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El CEO de los derechos humanos

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Quién es y qué responde el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sobre el terrorismo de Estado y otros temas clave de derechos humanos. Los 30 mil, la violencia institucional, el aborto, su cuenta en Panamá y cómo busca el Estado hoy a los desaparecidos en esta entrevista realizada para la MU n°103 en septiembre pasado. Perfil y entrevista del CEO de los derechos humanos.

A la semana de asumir, el secre­tario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, citó a todo el plantel en el predio de la Ex ESMA, donde tiene su oficina. De un total de 1.200 emplea­dos fueron apenas 100. Ante el auditorio diezmado, formuló sus primeras definicio­nes: “Voy a seguir con las políticas de Memo­ria, Verdad y Justicia”. Quienes ya lo cono­cían por su gestión como subsecretario de derechos humanos en Ciudad o cuando fue representante de la DAIA, advirtieron en­tonces que Avruj suele acomodarse en el tre­cho que cava entre los dichos y los hechos. Licenciado en organización institucional por la Universidad Bar Ilan, su fuerte es mante­ner un trato amable con los más variados ac­tores sociales y utilizar la técnica que le ha enseñado su coach personal: escuchar.
Buenos muchachos
Claudio Bernardo Avruj se hizo co­nocido como encargado de las rela­ciones institucionales de la DAIA durante la dirección de Rubén Beraja, en pleno atentado a la AMIA. Si bien no está claro si Avruj fue la mano derecha o la iz­quierda de Beraja -quien está imputado por haber pagado dinero para desviar la inves­tigación- fue su sombra.
Avruj fue director ejecutivo de la DAIA en­tre 1997 y 2007, época en que su director ad­junto era Alfredo Neuberger, quien aparece mencionado en los Wikileaks por sus infor­mes a la Embajada de los Estados Unidos. Neuberger, además, fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobier­no de la Alianza, quien fue recientemente condenado por la represión del 19 y 20 de di­ciembre del 2001.
Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, es otro nombre asociado a Avruj. Yanco es presidente del Instituto de Estu­dios Argentinos (Idear), una de las usinas de pensamiento Pro, y comparte con la productora de la familia Avruj un progra­ma televisivo sobre la colectividad judía llamada Vis-A-Vis. Según revela Tiempo Argentino en su investigación conjunta con MU, Vis-A-Vis recibió pauta del gobierno de la Ciudad en 2014, cuando Avruj ya era funcionario del gobierno porteño.
Otro nombre más polémico: Jorge El Fino Palacios, a quien Avruj conoce desde su gestión en la DAIA. Según el periodista Jor­ge Elbaum, Avruj fue uno de los impulsores del premio que se le entregó al comisario Palacios “por su compromiso en la Causa AMIA”, antes de ser acusado de encubri­miento. Distintas fuentes coinciden, ade­más, que fue Avruj quien se lo presentó a Macri para su nominación como jefe de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, cuando el 26 de octubre de 2010 declaró ante la comisión investigado­ra especial sobre las escuchas ilegales de Palacios, Avruj precisó que lo había reco­mendado el ex embajador de Israel, Rafael Eldad y que había compartido varios even­tos sociales con el comisario, a quien des­cribió como alguien “muy apreciado por la comunidad judía”.
El elegido
José Schulman, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, lo define de esta manera: “Es un cuadro de la derecha del siglo 21, no del siglo 18”.
Schulman, como parte de la colectivi­dad, enmarca a Avruj dentro del sionismo: “Ni siquiera tiene una onegé trucha como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que practica la compasión. Avruj es otra cosa: es parte del sionismo mundial que crea fun­daciones para recaudar fondos”. Así inter­preta la sociedad que se le descrubrió en pleno Panamá Papers: Kalushy, creada el 27 de julio 1992, cuando Avruj era director de la organización judía B’nai B’rith, orientada a la asistencia social. Avruj vivió en Venezue­la y Panamá cuando formó parte del staff directivo de esa organización.
En la sociedad Kalushy también figura su esposa, Elisa Alfie.
La feria de los derechos
En 2007, Avruj deja la dirección ejecu­tiva de la DAIA y asume como direc­tor de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Elbaum asegura que luego una comisión investigadora revisó su gestión económica, en particular los precios de la edición de materiales gráficos.
En 2011 asume como subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Su ges­tión se caracterizó por la disolución del área de violencia de género y el vaciamiento de recursos destinados al Parque de la Memo­ria, espacio que tras la visita del presidente Obama se convirtió en la imagen principal del portal de la Secretaría que ahora dirige.
Otra característica de su gestión porteña fueron las ferias destinadas a colectivida­des, cuyo hit fue la gastronómica Buenos Ai­res Celebra. Gabriela Alegre, ex legisladora del Frente Para la Victoria, ocupó el mismo cargo que Avruj en la subsecretaría porteña. Dice: “No está mal promover la diversidad cultural de todas las colectividades, pero es un negocio donde lo único que hacen es ven­der. Es la lógica PRO: promover negocios privados a costa del Estado”.
Schulman analiza otra variable: “Es una política doble, hipócrita. Por un lado se fo­menta celebrar la diversidad cultural, al tiempo que se convive con talleres textiles clandestinos y de discriminación hacia los migrantes latinoamericanos”.
Además de los contratos nunca transpa­rentados sobre los empresarios que acce­dían a los puestos de Buenos Aires Celebra, estas fuentes señalan que las impresiones destinadas a este tipo de eventos “se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glas­man”. Glasman es propietario de la im­prenta Mimeográfica S.A., además de pro­secretario del Museo del Holocausto, del cual Avruj es presidente honorario.
Avruj asumió esa presidencia siendo subsecretario de Derechos Humanos, y la mantiene hasta hoy. Ahora sumó otro car­go: se nombró a sí mismo presidente del instituto de Derechos Humanos de la UNESCO.
En el pliegue de ese perfil internacional y la atención doméstica de los derechos humanos, Avruj juega un rol clave: “Cuan­do entienden que van a tener una política abierta hacia el mundo y que en ese mundo los derechos humanos gozan de un con­senso muy fuerte, se dan cuenta -sobre todo con la primera visita de Hollande (presidente de Francia)-, que no pueden ningunear a los organismos porque tienen un peso específico en la imagen interna­cional de Argentina. En ese sentido en­tienden el rol de la Secretaría, en función de los negocios que pretenden y la plata que necesitan que venga. La ambición es la de crear a un tipo con prestigio en organis­mos internacionales. El más consciente de eso es Avruj y Macri lo está aprendiendo”, interpreta Schulman.
Sigue Schulman: “Y hay otra cosa que Macri está aprendiendo: no es fácil arreme­ter contra el movimiento de derechos hu­manos. Le volteamos a Lopérfido, le frena­mos la libertad de Etchecolatz, evitamos que venga Obama a la ESMA, y ahora estamos peleándola para que aceleren los juicios”.
En cuanto a los organismos de derechos humanos, Gabriela Alegre distingue un trato distinto hacia Madres y Abuelas y otro, hacia HIJOS: “Intentan hacer quedar a HIJOS como violentos, como cuando los asociaron con las piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata”. Schulman razona por qué: “Por dos razones: porque los HI­JOS ya plantearon la diferencia entre la ley y la legitimidad y porque si hay un genoci­da libre van a ir a escracharlo. Y por algo más pragmático: a diferencia de nosotros, que tenemos 70 y pico de años, ellos tienen 35. Se las van a tener que ver con HIJOS por los próximos 50 años”.
Genocidas go home
Avruj vive a tres cuadras de la ex Es­ma. Desde el primer día llega pun­tual a su oficina y cumple riguroso horario. Según trabajadores despedidos, su trato al comienzo fue amable: “Nos sa­ludaba con un beso cada mañana”. Luego, llegaron las rispideces. “Lo primero que hicieron es pedirle al jefe de logística que guardase un ejemplar de cada libro y folle­to que sacó la Secretaría los últimos 13 años, que habíamos hecho nosotros. Y or­denaron tirar todo el resto”. Primero, cuentan, querían quemarlos. Luego acep­taron venderlos como papel.
Entre los hombres clave en el manejo de la Secretaria, los trabajadores distinguen a uno del ámbito empresarial, que ubican en una oficina especial: El Hombre del Cubícu­lo. Luego, señalan al director de prensa, Hernán Bubu Arbinder.
Arbinder fue el encargado de comunicar a los empleados la nueva línea: “Queremos cosas que alegren a los argentinos, nos de­cía”. Lo concreto es que la agenda fijada en Ciudad se trasladó a Nación: pueblos origi­narios, diversidad sexual, comunidades. Para estas actividades, “la agenda de con­tactos que utiliza es la misma de la Ciudad”, aseguran quienes estuvieron en la organi­zación de algunos eventos.
Otro de los ejemplos que ilustran los nue­vos aires de la Secretaría llegó cuando Avruj debió expedirse sobre la prisión domiciliaria a los genocidas. En el blog Pacificación Nacio­nal Definitiva se puede escuchar el audio en el cual Alejandro Patrón Costa (h) relata la reu­nión que mantuvieron con Avruj los defen­sores de los genocidas presos.
Los planteos:

