Nota
Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado
Los abogados querellantes solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 para el policía Diego Torales, acusado por torturas a Luciano Arruga, que tenía justamente 16 años. Sus argumentos y los de los defensores de Torales. Cómo el caso del jefe del Ejército Milani entró en la argumentación, y lo que dijeron los familiares al salir. El viernes próximo se conocerá la sentencia.
Las partes ya estaban ubicadas a las 12 del mediodía. Las expectativas sobre los alegatos se hicieron sentir en la previa, cuando las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar mientras la Red Nacional de Medios Alternativos desplegaba su transmisión especial del juicio. Las banderas ya estaban colgadas, como cada uno de los días, sobre la valla de la Unión Industrial de La Matanza, y otra bandera cortaba al medio la calle: “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”.

Vanesa, la hermana de Luciano, durante su testimonio. Foto: Télam
El rostro era el de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Conviene recordar que 4 meses después Luciano desapareció, y su cadáver apareció 6 años y medio después, en octubre de 2014. Pero no es ese el tema que se debate en este juicio oral y público: desde el lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 juzga las torturas que el oficial Julio Diego Torales cometió contra Luciano aquella jornada.
Ya declararon Mónica Alegre, mamá de Luciano, Vanesa Orieta, su hermana, Juan Gabriel Apud, el amigo.
Declaró el médico que certificó las lesiones y la médica que no lo hizo.
Declararon los policías que lo ubicaron en tiempo y espacio en un lugar donde jamás tuvo que estar.
Y este viernes llegó el turno de los alegatos. La expectativa se acrecentó cuando a las 12:27 los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a Torales en la sala, esposado, quien se sentó en el medio de su equipo de abogados (Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes y un ayudante), al igual que las otras tres audiencias.
En silencio, seguía ingresando el público.
A las 12:34 aparecieron los jueces.

El policía acusado, Julio Diego Torales. Foto: Télam
Degradación
El fiscal José Luis Longobardi empezó su alegato subrayando que tiene “serios elementos” que le permiten determinar que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19:40, Luciano Arruga fue agredido “tanto física como psicológicamente” en el destacamento de Lomas del Mirador. El fiscal acreditó los golpes y las amenazas sufridas por Luciano. En este punto, Longobardi recordó el “verdugueo” sufrido por el joven: “negro rastrero», “chorro”, “te vamos a llevar al pabellón rosa”, “si no te callás te vamos a llevar a la Comisaría 8va donde están los violines” (por los violadores). Le dieron un sándwich previamente escupido.
Longobardi: “Lo degradaron, lo humillaron. Todo es brutal. Es infame, humillante”.
Siguió: “Hoy esta fiscalía va a sostener 3 coautores. Uno es Torales. El actor principal es Luciano Arruga porque fue quien nos marcó el camino hacia la verdad. No era fácil: tuvo que vencer miedos, al tiempo, hasta su propia muerte. Luciano se hizo escuchar: nos habló por su propia madre, que no dio un testimonio de venganza”.
En ese sentido, Longobardi ponderó los testimonios de Vanesa y de Mónica a lo largo del debate: “No muestran ningún flanco de ataque, ninguna contradicción”. Los tomó como prueba. De Vanesa, cuando escuchó que Luciano le gritaba: “Vane, sacame de acá que me están pegando”. De Mónica, sobre insultos que Torales le dijo a Luciano al final de su detención: “chorro”, “delincuente”.
Longobardi: “Ese hecho humillante se dio bajo custodia”.
El fiscal también describió cómo Luciano recibió esos golpes. “Mónica lo dijo bien: ´Torales era el que me pegaba´. Los dolores lo podemos acreditar a través de la madre y del testimonio de Apud”.
Apud especificó que a Luciano le dolían la cara, el tobillo, le costaba caminar, tenía marcas en la espalda.
Longobardi recordó lo que relató la doctora Fontela, que revisó a Luciano cuando el patrullero lo llevó al Cuerpo Médico: “Dijo que podían haber golpes que no dejan marcas”. Luego, citó a González, el médico que atendió al joven en el Policlínico y acreditó una lesión producto de un golpe “duro y romo”. El fiscal: “¿Saben qué es? Un puño”.
Siguió el fiscal: “Muchos dijeron que Luciano era feliz y tranquilo. No sólo lo dijeron familiares y amigos, lo dijo Chapero (Mónica Viviana Chapero, la oficial que declaró el jueves, y dijo que estuvo gran parte de esa tarde con Luciano Arruga en la cocina del destacamento). No hay un justificativo: la tortura es tortura”. Longobardi citó al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
“También nos vuelve a hablar Luciano a través del testimonio de Rocío Gallegos» (la amiga con la que vivía Orieta en aquel entonces). “Ella escuchó cuando al otro día Vanesa le recriminaba a Torales que le habían sacado los 20 pesos, lo del sándwich, lo de los maltratos”.
