Nota
Cuarentena violenta en Chubut: del “tratá de meter gente en cana” a tres hábeas corpus para frenar los abusos estatales
El Poder Judicial provincial falló a favor de tres hábeas corpus preventivos colectivos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública chubutense y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia ante las 4551 detenciones que se produjeron desde el comienzo de la cuarentena. Las partes denunciaron que Chubut implicó el 10% de las detenciones nacionales en un territorio que representa el 1,2% de la población del país. Balazos a repartidores de comida, mujeres detenidas por baldear la vereda, otras desnudadas, y aperturas de gimnasios municipales como lugares de detención, son algunas de las imágenes de una provincia que dicta toque de queda todas las tardes. El ministro Massoni y el comisario que ordenó “tratá de meter gente en cana”. Dato de época: en plena crisis por falta de pago de sueldos, el gobierno de Arcioni contrató por 450.000 pesos a un consultor de las mineras para hacer “monitoreo de medios”, o ciberpatrullaje.
Dos historias.
- Un repartidor de comida estaba por llegar a su hogar en el barrio Cayetano, en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando fue interceptado por doce policías con los rostros cubiertos. Estaban distribuidos en seis motos: los acompañantes tenían escopetas con balas de goma. Le pidieron sus datos, su DNI. Se bajaron, lo empujaron contra la pared, lo palparon y le robaron 800 pesos que había trabajado en el día. Luego, uno de los efectivos le disparó un balazo en el tobillo. Dijo que se le había “escapado”. El oficial levantó el cartucho verde y se fueron, dejando al hombre tirado en el piso.
- En Trelew, un hombre que hace delivery para subsistir con su pizzería, cerró el comercio y estaba volviendo a su casa en moto cuando fue interceptado por un operativo: entre cuatro policías le sacaron su vehículo, lo tiraron contra la pared y le ataron las manos con precintos. Lo cargaron en una camioneta hasta la Comisaría 1ª junto a otras veinte personas más, hacinadas, a menos de la distancia social recomendada y sin barbijos. Así estuvo detenido dos horas. Lo liberaron sin su moto -la misma que utiliza para repartir- y obligándolo a caminar las veinte cuadras hasta su casa.
Estos abusos son sólo dos muestras de las decenas de denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la concejala de Trelew Mariela Flores Torres sintetizaron en tres hábeas corpus preventivos a los que la Justicia provincial dio lugar en la tarde de este lunes.
El foco de la resolución de la jueza Mirta Moreno son los abusos y las vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad que se masificaron en todo el territorio chubutense luego de la veintena de resoluciones que el Ministerio de Seguridad provincial, comandado por Federico Massoni, lanzó endureciendo las propias disposiciones del DNU presidencial sobre los permisos y las actividades a desarrollar en medio de la cuarentena obligatoria.
Ejemplos:
- Todos los días en todos los municipios chubutenteses, a las 19:30, suenan las sirenas de los bomberos para anunciar el toque de queda.
- Los permisos para circular se establecieron según la terminación del DNI. Los que terminan en par pueden salir para compras los lunes, miércoles y viernes. Los impares: martes, jueves y sábados.
Frente al rechazo social, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogará las medidas, cuestión que habrá que ver si se confirma en la práctica.
“En toda la provincia tenemos al día de hoy sólo dos contagios por Covid 19, pero ya vamos 4551 detenciones”, explica a lavaca la concejala Torres (Partido Municipal), autora de uno de los hábeas corpus en representación de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. “Las resoluciones no se ajustan a razonabilidad, porque el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, no está recomendando tomar ninguna medida de detención. Y tampoco es proporcional a la cantidad de casos. Mientras en términos sanitarios, sólo en Trelew, tenemos 54 respiradores para 120 mil habitantes. Ya veníamos en emergencia desde antes, y toda esta salida represiva como la única opción no puede ser razonable”.
Ministros rebotando
La audiencia prevista para esta tarde fue dispuesta por la doctora Moreno, jueza de turno en la Oficina Judicial de Trelew y Rawson, luego de dictar un cuarto intermedio durante todo el fin de semana. El ministro Massoni acudió acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Grazzini. Presentaron un proyecto de DNU provincial en el que ajustarían los protocolos a los dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y, por ende, derogarían todas las resoluciones ministeriales.