  • Que la Secretaría deje de ser querellante en las causas por delitos de lesa huma­nidad. La respuesta de Avruj: no.
  • Otro: que no sean llamados “delitos de lesa humanidad”. La respuesta de Avruj: “Para él está bien llamarlos así”, lamen­ta Patrón Costas (h).
  • Finalmente, plantearon el tema de las prisiones domiciliarias. “Avruj nos dijo que ese era el camino: movilizar denun­cias sobre la situación de los presos, por cada caso en particular”.

El relato de Patrón Costas coincide con lo que cuenta un empleado de la oficina de prensa: El Hombre del Cubículo le pidió que escribiera una editorial política que sería firmada por el secretario. “Me dice: ‘Poné que están muy viejos, enfermos y que en algunos casos se pelean con sus compañeros de celda. Decí que ante esos casos, aceptaría la domiciliria’”.
El joven, que venía de la anterior ges­tión, se negó.
El Hombre del Cubículo le dijo enton­ces: “Dejá, se lo pido a otro”.
En marzo el diario La Nación –entusias­ta defensor de genocidas- publicó un re­portaje en la cual Avruj expone estos con­ceptos.
Medios, adentro
Dirigido por Bubu Arbinder, el es­quema de la Secretaría incluyó la creación de un nuevo cargo: la subdirección de prensa, ocupada por Ro­berto Bobby Menna.
Bobby, a diferencia de Bubu, viene de la tevé y según los ex trabajadores, “tiene to­dos los contactos con los medios”. Ade­más, en la dirección de prensa fue contra­tada la joven novia de un famoso productor de radio Metro, “con los contactos del ám­bito radial”. Y también, un joven panelista del noticiero de las 18 horas del Canal 26. “Metieron mucha gente vinculada a me­dios, con muchos contactos: ahí tenés no solo una política de cara a los medios, sino los medios adentro”.
Aportan una anécdota para resumir qué rol juega Avruj y su Secretaría dentro de la geopolítica comunicacional de Cambiemos:

  • Lo que van diciendo es un grupo de What­sapp que enlaza a los principales funcio­narios del gobierno nacional con Marcos Peña y su equipo de comunicación.
  • A fines de enero llegó a esa lista el men­saje de que Darío Lopérfido, por entonces Ministro de Cultura porteño, había rela­tivizado el número de desaparecidos.
  • Luego, desfilaron los mensajes del sis­tema de monitoreo de redes sociales que evaluaban las reacciones que habían co­sechado las opiniones de Lopérfido.
  • Por último, llegó la orden de Marcos Pe­ña para neutralizarlo. “Primero que salga Avruj”.

