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Cuarentena violenta en Chubut: del “tratá de meter gente en cana” a tres hábeas corpus para frenar los abusos estatales

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El Poder Judicial provincial falló a favor de tres hábeas corpus preventivos colectivos presentados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública chubutense y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia ante las 4551 detenciones que se produjeron desde el comienzo de la cuarentena. Las partes denunciaron que Chubut implicó el 10% de las detenciones nacionales en un territorio que representa el 1,2% de la población del país. Balazos a repartidores de comida, mujeres detenidas por baldear la vereda, otras desnudadas, y aperturas de gimnasios municipales como lugares de detención, son algunas de las imágenes de una provincia que dicta toque de queda todas las tardes. El ministro Massoni y el comisario que ordenó “tratá de meter gente en cana”. Dato de época: en plena crisis por falta de pago de sueldos, el gobierno de Arcioni contrató por 450.000 pesos a un consultor de las mineras para hacer “monitoreo de medios”, o ciberpatrullaje.

Foto de El Extremo Sur.

Dos historias.

  • Un repartidor de comida estaba por llegar a su hogar en el barrio Cayetano, en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando fue interceptado por doce policías con los rostros cubiertos. Estaban distribuidos en seis motos: los acompañantes tenían escopetas con balas de goma. Le pidieron sus datos, su DNI. Se bajaron, lo empujaron contra la pared, lo palparon y le robaron 800 pesos que había trabajado en el día. Luego, uno de los efectivos le disparó un balazo en el tobillo. Dijo que se le había “escapado”. El oficial levantó el cartucho verde y se fueron, dejando al hombre tirado en el piso.
  • En Trelew, un hombre que hace delivery para subsistir con su pizzería, cerró el comercio y estaba volviendo a su casa en moto cuando fue interceptado por un operativo: entre cuatro policías le sacaron su vehículo, lo tiraron contra la pared y le ataron las manos con precintos. Lo cargaron en una camioneta hasta la Comisaría 1ª junto a otras veinte personas más, hacinadas, a menos de la distancia social recomendada y sin barbijos. Así estuvo detenido dos horas. Lo liberaron sin su moto -la misma que utiliza para repartir- y obligándolo a caminar las veinte cuadras hasta su casa.

Estos abusos son sólo dos muestras de las decenas de denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la concejala de Trelew Mariela Flores Torres sintetizaron en tres hábeas corpus preventivos a los que la Justicia provincial dio lugar en la tarde de este lunes.

El foco de la resolución de la jueza Mirta Moreno son los abusos y las vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad que se masificaron en todo el territorio chubutense luego de la veintena de resoluciones que el Ministerio de Seguridad provincial, comandado por Federico Massoni, lanzó endureciendo las propias disposiciones del DNU presidencial sobre los permisos y las actividades a desarrollar en medio de la cuarentena obligatoria.

Ejemplos:

  • Todos los días en todos los municipios chubutenteses, a las 19:30, suenan las sirenas de los bomberos para anunciar el toque de queda.
  • Los permisos para circular se establecieron según la terminación del DNI. Los que terminan en par pueden salir para compras los lunes, miércoles y viernes. Los impares: martes, jueves y sábados.

Frente al rechazo social, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogará las medidas, cuestión que habrá que ver si se confirma en la práctica.

“En toda la provincia tenemos al día de hoy sólo dos contagios por Covid 19, pero ya vamos 4551 detenciones”, explica a lavaca la concejala Torres (Partido Municipal), autora de uno de los hábeas corpus en representación de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. “Las resoluciones no se ajustan a razonabilidad, porque el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, no está recomendando tomar ninguna medida de detención. Y tampoco es proporcional a la cantidad de casos. Mientras en términos sanitarios, sólo en Trelew, tenemos 54 respiradores para 120 mil habitantes. Ya veníamos en emergencia desde antes, y toda esta salida represiva como la única opción no puede ser razonable”.

Ministros rebotando

El ministro Massoni.

La audiencia prevista para esta tarde fue dispuesta por la doctora Moreno, jueza de turno en la Oficina Judicial de Trelew y Rawson, luego de dictar un cuarto intermedio durante todo el fin de semana. El ministro Massoni acudió acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Grazzini.  Presentaron un proyecto de DNU provincial en el que ajustarían los protocolos a los dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y, por ende, derogarían todas las resoluciones ministeriales.