Sin embargo, las partes representadas por la Secretaría de DDHH de la Nación, la Defensa Pública y la Comisión contra la Impunidad lo rechazaron, ya que el objeto de la audiencia eran los hábeas corpus, y no un proyecto de DNU.
La concejala Torres explica a lavaca el fallo de la jueza:
- “No escuchó a los testigos, porque consideró que las prueba presentadas por las partes eran suficientes.
- Dio lugar al hábeas corpus.
- Ordenó que las fuerzas de seguridad se ajusten al protocolo nacional.
- Pidió la derogación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia.
- Reconoció que hubo abusos”.
Torres apunta a lavaca que la jueza dispuso, además, la vigencia del hábeas corpus hasta que el DNU provincial se publique en el Boletín Oficial.
Lo grotesco y lo chimango
“Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El Ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos. Debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última los demoran en el lugar. Hacés un acta en el lugar o los llevás un minuto a la comisaría. Si buscan, encuentran. Gente que anda chimangueando”.
Las palabras se conocieron tras un audio filtrado a los medios, y son del director de Seguridad provincial, el comisario general Paulino Gómez, ordenándole detenciones al Jefe de la Comisaría 1ª de Trelew. El propio Gómez salió a hablar tras el escándalo: “Soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo”.
El hábeas corpus de la concejala Torres es el que mejor explicó el caos y las arbitrariedades desatadas luego de las resoluciones dictadas por el ministro Massoni:
- Primero, el 19 de marzo (día que se estableció el aislamiento obligatorio) dispusieron que desde las 00 horas del 20 de marzo hasta las 00 horas del 25, se impediría la circulación en las ciudades e interciudades de la provincia, salvo emergencias médicas, laborales justificadas y transporte de cargas.
- La resolución fue dejada sin efecto tres días después para consignar que se restringiría el tránsito en todas las calles hasta las 20 horas.
- Advirtiendo el error, el mismo día corrigieron que el tránsito se restringiría “desde” las 20 horas, y por tiempo indefinido.
- El 24 de marzo –Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia- establecieron el cronograma de DNI. Corina Milán, directora de Escuela 23 de Marzo e integrante de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, cuenta a lavaca que ese mismo día comenzó también el toque de queda: “A las 19:30 escuchamos la sirena de los bomberos. Parecía un escenario de ciencia ficción, en un día de mucha sensibilidad. A las 20 horas ya nadie podía circular”.
- El 31 de marzo, ante los reclamos, se dispuso que los domingos pudieran salir a comprar cualquier ciudadano o ciudadana sin importar su DNI.
El Ministerio de la Defensa Pública subrayó en su presentación que estas resoluciones fueron publicadas todas juntas en el Boletín Oficial recién 1 de abril. “Es decir, comenzaron a aplicarse, a detenerse individuos en aplicación de las mismas sin estar publicadas, es decir sin que sean legalmente vigentes”.
Torres explica que lejos de ordenar la vida cotidiana, las resoluciones detonaron la confusión y escenas de películas grotescas: filas interminables y aglomeraciones en sedes de Pagó Fácil, con la dificultad para los impares de tener que salir los lunes -día que no les estaba permitido- porque era el habilitado para pagar en redes extrabancarias hasta las 12 del mediodía. Todo sumado a la cantidad de detenciones.
Torres aclara a lavaca: “Son resoluciones ministeriales que no tienen alcance porque no son DNUs provinciales. Y, a su vez, van contra el propio DNU nacional. A las 19:30 hay un toque de queda, por lo que ya no puede haber nadie en la calle, sólo por decisión del ministro de Seguridad, cuando en el DNU nacional no está establecido nada de eso. Lejos de generar resoluciones para cuidarnos de la pandemia, Massoni avanza en su abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba. En marzo tuvimos compañeras del área de Salud encadenadas al Ministerio por huelga de hambre, pidiendo la emergencia por insumos y salarios. Los únicos que cobran acá en tiempo y forma son el personal policial y los funcionarios”.
En un escrito que compartió por Facebook, la concejala subrayó que a los catorce días de la cuarentena ya había 2300 detenciones en toda la provincia. El 5 de abril hubo 177 detenciones en solo una noche, la mayoría en Puerto Madryn. En ocho días las personas demoradas aumentaron un 160%. A este lunes contabilizaban 4551 detenciones.
El exsubsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Fernando Peralta, advirtió que desde la imposición de la cuarentena se detuvo “a casi el 10%” de todos los detenidos a nivel nacional, cuando la provincia implica sólo el 1,2% de la población del país.
Desnundando mujeres y matando mascotas
Mientras en todo el país las universidades, escuelas y hasta fábricas abren sus puertas para acondicionarlas con dispositivos sanitarios para atender a la población, en Trelew se habilitó el gimnasio municipal para alojar detenidos. El intendente tuvo que suspenderlo luego de un video que mostró cómo la policía golpeaba a un hombre. La gravedad de todas estas denuncias motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, cuyo responsable, Horacio Pietragalla, presentó otro de los hábeas corpus preventivos, donde reconoce que “los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut conforman un colectivo que vive constantemente expuesto a la amenaza de ser detenido u hostigado por las fuerzas de seguridad de la provincia”.
Otras denuncias recabadas por los hábeas corpus:
- Un hombre circulaba a las 13:30 hacia la casa de su madre de 65 años para asistirla. Si bien está dentro de los permisos, le secuestraron el vehículo y fue detenido porque el sábado circulan los pares: él es impar. No lo llevaron al Gimnasio porque tenía un conocido entre los efectivos, que “lo hizo zafar”.
- Una mujer fue detenida a las 14:30 por personal de la Comisaría 4ª mientras baldeaba y desinfectaba la vereda de su casa, en el barrio San José, en Trelew. Su hijo de 9 años quedó solo en su casa hasta las 16. La llevaron esposada desde su casa y esposada estuvo hasta una hora después. Le dijeron que no podía leer el acta antes de firmarla, luego de que manifestó que constara que su hijo había quedado solo. En el acta hicieron firmar a dos personas que habían sido testigos del hecho.
- En Puerto Madryn, obligaron a dos mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
- En Rawson, un policía mató a la mascota de una familia en un “operativo de control” para verificar si había albañiles trabajando e incumpliendo el aislamiento en un predio contiguo a la casa, donde ingresaron sin pedir permiso.
450.000 pesos para “monitorear medios”
Corina Milán, de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, ubica la actual situación dentro de la crisis en la que ya estaba inmersa la provincia, como relató MU en su edición 140. “A este gobierno le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo. Que sea un estado de excepción no habilita a que se avance sobre los derechos ciudadanos”.
Los sueldos estatales siguen atrasados entre 1 y 2 meses. “Hace pocos días cobré febrero. La gente está muy mal. Si no hubiera un aislamiento preventivo, es altamente probable que estuvieran las calles llenas de gente como el año pasado”. Corina pocas veces vio un estado de militarización como el actual. “El gimnasio municipal reconvertido como centro de detención recordó a las peores épocas. También abrieron escuelas para lo mismo. Es una barbaridad. Hay que pensar que toda esta movilización de policías también tiene un costo. Se están llevando a gente que salió a la calle a sacar la basura. Insultan a las personas que baldean las veredas en las puertas de sus casas”.
Los movimientos en torno a la megaminería (actividad prohibida por ley, y de fuerte rechazo social en todo el territorio provincial), sin embargo, no se detienen. “Pusieron como subsecretario de seguridad a Félix Sotomayor, uno de los diputados que votó contra la iniciativa popular en 2014”. Esa iniciativa, construida desde todas las asambleas chubutenses, planteaba ampliar la prohibición de sustancias tóxicas de la minería en la provincia: el proyecto fue modificado por los legisladores y votado bajo una dura represión en Rawson.
Sigue Corina: “La asamblea de Gan Gan publicó las fotos de las camionetas de la minera cargando nafta. ¿A todos nos restringen pero a ellos les permiten?”.
Todo suma: la semana pasada se conoció el decreto en el Boletín Oficial del pago de 450 mil pesos a José Luis Gaud “por el servicio de monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”, tema más conocido últimamente como “ciberpatrullaje” Este señor cobra además como empleado del gobierno y fue consultor de la minera Pan American Silver. En su propio perfil de Linkedin Gaud cuenta que lo suyo es desarrollar “planes estratégicos de comunicación minera” y que elaboró un “Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.
Como puede intuirse, nada de esto representa errores o excesos, sino una política de Estado que en Chubut aprovecha la pandemia para que se contagien los negocios oscuros y el autoritarismo.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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