Y Avruj salió.
En primera persona
Estamos en la Esma, que aún impo­ne su pasado siniestro a pesar del Ex. Nos recibe Bobby Menna, quien se esfuerza por hacernos sentir como en casa. El nombre (en rigor es Roberto) y la cara recuerdan a un zapping televisivo, que luego sintoniza: Bobby condujo junto a Jésica Cirio el programa Impacto 9.
Una secretaria ofrece algo de tomar y en tiempo récord llega una moza con agua y café. En las paredes de la sala de espera cuelgan sólo dos cuadros con dibujos: uno de las Madres de Plaza de Mayo; otro de un chupete colgando de una celda. Dentro del despacho del secretario Claudio Avruj, la decoración cambia: sobresalen tres cua­dros, cada uno de una colectividad distin­ta: afro, musulmana y judía. Sobre el es­critorio, fotos familiares y en un rincón, fotos con el Papa y Obama. Y encima del sillón donde transcurrirá la entrevista, el retrato de Mauricio Macri con la banda presidencial.
Bobby se quedará durante toda la charla; luego, se sumará Bubu.
A diferencia de Bobby, Bubu no es cono­cido por su trabajo en los medios, que has­ta el día de hoy mantiene: a pesar de su función ministerial, sigue trabajando co­mo productor del periodista de Radio Mi­tre, Marcelo Longobardi.
En ese marco, Avruj comienza delinean­do los principales ejes de su política, que define como alineada “con lo que propone Naciones Unidas”. Resalta: “Obviamente un eje importantísimo es Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, pero no­sotros detectamos muchísimas ausencias del Estado a nivel federal en materia de de­rechos humanos. Un eje principal para no­sotros es pueblos originarios. El segundo eje es la diversidad sexual. Si bien nosotros reconocemos que durante estos últimos 25 años hubo un despliegue de derechos en cuanto a la diversidad sexual, sin lugar a dudas, hay una brecha muy grande entre lo legal y lo real. Y cuando recorrés el país -ni hablar del GBA- no se despliegan los dere­chos como en la Capital Federal. Esto lo he­mos visto en Salta, donde recién están dis­cutiendo la posibilidad de una zona roja para que la población trans pueda ejercer desgraciadamente la prostitución sin ser avasallados por la policía”.
¿La zona roja es la mejor solución para la ex­plotación sexual?
La zona roja no es la mejor solución, por­que sabemos que detrás de la prostitución están los que hacen negocios, está la droga y un montón… Pero no podemos prescin­dir de que la gente que tiene que llegar a esa situación vea sus derechos humanos permanentemente avasallados por la Poli­cía Federal, con complicidad del Estado.
En Salta, justamente, ya se realizaron 503 marchas contra la violencia institucional …
Era el otro foco que iba a mencionar: el te­ma de la violencia institucional. Es de los problemas más graves del Estado. En Ar­gentina tenés policías muy violentos en todo el país, muy violentos. Ni hablar que todos sabemos qué poder tienen las poli­cías locales. Es un país en el cual hoy la tortura existe en las prisiones: esto lo sa­bemos. Es un problema muy serio, here­dado desde principios de la historia, pero al cual la democracia no pudo darle solu­ción. Pero siguiendo en orden, el tercer eje novedoso que trajimos acá es el tema de la división nacional de multiculturalismo y pluralismo cultural. Yo lo instalé en Ciu­dad, esto fue muy bien visto por Naciones Unidas y por distintos organismos inter­nacionales como algo novedoso. Porque cuando uno mira colectividades, no es el folklore. Es eso, pero además son las redes de contención que crean las comunidades: todas tienen cementerios, escuelas, igle­sias centros deportivos, centros de asis­tencia social, hogares para ancianos, lo que quieras. El valor que eso tiene como sostén de acompañamiento del Estado es fantástico. Entonces, hay que potenciar.
Sobre el tema de las comunidades hay un ca­so aberrante: el asesinato de Massar Ba, un referente de los derechos senegaleses que murió a patadas en plena calle de San Telmo.
Sí, claro, el senegalés. Nosotros intervini­mos ahí. Estamos en contacto permanente con la comunidad senegalesa, con la cual yo tengo muchos vínculos desde la Ciudad.
¿La secretaría va a constituirse como quere­llante en la causa?
Ahí estamos trabajando y definiendo… porque ahí tenés también un límite. Como secretaria de Derechos Humanos no podés ser querellante en todos los hechos indivi­duales.
En este caso era un referente de los dere­chos humanos y hay presunciones de que el crimen involucra agentes del Estado, o que hubo una mala actuación policial
El Estado sí, es otra cosa. Porque si nos po­nemos a ser querellantes por cualquiera, primero que no tengo la atribución. Todos los temas de contención, de apoyatura, eso se está haciendo. El proceso de querellante ya no me corresponde.
Sobre otro de los ejes: pueblos originarios. En Salta una niña wichi fue violada y el com­portamiento de las instituciones del Estado constituyó una segunda violación…
Sí, sí, estuvimos, de hecho ahí intervini­mos. Porque yo tengo mucho vínculo con Ubilla, el que levantó el tema, que es un le­gislador del FPV justamente. Estuve en Salta, ahí se instaló el tema fuertemente, ahí vamos acompañando también.
Otro caso de violencia institucional: Belén.
Ese tema, bueno, tenía muchísimas defi­ciencias todo el trabajo que habían hecho los médicos, y la justicia posteriormente. Por eso nosotros presentamos el informe que nos transmitía a Naciones Unidas y bueno, nos reunimos con todos los orga­nismos de derechos humanos, con la abo­gada, y por suerte se logró la liberación.
Son 30 mil
Usted es presidente honorario del Museo del Holocausto y entende­mos que gracias a esa labor es que, de alguna forma, está aquí. Por eso puede entender mejor que nadie que cuando un funcionario pone en duda la cifra de desa­parecidos -y mucho más si se dice que es por plata o por susbsidios- está cometien­do algo más que un error. ¿Cuál es su inter­pretación?
Fui el primero que salió al cruce de las de­claraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de dere­chos humanos como búsqueda de demo­cracia y de verdad y tras el cual toda la so­ciedad ase enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión históri­ca y académica, pero por ahí no es el tiem­po, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento in­discutido por todo el mundo- tiene de­nuncias de 8.400 y pico. Que esas denun­cias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible.
Sobre todo porque, como usted repasa, las cifras y los aportes se hicieron siempre des­de organizaciones de la sociedad civil y no desde el Estado
Es que siempre es así.
Al día de hoy existen hábeas corpus sin res­puesta, por ejemplo el de Nora Cortiñas, que exige que el Estado le diga dónde está su hijo
Es lo que decimos siempre: los números siempre vienen desde las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que fue­ron diezmadas, que no quedó nadie? ¿Qué pasa con todas esas familias que se fueron al exilio o están acá y no denuncian? Pero está interpretado que vos tenés documen­tos donde los militares muchas veces di­cen que “para terminar este problema ne­cesitamos que mueran o desaparezcan miles”. Y hay documentos de ellos que di­cen 17 mil, hay documentos de 22 mil… ¿Y si son 40 mil? Hagamos al revés: si a lo lar­go de los años se demuestra que fueron 52 mil. ¿Qué van a decir? “Che qué boludos: no sabían que no eran 30 mil, sino 52 mil?” ¿Y en qué cambió la cuestión de fondo? Por eso hay que ser muy respetuoso y serio y cuidadoso con los números.
