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La ley del más fuerte

Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año. Veintidós años después de la privatización de YPF, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.

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Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año.
La ley del más fuerte
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.

Sale con soja

Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.

La vuelta de YPF

En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.

Decreto a medida

Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. «Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas», denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.

La ley del más fuerte

Miguel Galuccio, presidente de YPF, y Ali Moshiri, presidente de Chevron América Latina y África.

Chevron, Chevron qué grande sos

“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.

  • Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
  • Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
  • Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
  • Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
  • Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
  • Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
  • La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.

Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.

Otra vez sopa

La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.

Lo que viene

El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.

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Histórico: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación ya está reglamentada

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A 2 años de su sanción el Estado convocó a sellar la reglamentación de la Ley que plantea la equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, obligatoria para el Estado y con incentivos para los privados que la adopten, a nivel federal y con participación de instituciones educativas y gremios. La subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, entre otras funcionarias, aprobaron hoy la conformación de una mesa de trabajo que dará curso a la aplicación de la norma a través de foros participativos en las tres regiones del país. Los detalles de una reunión histórica y por qué hoy cambió el futuro de la profesión.

El Estado saldó una deuda con el oficio: reglamentó la Ley de Equidad en Medios de Comunicación que llevaba casi dos años de espera, luego de la sanción, en 10 de junio de 2021. La reglamentación fue publicada hoy jueves 8 de junio en el Boletín Oficial bajo el decreto 304/2023 con la firma del presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Agustin Rossi; y la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Raquel Cecilia «Kelly» Kismer de Olmos.

Así se avanzó hacia el segundo paso clave que sucedió apenas once horas después de estar publicada: se conformó una mesa de trabajo encargada de avanzar en su aplicación. La reunión fue en el salón del último piso del Ministerio de Trabajo: en la antesala está el escritorio donde trabajaba Eva Duarte de Perón. 

Convocada por la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross, participaron las organizaciones fundadoras de la Red Federal  y las funcionarias Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos​ en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Antonia Portaneri, Subsecretaria de Coordinación Política e Institucional; y Miriam Lewin a cargo de la Defensoría del Público de Argentina.

Histórico: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación ya está reglamentada

Voces de la reunión

La convocatoria fue urgente, y así lo expresó Cecilia Cross cuando sostuvo que la principal deuda que se tuvo desde el Poder Ejecutivo fue la demora de la reglamentación. Además, dejó claro que la intención del Ministerio es generar espacios de intercambio para escuchar todas las dema das dela implementación, “que el decreto de reglamentación no sea una excusa para cerrar el debate sino para mantenerlo abierto”, sostuvo. El objetivo es que de acá a 90 días se generen foros en tres regiones del país (norte, centro y sur) donde se establezca la hoja de ruta de acción. También, como la ley es obligatoria para los medios públicos, la mesa analizará en particular los medios de RtA, Telam y Contenidos.

Periodistas Argentinas señaló que el compromiso el impacto  federal: «Nuestra prioridad es que se cumpla en todo el país, empezando por las provincias más alejadas de los centros de decisión. Los procesos que hemos conquistado los impulsa la necesidad social. Esta ley es hija de la lágrima: su raíz es contra las violencias y su objetivo, fortalecer nuestras herramientas de defensa”. 

Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, explicitó el papel formativo en el que pueden aportar las universidades, pero también el de producción de conocimiento y dato duro que permita el despliegue de políticas públicas. 

Rosaura Audi, Subsecretaria de Medios Públicos​ en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, definió a la reglamentación y a la conformación de la mesa de trabajo como el “inicio de un camino” en el que se va a tener que trabajar en desafíos tales como abordar las diversidades de las distintas provincias del país.

Finalmente, la directora Cecilia Cross sintetizó la propuesta del plan de trabajo. «¿Estamos de acuerdo con la moción?», resumió. La respuesta fueron aplausos.