Longobardi: “Así vemos que todo se va conjungando”.
A modo de anticipar el alegato de la defensa sobre el grito que escuchó Vanesa en el destacamento (“Vane, sacame que me están pegando”), precisó: “Es obvio que no le estaban pegando en ese momento. Fue en un tramo de tiempo. Fíjense que ante una pregunta de la fiscalía, se dijo que todo fue en distintas secuencias”.
El fiscal citó la definición de tortura del diccionario: “Grave dolor físico y psicológico”. Luego, al considerar probada la actitud “ilícita y la coautoria” de Torales, definió que el hecho encuadra en la definición de torturas según el artículo 144 ter, inciso 1 o 3 del Código Penal.
El inciso 1 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.
El inciso 3: “Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.
Casi llegando al final, Longobardi hizo hincapié en el intento de la defensa de marcar a Luciano como el autor del robo: “Endilgarle el ilícito es una canallada. Él no está para defenderse de nada”. Nuevamente, buscando adelantarse al alegato de la defensa, señaló: “Es una lógica perversa. Ni aún si fuera miembro del ISIS se lo puede hacer. Está bajo custodia”.
Como atenuantes marcó la falta de condenas anteriores de Torales.
Como agravantes: la condición de menor de Luciano, que estaba sentado mientras sufrió los golpes, y eran tres los mayores que estaban con él.
Y, finalmente, acusó por la pena de 10 años e inhabilitación “absoluta y perpetua por torturas” a Julio Diego Torales. “Luciano nos vuelve a hablar, a mí y a todos”, cerró. “Nos vuelve a pedir justicia”.
Eran las 13 horas.

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam
Un niño bajo tortura
El primero en tomar la palabra de los abogados de la familia Arruga fue Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que en todo su alegato resaltó la condición de “niño” de Luciano Arruga. “Se encuentra debidamente acreditado que en un procedimiento de dudosa legalidad fue detenido Luciano Arruga en Perú y Bolivar (Lomas del Mirador) para ser trasladado al destacamento y ser recibido por Julio Diego Torales, el mismo que teniendo poder sobre un niño de 16 años lo golpeó con, al menos, dos personas más”.
Combi especificó que la “dudosa ilegalidad” se debió a las formas en las que se produjo la detención. Marcó tres hechos:
- “No se contó con testigos de actuación cuando se lo aprehendió”.
- “No hay constancia de la requisa a un niño (el policía Miguel Ángel Olmos, que junto a Miguel Osvaldo Soraire realizó la aprehensión en el móvil 28915, declaró en el juicio que fue en esa requisa donde le encontraron los supuestos objetos robados a Joel Colla).
- Colla dijo que el robo fue entre las 9 y las 10. Olmos, que detuvieron a Luciano a las 11. “Hay más de una hora del hecho. Y la detención fue a metros de su casa”.
El abogado resaltó que, una vez en el destacamento, Luciano “no recibió ninguna garantía como ciudadano, y menos como un niño”. Remarcó que el informe de la médica legista del Cuerpo Médico, que no precisó ninguna lesión, se produjo aproximadamente a las 12:30. “Ella dijo que fue a las 13:30. Lo corrigió en el acta”, dijo. “Luciano no presentó lesiones aparentes al momento, tampoco hematomas”. Es decir, apuntó Combi, no tenía lesiones antes de ingresar al destacamento.
El abogado puntualizó otra irregularidad: “El destacamento no tenía lugar para detenidos. Y hay otra: Luciano era menor, y eso era una dependencia policial”. Combi citó las resoluciones del Ministerio de Seguridad, del Comité contra la Tortura y el fallo «Verbitsky» sobre la ilegalidad que significa ingresar a niños y niñas en comisarías. “Además, era la cocina”, remarcó. “No sólo quedó acreditado por los testigos, sino por el propio imputado en sus declaraciones”.
Combi recordó que Olmos confirmó que Luciano fue detenido en la cocina y que marcó a quién le entregó “un niño”. La respuesta: Torales. “También lo dijo Chapero”, agregó. La mujer reconoció que Luciano Arruga estuvo privado de su libertad en la cocina del destacamento. “Y Torales tenía poder de hecho”, apuntó Combi. “Torales sabía que era un menor de edad. Lo sabía porque se lo dijeron Mónica y Vanesa. Y además Fontela, profesional, experta (la doctora del Cuerpo Médico), dijo que tenía 16 años. Y se lo mandó a la cocina en extremo estado de vulnerabilidad”.
Nueve horas estuvo encerrado Luciano. Combi expresó que Vanesa Orieta pidió varias veces ver a su hermano y nunca se le permitió. También citó a Mónica cuando contó que Luciano señaló a quienes le habían pegado cuando lo soltaron. “¿Quién te pegó?”, le preguntó Torales al joven. “Vos me pegaste”, le respondió el niño. Luciano había señalado que uno le pegaba mientras otros dos lo sujetaban.
Combi también subrayó que Apud lo vio a Luciano golpeado, con dolor en el cuerpo. “Y un dolor probatorio: González, el médico, nos informa que tiene un traumatismo en la región frontal pómulo izquierdo”, dijo el abogado sobre el certificado del Policlínico de San Justo. “La propia defensa preguntó: ‘¿Puede ser un cachetazo?’. Y les respondió: ‘Es raro que un cachetazo deje un traumatismo’”.
Siguió Combi: “A los dolores físicos lo acompañan la humillación”. El abogado ancló en el concepto de “verdugueo”, expresado por Mónica, por Vanesa, por Apud. “Es un niño de 16 años en un destacamento policial en la más absoluta clandestinidad. Eso generó secuelas que también fueron acreditadas. Generó miedo. Hubo una persecusión anterior, pero también es cierto que el cambio de Luciano se dio a partir de esta detención. ¿Recuerdan lo que dijo Mónica de la camiseta de River, de sus hermanitos? Era miedo a la muerte. En un niño”.
Combi se refería a lo que Mónica contó en la primer audiencia. “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos”, le decía Luciano. “Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Mónica, ese día, agregó: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
El abogado también se refirió a lo que Luciano le había comentado a Rocío Gallegos.“No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, le comentó el joven. A Gallegos le llamó la atención la palabra “circular”: no era del vocabulario de Arruga. Combi: “No hay dudas sobre si fue torturado. Tampoco que lo humillaron. Y en plena clandestinidad: no había otros detenidos. ¿Alguien puede imaginarse a un niño de 16 años encerrado 9 horas gritando cuando están su mamá y su hermana y no lo dejan ver?”.
El abogado concluyó: “Torales fue el autor material de los hechos”.
Luego le pasó el micrófono a su colega Maximiliano Medina, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Precedentes
Medina encuadró el delito como torturas en los mismos términos que el fiscal Longobardi: artículo 144 del Código Penal. Sin embargo, ahondó más en la tipificación del delito a nivel internacional (como la Convención contra la Tortura), para diferenciar la “distinción o gravedad del sufrimiento” que separa la tortura de la distinción de “apremios y vejaciones”. Por esa razón, inquirió si los sufrimientos físicos y psíquicos que padeció Luciano Arruga revisten para ser calificado como tortura.
“La respuesta es sí”, dijo Medina, y citó diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecieron algunos parámetros que marcaron precedentes que deben seguir como guía los tribunales internos, tal como especificó la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, en el caso Mendoza versus Argentina, la CIDH “dijo que la violación a la integridad física y psíquica de las personas abarca desde la tortura hasta otro tipos de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (edad, contexto, vulnerabilidad)”, precisó Medina. La CIDH especifica que cada caso deberá ser analizado en su situación concreta.
Medina citó una sentencia del Tribunal de Casación en 2015, que se refirió a otro precedente de la CIDH: el caso Luis Lisandro Cabrera contra República Dominicana. Uno de los jueces dictaminó que debía ampliar los razonamientos referidos a qué consideraba como torturas, y expresó que no sólo debía atenerse a las cuestiones físicas para determinar la tipificación, sino que las amenazas a lesiones produce un nivel de “angustia moral” que “puede ser caratulado como torturas”.
En base a estos antecedentes, entre otros que mencionó, Medina pidió tener en cuenta tres puntos para este proceso.
- El contexto de los hechos.
- Las condiciones particulares de la víctima.
- Los efectos concretos.
En cuanto al primero, Medina recordó la “dudosa legalidad” de la detención de Luciano y su posterior derivación al destacamento, “un lugar no habilitado para detenciones”. Medina agregó que Luciano quedó aislado en la cocina, incomunicado. “Dimensionemos lo que es para un niño de 16 años”, expresó. “Cada minuto es una agonía. Este castigo se dio a absoluta merced del oficial de servicio”.
¿Quién es? Torales.
