Nota
Dos años sin Luciano
Al cumplirse dos años de la desaparición de Luciano Arruga, familiares y amigos convocan a participar mañana, sábado 29 de enero, de una jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Tocarán su música Las Manos de Filippi, Jamaicaderos, y Falopa, entre otros. Habrá talleres, proyecciones, y teatro. La cita es en Av. J.M. de Rosas al 400, (Lomas del Mirador) a partir de las 10 de la mañana y durante todo el día.
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Escuchá la convocatoria
Luciano Arruga, adolescente de 16 años desapareció el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las sospechas caen sobre la institución policial, no sólo por su desaparición sino por el «reclutamiento» de chicos para delinquir. Vanesa Orieta es la hermana de Luciano, y cuenta a lavaca: «Hay pruebas bastante contundentes contra 8 de los policías del destacamento de Lomas del Mirador, tuvieron contradicciones evidentes entre ellos, pero ninguno está preso, ninguno está procesado, y lo más terrible: siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. Se va perdiendo la paciencia». Los policías sólo aparecen como testigos en la causa.
Vanesa plantea las cosas sin falsas ilusiones: «En un momento comprendimos que Luciano no iba a aparecer con vida. Buscamos el cuerpo. Pero si los policías siguen en funciones, ¿puedo pretender que mi hermano aparezca? La falta de compromiso del sector político los hace cómplices también de la desaparición. Son los que implementan políticas para matar a los pibes de los barrios pobres. Pensar en encontrar el cuerpo sigue siendo una utopía con estos personajes nefastos del sistema político y judicial». Hay en Vanesa una especie de determinación simbolizada en cuatro palabras: «No abandonaremos la lucha».
El caso
El día del crimen Luciano Arruga, 16 años, fue a jugar al Sega con dos amigos hasta el mediodía. Volvió a casa, miró a Mónica con media sonrisa de complicidad y le dijo:
-Má, ¿me das algo de plata que salgo un rato?
A Mónica ya le pasaba lo que a tantas madres, que tienen que levantar la cabeza para mirarle los ojos a esos nenes que de golpe les llevan una cabeza de ventaja. Le regaló una sonrisa, y le dio todo lo que tenía: 25 centavos.
Luciano fue al quiosco a comprar un cigarrillo suelto. La señora del quiosco le preguntó cómo andaba. Él contó su proyecto de retomar los estudios. «Quiero regalarle el título secundario a mi hermana». Tuvo premio: dos cigarrillos más. El chico se quedó como siempre en la plaza República Argentina con sus amigos, a media cuadra de su casa: largas charlas, algún tiro al arco en la canchita, compartir el tiempo de esa tarde de verano, viernes 30 de enero. Volvió a casa ya de medianoche. Sus hermanos más chicos dormían y Mónica lo escuchó, pasaba a buscar su campera blanca. Luciana caminó cinco cuadras para ir a lo de Vanesa, la hermana a la que quería regalarle el título secundario, estudiante de Sociología y en pareja con un joven abogado. No la encontró. Volvía para su casa cuando sobre la avenida Mosconi, de Lomas del Mirador, lo paró un patrullero policial. Había gente en la avenida, que vio cómo lo palparon. Hubo maltrato, cuentan. Dejaron ir al chico, que siguió por el camino de siempre hacia su casa. Nadie sabe si Luciano se dio cuenta de que el patrullero lo venía siguiendo. Ya era la madrugada del sábado. En Perú y Pringles, la esquina de la placita, dos testigos que no declararon todavía en la causa vieron que un chico de campera blanca era golpeado y metido a la fuerza en un vehículo policial del destacamento de Lomas del Mirador. Una vez en el destacamento, otro testigo lo vio golpeado y ensangrentado.
Ese es el crimen: desde aquel 31 de enero Luciano Nahuel Arruga desapareció.
Entre los protagonistas que rodean a este caso -símbolo de lo que son los desaparecidos del siglo 21- se mueven la policía, el poder judicial, los gobiernos, los vecinos, los medios: y la lista recién empieza. El simple arte de la curiosidad lleva a preguntas como ¿qué pasó? ¿dónde está? y ¿quién tiene la culpa?
La frontera
El barrio 12 de Octubre es apenas una manzana dentro de Lomas del Mirador. Todos lo llaman «La 12 de octubre», porque es una pequeña villa, con sus pasillos angostos y sus casas hechas con más pulmón que arquitectura. Enfrente está la plaza República Argentina, y por las otras calles hay chalets y casas más o menos coquetas, con jardines, enrejadas, alguna que otra 4 x 4. Una frontera es la calle Perú. En una esquina está la humilde casa de ladrillos de Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Cruzando Perú, se levanta el chalet de tres plantas de Gabriel Lombardo, repartidor de alimentos en el barrio, y creador de valmi (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador). Lombardo fue uno de los propulsores de la creación del destacamento policial ubicado en la calle Indart, y cumplió el rito de cortar la cinta de inauguración del lugar en 2007, entre sonrisas y aplausos uniformados.
Pararse en el medio de la calle Perú genera una sensación extraña: ambiente tranquilo, y un salto de desigualdad de las veredas enfrentadas. Cualquiera que ande por allí sabe que cada 20 ó 30 minutos aparece un patrullero.
La casa de Mónica no tiene baño, y allí vive con sus dos hijos menores Mauro y Mario. Trabajaba como empleada doméstica, pero ya en 2008 se fue quedando sin empleo. Vanesa Orieta es la hija de su primer matrimonio, trabaja en una empresa de Morón, va por 2° año de Sociología en la UBA «y para Luciano era el amor de su vida». El novio de Vanesa, Damián Piraino, es junto a Juan Manuel Combi uno de los abogados de la causa.
Luciano es un chico divertido, con humor, pero es hincha de River. Mónica asegura que en los últimos años lo ha visto llorar por esa causa (cosa que puede confirmar cualquier simpatizante del club) pero con aguante: siempre pensó en tener un hijo varón, al que llamaría Enzo (por Francescoli) Ramón (por Díaz). «Horrible nombre» se ríe la madre. Luciano trabajó en una empresa fundidora de metales. Eso le permitió comprarse ropa, pantalones anchos, gorra. Mónica no recuerda durante cuánto tiempo estuvo en la fundidora. Le pregunta a Mario (13 años): «Trabajamos hasta octubre del año pasado, él 12 horas, y yo 7″ dice entrecortado antes de salir corriendo. «Le hace mal hablar de su hermano» dice Mónica, una mujer bajita, cálida, que oscila entre las sonrisas y las marcas que toda esta historia le van dejando en el ánimo.
Doce horas de trabajo, que además escaseaba. Por eso Luciano salía a cartonear con sus amigos de la plaza. «Con la plata se compraban un sándwich de milanesa, una bebida, unos cigarrillos». El chico cuidaba de sus hermanos cuando Mónica no estaba, les preparaba la leche o el mate cocido, sabía hacer tortillas de papa, iba a buscarlos a la escuela. El padre los había abandonado cuando él tenía 6 años. La nueva familia tipo: Mónica jefa de hogar, Luciano hombrecito de la casa. «Siempre le decía que tenía que mejorar el léxico. Hablar bien. Viste cómo son los chicos: bolú, bolú, todo el tiempo. Por eso también pensaba volver a la escuela».
Estaba aprendiendo a tocar una guitarra criolla que le regaló Vanesa, le gustaban los Redonditos de Ricota e Intoxicados, todo mezclado con cumbia colombiana. «Me cantaba y hablaba de las letras de amor de las cumbias». ¿Estaría preparando el terreno? César tiene un quiosco y vende choripanes dentro de La 12, describe a Luciano como «un pibe excelente, de lo mejor que hay acá» y cuenta lo siguiente: «Una vuelta vino muy serio y me dijo: Don César, necesito hablar con usted porque quiero ser el novio de su hija y preciso su permiso».
Los chicos tenían su esquina favorita, en Perú y Arriola. Mónica muestra lo que hizo su hijo cuando el asfalto todavía no estaba seco. Se lee «Luciano» junto al cordón. De puño y letra, con una maderita, le puso la firma a «su» esquina. En la frontera.
La oferta
Mónica vio un día de 2008, en la parada de su hijo y sus amigos, a un señor de pelo corto que manejaba un automóvil blanco. Luciano le contó algo de lo que estaba ocurriendo. Algunos chicos conocidos de otra villa cercana, la Santo Vega, le habían presentado a ese hombre, un policía, que le ofreció trabajar para él. Todo indica que esos chicos ya lo hacían, y Mónica misma cuenta que Luciano alguna vez les vio un revólver. «Él escuchaba y veía, pero nunca delataba a nadie. Me contaba algunas cosas como para que yo supiera», revela Mónica, que cuando quiso saber más recibió esta respuesta: «No preguntés ma, que cuanto menos sepas, mejor». El grupo de Luciano se completaba con Ari, Oscar y Timé. Se diferenciaban de los chicos de la Santo Vega justamente en esas relaciones, y en el asomo al mundo delictivo. «Los amigos de Luciano no te sacan un centavo ni aunque lo dejés arriba de la mesa».
Con fama de buen chico, tranquilo, no bocón, sin antecedente alguno, Luciano era candidato en cualquier «casting» del rubro delictivo. Para los «empleadores», a los 16 años los chicos son presuntamente más fáciles de sacar de la cárcel y, por natural inexperiencia, más controlables. «Por lo que me contó, el policía le dijo que si trabajaba para él nos iba a garantizar que nosotros estuviéramos bien» cuenta Mónica. Luciano rechazó la oferta. El hombre insistía. Mónica reconstruye el diálogo como se lo contó su hijo.
-Pero vos sos un gil, podrías vestirte bien, andar con ropa de primera, con las mejores zapatillas…
– No, loco, si quiero zapatillas se las pido a mi hermana.
– ¿Qué, te gusta andar viviendo de las mujeres a vos?
– Y bueno, cuando uno es lindo hay que aprovechar…
Así quiso salir del brete, con su humor veloz y estilo. No funcionó. «Después de eso lo empezaron a perseguir. Y pasó lo de septiembre».
Luciano Nahuel Arruga fue detenido en septiembre de 2008 y llevado durante varias horas al destacamento de Lomas del Mirador. No es una comisaría ni una cárcel, por lo cual mantener a alguien allí detenido es ilegal. Lo tuvieron en la cocina. Vanesa lo escuchó gritar por los golpes que le daban y denunció que su hermano fue amenazado del siguiente modo: «Negro de mierda, te van a violar en la 8ª y vas a aparecer en un zanjón». Mónica presenció cómo al salir, su hijo discutía a los gritos con uno de los uniformados, y lo señalaba como uno de los golpeadores. «Lo calla usted o lo callo yo» le dijo el policía mirándola. Le adjudicaban el robo de dos celulares, típica acusación comodín de la policía -y nunca comprobada- para justificar la «demora» del joven. Los moretones y la renguera por los golpes, comprobados en el Hospital de San Justo, van a la cuenta de la sistemática tradición de las «fuerzas del orden». Mónica: «A partir de ese momento dejó de salir a cartonear por el miedo. No fue más a bailar. Luciano, para ellos, era una piedra en el zapato». El mensaje era evidente, y en términos de El Padrino (Ford Coppola) se manifiesta así: «Son ofertas que no se pueden rechazar».
Luciano se repuso de los golpes de septiembre, trató de seguir su vida. Proyectó volver al secundario, acaso como un modo de acercarse más a su admirada Vanesa. A los 16 años, o a cualquier edad, nadie debería tener el destino marcado.
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Desaparición y lavandina
Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, ha declarado lo que es público y notorio: «No es un caso aislado, en muchos barrios los policías reclutan pibes para robar, y les liberan zonas». El método es idéntico al de los tiempos de la dictadura: la propia policía elige un blanco, «libera» la zona para que no aparezcan ni por error otros policías, y para que los ladrones-socios puedan actuar. Hace 30 años se usaba para que militares y policías no se tropezaran entre ellos al secuestrar personas.
Los abogados de la causa dan por probado que Luciano fue levantado por la policía en la esquina de Perú y Pringles, frente a la placita. Peritajes posteriores demuestran que estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador. Mónica asegura que al menos un testigo lo vio: «Yo no leí el expediente, pero lo que me dijeron es que ese testigo vio a Luciano golpeado y ensangrentado. Que lo colgaron como de un gancho. Un preso dijo que tuvo que limpiar la sangre de las paredes y del piso» explica Mónica en el único momento de la charla en el que no logra contener el llanto.
No sabía nada de esto cuando, con angustia, fue al propio destacamento, el 31 de enero, a denunciar que su hijo no había vuelto a casa. «Quedate tranquila que debe estar con alguna minita» le contestaron. «Ví al mismo policía que había visto en septiembre, haciéndose el que escribía algo y sin mirarme. Apenas me dijo que cualquier novedad me llamarían». Le tomaron una declaración pero no le dieron copia. Vanesa fue a reclamar esa copia, y se encontró con el penetrante olor de la lavandina en medio de un metódico ataque de limpieza del destacamento.
Un oficial de apellido Herrera se mostró comprensivo, quedó a disposición de la familia, y ayudó a pegar volantes de búsqueda de Luciano: «Después me di cuenta que estaba cerca no para ayudarnos, sino para vigilarnos».
Un método habitual desde los años 70 es el enloquecimiento sistemático de los familiares. En este caso apareció un misterioso anónimo diciendo que Mónica tenía que entregar droga para recuperar a Luciano. La Dirección Departamental de Investigaciones (ddi) se le instaló en la casa. «Ponían el rastreador de llamadas y todas esas pelotudeces para armar circo» se enoja Mónica. Hubo un llamado de un tal Leo, preguntando si Luciano «era sano» y sugiriendo «buscar entre los amigos». A la abuela de Luciano la llamaron un día a las 3 de la madrugada simulando ser de la oenegé0 Missing Children. Mónica recibió otra visita extravagante, de dos sujetos de más de 25 años, vestidos de un modo demasiado formal para ser amigos de Luciano, diciendo que lo conocían desde hacía tres años, de un boliche de Isidro Casanova. Luciano tenía 13 años en ese momento. Los Superagentes argentinos suelen mezclar lo perverso con lo patético. Mónica: «Todo era una burla para despistarnos».
La causa cayó en manos de la ufi 7 (Unidad Fiscal de Investigaciones) a cargo de Roxana Castelli. En términos sintéticos y comprensibles, durante 35 días que hubiesen sido cruciales, esta señora no hizo prácticamente nada. Mónica: «Mató 35 veces a mi hijo». Pimentel presentó una denuncia por inacción de la fiscal Castelli, y se logró pasar las actuaciones a la ufi 1 de la fiscal Cecilia Cejas, que en poco tiempo logró que un expediente de un cuerpo pasara a tener quince, tomó más de 50 declaraciones, 25 de ellas de policías, y quizás logre determinar qué ocurrió. Confirmó con los sistemas de identificación policiales que un patrullero estuvo esa noche varias horas en un descampado cercano. Los peritajes con perros parecieron confirmar que Luciano estuvo en el patrullero, y en el Destacamento. Ocho oficiales y policías fueron removidos de su cargo (los apellidos que se dieron a conocer son Sotelo, Borrego, Herrera, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz) y han sido careados en los últimos días.
El Sheraton
El abogado Juan Manuel Combi representa a la familia de Luciano, junto a Damián Piraino (pareja de Vanesa). Combi también relaciona permanentemente pasado y presente de las desapariciones. La comisaría 8ª fue uno de centros clandestinos de detención y torturas de la Policía Bonaerense, al que llamaban Sheraton. Fue dirigido en aquellos años por Leopoldo Luis Baume, responsable por la desaparición del artista Héctor Oesterheld, autor de El Eternauta.
Sobre el hecho en sí de la desaparición, Combi razona: «No tenemos la principal prueba, que es el cuerpo. Si hay algo que enseñó la dictadura es que si no hay cuerpo, no hay verdad».
La desaparición en sí misma demuestra un hecho institucional, que exige planificación, una organización capaz de ocultar a una persona viva, o de eliminar un cadáver, contactos policiales y judiciales. «El Estado es el único que puede materializar una desaparición hoy en día. Un cuerpo desaparecido es un cuerpo violentado por el sistema».
-¿Qué presión ejerce ese Estado ya en la instancia legal?
-Hay muchos testigos que todavía no quisieron declarar en la causa, porque la policía está metida todos los días en el barrio. No es fácil declarar en su contra. Hubo amenazas a la familia, a los abogados, a los testigos y hasta a los organismos.
-¿Hay otras denuncias en el barrio?
-Testigos en la causa de Luciano declararon que cada vez que fueron detenidos en la Comisaría 8ª, de la que depende el destacamento, los colgaron de las rejas hasta que se les dormían los brazos y ahí les empezaban a pegar. Un chico de 14 años declara en una denuncia haber sido quemado con cigarrillos. Estamos hablando de torturas.
-¿Qué ayudó a que el caso de Luciano se conozca y no muera en denuncias puntuales?
-La familia. Eso hizo la diferencia. ¿Cuántos Lucianos hay y no lo sabemos? ¿Cuántas familias no saben ni dónde queda un tribunal y no sabe que no hay que hacer la denuncia en la policía? Seguirá habiendo desaparecidos de este tipo, es tan cierto como lamentable, pero también habrá gente que luche por ello como esta familia.