Sin embargo, las partes representadas por la Secretaría de DDHH de la Nación, la Defensa Pública y la Comisión contra la Impunidad lo rechazaron, ya que el objeto de la audiencia eran los hábeas corpus, y no un proyecto de DNU.

La concejala Torres explica a lavaca el fallo de la jueza:

  • “No escuchó a los testigos, porque consideró que las prueba presentadas por las partes eran suficientes.
  • Dio lugar al hábeas corpus.
  • Ordenó que las fuerzas de seguridad se ajusten al protocolo nacional.
  • Pidió la derogación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia.
  • Reconoció que hubo abusos”.

Torres apunta a lavaca que la jueza dispuso, además, la vigencia del hábeas corpus hasta que el DNU provincial se publique en el Boletín Oficial.

Lo grotesco y lo chimango

«Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El Ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos. Debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última los demoran en el lugar. Hacés un acta en el lugar o los llevás un minuto a la comisaría. Si buscan, encuentran. Gente que anda chimangueando».

Las palabras se conocieron tras un audio filtrado a los medios, y son del director de Seguridad provincial, el comisario general Paulino Gómez, ordenándole detenciones al Jefe de la Comisaría 1ª de Trelew. El propio Gómez salió a hablar tras el escándalo: “Soy indefendible, me manejo con palabras incorrectas. Se lo mandé al comisario Zabala que es amigo mío. El espíritu de lo que digo, lo sostengo”.

El comisario Paulino Gómez: «soy indefendible»

El hábeas corpus de la concejala Torres es el que mejor explicó el caos y las arbitrariedades desatadas luego de las resoluciones dictadas por el ministro Massoni:

  • Primero, el 19 de marzo (día que se estableció el aislamiento obligatorio) dispusieron que desde las 00 horas del 20 de marzo hasta las 00 horas del 25, se impediría la circulación en las ciudades e interciudades de la provincia, salvo emergencias médicas, laborales justificadas y transporte de cargas.
  • La resolución fue dejada sin efecto tres días después para consignar que se restringiría el tránsito en todas las calles hasta las 20 horas.
  • Advirtiendo el error, el mismo día corrigieron que el tránsito se restringiría “desde” las 20 horas, y por tiempo indefinido.
  • El 24 de marzo –Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia- establecieron el cronograma de DNI. Corina Milán, directora de Escuela 23 de Marzo e integrante de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, cuenta a lavaca que ese mismo día comenzó también el toque de queda: “A las 19:30 escuchamos la sirena de los bomberos. Parecía un escenario de ciencia ficción, en un día de mucha sensibilidad. A las 20 horas ya nadie podía circular”.
  • El 31 de marzo, ante los reclamos, se dispuso que los domingos pudieran salir a comprar cualquier ciudadano o ciudadana sin importar su DNI.

El Ministerio de la Defensa Pública subrayó en su presentación que estas resoluciones fueron publicadas todas juntas en el Boletín Oficial recién 1 de abril. “Es decir, comenzaron a aplicarse, a detenerse individuos en aplicación de las mismas sin estar publicadas, es decir sin que sean legalmente vigentes”.

Torres explica que lejos de ordenar la vida cotidiana, las resoluciones detonaron la confusión y escenas de películas grotescas: filas interminables y aglomeraciones en sedes de Pagó Fácil, con la dificultad para los impares de tener que salir los lunes -día que no les estaba permitido- porque era el habilitado para pagar en redes extrabancarias hasta las 12 del mediodía. Todo sumado a la cantidad de detenciones.

Torres aclara a lavaca: “Son resoluciones ministeriales que no tienen alcance porque no son DNUs provinciales. Y, a su vez, van contra el propio DNU nacional. A las 19:30 hay un toque de queda, por lo que ya no puede haber nadie en la calle, sólo por decisión del ministro de Seguridad, cuando en el DNU nacional no está establecido nada de eso. Lejos de generar resoluciones para cuidarnos de la pandemia, Massoni avanza en su abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba. En marzo tuvimos compañeras del área de Salud encadenadas al Ministerio por huelga de hambre, pidiendo la emergencia por insumos y salarios. Los únicos que cobran acá en tiempo y forma son el personal policial y los funcionarios”.    

En un escrito que compartió por Facebook, la concejala subrayó que a los catorce días de la cuarentena ya había 2300 detenciones en toda la provincia. El 5 de abril hubo 177 detenciones en solo una noche, la mayoría en Puerto Madryn. En ocho días las personas demoradas aumentaron un 160%. A este lunes contabilizaban 4551 detenciones.

El exsubsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Fernando Peralta, advirtió que desde la imposición de la cuarentena se detuvo “a casi el 10%” de todos los detenidos a nivel nacional, cuando la provincia implica sólo el 1,2% de la población del país.

Desnundando mujeres y matando mascotas

Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

Mientras en todo el país las universidades, escuelas y hasta fábricas abren sus puertas para acondicionarlas con dispositivos sanitarios para atender a la población, en Trelew se habilitó el gimnasio municipal para alojar detenidos. El intendente tuvo que suspenderlo luego de un video que mostró cómo la policía golpeaba a un hombre. La gravedad de todas estas denuncias motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, cuyo responsable, Horacio Pietragalla, presentó otro de los hábeas corpus preventivos, donde reconoce que “los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut conforman un colectivo que vive constantemente expuesto a la amenaza de ser detenido u hostigado por las fuerzas de seguridad de la provincia”.

Otras denuncias recabadas por los hábeas corpus:

  • Un hombre circulaba a las 13:30 hacia la casa de su madre de 65 años para asistirla. Si bien está dentro de los permisos, le secuestraron el vehículo y fue detenido porque el sábado circulan los pares: él es impar. No lo llevaron al Gimnasio porque tenía un conocido entre los efectivos, que “lo hizo zafar”.
  • Una mujer fue detenida a las 14:30 por personal de la Comisaría 4ª mientras baldeaba y desinfectaba la vereda de su casa, en el barrio San José, en Trelew. Su hijo de 9 años quedó solo en su casa hasta las 16. La llevaron esposada desde su casa y esposada estuvo hasta una hora después. Le dijeron que no podía leer el acta antes de firmarla, luego de que manifestó que constara que su hijo había quedado solo. En el acta hicieron firmar a dos personas que habían sido testigos del hecho.
  • En Puerto Madryn, obligaron a dos mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
  • En Rawson, un policía mató a la mascota de una familia en un “operativo de control” para verificar si había albañiles trabajando e incumpliendo el aislamiento en un predio contiguo a la casa, donde ingresaron sin pedir permiso.

450.000 pesos para “monitorear medios”

Minería + gobierno + control a los medios y a las asambleas. Imagen tomada de la página No a la Mina, de Esquel.

Corina Milán, de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel, ubica la actual situación dentro de la crisis en la que ya estaba inmersa la provincia, como relató MU en su edición 140. “A este gobierno le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo. Que sea un estado de excepción no habilita a que se avance sobre los derechos ciudadanos”.

Los sueldos estatales siguen atrasados entre 1 y 2 meses. “Hace pocos días cobré febrero. La gente está muy mal. Si no hubiera un aislamiento preventivo, es altamente probable que estuvieran las calles llenas de gente como el año pasado”. Corina pocas veces vio un estado de militarización como el actual. “El gimnasio municipal reconvertido como centro de detención recordó a las peores épocas. También abrieron escuelas para lo mismo. Es una barbaridad. Hay que pensar que toda esta movilización de policías también tiene un costo. Se están llevando a gente que salió a la calle a sacar la basura. Insultan a las personas que baldean las veredas en las puertas de sus casas”.

Los movimientos en torno a la megaminería (actividad prohibida por ley, y de fuerte rechazo social en todo el territorio provincial), sin embargo, no se detienen. “Pusieron como subsecretario de seguridad a Félix Sotomayor, uno de los diputados que votó contra la iniciativa popular en 2014”. Esa iniciativa, construida desde todas las asambleas chubutenses, planteaba ampliar la prohibición de sustancias tóxicas de la minería en la provincia: el proyecto fue modificado por los legisladores y votado bajo una dura represión en Rawson.

Sigue Corina: “La asamblea de Gan Gan publicó las fotos de las camionetas de la minera cargando nafta. ¿A todos nos restringen pero a ellos les permiten?».

Todo suma: la semana pasada se conoció el decreto en el Boletín Oficial del pago de 450 mil pesos a José Luis Gaud “por el servicio de monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”, tema más conocido últimamente como “ciberpatrullaje” Este señor cobra además como empleado del gobierno y fue consultor de la minera Pan American Silver. En su propio perfil de Linkedin Gaud cuenta que lo suyo es desarrollar “planes estratégicos de comunicación minera” y que elaboró un “Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.

Como puede intuirse, nada de esto representa errores o excesos, sino una política de Estado que en Chubut aprovecha la pandemia para que se contagien los negocios oscuros y el autoritarismo. 

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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