Otra cuestión que exige respeto y cuidado son las prisiones domiciliarias de genocidas.
Hay dos dimensiones que hay que enten­derlas muy bien. Una dimensión es lo emocional. Lo que representa un asesino – haya matado a uno o a diez, haya robado un bebé- para la inmensa mayoría de la so­ciedad. Ahora, como trabajadores y lucha­dores identificados con los derechos hu­manos sabemos que nuestra aspiración máxima es la justicia. Si Argentina tiene este plexo normativo en el que dice que a los 70 años el juez puede entregar la pri­sión domiciliaria, no es un tema de impu­nidad: es un cambio de lugar de cumpli­miento de la sentencia. Eso también hay que dejar claro: no es una amnistía o un “ya está, terminaste”. No. Te cambian el lugar de prisión y ahí tiene, la policía o quien corresponda, que velar para que la justicia se cumpla. Ahora, si la ley es taxa­tiva y dice: “a los 70 años, en situación de enfermedad y que no revista un peligro para la sociedad, el hombre es pasible de…”. Como organismo de derechos hu­manos, si eso es la ley, tenemos que ser los primeros en respetarla y no opinar desde lo político. Porque si no nos vamos a con­vertir en lo mismo que juzgamos. Acomo­damos la justicia según nuestra opinión. Y ese es mi límite.
¿El caso Etchecolatz es un límite?
Ahí entra a jugar lo que representa. Nadie puede desconocer en este concierto lo que representa Etchecolatz para la sociedad, o Videla en su momento. Nadie lo puede desconocer. Pero ahí había otro límite. Lo que sí vimos es dónde se sostuvieron los jueces y pedimos en la causa que se revise la decisión. Pero no podemos apelar por­que no estamos habilitados. La ley no lo permite. La ley te dice que una prisión do­miciliaria la pide el detenido al juez que lo condena; y el único que puede apelar es el fiscal: la querella no.
Las posturas garantistas, el debido proceso y a la presunción de inocencia no están en cuestión. Son condenas firmes los casos de Etchecolatz, de Weber, de Menéndez …
Esos son los conocidos.
Y hay muchos desconocidos que preferiría saber quiénes son porque me los puedo en­contrar en la panadería.
Para el familiar es el mundo, porque fue torturado. Para José Pérez, que nadie lo co­noce, ese es el mundo.
¿Un mundo en el que Hitler puede ser tu vecino?
Ya que tocás el tema de los nazis: Priebke fue un asesino de las fosas en Italia, un capo SS, el tipo es responsable de haber matado 800 judíos. Vivió toda su vida co­mo un gran hombre, fundador de escue­las, en Bariloche. Se lo detecta y se lo de­tiene en el 95. En el 96 logamos que se extradite. Llegó a Italia y murió en su ca­sa, porque la ley le daba la domiciliaria. O sea, no es el primer caso. Hay que separar lo emocional de lo real. Y también creo que hay que desprejuiciar a la sociedad en esto de la impunidad. Porque ¿cuál fue el proceso histórico en estos últimos tres años de las domiciliarias? Hoy tenés da­das 465 domiciliarias a fecha de hoy. 441 se dieron hasta antes del 10 de diciembre. Con toda la oposición que yo puedo tener al gobierno anterior, nadie le va a decir “estuviste trabajando por la impunidad de los militares”. Nadie se lo permitiría. Entonces hay que empezar a desprejui­ciarse. Si hablamos de derechos humanos lo mejor que nos puede pasar como socie­dad es someternos a Derecho todos y cumplir la ley. Abramos la cabeza.
En el sentido de “desprejuiciar”, nosotros también le hicimos las preguntas que tenía­mos que hacerle a la anterior gestión. Una que se repite hoy, a 10 años de la segunda desaparición de Julio López. ¿Qué está ha­ciendo el Estado para encontrarlo?
Te doy una primicia: hoy me siento con el ministro de Justicia para proponerle cons­tituirnos como querellantes. Porque esa es una desaparición en democracia.
Otro de los temas que hablan de rupturas y continuidades con políticas anteriores: la búsqueda de los nietos, ¿qué recursos es­tán destinados hoy?
Lo primero que hice cuando asumí: ratifi­qué a Claudia Carlotto al frente de la Cona­di. Y ratifiqué a Claudia Naftal en el Sitio. Abuelas permanentemente recibía subsi­dios y apoyo; lo que nosotros hicimos fue transparentarlo en un convenio y no que queden acuerdos de un funcionario de tur­no con Estela. Hay que decir la verdad: Es­tela liquidaba hasta el último papelito del gasto, no hay nada que la enturbie ni nada por el estilo. Pero tener un convenio, al Es­tado lo tranquiliza.
Panamá y después
Una consulta sobre su situación pa­trimonial: la sociedad en Panamá. Usted dio una explicación que luego fue desmentida. ¿Cuál es su versión final?
Hubieron dos mails de B’nai B’rith inter­nacional a Página 12 y ellos tomaron el pri­mero y no el segundo, que era el completo. No aparezco en los Panamá Papers.
Aparece en el registro público de Panamá…
¿Por qué aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offsho­re. ¿Por qué tenía una empresa? Porque yo era el director de B’nai B’rith en Argenti­na. Para que entiendan me tomo un minu­to: la B’nai B’rith internacional se organi­za en distritos. Un distrito es Chile, Argentina, Uruguay Paraguay. Otro es Brasil. Y otro es el Caribe. Yo era director del Caribe, que abarca México, Venezuela, Guatemala, Curacao y Panamá. Los presi­dentes de esos distritos se eligen cada dos años y van rotando. Legalmente, lo que es­tá inscripta es la B’nai B’rith local, no el distrito. Es como si fuese una franquicia que le da la marca internacional. Ahora, yo estaba en Venezuela dirigiendo. Para que pueda vivir en Panamá había tres formas, que son las que se siguen manteniendo hasta hoy: o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contra­to, que el distrito no me lo podía dar por­que no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente electo decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como se­cretario general. Y eso fue lo que me per­mitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia.
Por último ¿sobre los dichos del Presidente sobre la dictadura tiene algo que decir?
Lo que sí puedo garantizar es que el Presi­dente cuando dijo “esto no voy a debatir­lo” tiene que ver con lo que estoy plan­teando: no es un tema de debate, muchachos. Lo mismo cuando habló de la “guerra sucia”: está claro que estaba ha­blando del sistema que instaló la dictadu­ra. Y en esa dirección estamos trabajando. Y una cosa más: el hecho de estar en el mismo espacio político no es garantía para que avalemos todo lo que cualquiera diga. Lamentablemente, en el gobierno anterior nadie cuestionaba. Yo salí a cuestionar al intendente de General Alvear, en pleno romance con Urtubey me metí en Salta con el quilombo, con Lopérfido me metí yo. Que seamos del mismo espacio es bueno para festejar una elección. Voto un pro­yecto común, pero desde mí no te va a dar para que te acompañe en todo.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (87 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 87 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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Los principales puntos del fallo que critica el operativo policial y ordenó liberar a los 114 detenidos

