Nota
El CEO de los derechos humanos
Quién es y qué responde el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sobre el terrorismo de Estado y otros temas clave de derechos humanos. Los 30 mil, la violencia institucional, el aborto, su cuenta en Panamá y cómo busca el Estado hoy a los desaparecidos en esta entrevista realizada para la MU n°103 en septiembre pasado. Perfil y entrevista del CEO de los derechos humanos.
A la semana de asumir, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, citó a todo el plantel en el predio de la Ex ESMA, donde tiene su oficina. De un total de 1.200 empleados fueron apenas 100. Ante el auditorio diezmado, formuló sus primeras definiciones: “Voy a seguir con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Quienes ya lo conocían por su gestión como subsecretario de derechos humanos en Ciudad o cuando fue representante de la DAIA, advirtieron entonces que Avruj suele acomodarse en el trecho que cava entre los dichos y los hechos. Licenciado en organización institucional por la Universidad Bar Ilan, su fuerte es mantener un trato amable con los más variados actores sociales y utilizar la técnica que le ha enseñado su coach personal: escuchar.
Buenos muchachos
Claudio Bernardo Avruj se hizo conocido como encargado de las relaciones institucionales de la DAIA durante la dirección de Rubén Beraja, en pleno atentado a la AMIA. Si bien no está claro si Avruj fue la mano derecha o la izquierda de Beraja -quien está imputado por haber pagado dinero para desviar la investigación- fue su sombra.
Avruj fue director ejecutivo de la DAIA entre 1997 y 2007, época en que su director adjunto era Alfredo Neuberger, quien aparece mencionado en los Wikileaks por sus informes a la Embajada de los Estados Unidos. Neuberger, además, fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien fue recientemente condenado por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, es otro nombre asociado a Avruj. Yanco es presidente del Instituto de Estudios Argentinos (Idear), una de las usinas de pensamiento Pro, y comparte con la productora de la familia Avruj un programa televisivo sobre la colectividad judía llamada Vis-A-Vis. Según revela Tiempo Argentino en su investigación conjunta con MU, Vis-A-Vis recibió pauta del gobierno de la Ciudad en 2014, cuando Avruj ya era funcionario del gobierno porteño.
Otro nombre más polémico: Jorge El Fino Palacios, a quien Avruj conoce desde su gestión en la DAIA. Según el periodista Jorge Elbaum, Avruj fue uno de los impulsores del premio que se le entregó al comisario Palacios “por su compromiso en la Causa AMIA”, antes de ser acusado de encubrimiento. Distintas fuentes coinciden, además, que fue Avruj quien se lo presentó a Macri para su nominación como jefe de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, cuando el 26 de octubre de 2010 declaró ante la comisión investigadora especial sobre las escuchas ilegales de Palacios, Avruj precisó que lo había recomendado el ex embajador de Israel, Rafael Eldad y que había compartido varios eventos sociales con el comisario, a quien describió como alguien “muy apreciado por la comunidad judía”.
El elegido
José Schulman, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, lo define de esta manera: “Es un cuadro de la derecha del siglo 21, no del siglo 18”.
Schulman, como parte de la colectividad, enmarca a Avruj dentro del sionismo: “Ni siquiera tiene una onegé trucha como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que practica la compasión. Avruj es otra cosa: es parte del sionismo mundial que crea fundaciones para recaudar fondos”. Así interpreta la sociedad que se le descrubrió en pleno Panamá Papers: Kalushy, creada el 27 de julio 1992, cuando Avruj era director de la organización judía B’nai B’rith, orientada a la asistencia social. Avruj vivió en Venezuela y Panamá cuando formó parte del staff directivo de esa organización.
En la sociedad Kalushy también figura su esposa, Elisa Alfie.
La feria de los derechos
En 2007, Avruj deja la dirección ejecutiva de la DAIA y asume como director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Elbaum asegura que luego una comisión investigadora revisó su gestión económica, en particular los precios de la edición de materiales gráficos.
En 2011 asume como subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Su gestión se caracterizó por la disolución del área de violencia de género y el vaciamiento de recursos destinados al Parque de la Memoria, espacio que tras la visita del presidente Obama se convirtió en la imagen principal del portal de la Secretaría que ahora dirige.
Otra característica de su gestión porteña fueron las ferias destinadas a colectividades, cuyo hit fue la gastronómica Buenos Aires Celebra. Gabriela Alegre, ex legisladora del Frente Para la Victoria, ocupó el mismo cargo que Avruj en la subsecretaría porteña. Dice: “No está mal promover la diversidad cultural de todas las colectividades, pero es un negocio donde lo único que hacen es vender. Es la lógica PRO: promover negocios privados a costa del Estado”.
Schulman analiza otra variable: “Es una política doble, hipócrita. Por un lado se fomenta celebrar la diversidad cultural, al tiempo que se convive con talleres textiles clandestinos y de discriminación hacia los migrantes latinoamericanos”.
Además de los contratos nunca transparentados sobre los empresarios que accedían a los puestos de Buenos Aires Celebra, estas fuentes señalan que las impresiones destinadas a este tipo de eventos “se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glasman”. Glasman es propietario de la imprenta Mimeográfica S.A., además de prosecretario del Museo del Holocausto, del cual Avruj es presidente honorario.
Avruj asumió esa presidencia siendo subsecretario de Derechos Humanos, y la mantiene hasta hoy. Ahora sumó otro cargo: se nombró a sí mismo presidente del instituto de Derechos Humanos de la UNESCO.
En el pliegue de ese perfil internacional y la atención doméstica de los derechos humanos, Avruj juega un rol clave: “Cuando entienden que van a tener una política abierta hacia el mundo y que en ese mundo los derechos humanos gozan de un consenso muy fuerte, se dan cuenta -sobre todo con la primera visita de Hollande (presidente de Francia)-, que no pueden ningunear a los organismos porque tienen un peso específico en la imagen internacional de Argentina. En ese sentido entienden el rol de la Secretaría, en función de los negocios que pretenden y la plata que necesitan que venga. La ambición es la de crear a un tipo con prestigio en organismos internacionales. El más consciente de eso es Avruj y Macri lo está aprendiendo”, interpreta Schulman.
Sigue Schulman: “Y hay otra cosa que Macri está aprendiendo: no es fácil arremeter contra el movimiento de derechos humanos. Le volteamos a Lopérfido, le frenamos la libertad de Etchecolatz, evitamos que venga Obama a la ESMA, y ahora estamos peleándola para que aceleren los juicios”.
En cuanto a los organismos de derechos humanos, Gabriela Alegre distingue un trato distinto hacia Madres y Abuelas y otro, hacia HIJOS: “Intentan hacer quedar a HIJOS como violentos, como cuando los asociaron con las piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata”. Schulman razona por qué: “Por dos razones: porque los HIJOS ya plantearon la diferencia entre la ley y la legitimidad y porque si hay un genocida libre van a ir a escracharlo. Y por algo más pragmático: a diferencia de nosotros, que tenemos 70 y pico de años, ellos tienen 35. Se las van a tener que ver con HIJOS por los próximos 50 años”.
Genocidas go home
Avruj vive a tres cuadras de la ex Esma. Desde el primer día llega puntual a su oficina y cumple riguroso horario. Según trabajadores despedidos, su trato al comienzo fue amable: “Nos saludaba con un beso cada mañana”. Luego, llegaron las rispideces. “Lo primero que hicieron es pedirle al jefe de logística que guardase un ejemplar de cada libro y folleto que sacó la Secretaría los últimos 13 años, que habíamos hecho nosotros. Y ordenaron tirar todo el resto”. Primero, cuentan, querían quemarlos. Luego aceptaron venderlos como papel.
Entre los hombres clave en el manejo de la Secretaria, los trabajadores distinguen a uno del ámbito empresarial, que ubican en una oficina especial: El Hombre del Cubículo. Luego, señalan al director de prensa, Hernán Bubu Arbinder.
Arbinder fue el encargado de comunicar a los empleados la nueva línea: “Queremos cosas que alegren a los argentinos, nos decía”. Lo concreto es que la agenda fijada en Ciudad se trasladó a Nación: pueblos originarios, diversidad sexual, comunidades. Para estas actividades, “la agenda de contactos que utiliza es la misma de la Ciudad”, aseguran quienes estuvieron en la organización de algunos eventos.
Otro de los ejemplos que ilustran los nuevos aires de la Secretaría llegó cuando Avruj debió expedirse sobre la prisión domiciliaria a los genocidas. En el blog Pacificación Nacional Definitiva se puede escuchar el audio en el cual Alejandro Patrón Costa (h) relata la reunión que mantuvieron con Avruj los defensores de los genocidas presos.
Los planteos:
- Que la Secretaría deje de ser querellante en las causas por delitos de lesa humanidad. La respuesta de Avruj: no.
- Otro: que no sean llamados “delitos de lesa humanidad”. La respuesta de Avruj: “Para él está bien llamarlos así”, lamenta Patrón Costas (h).
- Finalmente, plantearon el tema de las prisiones domiciliarias. “Avruj nos dijo que ese era el camino: movilizar denuncias sobre la situación de los presos, por cada caso en particular”.
El relato de Patrón Costas coincide con lo que cuenta un empleado de la oficina de prensa: El Hombre del Cubículo le pidió que escribiera una editorial política que sería firmada por el secretario. “Me dice: ‘Poné que están muy viejos, enfermos y que en algunos casos se pelean con sus compañeros de celda. Decí que ante esos casos, aceptaría la domiciliria’”.
El joven, que venía de la anterior gestión, se negó.
El Hombre del Cubículo le dijo entonces: “Dejá, se lo pido a otro”.
En marzo el diario La Nación –entusiasta defensor de genocidas- publicó un reportaje en la cual Avruj expone estos conceptos.
Medios, adentro
Dirigido por Bubu Arbinder, el esquema de la Secretaría incluyó la creación de un nuevo cargo: la subdirección de prensa, ocupada por Roberto Bobby Menna.
Bobby, a diferencia de Bubu, viene de la tevé y según los ex trabajadores, “tiene todos los contactos con los medios”. Además, en la dirección de prensa fue contratada la joven novia de un famoso productor de radio Metro, “con los contactos del ámbito radial”. Y también, un joven panelista del noticiero de las 18 horas del Canal 26. “Metieron mucha gente vinculada a medios, con muchos contactos: ahí tenés no solo una política de cara a los medios, sino los medios adentro”.
Aportan una anécdota para resumir qué rol juega Avruj y su Secretaría dentro de la geopolítica comunicacional de Cambiemos:
- Lo que van diciendo es un grupo de Whatsapp que enlaza a los principales funcionarios del gobierno nacional con Marcos Peña y su equipo de comunicación.
- A fines de enero llegó a esa lista el mensaje de que Darío Lopérfido, por entonces Ministro de Cultura porteño, había relativizado el número de desaparecidos.
- Luego, desfilaron los mensajes del sistema de monitoreo de redes sociales que evaluaban las reacciones que habían cosechado las opiniones de Lopérfido.
- Por último, llegó la orden de Marcos Peña para neutralizarlo. “Primero que salga Avruj”.
Y Avruj salió.
En primera persona
Estamos en la Esma, que aún impone su pasado siniestro a pesar del Ex. Nos recibe Bobby Menna, quien se esfuerza por hacernos sentir como en casa. El nombre (en rigor es Roberto) y la cara recuerdan a un zapping televisivo, que luego sintoniza: Bobby condujo junto a Jésica Cirio el programa Impacto 9.
Una secretaria ofrece algo de tomar y en tiempo récord llega una moza con agua y café. En las paredes de la sala de espera cuelgan sólo dos cuadros con dibujos: uno de las Madres de Plaza de Mayo; otro de un chupete colgando de una celda. Dentro del despacho del secretario Claudio Avruj, la decoración cambia: sobresalen tres cuadros, cada uno de una colectividad distinta: afro, musulmana y judía. Sobre el escritorio, fotos familiares y en un rincón, fotos con el Papa y Obama. Y encima del sillón donde transcurrirá la entrevista, el retrato de Mauricio Macri con la banda presidencial.
Bobby se quedará durante toda la charla; luego, se sumará Bubu.
A diferencia de Bobby, Bubu no es conocido por su trabajo en los medios, que hasta el día de hoy mantiene: a pesar de su función ministerial, sigue trabajando como productor del periodista de Radio Mitre, Marcelo Longobardi.
