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¿De quién es la calle? Revelaciones de una reunión entre manteros y policías

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Este martes 7 de mayo dos altos mandos de la Policía Federal debieron escuchar durante tres horas el testimonio de más de 30 manteros organizados que relataron los manejos mafiosos de la calle y la venta ambulante que hacen los agentes de esa fuerza en distintos puntos de Capital. La reunión se dio en el marco de una mediación organizada por el Ministerio de Seguridad, luego de una serie de denuncias de los manteros agrupados como “Vendedores Libres”(del movimiento Social Francisaco Jofré), que mantienen la ética de no pagar “coimas” en los lugares donde trabajan y que, por esa razón, son víctimas de una persecución mafiosa con connivencia policial. La jornada culminó con la promesa de Mario Alberto Morales, Jefe General de Comisarías, y Guillermo Colucci, comisario a cargo de las comisarias de la Comuna 6, de garantizar la seguridad física de estos manteros, y desarrollar un disciplinamiento de la policía en materia de intervenciones contravencionales.
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La reunión
En la sede del Ministerio de Seguridad ubicada en México 12, a las 10 y media fueron ingresando más de 30 manteros organizados en la Asociación Francisco Jofré, más conocida como “vendedores libres”, mote que les da distinción en cualquier parte de Capital porque:

  • Fueron desplazados por la Policía Metropolitana de la calle Florida (la organización tuvo 50 días de resistencia evitando el desalojo), en una represión que dejó decenas de heridos y sin alternativas a los vendedores, que ahora emigraron a Caballito;
  • No “arreglan” con la policía ni se someten a los antiguos sistemas de disciplinamiento callejero, en general a cargo de agentes de la Policía Federal en connivencia con redes clandestinas de mercadería, y hasta punteros y patotas;
  • Vienen denunciando las persecuciones que, desde que están en Caballito, sufren por parte de la Federal (pedidos de coima, amenazas, procedimientos ilegales) e incluso de otros vendedores que sí “arreglan” y ven en estos manteros una desleal justicia.