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La jueza Karina Andrade dictó de madrugada la liberación de 114 personas detenidas en la cacería que el Gobierno desató en la protesta contra el recorte a los jubilados en el Congreso. El fallo es preciso no sólo en los términos bajo los que ubica el derecho a la protesta como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino también en la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad. La jueza cuestionó la información “imprecisa” y “deficitaria” respecto del motivo de las detenciones, el momento y lugar en el que se produjeron, y a donde fueron llevados. La magistrada fue clara en marcar dónde está la falla: “Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”. Mientras el Gobierno amenaza a la jueza, el fotógrafo Pablo Grillo sigue peleando por su vida, internado en el Hospital Ramos Mejía por un disparo en la cabeza.

Por Lucas Pedulla

“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.

La cita es textual y corresponde al fallo de 12 páginas con el que la jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº15, dictó la liberación de 114 personas detenidas en la cacería desatada en la protesta del Congreso. La decisión causó desconcierto en el Gobierno, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con que “se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.

Pero la jueza es precisa no sólo en los términos sino también en la descripción de una jornada bestial, con múltiples personas heridas de gravedad, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía.

“Información imprecisa”

La jueza Andrade especifica que a las 17.55 horas les llegó la convalidación de las primeras tres detenciones. A las 18.49, llegaron las de otras siete personas. A las 20.43, de otras cinco. La información es importante porque la magistrada apunta que, pasadas las 22 horas, la Dirección de Privados de Libertad le informó la detención de 89 personas que no habían sido comunicadas ni al tribunal ni a la defensa. Mientras, otra presentación le pedía a la jueza la liberación de las personas porque habían intervenido fuerzas federales y no de la Ciudad.