Combi considera que tanto el caso de Luciano como el de Jurlio López son advertencias. «Señales de que el sistema funciona con impunidad en medio de la desigualdad. La gente que lucha por la seguridad de llevar el pan a su casa no tiene los mismos derechos que la que quiere seguridad para su 4 x 4″.
Combi agrega lo que se percibe desde hace años: «Quien no reconozca que la policía opera como una fuerza delictiva, es un hipócrita».
Como Argentina obliga a aclarar obviedades, hagámoslo. Luciano y sus amigos parecen ser según todas las versiones un grupo tranquilo, y no hay prueba alguna de que hayan delinquido. Pero aún en el caso de un delincuente, el mecanismo de la desaparición, la tortura y el homicidio sistemático por parte de las fuerzas de seguridad y sus cómplices que integran el Estado, es lo perverso en estado puro: el crimen perfecto.
Susana y el mirador
Gabriel Lombardo es uno de los personajes del barrio. Ha asegurado en todos los medios que le pusieron un micrófono adelante que ha sido asaltado 39 veces, creó valmi y desde ahí promovió la creación del destacamento bajo sospecha. Sería de los que lleva el pan a su casa, ya que es repartidor de alimentos y en particular de pan Fargo, según cuentan en el barrio. Su enorme chalet fue sede de su encuentro, en plena campaña, del entonces candidato Francisco De Narváez, que le terminaría ganando las elecciones provinciales a Néstor Kirchner. En ese mismo chalet, en general los viernes, recibe con generosos asados al personal del Destacamento, aunque no es muy claro si sigue recibiendo a los que fueron removidos a raíz de la desaparición de Luciano. El señor Lombardo no es de los preocupados por el qué dirán. Ha declarado al diario La Nación: «Me dirán nazi o fascista, pero los malandras están en las villas».
La declaración-acusación o como se la quiera llamar, fue cometida como consecuencia de la desaparición de Luciano Arruga, convirtiendo a Lombardo en emblema explícito de la criminalización de la pobreza y los reclamos de mano dura. Lombardo también apareció con dos teorías televisivas: a) Luciano estaba en Córdoba; b) estaba en la villa 1-11-14 de Bajo Flores (otro blanco preferido de la gente a la que le dirán nazi o fascista).
La arenga de Lombardo se incrementó al infinito cuando también en Lomas del Mirador fue asesinado Gustavo Lanzavecchia, más conocido como Gustavo Damián, florista y decorador de la presentadora Susana Giménez. Lanzavecchia fue apuñalado, amordazado y arrojado a la piscina de su casa. Esto provocó que la señora Giménez reclamara la pena de muerte, aunque luego se desdijo, propuesta reproducida por otras personas de la misma índole y edad, como el músico Luis Alberto Spinetta, entre otros. Fue el 27 de febrero. El 3 de marzo hubo otro crimen, el de Hernán Landolina, personal trainer de Guillermo Cóppola, asesinado de un balazo en la cara.
Paradojas:
1. Pese al refuerzo policial, al Destacamento y a los Vecinos en Alerta, los crímenes siguieron ocurriendo en Lomas del Mirador. Tal vez sea una casualidad.
2. Ocurrieron muy cerca de la desaparición de Luciano, cuando se veía que la causa dormida en la ufi 7 pasaría a activarse en la ufi 1. Lograron exacerbar a eso que se llama «opinión pública» mientras los medios ninguneaban la desaparición del joven y Lombardo hablaba de «malandras en las villas». Tal vez sea otra casualidad.
3. Si se sigue el razonamiento del presidente de la apdh, y del abogado Combi, los destacamentos, refuerzos policiales y pedidos de mano dura, tienden a ser estúpidos, perversos, o a incrementar aquello que dicen combatir. Si hay zonas liberadas para chiquilines y adultos que trabajan a cuenta de instituciones policiales impregnadas por el delito, reforzar y cebar a esas instituciones sólo provocará más de lo mismo, y cada vez más impunidad para hacerlo.
Los familiares y organizaciones que están impulsando el caso han puesto luz también sobre la actitud de los medios. Vanesa escribió una carta al gobernador Daniel Scioli en la que menciona las falsedades publicadas por el diario Clarín y algunos de sus periodistas. Pero también denunciaron de qué modo los actos y reclamos por la desaparición de un chico de 16 años fueron sistemáticamente ignorados por toda la corporación mediática, incluyendo la oficial. Karma argentino: los desaparecidos siempre vuelven a desaparecer.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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