Mario Morales, jefe de las comisarías, y Guillermo Colucci, a cargo de la Comuna 6, fueron los encargados de dar la cara ante la ausencia (de una prometida presencia) de los comisarios de las comisarías 10, 11 y 12, de la jurisdicción de Caballito. Ya desde entrada, los encargados del Ministerio avisaron el cambio de planes: “Consideramos mejor que no vengan para que ustedes se puedan explayar”, aseguraron. Pero los manteros ya lo tenían decidido desde antes: se iban a “explayar” esté quien esté en frente.
El primer orador fue Julio Pereyra, mantero, quien el 8 de marzo sufrió un ataque de otros vendedores – que identifica como “punteros” arreglados con la policía-, al punto de tener que esquivar unos cuchillazos. Pereyra describió, paso por paso, el desarrollo de la persecución que derivó en aquel episodio: desde que fueron echados por la Metropolitana de Florida, cuando repartieron volantes en Caballito para hacerse oír, el desembarco en Acoyte y Rivadavia el 4 de diciembre pasado, y el “sistema de trabajo” que el subinspector Mainardi (Comisaría 12) les sugirió apenas llegados. Todo ante la mirada atenta de los funcionarios federales, y los compañeros manteros que afirmaban y completaban apellidos y cargos de los policías involucrados.
Las amenazas, relató, estuvieron desde el primer día. Organizados, los manteros tuvieron un primer momento de negociación con el responsable de la seguridad en Caballito: el comisario de la 12, de apellido Cuncio. “Nos trató amablemente y nos dijo que no nos preocupemos, que trabajemos tranquilos”, dijo Pereyra.
Al día siguiente de esa reunión, cuando llegaron los Vendedores Libres a Acoyte, todo el resto de los manteros (muchos de ellos empleados de mayoristas, que tienen mantas en distintos puntos de la ciudad en connivencia con la policía) estaban, pero desarmados. Es decir: no había nadie vendiendo ese día. También estaba Mainardi, el subinspector del “sistema de trabajo”.
Omar Guaraz, otro de los referentes de Vendedores, tuvo un encontronazo con Mainardi. Le dijo: “No te quiero más acá”, sin más explicaciones”, relataron. Acto seguido, le pidió el documento y le secuestró la mercadería. La promesa del comisario Cuncio había durado menos de medio día.
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¿Quién recauda?
Los mandos policiales presentes en la reunión preguntaron concretamente quién “recaudaba”. “La brigada”, fue la respuesta unánime. Los manteos se refieren a la Brigada Especial de Investigaciones de la Comisaría 12, que funciona de civil – aunque con el deber de identificarse- en autos que no son patrulleros y tienen presencia controladora en la calle. Dentro de la brigada, los manteros señalaron a Diego Bravo (jefe de esa Brigada), quien apareció recurrentemente en los relatos.
El otro día bisagra fue el 8 de marzo, cuando intentaron herir a Julio Pereyra con un cuchillo. La situación tensa la generó, horas después, un agente de apellido Cuello: “Le dijo a una compañera que se tenía que correr porque el mantero que vende cd´s quería poner otro paño al lado. Le dijo: ´Vos te tenés que ir, el único habilitado para estar acá es él¨”, relató Pereyra y completó Guaraz. “La diferencia el señor de los cd´s arreglaba, y la compañera de vendedores libres, no. Por eso tenía prioridad para poner un segundo paño y sacar el de ella”. Otro mantero agrega un dato no menor: “que tiene dos hijos”.
Pereyra cuenta cómo salieron a respaldar a la compañera que quería ser desplazada: “Yo saco el celular y lo empiezo a filmar, y ahí el tipo se pone nervioso, me empieza a amenazar, parecía un chico de 12 años”. Cuello terminó llamando refuerzos: llegó un patrullero, pero en vez de ayudar a Cuello, se lo llevaron ante la irregularidad del procedimiento. “Si ellos quieren seguir la denuncia se estarían autodenunciando, porque los que están en falta son ellos”, resume Pereyra.
Ese mismo día, a las 18 horas, una veintena de manteros “de los que arreglan con la policía”, ya agitados por la situación, se juntaron en frente de donde trabajan los Vendedores Libres. “Tenían palos y botellas y objetos en punta, como facas”, describe Pereyra. Y relata cómo uno de ellos intentó alcanzarlo a cuchillazos, cómo lo esquivó, y cómo salió corriendo hacia la avenida Acoyte donde se le tiró en el capot a un patrullero que de casualidad pasaba. La policía, a pesar de haber sido llamada en 4 oportunidades por Pereyra, no había aparecido desde que se llevaron a Cuello.
Sin ir más lejos, Omar Guaraz sintetiza: “Lo que está en peligro son nuestras vidas”.
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Cuánto hay en juego
La organización que describen estos trabajadores involucra a agentes de la Federal que levantan 300 pesos todos los viernes y por cada mantero– 1.200 al mes- a cambio “protección” y libre venta para los aplicados. Los Vendedores Libres son la contracara: persecución y hostigamiento.
José levanta la voz, para no poner sólo el foco en Acoyte y Rivadavia, ya que él representa a vendedores del Parque Centenario: “Esto que estamos contando pasa en toda la Capital”, denuncia y enumera: “calle Avellaneda, Constitución, Retiro, Plaza Flores”. Y da un dato que ilustra cómo funciona el sistema contravencional: “El 90% de los procedimientos policiales se actúa de oficio, es decir, sin denuncia”.
Verguenza
“Me da vergüenza”, es lo primero que dice Guillermo Colucci, jefe de la 6ta. “Lo que ustedes están relatando me da vergüenza”. Colucci se presenta como “responsable administrativo” de las policías, es decir como capaz de “bajar órdenes”, pero no de seguir de cerca su implementación directa. Habla de “2 o 3 imbéciles”, dice que “no es una organización”, ofrece su teléfono (“si pasa algo, llámenme”), asegura que “pueden trabajar tranquilos” (frase que a los manteros les recuerda la inquietante promesa del comisario Cuncio) y asegura que si encuentra un oficial haciendo algo ilegal “los mato”.
Entonces salta José, feriante del Centenario. “Pero esto no es nuevo”, dice, “ya somos grandes”.
El jefe de comisarías, Morales, se compromete a garantizar la seguridad física de estos manteros en el lugar de trabajo; “tampoco les puedo poner un guardaespaldas que los siga hasta sus casas”. Dice que desde el Ministerio son capaces de sancionar a los policías involucrados en estas ilegalidades, pero no de “meterlos presos; para eso están las denuncias”. Y por último le intenta responder a José: “Pero a ustedes en Parque Centenario, ¿los siguen parando?”.
José: “No, pero es por lo que hemos hecho nosotros”. Además agrega la inquietud que sobrevuela a la buena predisposición de los responsables de la Federal: “No es que después de hoy van a dejar de cobrar coimas así como así”.
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Lo que sigue
Damián, del Movimiento Social la Dignidad, propone concretar esta idea: en consenso con los trabajadores, avisa que intentarán organizar a todos los manteros de Caballito  – a los punteros, también- para desarticular el sistema coimero.
Ada, otra trabajadora, agrega: “Estaría bueno que fuera al revés, que llegue el viernes y en buenahora nos asombremos que no pasó la Brigada a cobrar”.
Todos, los comisarios también, parecen estar de acuerdo.
Habla César, que dice haber trabajado 36 años en la calle. “Usted es el segundo funcionario que conozco que se identifica como un trabajador”, dice en referencia a palabras anteriores de Colucci. “El día que entendamos que todos somos trabajadores, los policías y nosotros, nos vamos a respetar”, asegura.
César va más allá: “Y para que vea que nosotros no nos quedamos en la queja, tenemos propuestas. Queremos una ley que regule la actividad. No somos ilegales, somos desregulados”, sentencia.
La Ciudad, la gran ausente
Cansados de hablar, y logrando arrancar algunas promesas de los responsables de la Policía Federal, los manteros pidieron la palabra del Ministerio, razón de este encuentro. Habló Carolina, directora del programa de Participación Ciudadana, quien resumió correctamente los puntos acordados en la reunión, promovió los foros de seguridad barriales, y terminó señalando la pieza que falta para encarar una solución integral de la seguridad: “Nos falta el actor del Gobierno de la Ciudad”, para regular los procedimientos contravencionales con los inspectores de la Ciudad, acordar propuestas conjuntas, prioridades, coordinación de fuerzas, competencias.
Pero la pelota hoy la tiene el Ministerio; su responsabilidad política se medirá con los resultados concretos de esta charla. Lo demás está claro y se seguirá discutiendo en los espacios que correspondan, siempre esperando que este paso sea el primero de otros que avancen en una regulación que les permita a estos trabajadores trabajar.