El caos continuaba. A las 22.30, la jueza recibió el grueso: 93 detenciones. A las 23.23, otras cuatro. Y recién a las 2.16 se informó la identidad de la última persona: en total, 114 detenciones. Por esas horas, la información era difusa respecto de la cantidad y los lugares donde estaban. Así queda claro el porqué y cómo la jueza argumentó su decisión:

  • “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”. 
  • “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”.
  • “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
  • “En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados. Situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”.
  • Sobre los detenidos 109) a 113), no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones y, finalmente se aguardó para el dictado de la presente la identificación de la última de las personas detenidas, previamente identificado como “Hombre de 25 años de edad que no aporta datos pero es ciudadano mexicano”.

Sobre las irregularidades en las detenciones, cita un fallo paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia del joven Iván Torres: “Una ‘demora’, así sea con meros fines de identificación de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezca al efecto, siempre y cuando sea compatible con la Convención”. 

Por eso, remarca: “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”.

La protesta como libertad de expresión

La jueza ubica que la marcha de jubilados en el Congreso, “como es de público conocimiento”, ocurre todos los miércoles desde hace un año, y sobre esa base fáctica le “resultó imperioso” enmarcar los hechos “dentro de las exigencias constitucionales y convencionales” ya que, advirtió, “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión”. 

Por ese motivo, subraya: 

  • “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”. 
  • “Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación”.
  • La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos”.
  • Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): “Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas … Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectiva a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
  • Sigue la jueza: “Entonces, quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”. 
  • “En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.

La jueza cita al constitucionalista Roberto Gargarella: “Una democracia representativa, la única alternativa con la que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de protestar y quejarse frente a las autoridades. Si se socava dicha posibilidad, la democracia representativa se convierte en una oligarquía o plutocracia, es decir, la democracia llega a su fin. De allí que una democracia, aún modesta, no sólo no puede darse el lujo de perder ciertas voces críticas sino que más bien, y por el contrario, debe hacer todo lo posible por potenciar a cada una de ellas”. 

Déficit de seguridad

Sobre el cierre, la jueza vuelve a cuestionar el operativo:

  • “No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’”. 
  • “Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ’flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.
  • “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
  • “Y sobre esta cuestión, es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
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Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

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¿Por qué la marcha de ayer fue reprimida? Miles de personas identificadas con distintos clubes se acercaron a bancar la marcha de todos los miércoles de jubiladas y jubilados. Algunas no llegaron ni a acercarse a Congreso que los gases ya habían comenzado. Pero eso no hizo mermar la convocatoria, que fue multitudinaria y regaló, pese a los palos, charlas e imágenes que hablan de una alianza inesperada y transversal a distintas demandas sociales. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue? Los testimonios de jubilados y jóvenes antes, durante y después del partido que se jugó en la calle, que siguió al ritmo de las cacerolas y promete generar un quiebre en odio y bronca alrededor de dos gritos de época: “Fuera Milei” y “Que se vayan todos”.

La foto que ayer intentó borrar el gobierno con la represión salvaje fue la de miles de clubes unidos alrededor de la marcha habitual de jubilados, y la foto del miércoles que sigue, probablemente con más gente, y la del siguiente, con cada vez más. Está por verse los efectos de este violento amedrentamiento a la protesta, con pruebas plantadas para justificarlo, mientras el fotógrafo Pablo Grillo pelea por su vida. Pero hay algo que ya pasó ayer, más acá de la represión.

Los jubilados y las hinchadas marcharon.

Se tuvieron que aguantar los gases, los tiros y los palos.

Y los aguantaron.

Y siguieron ahí, pese a todo.  

Y siguió llegando gente, pese a todo.

Hasta altas horas de la madrugada en distintos barrios porteños, y hasta en Plaza de Mayo.

Pese a todo.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

A diferencia de la versión del gobierno nacional y de los medios de comunicación cercanos, en una imagen casi inédita en la historia argentina (sin Mundial) hubo hinchas de montones de clubes del fútbol argentino juntos y hermanados.

“Este gobierno hizo lo que pocas cosas logran, unirnos”, dice uno de Huracán abrazado a otro de San Lorenzo. Una de Morón, con uno de Almirante Brown. Una de Boca, con otra de River. Y uno de Tigre, con una de Ferro, con uno de Midland, con una de Los Andes, y así todos, reunidos con entusiasmo en esta foto producida por lavaca:

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

La previa 

Horas antes, jubiladas y jubilados se reunían en MU (a una cuadra del Congreso) como previa de cada miércoles. Todavía tranquilos, pensaban sobre lo que pasaría más tarde. Son parte del grupo Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubilados y charlan con lavaca sobre eso que ya había pasado: una alianza insólita entre hinchas y jubilados.

 Ustedes vienen convocando desde hace más de un año a que se sumen organizaciones, centrales obreras, pero… de repente son las hinchadas. ¿Por qué?  

Beatriz: Pero no es desde ahora, ¿ustedes recuerdan la canción de Pappo? “Nadie se atreva a tocar a mi vieja”; bueno, eso significa que todos estos muchachos de la hinchada, quizás cuando iban a la cancha con el abuelo cuando eran chiquitos, los llevó el padre hoy jubilado, es decir: es muy genuina y muy ingenua también la adhesión. Y es tremendamente afectiva.  

Víctor: Las organizaciones no movilizan porque la mayoría está dirigida por la burocracia, la burocracia sindical, y como ellos no movilizan, le meten miedo también a los trabajadores para que no se movilicen, ese es uno de los puntos. Hace media hora, un compañero mandó un mensaje que estaba saliendo de La Plata, y comentaba que en el tren de atrás venían hinchas de Gimnasia y Estudiantes, juntos en el mismo tren.  

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

O sea que el espanto logró unir lo imposible.  

Beatriz: Claro, el espanto o el amor. Y otra de las cosas más interesantes que yo veo es que subyace una cosa que es la argentinidad. ¿Recuerdan cuando se ganó el campeonato del mundo? La argentinidad: eso subyace y en algún momento sale, sobre todo frente al avasallamiento que hay acerca de la argentinidad en este momento.  

Rubén: No se olviden que la hinchada de Boca fue la primera que hizo una movilización en contra del macrismo, y apenas asumió lo sacamos a Milei a las puteadas el día que se votaba presidente en el club. Hacía 6 días que lo habían elegido Presidente y lo sacamos a escupitajos y a puteadas. Eso tiene que ver con esa combinación entre el sentimiento y la pasión, con lo político.  

Beatriz: La vez pasada en la cancha de Estudiantes, Sturzenegger se tuvo que ir porque le decían de todo menos bonito: las tribunas son un termómetro social total.  

¿Y cómo se hace para que esta alianza siga más allá de hoy?  

Rubén (bostero): Hay que plantear que se haga permanente, aquí viene lo que se llama la construcción, y una construcción es día a día. ¿Cómo se hace, quién tiene la receta? Nadie. Lo que pasó el miércoles anterior a lo que pasó este miércoles son cosas distintas: todos los movimientos se van modificando, porque la realidad se va modificando. No podés manejar el tiempo, lo único que podés hacer es leer hacia dónde va la realidad, para poder ir digamos hacia una estrategia más ordenada o más segura para la clase trabajadora. Pero es muy difícil eso si no ves la realidad, si estás con una doctrina o con un dogma encima tuyo, no ves lo que está pasando. Es momento de estar muy abiertos.  

¿Así sea de River Plate?  

Como trabajador te respeto, pero como hincha… bueno: desde hoy, sí.

Rubén, Beatriz, Víctor y el resto de jubilados salían así la cancha, con los ojos bien abiertos.

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El partido

Laura tiene la remera de Boca; Margarita la de River. Y se abrazan. Laura dice: “Es terrible lo que viene pasando todos los miércoles, había que estar acá apoyando”. Su ¿rival? coincide.

Margarita, enfermera jubilada de Aldo Bonzi, lleva la de River: “Soy de una generación que viene luchando por sus derechos desde hace muchos años. El único camino es la calle, y no sólo para luchar por nosotros, los jubilados, sino por la educación, para que no se lleven todas nuestras riquezas. Con esto estamos perdiendo nuestro bienestar, nuestra tranquilidad”.

Otro clásico rival, dentro de la cancha, es Vélez-Chicago. Artemio tiene la del club de Mataderos. Rafael, la del conjunto de Liniers. Artemio dice que vino porque este gobierno es lo peor que pasó en democracia: “Lo que hay que hacer es resistir, y para resistir hay que olvidar cualquier división que no sea patria y antipatria”. Rafael, del cuadro contrario, completa: “Es fascismo puro, hay que sacarlo a la mierda: la democracia tiene que salvarse”.

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El Padre “Paco” Olveira, sacerdote de los Curas de Opción por los Pobres, no tiene puesta una sotana, sino una casaca de Boca. Más tarde intentaría evitar una detención y terminaría a punto de quedar detenido él. Antes de eso, dijo a lavaca, como un preludio de aquello: “Antes de empezar la marcha y ya nos gasearon; estamos en una dictadura, esto no es democracia, no hay ningún derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente. Lo que buscan es sacarnos de la calle, atemorizarnos, pero están consiguiendo lo contrario: que cada vez seamos más”.

Filomena no tiene puesta ninguna remera. Sí su nieto (de River), que la acompaña. Ella, 84 años, está en silla de ruedas. Dice: «Vine con mi nieto para sumar gente. La cosa está muy mal. Hoy por ejemplo, no tengo leche», dijo mientras la Policía comenzaba ya a reprimir.

Armando tiene 76 años y vino desde Haedo. En su bastón, con el que se afirma ante el terreno movedizo de este presente del país, lleva colgado un papel: “Prefiero morir de pie, que vivir de rodillas”. Tiene los ojos todos gaseados. De pie, denuncia: “Más de 30 años de aporte tengo, y este perro, porque es un perro, me sacó los remedios para la presión”. Muestra: “Mirá, mirá cómo tengo las piernas; y vine igual”. Y repite: “Y vine igual”, mientras muestra las várices que esta vez viajaron desde el conurbano bonaerense.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Después del próximo 23 de marzo, en apenas días, Armando y los trabajadores que no tengan 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación: se estima que 7 de cada 10 accedieron a su jubilación mediante la moratoria vigente. Y en el caso de las mujeres, 9 de cada 10.  

Pero los jubilados no luchan sólo por los jubilados. Al contrario. Lo resume Julio, que tiene colgada una bufanda celeste y blanca, y unos ojos dilatados no por el llanto, sino por el gas. “Vengo por mi familia, por los jóvenes, por la gente en situación de calle -dice- por la pobreza que hay, que cada vez es mayor. Nunca vi una cosa igual, este gobierno no tiene sensibilidad, no sé a dónde vamos a parar”. Cierra Julio, de 84 años, con los ojos cada vez más rojos, mientras siguen los gases: “Yo voy a seguir luchando mientras pueda contra este régimen”.

