que es casi imposible poner en palabras.
Gonzalo viajaba en un Fiat 147 que manejaba Aníbal Suárez, de 22 años, junto a Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliello, de 13, el lunes a la madrugada, cuando fueron baleados sin motivo en una persecución cometida por dos patrulleros de la Policía Bonaerense. La situación provocó que el auto chocara contra un camión detenido en el kilómetro 11 de la colectora 9 de Julio, a la entrada de la Ruta 3. El Fiat quedó destruido, dividido en dos partes separadas a 50 metros una de la otra.
Gonzalo, Aníbal, Camila y Danilo murieron. La mamá de Camila, Yamila Zarzoso, dijo entre lágrimas frente a las cámaras de televisión: “El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando”. Además de cualquier consideración ética o humanitaria, lo dicho por el médico empieza a formar parte de las falsedades para armar el caso, con la intención de encubrir el crimen.
La única sobreviviente es Rocío Guagliarello, de 13 años, internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde la derivaron para operarla de urgencia por una laceración en el hígado. El director ejecutivo del Hospital, Gabriel González Villamonte, confirmó que está “con soporte respiratorio y ventilatorio”. La niña está con traumatismo de cráneo encefálico y otro de tórax, con contusión pulmonar. Tiene fracturas de fémur y húmero, pero ante la complejidad de su estado, el médico dijo que “quedan en un segundo plano”. Pero alertó: “Corre riesgo su vida, la preocupación del equipo de salud es darle todos los cuidados para superar las distintas instancias de manera adecuada».
Los jóvenes eran amigos, se conocían de la Escuela Media de la ciudad, salían a la costanera, rapeaban y andaban en skate.
El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó a los medios la balacera policial. «Hay muchísimas grabaciones y elementos suficientes para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico. En las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, los chicos estaban muy contentos, cantando y demás”.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reconoció que “hubo tiros” y confirmó que se encontró una bala en el cuerpo de una de las víctimas. «El procedimiento estuvo muy mal hecho», admitió.  Anunció que fueron desplazados 12 policías, algunos de alto rango. Dos policías están detenidos y cinco tienen orden de captura. Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil llamaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, este viernes, a las 17 horas, en apoyo a las familias de lxs niñxs asesinadxs.

Doctrina Bullrich

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) tomó intervención a las pocas horas de los hechos. La abogada y referente de la organización, María del Carmen Verdú, dice a lavaca: “Si tomamos el segmento de hasta 25 años de edad como el primer grupo etario afectado por la represión estatal y por hechos que ocasionan la muerte, hay que pensar que la mitad de ellos ocurren en lugares de detención, que ya te ponen la vara de 18 años para arriba, o de 16, si es que incluimos casos de institutos de menores. Pero si sólo tomamos casos de gatillo fácil, tenemos un tope de 17 años. O sea que lo que vimos en San Miguel del Monte, con cuatro chicos muertos, te confirma que hay una tendencia de víctimas cada vez más jóvenes de la violencia policial”.
En marzo, Correpi presentó su Informe Anual sobre las víctimas del 2018. El diagnóstico es aterrador: una persona muerta cada 21 horas por la represión estatal. El 51% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires. “Es el gobierno más represor desde 1983”, sintetiza el trabajo.
Los datos: en tres años de la gestión Cambiemos, un total de 1303 personas fueron asesinadas, lo que representa un 20% del total de casos contabilizados por la organización desde diciembre de 1983.
A pesar de las desafectaciones anunciadas por Ritondo, Verdú apunta que estas muertes no deben leerse como un hecho aislado, sino como una condición sistémica del aparato represivo del Estado, azuzado por las políticas encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El descaro total y absoluto tiene que ver con la orden explícita del gobierno nacional de salir a disparar frente a cualquier circunstancia. Es el resultado directo del cumplimiento de la orden que implica la doctrina Chocobar (el policía que mató a un delincuente que se encontraba indefenso), la resolución 956 del año pasado (que reglamenta el uso de armas de fuego, leída por los organismos como una “legalización” del gatillo fácil) y el proyecto del Código Penal que incorpora los términos de impunidad de esa resolución en el artículo de causales y justificación de actos ilícitos”.
La abogada Verdú apunta que Correpi brindará todo el soporte político y técnico que las familias requieran.
-¿Qué puede decirse de este caso concreto?
-Todo lo que dijo la policía es falso. La primera imputación que hizo hace dos días la fiscalía fue por falsedad ideológica e instrumento público, porque ya ahí tuvo por probado que lo que se puso en el acta de procedimiento es falso. No hubo, como argumentan los policías, ninguna situación de vehículo que se da a la fuga después de un alto policial en un retén. La persecución arrancó porque decidieron empezar a perseguir. Punto.
-¿Qué pudieron ver en el territorio?
-Causó mucho revuelo a nivel local, sobre todo pensando que es un pueblo chico. Gracias a compañeras y organizaciones, pudimos tomar contacto de inmediato, y estuvimos con las familias, viendo en pantalla ampliada las cámaras de seguridad. Ahí se ve perfectamente el patrullero persiguiendo el auto con el policía medio cuerpo afuera, a los tiros. Luego, hicieron un acta donde ponían que había sido un accidente de tránsito. Ese fue el primer acto concreto. Pero hoy la propia autoridad municipal reconoció que una de las chicas tiene un tiro en el glúteo. Y no hay más resultados periciales porque el auto está destrozado, y están con lupa buscando encontrar si hay impactos de bala. Pero de lo que no hay ninguna duda es que salieron a cazar como ocurre a diario. Esto no es más que la réplica de tantos casos que trabajamos: patrulleros o vehículos policiales particulares que salen a la caza porque sí y se ponen a disparar. Obviamente, la cuestión de que haya sido un coche con cinco chiquitos, de los cuales murieron cuatro, le da un nivel de estallido máxime. Porque si esto hubiera pasado en La Matanza, los titulares de todos los diarios estarían hablando de la banda de pibes chorros. Esto, en Monte, donde todo el mundo se conoce, no pudo ocurrir.