Medina se refirió a una de las frases de Vanesa Orieta que dejó una huella en cada persona que haya asistido al juicio: “Le quebraron la vida”. Hablaba de Luciano, su hermano. “Esa frase es significativa”, dijo Medina. Separó dos aspectos.
El golpe a Luciano: “Es un intento de dejarlo marcado”.
La tortura psicológica: “Las amenazas contra la integridad sexual”.
Medina citó el fallo Castro versus Perú de la CIDH. “Sufrir una grave amenaza física configura tortura”, resumió. “Y si el destacamento depende de la Comisaría 8º, que el oficial de servicio diga que lo iba a mandar con los violines, eso configura una amenaza inminente”.
Medina: “Esto es absoluta humillación”.
Violencia institucional
“Luciano era un niño en términos internacionales”, esgrimió el abogado del CELS sobre su segundo punto, referido a las condiciones particulares de la víctima. “Luciano no podía salir ileso de estos sufrimientos”. Medina habló del Caso Bulacio, donde se hace mención en la sentencia a la vulnerabilidad de los niños en situaciones de encierro.
Además, expresó que el joven de 16 años pertenecía a un sector social vulnerable. “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro, negro, delincuente, y eso incrementa el estigma”. Citó al manual contra la tortura de Amnistía Internacional: “La tortura se nutre de la discriminación. Allana el camino a la tortura. No se ve a la persona como víctima, sino como objeto. Por eso el miedo”.
Sobre el tercer punto, Medina enumeró diversos efectos concretos que tuvo Luciano: incertidumbre, angustia, dolores físicos y psíquicos, desesperación, bronca, depresión, miedo a su integridad física. “Hay que tener miedo para caminar donde uno vive”, dijo Medina sobre las palabras de Luciano a Rocío Gallegos. “Luciano sufrió profundamente física y psíquicamente al estar aislado en una cocina. Y está claro que Torales fue coautor, como mínimo, junto a una persona más”.
María Dinard, también del CELS, leyó el pedido de pena. Como atenuante, mencionó la faltas de antecedentes de Torales. Como agravante: la pluralidad interviniente, el aprovechamiento del cargo, ser el oficial a cargo del destcamento y el “dolor y la humillación” a la familia Arruga.
Le pena pedida: 16 años de prisión e inhabilitación absoluta de funciones.
Medina: “Es una grave violación a los derechos humanos. No quiero presionar a nadie, pero no es parte de un hecho aislado, es parte de la violencia institucional naturalizada por la sociedad. Es un deber del Estado sancionar estas violaciones”.
Fin del alegato.
Los jueces llamaron a un cuarto intermedio.
Eran las 14.25.

Vanesa durante su declaración. Foto: Télam
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El “tufillo”
Los jueces volvieron a las 14:48. Era el turno de la defensa. Había intriga por saber qué dirían.
El primero que habló fue Gastón Jordanes.
Dijo que Luciano Arruga fue detenido por robo. “Se habló de la cantidad de tiempo que estuvo. Es verdad. ¿Pero por qué?”, se preguntó. “No tenía documentos. La madre, tampoco. La hermana, nada. Ningún papel. ¿Tiene la culpa (Torales) de que Luciano se movilice sin DNI? ¿Y la madre? Dijeron que es ‘un papelito’. No, no es un papelito, es la acreditación de una identidad. A mí, como abogado, si pido consultar un expediente, me piden la acreditación. Las formalidades hay que cumplirlas. ¿Culpa de torturas? ¡No! Una vez que se acreditó el vínculo, fue dado en libertad”.
Sobre “la violencia que en teoría se ejerció”, dijo: “No tenían nada cuando entró”.
Dijo que si hubiera sido esposado, como remarcó Vanesa, habría tenido marcas en las muñecas. Dijo que tampoco se acreditó “la golpiza”. Dijo que tampoco se acreditó lo que señaló Apud (las marcas violetas en la espalda). “La ropa no tenía nada. ¿Cómo? ¿Si fue molido a palos?”, manifestó. “El colmo: un sándwich escupido por gargajos. Luciano tenía calle. Su amigo Apud dijo que tenía carácter. ¿Cómo una persona así va a comerse eso? Otra mentira sobre Diego Torales”.
Jordanes dijo que este proceso llegó recargado por un “tufillo medio raro” por un hecho posterior al que se está juzgando (habla de la desaparición de Luciano, donde ese mismo destacamento cobra nuevamente protagonismo). “Pero la culpa no de Torales”, consideró. “Estamos juzgando a una persona por alguien que dijo que le dijo. Sería gravísimo condenarlo por eso.