Sobre Avenida de Mayo y sobre Hipólito Yrigoyen, las calles que rodean la Plaza de los dos Congresos, se profundiza el enfrentamiento directo entre hinchadas y distintas fuerzas. Al frente de la represión está la Gendarmería Nacional y motos de la Policía Federal; atrás, agentes con chalecos de esta misma fuerza salen en grupo a cazar manifestantes. De pronto salen no menos de diez sosteniendo a una joven de 22 años, y la llevan hacia unos camiones celulares apostados en la entrada del Senado de la Nación. Allí ocurre esta escena, que mezcla el testimonio de la joven Anabella Pompeo con el del comisario a cargo de su detención:

La cacería siguió. 

Horacio Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos, está colgado en una valla frente al Congreso de la Nación y mira desde allí cómo centenas de policías federales tiran balazos de goma a las columnas de varias organizaciones sociales. Dice, desde las alturas: “Empezaron desde muy temprano, no querían que se convoque. A las 16 ya estaban reprimiendo. Esto cada vez va a ser más grande; la gente vino pacíficamente, no hubo agresiones grandes y sin embargo reprimieron de entrada. Es increíble la respuesta que da el Gobierno Nacional”.

Un hombre de 50 años, de zona Norte, viene por primera vez a la marcha de jubilados de los miércoles, también está asombrado con la represión: “Es impresionante. Lo quería ver con mis propios ojos. Es lo más parecido a un gobierno facho».

Silvia, 77 años, jubilada, no habla desde el Congreso: estaba por salir acompañada de Melanie, su amiga, y las balas la frenaron.  Dice: “Mi intención era estar en la marcha. Hoy más que nunca había que estar, cansados de ver cómo nos maltratan todos los miércoles. Pensaba ir temprano, con mi sillita porque no puedo estar parada mucho tiempo, hasta que vi lo que empezaba a pasar desde temprano, que me hizo acordar demasiado a la dictadura, no a un gobierno democrático. No hay libertad de expresión ni derecho a la protesta. Fue durísima la represión y consiguió el gobierno que no me animara a ir, simplemente porque no iba a poder correr. Y fue así, fue una cacería. Pero espero que cada vez seamos más los que salgamos, que no nos llenen de miedo”.

Los detenidos por manifestar fueron, según el gobierno, alrededor de 114 y la lista de heridos seguía creciendo al cierre de esta edición, uno de gravedad: Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, al cual un cartucho de gas lacrimógeno le impacto y rompió el cráneo. Pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

La represión, y la solidaridad: al cierre de esta nota la familia Grillo agradecía que la cantidad de gente que había ido a donar sangre para Pablo desbordaba el Hospital.

El partido que viene

Como todos los miércoles, ya está la convocatoria para el que viene, a la misma hora (17) y en el mismo lugar (el Congreso).

Una jubilada dice: “El próximo fin de semana, y en los que vendrán, en todas las canchas debe haber un grito unánime ‘Fuera Milei’, que sea de reivindicación al trabajo, a la dignidad y a la soberanía. Hoy debe ser el principio del fin de este gobierno, donde el pueblo se une y toma conciencia para que las cosas puedan cambiar”.

Los abrazos y apretones de manos son más efusivos entre clubes de signos opuestos al caer la noche. “Vamos Almirante Brown”, se escucha en la calle, y el cumplido no viene de otro hincha del club de Isidro Casanova, en La Matanza, sino de un veterano con la camiseta de Chicago, eterno clásico. Otra persona se acerca, pero ahora con la casaca de Morón, otro tremendo duelo del far west conurbano: “Vamos, compa, vamos los jubilados”, alentaron a algunos cabizbajos. 

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Lo que es casi imposible de ver por las calles de esos barrios, los jubilados lo hicieron posible.

Eso es también lo que expresa no ya la bronca, sino la rabia de una multitud que dice “basta” y cantó también un hit de época: “Que se vayan todos”, mientras Avenida de Mayo y sus arterias regalaron imágenes típicas del 2001. 

La policía, en un momento desorientada porque la gente no se amilanaba, era atacada con palabras y cantos:

– “Sos un muerto de hambre”.  

– “¿No tenés abuela? ¿No tenés abuelo?”.  

– “Vergüenza te tiene que dar”.  

– “A ustedes les parece que puedo vivir con 259 mil pesos por mes?”.  

– “Mira tu carita, ¿no tenés mamá? ¿No tenés papá?”.  

– “Están entregando el petróleo, el litio, ¿y defienden a este gobierno pegándonos a nosotros?”.  

– “¿Qué te dice tu vieja cuando venís a pegarle a los jubilados? ¿No es una jubilada como yo? No tenés cerebro ni corazón, malnacido”.  

– “Andá a Bahía, la puta que te parió, andá a Bahía, la puta que te parió”.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Marcelo tiene 68 años y ligó un balazo de goma en el estómago: mientras se reponía en un bar enfrente del Congreso, contaba a lavaca: “Estaba en la vereda y empezaron a tirar tiros al tuntún” -dice levantándose la remera y mostrando la herida-. “Soy jubilado, soy hincha de Ferro y siento una impotencia porque estamos en manos de este tipo que es un loco, de la hermana que es peor y con un gabinete que es puro derecha y derecha. Tenemos que seguir con estas marchas: es la única forma de que se pueda dar vuelta la cosa”.

Afuera, mientras el viento empuja los gases que hacen arder ojos y gargantas, Carlos, el ya mítico jubilado hincha de Chacarita que logró que viniera su hinchada y luego el resto, sobresale de la línea de efectivos porque está parado sobre las rejas de un cordón que queda sobre Callao.

¿Quiere dar algún mensaje, Carlos?  

La juventud nos ha apoyado y el pueblo también. Y el miércoles que viene va a haber más apoyo. Salgan a luchar.

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