Nota
Desarrollismo y movimientos sociales en Bolivia
Cuánto y cómo crece Bolivia en el análisis de Raúl Zibechi, siguiendo la discusión de Martín Sivak en el Decí MU. El medioambiente y la autonomía de los movimientos sociales, en peligro.
“La principal dificultad es la personalización. El partido que gobierna, el Movimiento al Socialismo, no se ha consolidado y hay una gran concentración de las decisiones en el Palacio, lo que a largo plazo es una debilidad”, razona Martín Sivak, periodista, amigo personal de Evo Morales, autor del best seller “Jefazo”, que lleva vendidos más de 30 mil ejemplares.
Para Sivak era casi imposible que Evo no ganara; el 61% de los votos cosechados por la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera no le sorprendió. “Las condiciones de vida mejoraron considerablemente, hubo inversiones sociales y en infraestructura, se priorizó el desarrollo económico por encima de la madre tierra, y los cambios no han sido tan radicales como se pensaba inicialmente”, matiza.
En contra de las apariencias, en estos ocho años hubo más continuidades que las imaginables. Por ejemplo, “bajo los gobiernos de Evo murieron 50 personas en protestas”, no siempre atribuibles a la represión directa. Además, “la derecha económica perdió mucho dinero porque paga mucho más impuestos, pero no la expropiaron”. Son matices entre lo nuevo, que no lo es tanto, y lo viejo, que tiene más vida de la que se podía imaginar.
Fuerte crecimiento económico
Los datos hablan por sí solos. Desde 2005 la economía crece a un promedio del 5% anual, gracias al aumento de los precios internacionales de los productos de exportación y al crecimiento de los volúmenes exportados. El crecimiento de la extracción minera es impresionante: se pasó de 176 mil toneladas métricas finas en el quinquenio 1999-2006 a 450 mil en el período 2006-2012.
Entre 2008 y 2013 el valor de las exportaciones minerales se duplicó, pasando de 750 a 1.618 millones de dólares. El notable crecimiento de las exportaciones y de la economía permitió que el gobierno implementara políticas sociales extendidas (bono Juancito Pinto para los escolares, Renta Dignidad para la tercera edad y bono Juana Azurduy para las mujeres) que junto al aumento del salario mínimo y del nivel de empleo redujeron la pobreza del 38 al 18% de la población.
El mayor dinamismo de las exportaciones permitió un fuerte incremento de las reservas internacionales que pasaron de 1.714 millones de dólares en 2005 a 14.430 en 2013, el 47% del PIB.
En el terreno de la generación hidroeléctrica se plantea incrementar hasta 6.000 MW en los diez próximos años con la puesta en marcha de Cachuela Esperanza y Rositas, con una inversión de 4.000 millones de dólares entre ambas.
El Estado está implementando proyectos de desarrollo de largo aliento, como hacía años no existían.
Hay varios en el terreno de la industrialización de los hidrocarburos: una planta de amoníaco y urea a partir de gas natural en Cochabamba, una planta de separación de líquidos de gas en Tarija y otra en Rio Grande, además de inversión en refinerías y nuevos pozos de extracción de gas. Este año el volumen promedio de producción de gas natural – la principal exportación de Bolivia- llegará a 64,54 millones de metros cúbicos por día, casi el doble de lo que se producía en 2005.
Se prevé comenzar la industrialización de litio para baterías en 2016. En 2013 se puso en órbita con ayuda china el satélite Tupac Katari, que le otorga autonomía a las telecomunicaciones. Incluso en la industria volcada al mercado interno se registra una evidente expansión. Por primera vez el país cuenta con una empresa de papel, con ayuda de China, que comenzó la producción en 2014 y abastecerá en dos años el 30% del mercado interno.
Pero el oficialista MAS (Movimiento Al Socialismo) consiguió la mayoría también en Santa Cruz, con más de la mitad de los votos. Ganó en 8 de los 9 departamentos. Estableció una alianza estratégica con la oligarquía agropecuaria cruceña: se le propuso subir la producción de 3 a 10 millones de hectáreas y la cantidad de alimentos de 15 a 45 millones de toneladas para 2025.
El medio ambiente y los movimientos sociales
Si el crecimiento económico es sostenido y hay ambiciosos planes estratégicos en marcha, los dos puntos débiles del actual proceso de cambios se sitúan en el medio ambiente y en la autonomía de los movimientos sociales.
Cuando comenzó el gobierno del MAS se alcanzó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas que fue la principal base de apoyo del gobierno: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, entre otras.
A fines de 2011, CIDOB y CONAMAQ, que habían apoyado la marcha contra la carretera que atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) decidieron abandonar el Pacto de Unidad por considerar que “el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines a MAS, con el propósito de que afecta de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales”.
Desde ese momento, el gobierno de Evo Morales intentó neutralizar a las dos principales organizaciones sociales críticas con el proceso de cambios. Cancio Rojas, dirigente de CONAMAQ, sostiene que su organización sufrió un “golpe de Estado” como consecuencia de la intervención del gobierno. Rojas estuvo en el IV Seminario de Integración de América Latina Desde Abajo, celebrado en Cochabamba el 4 y 5 de noviembre.
En efecto, las dos organizaciones vivieron situaciones similares.
En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.
En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ “afines al MAS” tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la Policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.
