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Daniel Solano: su desaparición, y el cambio de una sociedad

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A un año de la desaparición de Daniel Solano el valle medio de Río Negro no es el mismo. “Hubo un cambio radical” asegura Claudia Michelena, habitante de Lamarque y miembro de la comisión de apoyo a la familia del joven desaparecido. La investigación que trazó el abogado Sergio Heredia – y que la Cámara acaba de reconocer procesando a 7 policías que se encuentran detenidos- y la apropiación del caso que hicieron algunos de los habitantes del valle permitieron poner en discusión tabúes como la violencia policial, la impunidad judicial y de los empresarios de la noche, y hasta las condiciones a las que son sometidos los peones frutícolas en las cosechas sureñas. Uno de sus resultados más concretos comenzó hace un mes con una serie de auditorías en los juzgados de Choele Choel donde se encontraron – al menos- 98 denuncias por apremios ilegales sin curso desde hace años: todas pertenecían a la misma jueza Bosco que tomó la causa de Daniel en primera instancia y luego fue desplazada por intento de encubrimiento; muchas contra los mismos policías que hoy están presos por la desaparición de Daniel Solano.

In-Comunicadores
Daniel tenía 25 años al desaparecer, y viajaba desde Tartagal a Choele Choel durante la temporada de cosecha como trabajador de los llamados “golondrina”. La empresa quiso cooptarlo ya que era un referente entre sus compañeros, que empezaban a cuestionar las condiciones de trabajo, salario en negro, y cobros mucho menores que los pactados. Se supone que allí está el origen de la situación por la cual lo pusieron en la mira, forma de disciplinar también al resto.
El trabajo de estos meses ha ido cambiando entonces el modo de pensar de la propia sociedad local. “Se desnaturalizó la cuestión de que los policías que trabajan de seguridad pueden golpear a los jóvenes y abandonarlos en la calle si el dueño del boliche lo dice; se puso en evidencia la impunidad de esos señores de la noche, la impunidad con la que operan los policías golpeadores, la vigencia de discursos nefastos sobre ‘algo habrá hecho’, ‘si no hay cuerpo, no hay delito’ y todos los que se te puedan ocurrir”, cuenta Michelena a lavaca como resultado de la reacción social en el valle.
Atrás quedaron las marchas a favor de los policías involucrados y de la doctora Bosco, por parte de sectores que hoy Michelena define como “muy silenciosos”, pasividad que se explica por la contundencia de las pruebas que los incriminan. “Los que más siguen fogoneando son los comunicadores sociales”, asegura.
 
Tanto el avance judicial como el trabajo de la Comisión de apoyo a la familia Solano fueron claves para esto. “En principio se salió por las escuelas con el abogado y familiares de Daniel para contar el caso, quién era Daniel, cómo llegó acá, por qué lo hacen desaparecer”, cuenta Michelena sobre la estrategia de difusión. “Esto fue genial porque muchos pibes creían que era normal que la policía te sacara a patadas de un boliche” dice sobre una de los lugares comunes que se fueron desnaturalizando.
A fuerza de marchas, charlas, actividades, pintadas, pegatinas durante un año hoy Michelena asegura que “si recorrés Choele Choel te encontrás por todos lados la imagen de Daniel. La gente no habla más que de esto” y agrega que “fue difícil, pero el consenso social se logró”.
 
Algunos resultados

  • Se prohibió que los boliches hagan fiestas utilizando a los colegios como modo convocatoria (como la noche que desaparició Daniel).
  • “Muchos jóvenes dejaron de ir a Macuba” (boliche donde desapareció Solano).
  • “Hubo jóvenes que se acercaron a la Comisión a denunciar torturas”. Un ejemplo: por un caso de un joven picaneado en mayo, ya hay 3 policías procesados.

