Nota
Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado
Los abogados querellantes solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 para el policía Diego Torales, acusado por torturas a Luciano Arruga, que tenía justamente 16 años. Sus argumentos y los de los defensores de Torales. Cómo el caso del jefe del Ejército Milani entró en la argumentación, y lo que dijeron los familiares al salir. El viernes próximo se conocerá la sentencia.
Las partes ya estaban ubicadas a las 12 del mediodía. Las expectativas sobre los alegatos se hicieron sentir en la previa, cuando las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar mientras la Red Nacional de Medios Alternativos desplegaba su transmisión especial del juicio. Las banderas ya estaban colgadas, como cada uno de los días, sobre la valla de la Unión Industrial de La Matanza, y otra bandera cortaba al medio la calle: “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”.

Vanesa, la hermana de Luciano, durante su testimonio. Foto: Télam
El rostro era el de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Conviene recordar que 4 meses después Luciano desapareció, y su cadáver apareció 6 años y medio después, en octubre de 2014. Pero no es ese el tema que se debate en este juicio oral y público: desde el lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 juzga las torturas que el oficial Julio Diego Torales cometió contra Luciano aquella jornada.
Ya declararon Mónica Alegre, mamá de Luciano, Vanesa Orieta, su hermana, Juan Gabriel Apud, el amigo.
Declaró el médico que certificó las lesiones y la médica que no lo hizo.
Declararon los policías que lo ubicaron en tiempo y espacio en un lugar donde jamás tuvo que estar.
Y este viernes llegó el turno de los alegatos. La expectativa se acrecentó cuando a las 12:27 los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a Torales en la sala, esposado, quien se sentó en el medio de su equipo de abogados (Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes y un ayudante), al igual que las otras tres audiencias.
En silencio, seguía ingresando el público.
A las 12:34 aparecieron los jueces.

El policía acusado, Julio Diego Torales. Foto: Télam
Degradación
El fiscal José Luis Longobardi empezó su alegato subrayando que tiene “serios elementos” que le permiten determinar que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19:40, Luciano Arruga fue agredido “tanto física como psicológicamente” en el destacamento de Lomas del Mirador. El fiscal acreditó los golpes y las amenazas sufridas por Luciano. En este punto, Longobardi recordó el “verdugueo” sufrido por el joven: “negro rastrero», “chorro”, “te vamos a llevar al pabellón rosa”, “si no te callás te vamos a llevar a la Comisaría 8va donde están los violines” (por los violadores). Le dieron un sándwich previamente escupido.
Longobardi: “Lo degradaron, lo humillaron. Todo es brutal. Es infame, humillante”.
Siguió: “Hoy esta fiscalía va a sostener 3 coautores. Uno es Torales. El actor principal es Luciano Arruga porque fue quien nos marcó el camino hacia la verdad. No era fácil: tuvo que vencer miedos, al tiempo, hasta su propia muerte. Luciano se hizo escuchar: nos habló por su propia madre, que no dio un testimonio de venganza”.
En ese sentido, Longobardi ponderó los testimonios de Vanesa y de Mónica a lo largo del debate: “No muestran ningún flanco de ataque, ninguna contradicción”. Los tomó como prueba. De Vanesa, cuando escuchó que Luciano le gritaba: “Vane, sacame de acá que me están pegando”. De Mónica, sobre insultos que Torales le dijo a Luciano al final de su detención: “chorro”, “delincuente”.
Longobardi: “Ese hecho humillante se dio bajo custodia”.
El fiscal también describió cómo Luciano recibió esos golpes. “Mónica lo dijo bien: ´Torales era el que me pegaba´. Los dolores lo podemos acreditar a través de la madre y del testimonio de Apud”.
Apud especificó que a Luciano le dolían la cara, el tobillo, le costaba caminar, tenía marcas en la espalda.
Longobardi recordó lo que relató la doctora Fontela, que revisó a Luciano cuando el patrullero lo llevó al Cuerpo Médico: “Dijo que podían haber golpes que no dejan marcas”. Luego, citó a González, el médico que atendió al joven en el Policlínico y acreditó una lesión producto de un golpe “duro y romo”. El fiscal: “¿Saben qué es? Un puño”.
Siguió el fiscal: “Muchos dijeron que Luciano era feliz y tranquilo. No sólo lo dijeron familiares y amigos, lo dijo Chapero (Mónica Viviana Chapero, la oficial que declaró el jueves, y dijo que estuvo gran parte de esa tarde con Luciano Arruga en la cocina del destacamento). No hay un justificativo: la tortura es tortura”. Longobardi citó al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
“También nos vuelve a hablar Luciano a través del testimonio de Rocío Gallegos» (la amiga con la que vivía Orieta en aquel entonces). “Ella escuchó cuando al otro día Vanesa le recriminaba a Torales que le habían sacado los 20 pesos, lo del sándwich, lo de los maltratos”.
Longobardi: “Así vemos que todo se va conjungando”.
A modo de anticipar el alegato de la defensa sobre el grito que escuchó Vanesa en el destacamento (“Vane, sacame que me están pegando”), precisó: “Es obvio que no le estaban pegando en ese momento. Fue en un tramo de tiempo. Fíjense que ante una pregunta de la fiscalía, se dijo que todo fue en distintas secuencias”.
El fiscal citó la definición de tortura del diccionario: “Grave dolor físico y psicológico”. Luego, al considerar probada la actitud “ilícita y la coautoria” de Torales, definió que el hecho encuadra en la definición de torturas según el artículo 144 ter, inciso 1 o 3 del Código Penal.
El inciso 1 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.
El inciso 3: “Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.
Casi llegando al final, Longobardi hizo hincapié en el intento de la defensa de marcar a Luciano como el autor del robo: “Endilgarle el ilícito es una canallada. Él no está para defenderse de nada”. Nuevamente, buscando adelantarse al alegato de la defensa, señaló: “Es una lógica perversa. Ni aún si fuera miembro del ISIS se lo puede hacer. Está bajo custodia”.
Como atenuantes marcó la falta de condenas anteriores de Torales.
Como agravantes: la condición de menor de Luciano, que estaba sentado mientras sufrió los golpes, y eran tres los mayores que estaban con él.
Y, finalmente, acusó por la pena de 10 años e inhabilitación “absoluta y perpetua por torturas” a Julio Diego Torales. “Luciano nos vuelve a hablar, a mí y a todos”, cerró. “Nos vuelve a pedir justicia”.
Eran las 13 horas.

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam
Un niño bajo tortura
El primero en tomar la palabra de los abogados de la familia Arruga fue Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que en todo su alegato resaltó la condición de “niño” de Luciano Arruga. “Se encuentra debidamente acreditado que en un procedimiento de dudosa legalidad fue detenido Luciano Arruga en Perú y Bolivar (Lomas del Mirador) para ser trasladado al destacamento y ser recibido por Julio Diego Torales, el mismo que teniendo poder sobre un niño de 16 años lo golpeó con, al menos, dos personas más”.
Combi especificó que la “dudosa ilegalidad” se debió a las formas en las que se produjo la detención. Marcó tres hechos:
- “No se contó con testigos de actuación cuando se lo aprehendió”.
- “No hay constancia de la requisa a un niño (el policía Miguel Ángel Olmos, que junto a Miguel Osvaldo Soraire realizó la aprehensión en el móvil 28915, declaró en el juicio que fue en esa requisa donde le encontraron los supuestos objetos robados a Joel Colla).
- Colla dijo que el robo fue entre las 9 y las 10. Olmos, que detuvieron a Luciano a las 11. “Hay más de una hora del hecho. Y la detención fue a metros de su casa”.
El abogado resaltó que, una vez en el destacamento, Luciano “no recibió ninguna garantía como ciudadano, y menos como un niño”. Remarcó que el informe de la médica legista del Cuerpo Médico, que no precisó ninguna lesión, se produjo aproximadamente a las 12:30. “Ella dijo que fue a las 13:30. Lo corrigió en el acta”, dijo. “Luciano no presentó lesiones aparentes al momento, tampoco hematomas”. Es decir, apuntó Combi, no tenía lesiones antes de ingresar al destacamento.
El abogado puntualizó otra irregularidad: “El destacamento no tenía lugar para detenidos. Y hay otra: Luciano era menor, y eso era una dependencia policial”. Combi citó las resoluciones del Ministerio de Seguridad, del Comité contra la Tortura y el fallo «Verbitsky» sobre la ilegalidad que significa ingresar a niños y niñas en comisarías. “Además, era la cocina”, remarcó. “No sólo quedó acreditado por los testigos, sino por el propio imputado en sus declaraciones”.
Combi recordó que Olmos confirmó que Luciano fue detenido en la cocina y que marcó a quién le entregó “un niño”. La respuesta: Torales. “También lo dijo Chapero”, agregó. La mujer reconoció que Luciano Arruga estuvo privado de su libertad en la cocina del destacamento. “Y Torales tenía poder de hecho”, apuntó Combi. “Torales sabía que era un menor de edad. Lo sabía porque se lo dijeron Mónica y Vanesa. Y además Fontela, profesional, experta (la doctora del Cuerpo Médico), dijo que tenía 16 años. Y se lo mandó a la cocina en extremo estado de vulnerabilidad”.