En base a esta realidad de ofensiva de los Estados frente a los movimientos, que se registra tanto en Bolivia como en Ecuador y Venezuela, se abrió un debate en el Seminario sobre el tipo de relaciones a mantener con las instituciones y con la cooperación internacional.
Cancio Rojas y Carlos Mamani, ambos de CONAMAQ, coincidieron no sólo en condenar los “golpes” contra las organizaciones populares sino que criticaron también el bloqueo de los recursos y proyectos, así como la retirada de los técnicos pagos por el Estado. Denunciaron cómo está actuando el gobierno para neutralizar a las comunidades que siguen rechazando la carretera del TIPNIS, combinando regalos y presiones.
Silvia Rivera Cusicanqui, antropóloga comprometida con los movimientos, hizo una profunda reflexión: “Las diferentes resistencias no se sienten parte de lo mismo. Porque lo que se viene luego de las elecciones será para arrasar con todo lo que resiste. Por eso el activismo debe tender puentes entre las diferentes experiencias, porque nos están derrotando en todos lados”.
Luego no escatimó la autocrítica: “Hay una dependencia fuerte de los fondos de la cooperación, lo que nos hace vulnerables y nos quita autonomía. No se debía haber abandonado la autogestión, la producción y venta de artesanías, de alimentos, para que en las organizaciones siempre exista un ala autogestionada. Eso nos permitiría superar el miserabilismo para estar bien parados frente al Estado”. Enfatizó que el suyo no es un horizonte estatal.
Como cierre del Seminario, ofreció una charla sobre “micropolítica y autonomía”, en la que destaco cómo los gobiernos progresistas encarnan un nuevo colonialismo que domina todo el espectro político y todas las expresiones de lo colectivo. “El único espacio que nos quedó es el micro, y desde allí establecemos comunidades de afinidad que nos permiten vincular redes en un tejido capaz de superar las prácticas coloniales”.
Silvia Rivera inspira en La Paz el Tambo Colectivo, un espacio de encuentro cultural y político donde un grupo de jóvenes que recuperaron el espacio organizan ferias, exposiciones y cultivan un huerto para fomentar la agricultura urbana con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria. Todo autogestionado, sin apoyos externos.
Solidaridades y condenas “selectivas”
La socióloga Sarela Paz, presente también en el encuentro, formó parte del equipo de asesores del Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente y ahora está vinculada a la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Sostiene que el MAS y el gobierno son “una agregación de intereses locales y regionales que compromete a sectores tradicionalmente dominantes (léase agroindustriales, mineros o corporaciones petroleras)”, a la que se suman sectores sociales emergentes de carácter étnico.
Según Paz, este conjunto social tiene “ambiciones de desarrollo que están más cercanas a las dinámicas del capital regional y mundial, antes que a visiones alternativas de desarrollo”. La legitimidad del gobierno de Evo Morales facilita que “formas seculares de coacción económica” se reproduzcan con ribetes “democráticos” y “populares”. Sostiene que hubo dos etapas en el gobierno de Evo: la primera estuvo cimentada en el Pacto de Unidad, una agenda progresista y un duro enfrentamiento con la oligarquía del oriente.
La segunda gestión de gobierno es diferente. “Es el reflejo del resquebrajamiento de la coalición popular y el ascenso de una nueva estructura de poder que tiene como epicentro una alianza y articulación entre sectores agroindustriales del oriente, sectores petroleros y sectores emergentes que usa el enraizamiento étnico como un dispositivo de movilización política”. Esa nueva alianza es la que fue masivamente bendecida en las elecciones del 12 de octubre.
La feminista María Galindo coincide con ese diagnóstico, al señalar que “las clases dominantes arcaicas de la sociedad boliviana han penetrado al Movimiento al Socialismo y han logrado importantes acuerdos políticos internos de manera que el gobierno no toque ninguno de sus intereses”. En sintonía con Silvia Rivera, cree que “el horizonte principal es trabajar por fuera del Estado y en la base de la sociedad”, algo que resume con una frase de sintonía zapatista: “Hay que trabajar afuera y abajo”.
Al dejar Bolivia, queda la amarga sensación de que las izquierdas del continente se empeñan en mirar hacia arriba, apoyando sin fisuras al gobierno de Evo Morales, y no miran hacia los movimientos. Así lo dijo en el Seminario, con tristeza, Aurelio Ambrosio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi): “El que resiste es culpabilizado y se individualiza en los líderes, pero en lo internacional no hay claridad de lo que pasa en Bolivia”.
Este giro conservador no es percibido en la región. Entre otras razones, porque existe una débil disposición a criticar a los “nuestros”. El filósofo español Santiago Alba Rico, especialista en Medio Oriente, señala que hay tantas resistencias que admirar y tantas infamias que condenar, que no deja de llamar la atención lo que la activista siria Leila Shami llama “solidaridades selectivas” y, en paralelo, “condenas selectivas”.
Se refiere al doble rasero de las grandes potencias, pero también al doble discurso de las izquierdas. Una opinión crítica que comparte Oscar Olivera, “guerrero del agua” en 2000, organizador del Seminario de Integración Desde Abajo, y que ahora coincide con Silvia Rivera en la necesidad de trabajar con la gente común. Está dedicado a la educación medioambiental con niños en escuelas periféricas de Cochabamba, desde donde apuesta por la recuperación de los sujetos colectivos.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
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