A su vez, asume que no hubo un gran cuestionamiento a Expofrut (dueños de Agrocosecha, empresa para la que trabajaba Daniel Solano y cuyos representantes están acusados de encubrimiento) ni al municipio de Lamarque. Tampoco es clara la disolución anunciada por el gobernador del grupo BORA (Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto) cuyas camionets siguen viéndoe en la callle y que actuaba como una seguridad privada para control de los trabajadores de la empresa. La gobernación anunció que el BORA será reemplazado por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). No es claro si es más de lo mismo, con otro collar.
Trata de trabajadores
El balance del abogado Sergio Heredia: “No tenemos dudas de lo que investigamos y denunciamos. Primero, que Daniel fue asesinado, no hay dudas que fue una operación planificada, que significa que hay autor ideológico porque la Cámara confirma el encubrimiento. Se acredita también este accionar delictivo judicial-policial-empresarial y ahora estamos ya habilitados para trabajar en la investigación y solicitar la imputación y procesamiento de los civiles: dueños de Agrocosecha y la gente de Macuba”.
“Pero lo más importante: el propio expediente del fiscal Brodato dictamina que estamos en presencia de trata de personas, y lo pasa al fiscal federal de trata, de apellido Colombo”. El tema de los llamados “trabajadores golondrina”, que cobran en negro y en condiciones deplorables, queda así enmarcado como delito de trata de persoas para su explotación.
Picana a los trabajadores 2007-2012
A su vez, desde hace un mes un juzgado de General Roca intervino y comenzó una serie de auditorías en la fiscalía de Choele Choel donde se encontraron 170 denuncias por apremios ilegales y ningún policía procesado desde el 2007, según explica el abogado Heredia: “Hay al menos 98 denuncias de apremios ilegales contra los trabajadores desde 2007 a 2012. Son denuncias de haber recibido golpes, patadas, voladura de dientes, quemaduras de cigarrillos, picana eléctrica, siempre por personal policial». Estas 98 causas están en el Juzgado de Instrucción Nº 30 Choele Choel», cuya titular es la jueza Marisa Bosco, la misma que tomó la causa de Daniel en primera instancia y fue destituida tras comprobar su participación en el encubrimiento.
El festival
El 4 noviembre último se condensaron todos estos avances en un festival que recordó a Daniel Solano a 1 año de su desaparición. Hubo una radio abierta, música, charlas y participaron familiares de otros chicos desaparecidos y muertos por la policía en Chubut y Río Negro: la familia de Otoño Uriarte, el papá de Julián Antillanca, César, Julieta Vinaya mamá de Atahualpa, entre otros. También participaron y llevaron la muestra Ningún pibe nace para chorro la artista Guillermina Guevara y el rapero Asterisco (Javier Ortega), quienes hicieron un raid por escuelas, radios y talleres que les valieron una amenaza por parte del hijo del dueño del boliche Macuba en el que desapareció Daniel Solano.
Contra impunidades como éstas se seguirá trabajando, junto a la confirmación de las penas a los policías y a la involucración de los autores ideológicos y del encubrimiento, “pero lo importante es que se han dado importantes cambios y sobre ellos trabajaremos”, asegura Michelena.
A continuación reproducimos el comunicado que sacaron desde la Comisión en denuncia de las últimas amenazas sufridas:
Choele Choel, 9 de noviembre de 2012
COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN SOLIDARIDAD Y APOYO A LA FAMILIA SOLANO CON RESPECTO A LA SITUACIÓN VIVIDA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE.
Luego de cumplirse el año de la Desaparición Forzada de Daniel Solano, Pedro Aranda, miembro de la “Comisión de Solidaridad y apoyo a la Familia Solano” junto a Javier Ortega y Guillermina Guevara, que participaron de las jornadas de los días 4 y 5 de noviembre de 2012, mientras circulaban en su auto, alrededor de las 22hs del 6 de noviembre de 2012, fueron interceptados, insultados, amenazados y perseguidos por el sujeto identificado como Lucas García, quien conducía un cuatriciclo rojo. Esta persona es el hijo del dueño de numerosos locales bailables del Valle Medio, entre ellos “Macuba Megadisco”, donde Daniel Solano fue visto por última vez con vida antes de ser retirado injustificadamente y por la fuerza por personal policial que cumplían adicionales en dicho local esa noche.
La persecución se inicio en las cercanías de las Calles Avellaneda y 25 de mayo y duro un poco más de una hora. Ahora procedemos a la crónica de este desagradable e impune acto de persecución:
Cuando Lucas García intercepta en Avellaneda y 25 de mayo, al auto de Pedro Aranda, pega su cuatriciclo al conductor y comienza a cerrar el paso del vehículo en cual se encontraban las tres personas arriba mencionadas, y empieza a insultarlos. En ese momento el miembro de la comisión le dice a sus compañeros “no lo miren” (en referencia a que tenía conocimiento de que varias veces había hecho este tipo de persecución y amenazas a diferentes miembros de la comisión ). Pedro, Javier y Guillermina prosiguieron su marcha sin mirar ni contestar a las agresiones, insultos ni provocaciones de Lucas García. Para este entonces, cada vez más, García cerraba el paso del auto de Pedro mientras que gritaba: “cagón cagón, bajate vení a pelear!! Mírenme mírenme junten huevos entre los tres y bájense cagones!!! Manga de faloperos”. Esta persecución fue a 20km por hora hasta la calle Islas Malvinas. En esa intersección el agresor sigue por la calle Avellaneda mientras que los compañeros al bajar más la velocidad y quedando atrás de García doblan por la calle Islas Malvinas. Luego se dirigen al multi rubro “El bahiano”, Pedro se baja a dialogar con la propietaria del local, los otros dos compañeros se quedan en el auto. A los pocos minutos Lucas García vuelve a parase con su cuatriciclo al lado del auto y mirando con saña a los compañeros que allí adentro se encontraban, los insulta y provoca para que se bajen a pelear tocando su cintura, por lo que los compañeros temían que García sacara un arma de fuego. Esta situación fue vista por la gente que se encontraba comprando adentro del local, tanto así como su propietaria. Allí se emitió el primer intento de comunicación con otros miembros de la comisión alertando el peligro de la reiterada persecución y la violencia de Lucas García, este llamado esta registrado a la hora 22:36hs. Cuando este sujeto se va, luego de 10min de insultos, nos dirigimos a la verdulería “La quinta” donde la compañera que estaba en el auto ve que el cuatriciclo pasa por una de las calles transversales a toda velocidad.
Nos dirigimos hacia el domicilio de Pedro, y su compañera Mercedes Pino (también miembro de la Comisión), al bajarse éste para dejarle la cena a sus hijas, aparece Lucas García nuevamente, evidenciando que conocía muy bien el domicilio de los miembros de la comisión. Los otros dos compañeros, Javier y Guillermina, se encontraban en el auto. Sufren nuevamente las agresiones e insultos de Lucas García, que se toca la cintura nuevamente como si estuviera a punto de sacar un arma. García se retira furioso, por la calle Urquiza para el lado de San Martin, luego de 15 minutos de agresiones, la compañera se baja del auto para entrar en la casa. Al instante vuelve por Urquiza en contramano y con las luces del cuatriciclo encendidas, apuntando a nuestro compañero Javier que estaba solo dentro del auto, con intención de cegarlo. Ante el griterío empiezan a salir los familiares que viven detrás de la casa de Pedro y Mercedes, Clara Grandon de Kühn y Ernesto Kühn (suegros de Pedro y padres de Mercedes) que se asustan y no saben que es lo que estaba sucediendo. Clara interpela al agresor y le pregunta qué es lo que estaba sucediendo, Lucas García responde: “Entregame al barbudo así me grita asesino como lo hizo el otro día afuera de mi bar”. Esto es en referencia a la marcha que hubo el día domingo donde más 300 personas salieron a recorrer las calles de Choele Choel pidiendo justicia por Daniel solano, y el pueblo se paso frente a una de las confiterías del padre de Lucas García cantando “Macuba compadre vos sos el responsable” (Este cántico hace alusión a la costumbre que se da en ese boliche de vender bebidas alcohólicas incluso a los menores que entran y luego mediante señalamiento de dedo se saca por portación de rostro o cualquier otro motivo por la fuerza a los varones en medio de la noche propinando golpes y demás agresiones.) En los gritos furiosos del agresor se develó que conocía la estructura familiar del miembro de la comisión y el parentesco que había entre ellos, dando evidencias de un estudio de inteligencia de su familia, lugares que frecuenta y con quien está relacionado.
El sujeto se retira cuando la señora Clara dice que va a llamar a la policía, tal cual lo demuestra la grabación de ese momento, pero para esto nadie respondió los 4 llamados al 101. En ese instante se acerca más gente alertada por los gritos.
Un grupo de compañeros se dirigen a la comisaría a hacer la denuncia pertinente. El sargento Martín Etchegaray, que está a cargo de recibir las llamadas de emergencia se contradice al responder por qué no atendió la llamada al 101, primero dirá “El teléfono nunca sonó, sino yo lo hubiera atendido” y luego al reiterarse la pregunta dice “El teléfono sonó, lo atendí pero se cortaba”.
Al instante llegan varias personas alertadas por este hecho a demostrar solidaridad con sus compañeros.
El hecho curioso es que mientras nos encontrábamos en la comisaria haciendo las denuncias, Mercedes Pino estaba esperando en la vereda, reconoce el rodado Renault Clio negro de vidrios polarizados, que primero pasa frente a la comisaría con los vidrios cerrados y en una segunda oportunidad con su vidrio bajo saludando y tocando bocina a nuestra compañera, en señal de burla, allí se confirma que era Lucas García quien manejaba el auto.
Al llegar a su casa, Pedro advierte que la certificación de las actuaciones extendida en la comisaría 8va no estaba suscripta por el Oficial Actuante, tratándose del Oficial Ayudante Martín Hueche, razón por la cual nuestro compañero vuelve a la comisaría solicitando la rúbrica correspondiente la cual se efectuó.
Pero lo más curioso aún, es que el día domingo durante la marcha Pedro Aranda no se encontraba en la marcha, teniendo como testigo de este hecho al intendente de Choele Choel Daniel Belloso.
Este hecho devela dos cosas: una es que la sociedad de Choele Choele no se calla más y quiere terminar con la impunidad de la noche, ya que el canto fue en conjunto, deseo del pueblo y no de una sola persona como quiso dar a entender Lucas García. Esto evidencia el motivo de la persecución a Pedro Aranda, ya que muchas veces se ha expuesto en los medios de comunicación y en los actos que se realizan para difusión de las actividades de la Comisión, denunciando las circunstancias que llevaron a fin la desaparición de Daniel Solano. El Valle Medio reclama por cambios profundos de las instituciones y políticas de Río Negro y no por un cambio de funcionarios que sostengan la estructura corrupta e impune de siempre.
Lo otro que se destapa es lo siguiente: ante el levantamiento del pueblo los poderosos temiendo la pérdida de su poder de sometimiento reaccionan de la manera que solo saben hacerlo: con violencia, amenazas y metiendo miedo a quienes buscan mejorar su vida y la de la sociedad en la que habitan.
Relacionamos este hecho con los disparos que los autos de integrantes de la comisión sufrieron el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2012, por las cuales se realizaron las denuncias correspondientes, y los peritos tomaron muestras de los impactos en los vehículos de Pedro Aranda y Ayelén Fandiño.
El día de hoy, 7 de noviembre de 2012, cuando Pedro y Mercedes estaban dirigiéndose a su trabajo y pasaron a dejar su hija a la escuela, se cruzan en la intersección de Alsina y 9 de julio, con el abogado de la familia García, Dr. Eduardo Antonelli, quien los mira intimidatoriamente. Cuando cambia el semáforo la familia continúa la marcha hasta la escuela 10, donde la niña se baja y al mirar por el espejo retrovisor, advierten que el Dr. Antonelli sigue en la posición en la que lo vieron mirando en la misma actitud intimidatoria hasta que el auto dobló en la calle Pacheco.
Dejamos constancia que ante cualquier atentado, daño, o si se llega a ver lesionado de alguna manera tanto la integridad física o bienes materiales de Pedro Aranda, Mercedes Pino, o alguno de los miembros de la Comisión o familiares de estos, hacemos responsables a los sospechosos de participar en la desaparición forzada de Daniel Solano.
Todo lo relatado arriba consta en el Acta de Denuncia Penal EXPTE. N° F1-9333-12.-
No dejaremos de seguir luchando para que se sepa la verdad de lo que le paso a Daniel Solano, y que los responsables cumplan su condena: llámense policías, funcionarios públicos, negociantes, mafiosos o empresarios.
Repudiamos este hecho de persecución mafiosa y hostigamiento a militantes que con solidaridad y amor luchan por una sociedad mejor.
COMISION DE SOLIDARIDAD Y APOYO A DANIEL SOLANO INTEGRADA POR:
MERCEDES PINO DNI: 27158923
PEDRO ARANDA DNI: 32057280
CLAUDIA MICHELENA DNI: 26385839
CAROLINA ALMADA DNI: 28372283
LAURA VINAYA DNI: 25200077
MARTÍN HERNÁNDEZ DNI: 26080632
AYELÉN FANDIÑO DNI: 35079709
MARCELA TORRES DNI: 28451695
GONZALO MORANTE DNI: 30428641
MARTÍN LAMAS DNI: 25665531
CESAR ALARCON DNI: 32.309.074
RODOLFO MOLINA DNI: 22.790.185
Y LOS COMPAÑEROS QUE PARTICIPARON DE LAS JORNADAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE:
JAVIER ORTEGA DNI 33.450.836
GUILLERMINA GUEVARA DNI 29.247.043
 
 
 

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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