El compromiso: que el proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil no se extienda más allá del 31 de agosto. Se hará mediante foros que contemplen distintos mecanismos de participación, en distintas regiones del país, bajo tópicos de trabajo específicos:  inclusión, formación, violencias, políticas pública y futuro del trabajo.

Sobre la base de las opiniones y reclamos escuchados se redactarán los puntos pendientes de la implementación.

La ley

La ley tiene por objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. A su vez, consagra un régimen obligatorio para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y un régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada con y sin fines de lucro.

En el texto del Boletìn Oficial la reglamentación se fundamenta en: 

  • La Constitución Nacional que establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y que destaca la importancia de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos.
  • Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y aprobados por nuestro país: el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración; el Convenio 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; y el Convenio 190 sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

Más información sobre la Ley de Equidad en Medios se Comunicación:

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Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

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“Este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dice Eugenia, la madre de Kili. «Es una sentencia de terror, totalmente injusta” plantea el abogado Hermindo González. Este jueves se conoció el fallo por el crimen de José «Kili» Rivero, un chico que tenía cuatro años de edad cuando falleció en 2012 víctima de agrotóxicos fumigados a 15 metros de su vivienda por el productor tomatero Oscar Antonio Candussi.

La sentencia del Tribunal Oral de Goya condenó al acusado a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo. Traducción: no irá a la cárcel, y se omitieron las pruebas que muestran que Candussi conocía la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podían provocar en las personas. Sin embargo llevó adelante esta conducta sin interesarse en esos efectos en la salud y la vida humana. El rol sinuoso del fiscal Guillermo Barry. El antecedente casi idéntico de Nicolás Arévalo (también muerto a los 4 años, por envenenamiento fumigador): la tendencia a la impunidad. La investigación en la revista MU, y un video con el ambiente, el paisaje, el abogado y la madre de Kil. La nota y el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación de contaminación y enfermedades que el organismo corroboró durante su investigación en Lavalle, Corrientes.

Diciembre de 2020. “Corrientes: condenan a productor por la muerte de un chico por agrotóxicos, pero no irá a la cárcel”.

El título de esa nota informó sobre el juicio que acababa de terminar para determinar la responsabilidad del productor tomatero Ricardo Prieto. En aquella sentencia, el Tribunal Oral de Goya dictaminó la pena de tres años de prisión condicional por el “homicidio culposo” de Nicolás Arévalo, un chico de cuatro años de edad, ocurrido en 2011.

8 de junio de 2023. Se puede copiar y pegar el párrafo anterior. Se reemplaza Ricardo Prieto por Oscar Antonio Candussi.

Nicolás Arévalo por José “Kili” Rivero.

Y 2011 por 2012.

Lo que no se reemplaza es la impunidad. 

Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

El contexto de la casa familiar en el Paraje Puerto Viejo en Lavalle, Corrientes: quintas de producción tomatera, donde se fumiga con venenos junto a casas y escuelas. (Fotos: lavaca/MU/ Sebastián Smok).

El leve arte de matar

Este jueves el Tribunal Oral de Goya condenó a 3 años de prisión condicional por homicidio culposo al productor tomatero Oscar Antonio Candussi, por la muerte del nene de 4 años José “Kili” Rivero, en la localidad correntina de Lavalle. El crimen ocurrió en mayo de 2012. Los fundamentos serán leídos el 15 de junio de 2023.

Se encontró culpable a Candussi de fumigar con pesticidas organosfosforados en su plantación de tomates distante a 15 metros de donde vivía Kili Rivero.

Sin embargo, el productor condenado no irá a prisión por tratarse de una pena en suspenso, que establece que no deberá cumplir privado de la libertad.

«La verdad es que siento que no fue el resultado que nos hubiera gustado porque este hombre mató a un niño inocente y recibió menos condena que una persona que usurpó un predio municipal» dijo a lavaca Eugenia Sánchez, la madre de Kili, tras conocer el fallo.

“Es una sentencia injusta, una sentencia de terror. Vamos a esperar los fundamentos y a presentar el recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia provincial revoque el fallo”, planteó el abogado querellante Hermindo González ante la consulta de esta agencia.

Sentencia agrotóxica en Corrientes: el segundo asesinato de Kili Rivero

Kili y su hermana murieron por enfermedades asociadas a los agrotóxicos. En la foto, su madre, Eugenia, en la huerta familiar donde cultivan diversidad, sin venenos: allí cuelga una parra sembrada por Kili: “Él era mi ayudante; cultivaba, tenía las manos del papá, la mano de las plantas”, cuenta en la entrevista concedida a MU. (Fotos: Lavaca/ MU/ Sebastián Smok).

El (in)cumplimiento efectivo

¿Por qué considera que Candussi debió ser juzgado por homicidio simple? Responde el abogado: “Porque la acción encuadra dentro de la figura de dolo eventual. Quiere decir que conociendo la peligrosidad de los químicos que iba a aplicar y lo que podía provocar en las personas, llevó adelante esta conducta sin interesarse en la salud y la vida humana. Sin dudas, merece una pena de cumplimiento efectivo”.

El fiscal del juicio se llama Guillermo Barry y en sus alegatos sostuvo que el imputado tuvo la culpa por estar acreditada la existencia del hecho y porque si tomaba los recaudos necesarios para realizar esa actividad, no hubiera provocado el daño. Sin embargo, pese a que su actividad provocó la muerte de Kili Rivero Guillermo Barry solicitó que se lo condene por el delito de homicidio culposo, con una pena de tres años en suspenso.

“El fiscal acreditó casi lo mismo que yo, sin embargo pidió sólo tres años y en suspenso. Habría que preguntarle a Barry cuál es su criterio para sostener ese pedido, porque no se entiende cómo si hizo una construcción muy similar a la mía, pida eso; es algo increíble” dice el abogado.

En el último número de la revista MU publicamos una investigación sobre el estado de las cosas en Lavalle, Corrientes.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con el fiscal Barry pero no respondió los reiterados llamados.

Asesinato x 2

Hermindo González expresó así su indignación ante el fallo: “No es una condena, es casi un beneficio, un privilegio. Y para toda la comunidad una burla; es ratificar que hay sectores protegidos para cometer este tipo de hechos y abre la puerta a que se continúe de la misma manera, sin que importe la vida de los pibes de Corrientes”.

El abogado traza una distinción: “Desde el punto de vista objetivo y profesional me sorprende el fallo porque los elementos probatorios marcan otra cosa; ahora, desde el punto de vista subjetivo y de comprender el funcionamiento del poder judicial y el modo en que ayuda a estos sectores, no me sorprende para nada”.

La sensación: “Es muy mala, no es la sensación de haber obtenido justicia. La familia está muy mal, el padre se descompuso dos veces; vinieron con la esperanza de que pudieran tener algo de esa justicia tan anhelada durante 11 años, pero se van con lo mismo o peor, porque vinieron con su hijo asesinado y se van con su hijo asesinado por segunda vez. Esta sentencia lo vuelve a matar a Kili”.

Aquí acompañamos la nota de lavaca, publicada por la periodista Anabel Pomar, que incluye el informe completo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, confirmando la situación en Lavalle, Corrientes.

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Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

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Cinematique Abasto es una expresión que combina teatro, música y cine, y forma parte de Abasto in situ, un ciclo de obras realizadas en el espacio público que busca fortalecer los vínculos entre las artes escénicas y el barrio. La obra es un intento por frenar en público el curso de los acontecimientos. Un grupo de chicas vestidas de rojo, nos invitan a transitar un momento “fuera del tiempo”: con la actuación, las melodías, las imágenes y con nuestra complicidad, es altamente probable que se logre el objetivo.

¡Hola mundo! ¿Cómo estás? Saluda desde la ventana. Y ese mundo abarca al grupo de chicos que cruzan por Gallo en dirección a Tucumán, a la señora que pasa con su changuito semilleno, a la pareja que camina de la mano, al papá con su pequeña hija y también a quienes estamos sentadxs en cuatro filas de sillas que dejan libre la vereda de la fachada de Roseti Espacio y arrancan justo detrás del cordón amarillo.  Y ese mundo no solo saluda a las personas, sino a un entramado de vivencias, gestos, recuerdos, a eso que somos más allá de nuestras ropas, a lo que no podemos dejar en casa sino que siempre viene con nosotrxs. Cuando arranca Cinematique Abasto, el presente adquiere el peso contundente de la atención puesta delante de los ojos y la liviandad de los momentos en que ruedan sobre las espaldas los pensamientos inútiles.  Los sábados a las cuatro de la tarde, en el barrio del Abasto, sucede lo extraordinario: el tiempo se detiene.

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Teatro filma barrio para hacer cine (foto gentileza Festival Abasto in Situ).

El arte del recreo

Dos chicas se asoman por las ventanas, una por la puerta. Otra toca el piano dentro de la casona pero no la vemos, todavía. Todas visten de rojo. Nos dan la bienvenida y entonan ese tipo de canciones que son producto de un momento determinado, de algo que sucedió, nos sacudió y la euforia nos lleva a expresarlo en una frase contenida en una melodía. Cantan y también hablan con la gente que pasa por allí. Entonces aparece lo inesperado. Las personas abordadas responden las preguntas, sonríen, saludan. Algunas continúan su marcha, otras se quedan. Una es recibida con una historia surgida de la imaginación de una de las chicas de rojo. Quizás algo de lo que cuenta sea cierto o quizás no, pero eso nunca lo sabremos. La mujer ríe y sigue camino.

Cinematique Abasto es un recreo, una manera de mirar el mundo, un método para celebrar el juego. El cine también tiene su lugar dentro de la casona. Y lo que vemos no es una película ya filmada sino la filmación de una película. Una forma de intuir que cada vida puede ser tomada como un film en constante “Rec”, con un director/a/e que tendrá que tener en cuenta la magia de lo imprevisible. En esta ocasión, una hora y media después, nos espera un final. “Si este fuera el final ¿con quién te gustaría estar?”. Queda flotando en el aire la pregunta que nos hace la chica que antes tocó el piano y ahora toca la guitarra, a un par de cuadras de Roseti Espacio, porque la vida no es quedarse quietx, entonces a esta altura ya estamos en otro lugar.

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Foto gentileza Festival Abasto in Situ.

Fundirse con la calle

Las actrices son Dana Crosa, Denisse Van der Ploeg, Micaela Tapia y Delfina Oyuela, dirigidas por Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, con dramaturgia de todes, sumadxs Milva Leonardi y Gonzalo Bao.  Dana cuenta: “El objetivo desde el principio fue que el teatro se mezcle y se funda con la calle. Todo lo que sucede con la gente es lo más rico y más vivo de la obra, porque es lo que está pasando en el barrio en ese momento y es el gesto que también tiene la obra hacia el afuera, que es transformar la realidad. Es un intento de detener el mundo y el mundo se suele detener, aunque sea breve, fugaz pero se detiene y cuando pasa es espectacular”.  

Delfina, quien se dedica a la música y en esta obra se descubrió pianista, aporta: “En algún punto es una historia que podrÍa no ser contada. Habla de un montón de cosas y de nada a la vez. No se ocupa de algo grandioso, intenta agarrar lo pequeño y que a la vez es lo más grande de la vida. La obra no está hablando de ninguna gran hazaña, ni drama, no se ocupa de grandes tareas, es una especie de gran celebración, de reflexión, de juego. No sabemos quiénes son las chicas, si existen, si son seres fantásticos que logran entrar en algo del interior del ser humano”.

Roseti Espacio

Gallo 760, CABA

Sábados, 16 hs, hasta el 15 de julio

Teatro & alrededores: las chicas de rojo dan abasto en el barrio

Las actrices de de Cinematique Abasto (foto, y foto de portada: Francisco Castro Pizzo).

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LA NUEVA MU. Verdad o consecuencia

La nueva Mu
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