Nueve horas estuvo encerrado Luciano. Combi expresó que Vanesa Orieta pidió varias veces ver a su hermano y nunca se le permitió. También citó a Mónica cuando contó que Luciano señaló a quienes le habían pegado cuando lo soltaron. “¿Quién te pegó?”, le preguntó Torales al joven. “Vos me pegaste”, le respondió el niño. Luciano había señalado que uno le pegaba mientras otros dos lo sujetaban.
Combi también subrayó que Apud lo vio a Luciano golpeado, con dolor en el cuerpo. “Y un dolor probatorio: González, el médico, nos informa que tiene un traumatismo en la región frontal pómulo izquierdo”, dijo el abogado sobre el certificado del Policlínico de San Justo. “La propia defensa preguntó: ‘¿Puede ser un cachetazo?’. Y les respondió: ‘Es raro que un cachetazo deje un traumatismo’”.
Siguió Combi: “A los dolores físicos lo acompañan la humillación”. El abogado ancló en el concepto de “verdugueo”, expresado por Mónica, por Vanesa, por Apud. “Es un niño de 16 años en un destacamento policial en la más absoluta clandestinidad. Eso generó secuelas que también fueron acreditadas. Generó miedo. Hubo una persecusión anterior, pero también es cierto que el cambio de Luciano se dio a partir de esta detención. ¿Recuerdan lo que dijo Mónica de la camiseta de River, de sus hermanitos? Era miedo a la muerte. En un niño”.
Combi se refería a lo que Mónica contó en la primer audiencia. “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos”, le decía Luciano. “Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Mónica, ese día, agregó: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
El abogado también se refirió a lo que Luciano le había comentado a Rocío Gallegos.“No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, le comentó el joven. A Gallegos le llamó la atención la palabra “circular”: no era del vocabulario de Arruga. Combi: “No hay dudas sobre si fue torturado. Tampoco que lo humillaron. Y en plena clandestinidad: no había otros detenidos. ¿Alguien puede imaginarse a un niño de 16 años encerrado 9 horas gritando cuando están su mamá y su hermana y no lo dejan ver?”.
El abogado concluyó: “Torales fue el autor material de los hechos”.
Luego le pasó el micrófono a su colega Maximiliano Medina, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Precedentes
Medina encuadró el delito como torturas en los mismos términos que el fiscal Longobardi: artículo 144 del Código Penal. Sin embargo, ahondó más en la tipificación del delito a nivel internacional (como la Convención contra la Tortura), para diferenciar la “distinción o gravedad del sufrimiento” que separa la tortura de la distinción de “apremios y vejaciones”. Por esa razón, inquirió si los sufrimientos físicos y psíquicos que padeció Luciano Arruga revisten para ser calificado como tortura.
“La respuesta es sí”, dijo Medina, y citó diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecieron algunos parámetros que marcaron precedentes que deben seguir como guía los tribunales internos, tal como especificó la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, en el caso Mendoza versus Argentina, la CIDH “dijo que la violación a la integridad física y psíquica de las personas abarca desde la tortura hasta otro tipos de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (edad, contexto, vulnerabilidad)”, precisó Medina. La CIDH especifica que cada caso deberá ser analizado en su situación concreta.
Medina citó una sentencia del Tribunal de Casación en 2015, que se refirió a otro precedente de la CIDH: el caso Luis Lisandro Cabrera contra República Dominicana. Uno de los jueces dictaminó que debía ampliar los razonamientos referidos a qué consideraba como torturas, y expresó que no sólo debía atenerse a las cuestiones físicas para determinar la tipificación, sino que las amenazas a lesiones produce un nivel de “angustia moral” que “puede ser caratulado como torturas”.
En base a estos antecedentes, entre otros que mencionó, Medina pidió tener en cuenta tres puntos para este proceso.
- El contexto de los hechos.
- Las condiciones particulares de la víctima.
- Los efectos concretos.
En cuanto al primero, Medina recordó la “dudosa legalidad” de la detención de Luciano y su posterior derivación al destacamento, “un lugar no habilitado para detenciones”. Medina agregó que Luciano quedó aislado en la cocina, incomunicado. “Dimensionemos lo que es para un niño de 16 años”, expresó. “Cada minuto es una agonía. Este castigo se dio a absoluta merced del oficial de servicio”.
¿Quién es? Torales.