En ese marco, Avruj comienza delineando los principales ejes de su política, que define como alineada “con lo que propone Naciones Unidas”. Resalta: “Obviamente un eje importantísimo es Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, pero nosotros detectamos muchísimas ausencias del Estado a nivel federal en materia de derechos humanos. Un eje principal para nosotros es pueblos originarios. El segundo eje es la diversidad sexual. Si bien nosotros reconocemos que durante estos últimos 25 años hubo un despliegue de derechos en cuanto a la diversidad sexual, sin lugar a dudas, hay una brecha muy grande entre lo legal y lo real. Y cuando recorrés el país -ni hablar del GBA- no se despliegan los derechos como en la Capital Federal. Esto lo hemos visto en Salta, donde recién están discutiendo la posibilidad de una zona roja para que la población trans pueda ejercer desgraciadamente la prostitución sin ser avasallados por la policía”.
¿La zona roja es la mejor solución para la explotación sexual?
La zona roja no es la mejor solución, porque sabemos que detrás de la prostitución están los que hacen negocios, está la droga y un montón… Pero no podemos prescindir de que la gente que tiene que llegar a esa situación vea sus derechos humanos permanentemente avasallados por la Policía Federal, con complicidad del Estado.
En Salta, justamente, ya se realizaron 503 marchas contra la violencia institucional …
Era el otro foco que iba a mencionar: el tema de la violencia institucional. Es de los problemas más graves del Estado. En Argentina tenés policías muy violentos en todo el país, muy violentos. Ni hablar que todos sabemos qué poder tienen las policías locales. Es un país en el cual hoy la tortura existe en las prisiones: esto lo sabemos. Es un problema muy serio, heredado desde principios de la historia, pero al cual la democracia no pudo darle solución. Pero siguiendo en orden, el tercer eje novedoso que trajimos acá es el tema de la división nacional de multiculturalismo y pluralismo cultural. Yo lo instalé en Ciudad, esto fue muy bien visto por Naciones Unidas y por distintos organismos internacionales como algo novedoso. Porque cuando uno mira colectividades, no es el folklore. Es eso, pero además son las redes de contención que crean las comunidades: todas tienen cementerios, escuelas, iglesias centros deportivos, centros de asistencia social, hogares para ancianos, lo que quieras. El valor que eso tiene como sostén de acompañamiento del Estado es fantástico. Entonces, hay que potenciar.
Sobre el tema de las comunidades hay un caso aberrante: el asesinato de Massar Ba, un referente de los derechos senegaleses que murió a patadas en plena calle de San Telmo.
Sí, claro, el senegalés. Nosotros intervinimos ahí. Estamos en contacto permanente con la comunidad senegalesa, con la cual yo tengo muchos vínculos desde la Ciudad.
¿La secretaría va a constituirse como querellante en la causa?
Ahí estamos trabajando y definiendo… porque ahí tenés también un límite. Como secretaria de Derechos Humanos no podés ser querellante en todos los hechos individuales.
En este caso era un referente de los derechos humanos y hay presunciones de que el crimen involucra agentes del Estado, o que hubo una mala actuación policial
El Estado sí, es otra cosa. Porque si nos ponemos a ser querellantes por cualquiera, primero que no tengo la atribución. Todos los temas de contención, de apoyatura, eso se está haciendo. El proceso de querellante ya no me corresponde.
Sobre otro de los ejes: pueblos originarios. En Salta una niña wichi fue violada y el comportamiento de las instituciones del Estado constituyó una segunda violación…
Sí, sí, estuvimos, de hecho ahí intervinimos. Porque yo tengo mucho vínculo con Ubilla, el que levantó el tema, que es un legislador del FPV justamente. Estuve en Salta, ahí se instaló el tema fuertemente, ahí vamos acompañando también.
Otro caso de violencia institucional: Belén.
Ese tema, bueno, tenía muchísimas deficiencias todo el trabajo que habían hecho los médicos, y la justicia posteriormente. Por eso nosotros presentamos el informe que nos transmitía a Naciones Unidas y bueno, nos reunimos con todos los organismos de derechos humanos, con la abogada, y por suerte se logró la liberación.
Son 30 mil
Usted es presidente honorario del Museo del Holocausto y entendemos que gracias a esa labor es que, de alguna forma, está aquí. Por eso puede entender mejor que nadie que cuando un funcionario pone en duda la cifra de desaparecidos -y mucho más si se dice que es por plata o por susbsidios- está cometiendo algo más que un error. ¿Cuál es su interpretación?
Fui el primero que salió al cruce de las declaraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de derechos humanos como búsqueda de democracia y de verdad y tras el cual toda la sociedad ase enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión histórica y académica, pero por ahí no es el tiempo, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento indiscutido por todo el mundo- tiene denuncias de 8.400 y pico. Que esas denuncias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible.
