Nota
Denuncia mapuche contra Bullrich y Noceti por allanamientos sin orden judicial
La Confederación Mapuche de Neuquén demostró que la Gendarmería responsabilizó en un escrito al Ministerio de Seguridad, en particular al jefe de Gabinete Pablo Noceti, por un allanamiento realizado sin orden judicial en la comunidad Campo Maripe, en la zona de Vaca Muerta. La Confederación inició una causa penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Noceti, Patricia Bullrich y las autoridades regionales de la Gendarmería. Ideas sobre la violencia, los servicios y la invención de la RAM.

Chela y Albino Campo, de la comunidad mapuche Campo Maripe
“Asimismo el día 21 de junio del año en curso, recepcioné un llamado telefónico de parte del JEFE DE GABINETE del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Dr. Pablo Noceti, requiriendo conocer cómo se estaban desarrollando las tareas ordenadas, ratificando en dicha circunstancia que la orden emanaba del MINISTERIO DE SEGURIDAD desde su persona.”
Así respondió el comandante principal de Gendarmería Jorge Elías Mariani al hábeas corpus que investigaba cuál fue la orden judicial que motivó la intervención territorial de más de 100 gendarmes pertrechados en la comunidad mapuche Campo Maripe, de Neuquén, en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, en junio de este año.
El hábeas corpus había sido presentado por la Confederación Mapuche de Neuquén al juez federal número 2 de la provincia, Gustavo Villanueva quien requirió información a Gendarmería. La respuesta de Mariani no sólo señala a la cúpula del Ministerio de Seguridad, sino que desmiente a los propios gendarmes que durante aquel allanamiento argumentaron ante los mapuches que lo hacían por orden judicial, que obviamente jamás exhibieron.
Plan sistemático
Ante estas evidencias judiciales, la Confederación Mapuche decidió hacer una denuncia penal contra Patricia Bullrich, Pablo Noceti, el comandante Dante Zabala (Jefe de la agrupación XII Comahue de Gendarmería), el comandante Principal Carlos Ariel San Emetrio, y el comandante de la Región VLuis Héctor Lagger.
Explica Jorge Nahuel, werken (vocero) de la entidad: “Gendarmería allanó territorio comunitario sin orden del juez, 20 días antes de lo ocurrido en el Lof de Cushamen en el que desapareció y luego apareció muerto Santiago Maldonado. Después vimos lo ocurrido en Mascardi, Bariloche, que terminó en el crimen de Rafael Nahuel. Pensamos que no se trata de casos aislados sino de un plan sistemático de persecución y de uso directo de la violencia ante cualquier reclamo social o territorial del pueblo mapuche”.
En Campo Maripe ocurrió algo llamativo: los gendarmes provocaron a miembros de la comunidad (amenazando golpear a una de las mujeres, por ejemplo). En lugar de responder o enfrentarlos, los mapuches bajaron a Neuquén capital a instalarse ante la propia sede de Gendarmería y exigir la orden de allanamiento: poco después se desactivó el operativo cuyo objetivo, dijeron, era custodiar a grupos de YPF que debían realizar trabajos en instalaciones dedicadas a la fractura hidráulica (fracking).
Jorge Nahuel sostiene: “Nuestro objetivo es ponerle freno a una metodología de actuar al margen de la ley, como lo hacen Bullrich y Noceti. Y también queremos ver si la justicia federal puede controlar a organismos públicos que ejercen un abuso de poder. Han demostrado gran eficacia para procesar a los pobres, pero queremos ver qué se hace ahora con respecto a funcionarios públicos que actuaron quebrando las leyes”.

La denuncia
La cáscara RAM
Acompañan a la Confederación Mapuche en la denuncia diversos sindicatos y el Obispado de Neuquén, a través del padre Rubén Capitanio, de la Pastoral Social. Nahuel: “Vemos una escalada de violencia que en lugar de aminorar tras una muerte como la de Bariloche, se alimenta cada vez más. Es un momento crucial porque una parte de la sociedad aplaude esa violencia. En Bariloche hubo dos marchas del mismo tenor, una contra la represión, y otra defendiendo a las fuerzas de seguridad.
Los medios y el gobierno agitan una y otra vez una sigla de la que casi nada se sabe: RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Nahuel: “Nosotros denunciamos hace ya tres meses que nos parece que RAM es un montaje de los servicios de inteligencia chilenos y argentinos para criminalizar a los mapuches. Y de hecho no hay una sola institución mapuche que reconozca la existencia de esa cáscara vacía que justifica tanta violencia. Lo han dicho incluso el obispo de Bariloche o la mamá de Facundo Jones Huala. Es un hecho que se trata de un invento del poder para generar y justificar represión”.
La ministra Bullrich dice que RAM es un modo genérico de hablar de grupos violentos. Responde Jorge Nahuel: “Para ella ¿quiénes son RAM? Todos los mapuches que reivindiquen derechos que están en nuestra Constitución Nacional, en la provincial, en los tratados firmados por el país y en las leyes internas. Ahora, mientras yo digo que es un invento, los medios masivos bombardean todo el tiempo describiendo a la Patagonia como un territorio en guerra. Cualquiera que viva acá sabe que eso es absurdo, pero el mensaje es para los porteños y gente de otros lugares del país. Un modo de ganar adhesiones, inventando un enemigo que en realidad no existe”.
Pero Jorge agrega que eso tiene un uso político. “Mientras velaban a Rafael Nahuel en Bariloche, hubo un incendio en un supermercado y a un productor lo robaron. Enseguida dijeron que fueron los mapuches. Todo hecho policial se lo adjudican a mapuches terroristas. A esa campaña de inteligencia solo la podemos combatir mostrando cuál es la realidad”.
Bullrich, Noceti y las autoridades de Gendarmería serán citadas a explicar por qué se allanó un territorio que estaba en paz, sin orden judicial.
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: