#NiUnaMás
Diario de una lucha: un nuevo pedido de justicia de la familia de Lucía Pérez
Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Pérez, viajaron desde Mar del Plata a la Ciudad de Buenos Aires para seguir exigiendo justicia por su hija. Las reuniones en La Plata con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y en la ExEsma con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Y lo pendiente: el nuevo juicio por el femicidio de la joven de 16 años y el pedido de juicio político a los jueces que dejaron impune su asesinato en primera instancia.

Marta Montero tuvo que trabajar doble jornada para poder viajar a la Ciudad de Buenos Aires.
Para exigir justicia por su hija, Lucía Pérez, a más de cuatro años de su femicidio y a casi dos del vergonzoso fallo que absolvió a todos los acusados, Marta debió hacer doble turno en el hospital donde es enfermera, en Mar del Plata, para que no le descontaran el día. Sabía que el viaje a La Plata, capital bonaerense, y las reuniones que pudiera tener en la Ciudad, le iban a significar 72 horas. Ya tenía dos francos -el “semanal” y el “permitido”, por el acumulado de días trabajados-, pero aún quedaba resolver el tercero. Por eso, el sábado hizo doble guardia, de seis de la mañana a seis de la tarde. El domingo, media. El lunes, a las 10, Marta llegó a La Plata con su marido, Guillermo Pérez, para reunirse con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense; Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contras las Violencias por Razones de Género; y Silvina Perugino, a cargo de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género.
“La gente a veces piensa que vivo de las marchas, pero así es cómo se transformó mi vida y la de mi familia, que vivía en paz y de su laburo”, dice Marta a lavaca, luego de regresar a Mar del Plata. Con esa lucha, la misma cuyo grito de bronca motorizó el Primer Paro de Mujeres en Argentina, hace dos meses logró que la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires anule el fallo que había dejado impune el femicidio y ordenó “un nuevo juicio con la premura que el caso amerita”, pero que aún no tiene fecha.
Pero lo que queda claro es que, sin ese motor de Marta, nada ocurre. “En el Ministerio fuimos claros en preguntar en qué nos podían ayudar y cómo pueden hacerse presentes, porque se necesita mucho, desde dinero hasta que el Estado nos apoye porque yo no hago estas maratones porque tengo ganas. Si vamos a la raíz, a la irresponsabilidad de permitir lo que le pasó a Lucía, es el Estado el que permitió que estos narcos vendieran drogas y que su despacho común fuera esa escuela. El Estado nunca ayudó a esos chicos, porque no solamente era Lucía. Cuando una ve esa desidia, una se pregunta: ¿dónde está el Estado? ¿Qué es el Estado? Sabemos que este es un lugar con pocos fondos, que ellas hacen lo que pueden con lo que tienen, pero lamentablemente acá no hace falta buena intención. ¿Cómo puede ser que haya un jury y no avance?”.
Eso fue el lunes.
Los narcos y el Estado
El martes volvieron a La Plata para ir hacia la Suprema Corte bonaerense. La defensa de los acusados Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, presentaron una queja ante la Corte por el fallo de Casación, por lo que Marta y Guillermo querían saber en qué estado estaba esa instancia para poder avanzar con el nuevo juicio. “Nos dijeron que la causa recién había llegado el día anterior. Para nosotros el martes ya tenía que vencer el plazo. A nosotros cuando nos dicen en 10 días, tenemos que hacerlo así. ¿Y ellos? Otro ejemplo: en la Secretaría de Enjuiciamiento, donde se maneja el tema del Jury, no tienen la causa. El recurso estaba en trámite, la copia digitalizada del juicio político tampoco estaba”.
Marta ya no se sorprende: “Es como si fuera una burla, pero ya estamos acostumbrados. Por nuestra parte, sólo tenemos que seguir caminando y haciendo las cosas. Ellos están acostumbrados a hacer esto con la gente, pero no se lo vamos a permitir”.
El pedido de juicio político es para los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, que en un fallo bochornoso, revictimizando a Lucía, absolvieron a los acusados Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por el femicidio. Maciel murió este año. El pedido de destitución fue promovido en 2019 por las entonces diputadas Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti y Romina del Pla, y el diputado Facundo Moyano. Luego del pedido el juez Aldo Carnevale pidió la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, por lo que el proceso continuará solamente para los magistrados Urso y Viñas. Además, Marta se enteró que debe afrontar el pago de una caución para continuar el jury.
Femicidios de Estado
El segundo día de su viaje Marta y Guillermo fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en la sede de la exEsma. “Se comprometió a ayudarnos en ese tema. Nunca había ido a ese lugar. Es muy siniestro: en ese lugar se torturaban a las mujeres, le sacaban a sus hijos, y yo ahora fui para hablar de cómo habían torturado a mi hija”.
-¿Qué peso tiene que te haya recibido?
-Acá tenemos que hablar que estos no son crímenes de un novio celoso, de un marido inexperto. Estamos hablando de femicidios narco. Esto que hicieron con Lucía lo hicieron con Melina (Romero, asesinada en 2014), con las nenitas de Jujuy. Ellos tienen el poder. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de Lucía?No le quito peso a ningún femicidio porque es una tragedia para la familia y una destrucción terrible del tejido social, pero estamos hablando de casos donde es el narco que está protegido por la policía y por el Poder Judicial. Esto es lo que nos pasa y se tienen que hacer cargo. ¿Vamos a terminar como México, si no? ¿A qué queremos llegar? Porque a estos jueces no les hace falta perspectiva de género: les falta humanidad.
Eso fue el martes.
Marta se volvió así a Mar del Plata con dos fechas próximas en la cabeza: el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, y el 26, a dos años del fallo absolutorio. “Ambos días nos encontrarán en las calles y con actividades”.
Eso fue el miércoles.
El jueves, a las 5:45, Marta ya estaba trabajando otra vez.
#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón

Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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