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Cuarentena violenta en Chubut: del “tratá de meter gente en cana” a tres hábeas corpus para frenar los abusos estatales

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El Poder Judicial provincial falló a favor de tres hábeas corpus preventivos colectivos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública chubutense y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia ante las 4551 detenciones que se produjeron desde el comienzo de la cuarentena. Las partes denunciaron que Chubut implicó el 10% de las detenciones nacionales en un territorio que representa el 1,2% de la población del país. Balazos a repartidores de comida, mujeres detenidas por baldear la vereda, otras desnudadas, y aperturas de gimnasios municipales como lugares de detención, son algunas de las imágenes de una provincia que dicta toque de queda todas las tardes. El ministro Massoni y el comisario que ordenó “tratá de meter gente en cana”. Dato de época: en plena crisis por falta de pago de sueldos, el gobierno de Arcioni contrató por 450.000 pesos a un consultor de las mineras para hacer “monitoreo de medios”, o ciberpatrullaje.

Foto de El Extremo Sur.

Dos historias.

  • Un repartidor de comida estaba por llegar a su hogar en el barrio Cayetano, en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando fue interceptado por doce policías con los rostros cubiertos. Estaban distribuidos en seis motos: los acompañantes tenían escopetas con balas de goma. Le pidieron sus datos, su DNI. Se bajaron, lo empujaron contra la pared, lo palparon y le robaron 800 pesos que había trabajado en el día. Luego, uno de los efectivos le disparó un balazo en el tobillo. Dijo que se le había “escapado”. El oficial levantó el cartucho verde y se fueron, dejando al hombre tirado en el piso.
  • En Trelew, un hombre que hace delivery para subsistir con su pizzería, cerró el comercio y estaba volviendo a su casa en moto cuando fue interceptado por un operativo: entre cuatro policías le sacaron su vehículo, lo tiraron contra la pared y le ataron las manos con precintos. Lo cargaron en una camioneta hasta la Comisaría 1ª junto a otras veinte personas más, hacinadas, a menos de la distancia social recomendada y sin barbijos. Así estuvo detenido dos horas. Lo liberaron sin su moto -la misma que utiliza para repartir- y obligándolo a caminar las veinte cuadras hasta su casa.

Estos abusos son sólo dos muestras de las decenas de denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la concejala de Trelew Mariela Flores Torres sintetizaron en tres hábeas corpus preventivos a los que la Justicia provincial dio lugar en la tarde de este lunes.

El foco de la resolución de la jueza Mirta Moreno son los abusos y las vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad que se masificaron en todo el territorio chubutense luego de la veintena de resoluciones que el Ministerio de Seguridad provincial, comandado por Federico Massoni, lanzó endureciendo las propias disposiciones del DNU presidencial sobre los permisos y las actividades a desarrollar en medio de la cuarentena obligatoria.

Ejemplos:

  • Todos los días en todos los municipios chubutenteses, a las 19:30, suenan las sirenas de los bomberos para anunciar el toque de queda.
  • Los permisos para circular se establecieron según la terminación del DNI. Los que terminan en par pueden salir para compras los lunes, miércoles y viernes. Los impares: martes, jueves y sábados.

Frente al rechazo social, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogará las medidas, cuestión que habrá que ver si se confirma en la práctica.

“En toda la provincia tenemos al día de hoy sólo dos contagios por Covid 19, pero ya vamos 4551 detenciones”, explica a lavaca la concejala Torres (Partido Municipal), autora de uno de los hábeas corpus en representación de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. “Las resoluciones no se ajustan a razonabilidad, porque el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, no está recomendando tomar ninguna medida de detención. Y tampoco es proporcional a la cantidad de casos. Mientras en términos sanitarios, sólo en Trelew, tenemos 54 respiradores para 120 mil habitantes. Ya veníamos en emergencia desde antes, y toda esta salida represiva como la única opción no puede ser razonable”.

Ministros rebotando

El ministro Massoni.

La audiencia prevista para esta tarde fue dispuesta por la doctora Moreno, jueza de turno en la Oficina Judicial de Trelew y Rawson, luego de dictar un cuarto intermedio durante todo el fin de semana. El ministro Massoni acudió acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Grazzini.  Presentaron un proyecto de DNU provincial en el que ajustarían los protocolos a los dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y, por ende, derogarían todas las resoluciones ministeriales.