Sobre todo porque, como usted repasa, las cifras y los aportes se hicieron siempre desde organizaciones de la sociedad civil y no desde el Estado
Es que siempre es así.
Al día de hoy existen hábeas corpus sin respuesta, por ejemplo el de Nora Cortiñas, que exige que el Estado le diga dónde está su hijo
Es lo que decimos siempre: los números siempre vienen desde las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que fueron diezmadas, que no quedó nadie? ¿Qué pasa con todas esas familias que se fueron al exilio o están acá y no denuncian? Pero está interpretado que vos tenés documentos donde los militares muchas veces dicen que “para terminar este problema necesitamos que mueran o desaparezcan miles”. Y hay documentos de ellos que dicen 17 mil, hay documentos de 22 mil… ¿Y si son 40 mil? Hagamos al revés: si a lo largo de los años se demuestra que fueron 52 mil. ¿Qué van a decir? “Che qué boludos: no sabían que no eran 30 mil, sino 52 mil?” ¿Y en qué cambió la cuestión de fondo? Por eso hay que ser muy respetuoso y serio y cuidadoso con los números.
Otra cuestión que exige respeto y cuidado son las prisiones domiciliarias de genocidas.
Hay dos dimensiones que hay que entenderlas muy bien. Una dimensión es lo emocional. Lo que representa un asesino – haya matado a uno o a diez, haya robado un bebé- para la inmensa mayoría de la sociedad. Ahora, como trabajadores y luchadores identificados con los derechos humanos sabemos que nuestra aspiración máxima es la justicia. Si Argentina tiene este plexo normativo en el que dice que a los 70 años el juez puede entregar la prisión domiciliaria, no es un tema de impunidad: es un cambio de lugar de cumplimiento de la sentencia. Eso también hay que dejar claro: no es una amnistía o un “ya está, terminaste”. No. Te cambian el lugar de prisión y ahí tiene, la policía o quien corresponda, que velar para que la justicia se cumpla. Ahora, si la ley es taxativa y dice: “a los 70 años, en situación de enfermedad y que no revista un peligro para la sociedad, el hombre es pasible de…”. Como organismo de derechos humanos, si eso es la ley, tenemos que ser los primeros en respetarla y no opinar desde lo político. Porque si no nos vamos a convertir en lo mismo que juzgamos. Acomodamos la justicia según nuestra opinión. Y ese es mi límite.
¿El caso Etchecolatz es un límite?
Ahí entra a jugar lo que representa. Nadie puede desconocer en este concierto lo que representa Etchecolatz para la sociedad, o Videla en su momento. Nadie lo puede desconocer. Pero ahí había otro límite. Lo que sí vimos es dónde se sostuvieron los jueces y pedimos en la causa que se revise la decisión. Pero no podemos apelar porque no estamos habilitados. La ley no lo permite. La ley te dice que una prisión domiciliaria la pide el detenido al juez que lo condena; y el único que puede apelar es el fiscal: la querella no.
Las posturas garantistas, el debido proceso y a la presunción de inocencia no están en cuestión. Son condenas firmes los casos de Etchecolatz, de Weber, de Menéndez …
Esos son los conocidos.
Y hay muchos desconocidos que preferiría saber quiénes son porque me los puedo encontrar en la panadería.
Para el familiar es el mundo, porque fue torturado. Para José Pérez, que nadie lo conoce, ese es el mundo.
¿Un mundo en el que Hitler puede ser tu vecino?
Ya que tocás el tema de los nazis: Priebke fue un asesino de las fosas en Italia, un capo SS, el tipo es responsable de haber matado 800 judíos. Vivió toda su vida como un gran hombre, fundador de escuelas, en Bariloche. Se lo detecta y se lo detiene en el 95. En el 96 logamos que se extradite. Llegó a Italia y murió en su casa, porque la ley le daba la domiciliaria. O sea, no es el primer caso. Hay que separar lo emocional de lo real. Y también creo que hay que desprejuiciar a la sociedad en esto de la impunidad. Porque ¿cuál fue el proceso histórico en estos últimos tres años de las domiciliarias? Hoy tenés dadas 465 domiciliarias a fecha de hoy. 441 se dieron hasta antes del 10 de diciembre. Con toda la oposición que yo puedo tener al gobierno anterior, nadie le va a decir “estuviste trabajando por la impunidad de los militares”. Nadie se lo permitiría. Entonces hay que empezar a desprejuiciarse. Si hablamos de derechos humanos lo mejor que nos puede pasar como sociedad es someternos a Derecho todos y cumplir la ley. Abramos la cabeza.