Luego, golpeó bajo. “Si tu hermano está pasando por un momento terrible de su vida, que lo van a matar, no podés irte a trabajar por tres horas”, chicaneó, sobre lo que había dicho Vanesa Orieta en su testimonio. La hermana de Luciano, llorando, manifestó que ese día debía irse para no perder el trabajo: con eso pagaba el alquiler, ayudaba a su mamá, ayudaba a Luciano. Jordanes siguió: “Una hermana, con el carácter que ella tiene, no lo hubiera abandonado”.
Sobre Mónica: “¿No puede convencer a ningún familiar para que se la traigan (habla de la documentación que tuvo que ir a buscar a Puente La Noria)?”.
Concluyó: “Es inexplicable el suceso de mentiras”.
Milani en el alegato
Luego habló Juan Grimberg. Dijo que no encontraba «congruencia entre la tortura y el resultado».
Siguió: “Nadie puede explicar que frente a una tortura, un chico gritando, que dice que le están pegando, se esté hablando con el señor Torales”. Lo que predijo el fiscal, ocurrió. “No se interpreta el sometimiento y estigma del niño Arruga”, dijo Grimberg.
Señaló que Luciano estuvo en la cocina y tenía libertad hasta para ir al baño. Dijo que tampoco se probó el cambio de actitud y que la conversación de Vanesa Orieta con Torales vía telefónica es “falsa”. Dijo: “Torales no tenía servicio al otro día”. También señaló que los familiares no estaba “desamparados” legalmente. “La pareja en ese momento (de Vanesa) era abogado”, fue su justificación.
También desacreditó el certificado médico del Policlínico. “Pudo haberse producido después de salir de la comisaría”, argumentó, especificando que fue sólo “una equimosis” (un moretón).
“Mi cliente es víctima procesal. Está detenido sólo por dos personas”, dijo, en referencia a Mónica y Vanesa.
Sobre la calificación de “torturas”, consideró que es una tipificación “demencial”.
Luego chicaneó: “Mi cliente no es Videla, no es Pinochet, no es Milani. Si fuera Milani, seguramente no estaría el CELS, porque es miembro del Poder Ejecutivo Nacional”.
Siguió: “El chico nunca estuvo sometido”. Dijo en referencia a Torales: “Al señor lo han torturado. Ha pasado años en la penitenciaría. Eso no es una equimosis”.
Grimberg pidió la absolución y, además, la imputación por falso testimonio a Apud y Vanesa Orieta. “Mintió sobre la situación en la que estaba su hermano, tuvo asesoramiento jurídico”, justificó.
Concluyó: “El planteo de torturas es poco serio”.
Habló Torales
El fiscal Longobardi replicó. Insistió en que tratar de juzgar a Arruga es “una canallada, hasta cobarde”. Dijo que Luciano dejó vestigios, huellas, testimonios. Consideró que no hubo falso testimonio: “Lo que dijo Apud es lo que vio Apud. No le pidamos rigorismos gramaticales”.
Combi manifestó que recurrirán a las vías correspondientes para denunciarlos por calumnias. “Los organismos de derechos humanos tienen como único objeto la defensa de la verdad y la justicia de esta familia”, expresó entre aplausos.
Luego, la jueza Volpicina le preguntó a Torales si quería decir algo. Le acercaron el micrófono. “Hace años que estoy preso injustamente. Mis hijas están esperando en mi casa”, dijo solamente.
Volpicina concluyó la última audiencia del juicio y citó a las partes al próximo viernes.
En una semana, a las 12 horas, se conocerá el veredicto del Tribunal.
“Ya ganamos”
El verdadero cierre de estas cuatro audiencias estuvo en la calle, al igual que toda la construcción de condena social que llevó a los familiares y amigos de Luciano Arruga a acusar como torturador cara a cara a un policía después de tantos años. Hubo un fuerte aplauso cuando Mónica Alegre salió de la sede de la Unión Industrial. Habló, con la tranquilidad y justeza habitual, mirando cada rostro.
“Más allá del fallo que salga, ganamos”, dijo. “Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Vaya si ganamos. Él (Torales), sentado ahí, y nosotros mirándolo. Se lo debo a mis abogados (los nombró), y no me voy a olvidar de Pablo Pimentel (titular de la APDH-La Matanza), el primero que estuvo”. Luego nombró a cada integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. “Estamos acá, ganamos. Nos tenemos que sentir orgullosos, y hoy más que nunca tenemos que gritar Luciano presente”.
Todos allí respondieron a esas palabras con otras dos: “Ahora y siempre”.
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.


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