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Informe de Periodistas Argentinas, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: más de la mitad fue víctima

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la colectiva Periodistas Argentinas dio a conocer los resultados de la encuesta Equidad en Medios de Comunicación realizada este año.

Lo que permiten ver las 213 respuestas recibidas es el altísimo nivel de violencia simbólica y concreta que las periodistas vienen soportando históricamente en el ejercicio de la profesión.

El dato es alarmante: El 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral, mientras que un 9,9% dijo no estar segura.

Fuente: Periodistas Argentinas

Desde la colectiva entonces se brindó la posibilidad a quienes sufrieron violencia o no estaban seguras de sí la situación podía definirse como de violencia, a contar su experiencia.

“Las siguientes son algunas de las respuestas textuales expresadas por las periodistas que participaron de la Encuesta Equidad en Medios de Comunicación, realizada por Periodistas Argentinas entre agosto y septiembre de 2021”, expresaron en un comunicado y detallaron:

Periodistas Argentinas impulsó activamente la Ley de Equidad en Medios de Comunicación como una herramienta eficaz en pos de la erradicación de las violencias. La ley fue aprobada la madrugada del 10 de junio, bajo una enorme presión de empresas periodísticas que buscaban trabarla.

En la encuesta un apartado de preguntas es sobre la normativa. El 64,8% dijo conocer los principales puntos de la ley. Entre los principales derechos que la ley garantiza se identifican como prioritarios: la equiparación salarial, equidad en espacios de decisión y poder, y protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

A la luz de los resultados hoy presentados, queda clara la urgencia de que se haya convertido en Ley para construir un ejercicio del periodismo libre de violencias.

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#NiUnaMás

A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lucas González, el crack fusilado

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Lucas González, de 17 años, fue asesinado por la Policía de la Ciudad tras recibir varios disparos el miércoles por parte de tres efectivos de civil. Ayer, mientras el joven futbolista del Club Barracas luchaba por su vida, la fuerza de seguridad porteña celebraba su quinto aniversario de creación con diferentes actos: cinco años de violencia institucional impune. Quién era Lucas, y qué representa la violencia policial exacerbada contra los jóvenes que se juegan la vida.