En el sentido de “desprejuiciar”, nosotros también le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle a la anterior gestión. Una que se repite hoy, a 10 años de la segunda desaparición de Julio López. ¿Qué está haciendo el Estado para encontrarlo?
Te doy una primicia: hoy me siento con el ministro de Justicia para proponerle constituirnos como querellantes. Porque esa es una desaparición en democracia.
Otro de los temas que hablan de rupturas y continuidades con políticas anteriores: la búsqueda de los nietos, ¿qué recursos están destinados hoy?
Lo primero que hice cuando asumí: ratifiqué a Claudia Carlotto al frente de la Conadi. Y ratifiqué a Claudia Naftal en el Sitio. Abuelas permanentemente recibía subsidios y apoyo; lo que nosotros hicimos fue transparentarlo en un convenio y no que queden acuerdos de un funcionario de turno con Estela. Hay que decir la verdad: Estela liquidaba hasta el último papelito del gasto, no hay nada que la enturbie ni nada por el estilo. Pero tener un convenio, al Estado lo tranquiliza.
Panamá y después
Una consulta sobre su situación patrimonial: la sociedad en Panamá. Usted dio una explicación que luego fue desmentida. ¿Cuál es su versión final?
Hubieron dos mails de B’nai B’rith internacional a Página 12 y ellos tomaron el primero y no el segundo, que era el completo. No aparezco en los Panamá Papers.
Aparece en el registro público de Panamá…
¿Por qué aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offshore. ¿Por qué tenía una empresa? Porque yo era el director de B’nai B’rith en Argentina. Para que entiendan me tomo un minuto: la B’nai B’rith internacional se organiza en distritos. Un distrito es Chile, Argentina, Uruguay Paraguay. Otro es Brasil. Y otro es el Caribe. Yo era director del Caribe, que abarca México, Venezuela, Guatemala, Curacao y Panamá. Los presidentes de esos distritos se eligen cada dos años y van rotando. Legalmente, lo que está inscripta es la B’nai B’rith local, no el distrito. Es como si fuese una franquicia que le da la marca internacional. Ahora, yo estaba en Venezuela dirigiendo. Para que pueda vivir en Panamá había tres formas, que son las que se siguen manteniendo hasta hoy: o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contrato, que el distrito no me lo podía dar porque no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente electo decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como secretario general. Y eso fue lo que me permitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia.
Por último ¿sobre los dichos del Presidente sobre la dictadura tiene algo que decir?
Lo que sí puedo garantizar es que el Presidente cuando dijo “esto no voy a debatirlo” tiene que ver con lo que estoy planteando: no es un tema de debate, muchachos. Lo mismo cuando habló de la “guerra sucia”: está claro que estaba hablando del sistema que instaló la dictadura. Y en esa dirección estamos trabajando. Y una cosa más: el hecho de estar en el mismo espacio político no es garantía para que avalemos todo lo que cualquiera diga. Lamentablemente, en el gobierno anterior nadie cuestionaba. Yo salí a cuestionar al intendente de General Alvear, en pleno romance con Urtubey me metí en Salta con el quilombo, con Lopérfido me metí yo. Que seamos del mismo espacio es bueno para festejar una elección. Voto un proyecto común, pero desde mí no te va a dar para que te acompañe en todo.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
- Revista MuHace 18 horas
Mu 197: ¿Dónde está?
- Revista MuHace 3 semanas
Mu 196: El modelo
- NotaHace 2 semanas
Incendios en Córdoba: zona de catástrofe
- ActualidadHace 4 semanas
Vetados y reprimidos: la ronda de los miércoles de los jubilados fue atacada por un desproporcionado operativo policial
- Mu178Hace 2 semanas
La pieza clave: ReCoop, distribuidora de productos de empresas recuperadas
- NotaHace 2 semanas
Julio López, desaparecido en democracia hace 18 años: sus testimonios contra la Bonaerense
- ActualidadHace 3 semanas
Verdad y consecuencias del veto a la movilidad jubilatoria: el día que puede cambiar todo
- ArtesHace 2 semanas
Maca, Eva & infancias: arte en modo Primavera