Medina se refirió a una de las frases de Vanesa Orieta que dejó una huella en cada persona que haya asistido al juicio: “Le quebraron la vida”. Hablaba de Luciano, su hermano. “Esa frase es significativa”, dijo Medina. Separó dos aspectos.
El golpe a Luciano: “Es un intento de dejarlo marcado”.
La tortura psicológica: “Las amenazas contra la integridad sexual”.
Medina citó el fallo Castro versus Perú de la CIDH. “Sufrir una grave amenaza física configura tortura”, resumió. “Y si el destacamento depende de la Comisaría 8º, que el oficial de servicio diga que lo iba a mandar con los violines, eso configura una amenaza inminente”.
Medina: “Esto es absoluta humillación”.
Violencia institucional
“Luciano era un niño en términos internacionales”, esgrimió el abogado del CELS sobre su segundo punto, referido a las condiciones particulares de la víctima. “Luciano no podía salir ileso de estos sufrimientos”. Medina habló del Caso Bulacio, donde se hace mención en la sentencia a la vulnerabilidad de los niños en situaciones de encierro.
Además, expresó que el joven de 16 años pertenecía a un sector social vulnerable. “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro, negro, delincuente, y eso incrementa el estigma”. Citó al manual contra la tortura de Amnistía Internacional: “La tortura se nutre de la discriminación. Allana el camino a la tortura. No se ve a la persona como víctima, sino como objeto. Por eso el miedo”.
Sobre el tercer punto, Medina enumeró diversos efectos concretos que tuvo Luciano: incertidumbre, angustia, dolores físicos y psíquicos, desesperación, bronca, depresión, miedo a su integridad física. “Hay que tener miedo para caminar donde uno vive”, dijo Medina sobre las palabras de Luciano a Rocío Gallegos. “Luciano sufrió profundamente física y psíquicamente al estar aislado en una cocina. Y está claro que Torales fue coautor, como mínimo, junto a una persona más”.
María Dinard, también del CELS, leyó el pedido de pena. Como atenuante, mencionó la faltas de antecedentes de Torales. Como agravante: la pluralidad interviniente, el aprovechamiento del cargo, ser el oficial a cargo del destcamento y el “dolor y la humillación” a la familia Arruga.
Le pena pedida: 16 años de prisión e inhabilitación absoluta de funciones.
Medina: “Es una grave violación a los derechos humanos. No quiero presionar a nadie, pero no es parte de un hecho aislado, es parte de la violencia institucional naturalizada por la sociedad. Es un deber del Estado sancionar estas violaciones”.
Fin del alegato.
Los jueces llamaron a un cuarto intermedio.
Eran las 14.25.

Vanesa durante su declaración. Foto: Télam
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El “tufillo”
Los jueces volvieron a las 14:48. Era el turno de la defensa. Había intriga por saber qué dirían.
El primero que habló fue Gastón Jordanes.
Dijo que Luciano Arruga fue detenido por robo. “Se habló de la cantidad de tiempo que estuvo. Es verdad. ¿Pero por qué?”, se preguntó. “No tenía documentos. La madre, tampoco. La hermana, nada. Ningún papel. ¿Tiene la culpa (Torales) de que Luciano se movilice sin DNI? ¿Y la madre? Dijeron que es ‘un papelito’. No, no es un papelito, es la acreditación de una identidad. A mí, como abogado, si pido consultar un expediente, me piden la acreditación. Las formalidades hay que cumplirlas. ¿Culpa de torturas? ¡No! Una vez que se acreditó el vínculo, fue dado en libertad”.
Sobre “la violencia que en teoría se ejerció”, dijo: “No tenían nada cuando entró”.
Dijo que si hubiera sido esposado, como remarcó Vanesa, habría tenido marcas en las muñecas. Dijo que tampoco se acreditó “la golpiza”. Dijo que tampoco se acreditó lo que señaló Apud (las marcas violetas en la espalda). “La ropa no tenía nada. ¿Cómo? ¿Si fue molido a palos?”, manifestó. “El colmo: un sándwich escupido por gargajos. Luciano tenía calle. Su amigo Apud dijo que tenía carácter. ¿Cómo una persona así va a comerse eso? Otra mentira sobre Diego Torales”.
Jordanes dijo que este proceso llegó recargado por un “tufillo medio raro” por un hecho posterior al que se está juzgando (habla de la desaparición de Luciano, donde ese mismo destacamento cobra nuevamente protagonismo). “Pero la culpa no de Torales”, consideró. “Estamos juzgando a una persona por alguien que dijo que le dijo. Sería gravísimo condenarlo por eso.