Por Facundo Lo Duca. Fotos de Sergio Pisani y Agustina Salinas

Cobertura colaborativa junto a revista cítrica

Toca la pelota cortita, al ras de la cancha, y corre. Lucas González, de 17 años, sabe que en el medio no puede quedarse quieto. El despliegue es importante. Puede dormir la pelota con la suela derecha, aunque le llegue repiqueteando o aguantar la estocada del rival en la línea con el cuerpo tenso, pero saber moverse puede marcarle una diferencia. Entonces avanza: su remera roja y blanca del Club Barracas Central se ondula, el arco contrario se agranda. Avanzar. Como si no importara todo lo demás. Así jugaba y vivía Lucas González.

El miércoles por la mañana, tras terminar su entrenamiento en la sexta división del Club Barracas Central, Lucas y otros tres futbolistas regresaban a sus hogares en un mismo auto. Cuando pasaron por un kiosco, frenaron a comprar un jugo. De pronto, un coche con tres personas se detuvo a su lado. Eran policías metropolitanos de civil ─identificados luego como Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass─, quienes les exigieron que se detengan, apuntándoles con un arma. Ante el miedo, los jóvenes aceleraron. Los efectivos respondieron a la fuga con disparos. Uno de ellos impactó directo en la cabeza de Lucas, quien fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. Los otros tres adolescentes fueron detenidos sin ninguna razón y pasaron la noche en un centro de menores. Lucas murió ayer. El mismo día que la Policía de la Ciudad celebró cinco años de su creación con diferentes actos.

“Era un jugadorazo y muy buena persona”, dice Hugo Barras, compañero de equipo de Lucas desde la comisaria vecinal 4D de Barracas. Familiares y amigos del joven se acercaron hasta acá el mismo día de su muerte para reclamar justicia con un mensaje unisonó: basta de gatillo fácil.

David Menéndez, que lleva una bandera de reclamo contra la violencia institucional, también compartió cancha y vestuario con González en el Club Barracas: “Era muy alegre y un buen compañero. Como jugador, un crack. Se comía el medio”, cuenta. Cuando el miércoles por la tarde se enteró lo que le había ocurrido a Lucas a través de las noticias, en donde lo apuntaban como un presunto ladrón que escapó de la Policía, se quedó helado. “Fue muy feo escuchar todo eso de él. Somos pibes que entrenamos y jugamos al fútbol. Nada más. No puede ser que se digan esas cosas. Me duele mucho”, dice.

Los padres y madres de compañeros de equipo del joven también se acercaron a la comisaría. “Pienso que es una más de las tantas muertes de gatillo fácil que sucedieron durante el macrismo y de Larreta ahora. Lucas era un divino, buen compañero, con sentido del humor y solidario”, cuenta Mariel.

“Tenía buen despliegue en la cancha. Buen pie. Todos lo querían. Se sacrificaba mucho por jugar. Viajaba bastante para entrenar y era un pibe muy sano”, dice Sergio, fotógrafo y padre de Camilo, también jugador de la sexta del conjunto de Barracas. “Estamos muy tristes por este asesinato, producto del gatillo fácil y la impunidad. Fue a sangre fría. En ese lugar que hay cámaras, de pronto ahora no las hay o no funcionan. La policía de la ciudad es fascista. Hoy había efectivos por todo el barrio: militarizaron Barracas”.

Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass, policías de la Ciudad.

Durante la mañana del jueves, mientras Lucas agonizaba en el Hospital El Cruce, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Futbol en la ciudad, encabezó un acto en una comisaría donde confesó “orgullo” por esta fuerza de seguridad. A la noche, incluso, había una gala en el Colón para honrar a su labor en Capital.

Los tres efectivos que asesinaron a Lucas formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.

En sus declaraciones, apuntaron a los futbolistas como presuntos ladrones que intentaron agredirlos. En las últimas horas, están siendo investigados y fueron pasados a disposición por el ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil. Cabe resaltar, entre sus víctimas, la desaparición de Arshak Karhanyan joven perteneciente a esa misma fuerza y que fue visto por última vez en 2019, tras conversar con otro agente. Actualmente hay varios efectivos implicados en ese caso, cumpliendo funciones con total normalidad.

¿Feliz aniversario?

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