Sin embargo, las partes representadas por la Secretaría de DDHH de la Nación, la Defensa Pública y la Comisión contra la Impunidad lo rechazaron, ya que el objeto de la audiencia eran los hábeas corpus, y no un proyecto de DNU.

La concejala Torres explica a lavaca el fallo de la jueza:

  • “No escuchó a los testigos, porque consideró que las prueba presentadas por las partes eran suficientes.
  • Dio lugar al hábeas corpus.
  • Ordenó que las fuerzas de seguridad se ajusten al protocolo nacional.
  • Pidió la derogación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia.
  • Reconoció que hubo abusos”.

Torres apunta a lavaca que la jueza dispuso, además, la vigencia del hábeas corpus hasta que el DNU provincial se publique en el Boletín Oficial.

Lo grotesco y lo chimango

«Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El Ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos. Debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última los demoran en el lugar. Hacés un acta en el lugar o los llevás un minuto a la comisaría. Si buscan, encuentran. Gente que anda chimangueando».

Las palabras se conocieron tras un audio filtrado a los medios, y son del director de Seguridad provincial, el comisario general Paulino Gómez, ordenándole detenciones al Jefe de la Comisaría 1ª de Trelew. El propio Gómez salió a hablar tras el escándalo: “Soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo”.

El comisario Paulino Gómez: «soy indefendible»

El hábeas corpus de la concejala Torres es el que mejor explicó el caos y las arbitrariedades desatadas luego de las resoluciones dictadas por el ministro Massoni:

  • Primero, el 19 de marzo (día que se estableció el aislamiento obligatorio) dispusieron que desde las 00 horas del 20 de marzo hasta las 00 horas del 25, se impediría la circulación en las ciudades e interciudades de la provincia, salvo emergencias médicas, laborales justificadas y transporte de cargas.
  • La resolución fue dejada sin efecto tres días después para consignar que se restringiría el tránsito en todas las calles hasta las 20 horas.
  • Advirtiendo el error, el mismo día corrigieron que el tránsito se restringiría “desde” las 20 horas, y por tiempo indefinido.
  • El 24 de marzo –Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia- establecieron el cronograma de DNI. Corina Milán, directora de Escuela 23 de Marzo e integrante de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, cuenta a lavaca que ese mismo día comenzó también el toque de queda: “A las 19:30 escuchamos la sirena de los bomberos. Parecía un escenario de ciencia ficción, en un día de mucha sensibilidad. A las 20 horas ya nadie podía circular”.
  • El 31 de marzo, ante los reclamos, se dispuso que los domingos pudieran salir a comprar cualquier ciudadano o ciudadana sin importar su DNI.

El Ministerio de la Defensa Pública subrayó en su presentación que estas resoluciones fueron publicadas todas juntas en el Boletín Oficial recién 1 de abril. “Es decir, comenzaron a aplicarse, a detenerse individuos en aplicación de las mismas sin estar publicadas, es decir sin que sean legalmente vigentes”.

Torres explica que lejos de ordenar la vida cotidiana, las resoluciones detonaron la confusión y escenas de películas grotescas: filas interminables y aglomeraciones en sedes de Pagó Fácil, con la dificultad para los impares de tener que salir los lunes -día que no les estaba permitido- porque era el habilitado para pagar en redes extrabancarias hasta las 12 del mediodía. Todo sumado a la cantidad de detenciones.

Torres aclara a lavaca: “Son resoluciones ministeriales que no tienen alcance porque no son DNUs provinciales. Y, a su vez, van contra el propio DNU nacional. A las 19:30 hay un toque de queda, por lo que ya no puede haber nadie en la calle, sólo por decisión del ministro de Seguridad, cuando en el DNU nacional no está establecido nada de eso. Lejos de generar resoluciones para cuidarnos de la pandemia, Massoni avanza en su abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba. En marzo tuvimos compañeras del área de Salud encadenadas al Ministerio por huelga de hambre, pidiendo la emergencia por insumos y salarios. Los únicos que cobran acá en tiempo y forma son el personal policial y los funcionarios”.    

En un escrito que compartió por Facebook, la concejala subrayó que a los catorce días de la cuarentena ya había 2300 detenciones en toda la provincia. El 5 de abril hubo 177 detenciones en solo una noche, la mayoría en Puerto Madryn. En ocho días las personas demoradas aumentaron un 160%. A este lunes contabilizaban 4551 detenciones.

El exsubsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Fernando Peralta, advirtió que desde la imposición de la cuarentena se detuvo “a casi el 10%” de todos los detenidos a nivel nacional, cuando la provincia implica sólo el 1,2% de la población del país.

Desnundando mujeres y matando mascotas

Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

Mientras en todo el país las universidades, escuelas y hasta fábricas abren sus puertas para acondicionarlas con dispositivos sanitarios para atender a la población, en Trelew se habilitó el gimnasio municipal para alojar detenidos. El intendente tuvo que suspenderlo luego de un video que mostró cómo la policía golpeaba a un hombre. La gravedad de todas estas denuncias motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, cuyo responsable, Horacio Pietragalla, presentó otro de los hábeas corpus preventivos, donde reconoce que “los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut conforman un colectivo que vive constantemente expuesto a la amenaza de ser detenido u hostigado por las fuerzas de seguridad de la provincia”.

Otras denuncias recabadas por los hábeas corpus:

  • Un hombre circulaba a las 13:30 hacia la casa de su madre de 65 años para asistirla. Si bien está dentro de los permisos, le secuestraron el vehículo y fue detenido porque el sábado circulan los pares: él es impar. No lo llevaron al Gimnasio porque tenía un conocido entre los efectivos, que “lo hizo zafar”.
  • Una mujer fue detenida a las 14:30 por personal de la Comisaría 4ª mientras baldeaba y desinfectaba la vereda de su casa, en el barrio San José, en Trelew. Su hijo de 9 años quedó solo en su casa hasta las 16. La llevaron esposada desde su casa y esposada estuvo hasta una hora después. Le dijeron que no podía leer el acta antes de firmarla, luego de que manifestó que constara que su hijo había quedado solo. En el acta hicieron firmar a dos personas que habían sido testigos del hecho.
  • En Puerto Madryn, obligaron a dos mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
  • En Rawson, un policía mató a la mascota de una familia en un “operativo de control” para verificar si había albañiles trabajando e incumpliendo el aislamiento en un predio contiguo a la casa, donde ingresaron sin pedir permiso.

450.000 pesos para “monitorear medios”

Minería + gobierno + control a los medios y a las asambleas. Imagen tomada de la página No a la Mina, de Esquel.

Corina Milán, de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, ubica la actual situación dentro de la crisis en la que ya estaba inmersa la provincia, como relató MU en su edición 140. “A este gobierno le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo. Que sea un estado de excepción no habilita a que se avance sobre los derechos ciudadanos”.

Los sueldos estatales siguen atrasados entre 1 y 2 meses. “Hace pocos días cobré febrero. La gente está muy mal. Si no hubiera un aislamiento preventivo, es altamente probable que estuvieran las calles llenas de gente como el año pasado”. Corina pocas veces vio un estado de militarización como el actual. “El gimnasio municipal reconvertido como centro de detención recordó a las peores épocas. También abrieron escuelas para lo mismo. Es una barbaridad. Hay que pensar que toda esta movilización de policías también tiene un costo. Se están llevando a gente que salió a la calle a sacar la basura. Insultan a las personas que baldean las veredas en las puertas de sus casas”.

Los movimientos en torno a la megaminería (actividad prohibida por ley, y de fuerte rechazo social en todo el territorio provincial), sin embargo, no se detienen. “Pusieron como subsecretario de seguridad a Félix Sotomayor, uno de los diputados que votó contra la iniciativa popular en 2014”. Esa iniciativa, construida desde todas las asambleas chubutenses, planteaba ampliar la prohibición de sustancias tóxicas de la minería en la provincia: el proyecto fue modificado por los legisladores y votado bajo una dura represión en Rawson.

Sigue Corina: “La asamblea de Gan Gan publicó las fotos de las camionetas de la minera cargando nafta. ¿A todos nos restringen pero a ellos les permiten?».

Todo suma: la semana pasada se conoció el decreto en el Boletín Oficial del pago de 450 mil pesos a José Luis Gaud “por el servicio de monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”, tema más conocido últimamente como “ciberpatrullaje” Este señor cobra además como empleado del gobierno y fue consultor de la minera Pan American Silver. En su propio perfil de Linkedin Gaud cuenta que lo suyo es desarrollar “planes estratégicos de comunicación minera” y que elaboró un “Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.

Como puede intuirse, nada de esto representa errores o excesos, sino una política de Estado que en Chubut aprovecha la pandemia para que se contagien los negocios oscuros y el autoritarismo. 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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