Luego, golpeó bajo. “Si tu hermano está pasando por un momento terrible de su vida, que lo van a matar, no podés irte a trabajar por tres horas”, chicaneó, sobre lo que había dicho Vanesa Orieta en su testimonio. La hermana de Luciano, llorando, manifestó que ese día debía irse para no perder el trabajo: con eso pagaba el alquiler, ayudaba a su mamá, ayudaba a Luciano. Jordanes siguió: “Una hermana, con el carácter que ella tiene, no lo hubiera abandonado”.
Sobre Mónica: “¿No puede convencer a ningún familiar para que se la traigan (habla de la documentación que tuvo que ir a buscar a Puente La Noria)?”.
Concluyó: “Es inexplicable el suceso de mentiras”.
Milani en el alegato
Luego habló Juan Grimberg. Dijo que no encontraba «congruencia entre la tortura y el resultado».
Siguió: “Nadie puede explicar que frente a una tortura, un chico gritando, que dice que le están pegando, se esté hablando con el señor Torales”. Lo que predijo el fiscal, ocurrió. “No se interpreta el sometimiento y estigma del niño Arruga”, dijo Grimberg.
Señaló que Luciano estuvo en la cocina y tenía libertad hasta para ir al baño. Dijo que tampoco se probó el cambio de actitud y que la conversación de Vanesa Orieta con Torales vía telefónica es “falsa”. Dijo: “Torales no tenía servicio al otro día”. También señaló que los familiares no estaba “desamparados” legalmente. “La pareja en ese momento (de Vanesa) era abogado”, fue su justificación.
También desacreditó el certificado médico del Policlínico. “Pudo haberse producido después de salir de la comisaría”, argumentó, especificando que fue sólo “una equimosis” (un moretón).
“Mi cliente es víctima procesal. Está detenido sólo por dos personas”, dijo, en referencia a Mónica y Vanesa.
Sobre la calificación de “torturas”, consideró que es una tipificación “demencial”.
Luego chicaneó: “Mi cliente no es Videla, no es Pinochet, no es Milani. Si fuera Milani, seguramente no estaría el CELS, porque es miembro del Poder Ejecutivo Nacional”.
Siguió: “El chico nunca estuvo sometido”. Dijo en referencia a Torales: “Al señor lo han torturado. Ha pasado años en la penitenciaría. Eso no es una equimosis”.
Grimberg pidió la absolución y, además, la imputación por falso testimonio a Apud y Vanesa Orieta. “Mintió sobre la situación en la que estaba su hermano, tuvo asesoramiento jurídico”, justificó.
Concluyó: “El planteo de torturas es poco serio”.
Habló Torales
El fiscal Longobardi replicó. Insistió en que tratar de juzgar a Arruga es “una canallada, hasta cobarde”. Dijo que Luciano dejó vestigios, huellas, testimonios. Consideró que no hubo falso testimonio: “Lo que dijo Apud es lo que vio Apud. No le pidamos rigorismos gramaticales”.
Combi manifestó que recurrirán a las vías correspondientes para denunciarlos por calumnias. “Los organismos de derechos humanos tienen como único objeto la defensa de la verdad y la justicia de esta familia”, expresó entre aplausos.
Luego, la jueza Volpicina le preguntó a Torales si quería decir algo. Le acercaron el micrófono. “Hace años que estoy preso injustamente. Mis hijas están esperando en mi casa”, dijo solamente.
Volpicina concluyó la última audiencia del juicio y citó a las partes al próximo viernes.
En una semana, a las 12 horas, se conocerá el veredicto del Tribunal.
“Ya ganamos”
El verdadero cierre de estas cuatro audiencias estuvo en la calle, al igual que toda la construcción de condena social que llevó a los familiares y amigos de Luciano Arruga a acusar como torturador cara a cara a un policía después de tantos años. Hubo un fuerte aplauso cuando Mónica Alegre salió de la sede de la Unión Industrial. Habló, con la tranquilidad y justeza habitual, mirando cada rostro.
“Más allá del fallo que salga, ganamos”, dijo. “Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Vaya si ganamos. Él (Torales), sentado ahí, y nosotros mirándolo. Se lo debo a mis abogados (los nombró), y no me voy a olvidar de Pablo Pimentel (titular de la APDH-La Matanza), el primero que estuvo”. Luego nombró a cada integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. “Estamos acá, ganamos. Nos tenemos que sentir orgullosos, y hoy más que nunca tenemos que gritar Luciano presente”.
Todos allí respondieron a esas palabras con otras dos: “Ahora y siempre”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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