Sigamos en contacto

Nota

El CEO de los derechos humanos

Publicada

el

Quién es y qué responde el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sobre el terrorismo de Estado y otros temas clave de derechos humanos. Los 30 mil, la violencia institucional, el aborto, su cuenta en Panamá y cómo busca el Estado hoy a los desaparecidos en esta entrevista realizada para la MU n°103 en septiembre pasado. Perfil y entrevista del CEO de los derechos humanos.

A la semana de asumir, el secre­tario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, citó a todo el plantel en el predio de la Ex ESMA, donde tiene su oficina. De un total de 1.200 emplea­dos fueron apenas 100. Ante el auditorio diezmado, formuló sus primeras definicio­nes: “Voy a seguir con las políticas de Memo­ria, Verdad y Justicia”. Quienes ya lo cono­cían por su gestión como subsecretario de derechos humanos en Ciudad o cuando fue representante de la DAIA, advirtieron en­tonces que Avruj suele acomodarse en el tre­cho que cava entre los dichos y los hechos. Licenciado en organización institucional por la Universidad Bar Ilan, su fuerte es mante­ner un trato amable con los más variados ac­tores sociales y utilizar la técnica que le ha enseñado su coach personal: escuchar.
Buenos muchachos
Claudio Bernardo Avruj se hizo co­nocido como encargado de las rela­ciones institucionales de la DAIA durante la dirección de Rubén Beraja, en pleno atentado a la AMIA. Si bien no está claro si Avruj fue la mano derecha o la iz­quierda de Beraja -quien está imputado por haber pagado dinero para desviar la inves­tigación- fue su sombra.
Avruj fue director ejecutivo de la DAIA en­tre 1997 y 2007, época en que su director ad­junto era Alfredo Neuberger, quien aparece mencionado en los Wikileaks por sus infor­mes a la Embajada de los Estados Unidos. Neuberger, además, fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobier­no de la Alianza, quien fue recientemente condenado por la represión del 19 y 20 de di­ciembre del 2001.
Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, es otro nombre asociado a Avruj. Yanco es presidente del Instituto de Estu­dios Argentinos (Idear), una de las usinas de pensamiento Pro, y comparte con la productora de la familia Avruj un progra­ma televisivo sobre la colectividad judía llamada Vis-A-Vis. Según revela Tiempo Argentino en su investigación conjunta con MU, Vis-A-Vis recibió pauta del gobierno de la Ciudad en 2014, cuando Avruj ya era funcionario del gobierno porteño.
Otro nombre más polémico: Jorge El Fino Palacios, a quien Avruj conoce desde su gestión en la DAIA. Según el periodista Jor­ge Elbaum, Avruj fue uno de los impulsores del premio que se le entregó al comisario Palacios “por su compromiso en la Causa AMIA”, antes de ser acusado de encubri­miento. Distintas fuentes coinciden, ade­más, que fue Avruj quien se lo presentó a Macri para su nominación como jefe de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, cuando el 26 de octubre de 2010 declaró ante la comisión investigado­ra especial sobre las escuchas ilegales de Palacios, Avruj precisó que lo había reco­mendado el ex embajador de Israel, Rafael Eldad y que había compartido varios even­tos sociales con el comisario, a quien des­cribió como alguien “muy apreciado por la comunidad judía”.
El elegido
José Schulman, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, lo define de esta manera: “Es un cuadro de la derecha del siglo 21, no del siglo 18”.
Schulman, como parte de la colectivi­dad, enmarca a Avruj dentro del sionismo: “Ni siquiera tiene una onegé trucha como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que practica la compasión. Avruj es otra cosa: es parte del sionismo mundial que crea fun­daciones para recaudar fondos”. Así inter­preta la sociedad que se le descrubrió en pleno Panamá Papers: Kalushy, creada el 27 de julio 1992, cuando Avruj era director de la organización judía B’nai B’rith, orientada a la asistencia social. Avruj vivió en Venezue­la y Panamá cuando formó parte del staff directivo de esa organización.
En la sociedad Kalushy también figura su esposa, Elisa Alfie.
La feria de los derechos
En 2007, Avruj deja la dirección ejecu­tiva de la DAIA y asume como direc­tor de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Elbaum asegura que luego una comisión investigadora revisó su gestión económica, en particular los precios de la edición de materiales gráficos.
En 2011 asume como subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Su ges­tión se caracterizó por la disolución del área de violencia de género y el vaciamiento de recursos destinados al Parque de la Memo­ria, espacio que tras la visita del presidente Obama se convirtió en la imagen principal del portal de la Secretaría que ahora dirige.
Otra característica de su gestión porteña fueron las ferias destinadas a colectivida­des, cuyo hit fue la gastronómica Buenos Ai­res Celebra. Gabriela Alegre, ex legisladora del Frente Para la Victoria, ocupó el mismo cargo que Avruj en la subsecretaría porteña. Dice: “No está mal promover la diversidad cultural de todas las colectividades, pero es un negocio donde lo único que hacen es ven­der. Es la lógica PRO: promover negocios privados a costa del Estado”.
Schulman analiza otra variable: “Es una política doble, hipócrita. Por un lado se fo­menta celebrar la diversidad cultural, al tiempo que se convive con talleres textiles clandestinos y de discriminación hacia los migrantes latinoamericanos”.
Además de los contratos nunca transpa­rentados sobre los empresarios que acce­dían a los puestos de Buenos Aires Celebra, estas fuentes señalan que las impresiones destinadas a este tipo de eventos “se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glas­man”. Glasman es propietario de la im­prenta Mimeográfica S.A., además de pro­secretario del Museo del Holocausto, del cual Avruj es presidente honorario.
Avruj asumió esa presidencia siendo subsecretario de Derechos Humanos, y la mantiene hasta hoy. Ahora sumó otro car­go: se nombró a sí mismo presidente del instituto de Derechos Humanos de la UNESCO.
En el pliegue de ese perfil internacional y la atención doméstica de los derechos humanos, Avruj juega un rol clave: “Cuan­do entienden que van a tener una política abierta hacia el mundo y que en ese mundo los derechos humanos gozan de un con­senso muy fuerte, se dan cuenta -sobre todo con la primera visita de Hollande (presidente de Francia)-, que no pueden ningunear a los organismos porque tienen un peso específico en la imagen interna­cional de Argentina. En ese sentido en­tienden el rol de la Secretaría, en función de los negocios que pretenden y la plata que necesitan que venga. La ambición es la de crear a un tipo con prestigio en organis­mos internacionales. El más consciente de eso es Avruj y Macri lo está aprendiendo”, interpreta Schulman.
Sigue Schulman: “Y hay otra cosa que Macri está aprendiendo: no es fácil arreme­ter contra el movimiento de derechos hu­manos. Le volteamos a Lopérfido, le frena­mos la libertad de Etchecolatz, evitamos que venga Obama a la ESMA, y ahora estamos peleándola para que aceleren los juicios”.
En cuanto a los organismos de derechos humanos, Gabriela Alegre distingue un trato distinto hacia Madres y Abuelas y otro, hacia HIJOS: “Intentan hacer quedar a HIJOS como violentos, como cuando los asociaron con las piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata”. Schulman razona por qué: “Por dos razones: porque los HI­JOS ya plantearon la diferencia entre la ley y la legitimidad y porque si hay un genoci­da libre van a ir a escracharlo. Y por algo más pragmático: a diferencia de nosotros, que tenemos 70 y pico de años, ellos tienen 35. Se las van a tener que ver con HIJOS por los próximos 50 años”.
Genocidas go home
Avruj vive a tres cuadras de la ex Es­ma. Desde el primer día llega pun­tual a su oficina y cumple riguroso horario. Según trabajadores despedidos, su trato al comienzo fue amable: “Nos sa­ludaba con un beso cada mañana”. Luego, llegaron las rispideces. “Lo primero que hicieron es pedirle al jefe de logística que guardase un ejemplar de cada libro y folle­to que sacó la Secretaría los últimos 13 años, que habíamos hecho nosotros. Y or­denaron tirar todo el resto”. Primero, cuentan, querían quemarlos. Luego acep­taron venderlos como papel.
Entre los hombres clave en el manejo de la Secretaria, los trabajadores distinguen a uno del ámbito empresarial, que ubican en una oficina especial: El Hombre del Cubícu­lo. Luego, señalan al director de prensa, Hernán Bubu Arbinder.
Arbinder fue el encargado de comunicar a los empleados la nueva línea: “Queremos cosas que alegren a los argentinos, nos de­cía”. Lo concreto es que la agenda fijada en Ciudad se trasladó a Nación: pueblos origi­narios, diversidad sexual, comunidades. Para estas actividades, “la agenda de con­tactos que utiliza es la misma de la Ciudad”, aseguran quienes estuvieron en la organi­zación de algunos eventos.
Otro de los ejemplos que ilustran los nue­vos aires de la Secretaría llegó cuando Avruj debió expedirse sobre la prisión domiciliaria a los genocidas. En el blog Pacificación Nacio­nal Definitiva se puede escuchar el audio en el cual Alejandro Patrón Costa (h) relata la reu­nión que mantuvieron con Avruj los defen­sores de los genocidas presos.
Los planteos:

  • Que la Secretaría deje de ser querellante en las causas por delitos de lesa huma­nidad. La respuesta de Avruj: no.
  • Otro: que no sean llamados “delitos de lesa humanidad”. La respuesta de Avruj: “Para él está bien llamarlos así”, lamen­ta Patrón Costas (h).
  • Finalmente, plantearon el tema de las prisiones domiciliarias. “Avruj nos dijo que ese era el camino: movilizar denun­cias sobre la situación de los presos, por cada caso en particular”.

El relato de Patrón Costas coincide con lo que cuenta un empleado de la oficina de prensa: El Hombre del Cubículo le pidió que escribiera una editorial política que sería firmada por el secretario. “Me dice: ‘Poné que están muy viejos, enfermos y que en algunos casos se pelean con sus compañeros de celda. Decí que ante esos casos, aceptaría la domiciliria’”.
El joven, que venía de la anterior ges­tión, se negó.
El Hombre del Cubículo le dijo enton­ces: “Dejá, se lo pido a otro”.
En marzo el diario La Nación –entusias­ta defensor de genocidas- publicó un re­portaje en la cual Avruj expone estos con­ceptos.
Medios, adentro
Dirigido por Bubu Arbinder, el es­quema de la Secretaría incluyó la creación de un nuevo cargo: la subdirección de prensa, ocupada por Ro­berto Bobby Menna.
Bobby, a diferencia de Bubu, viene de la tevé y según los ex trabajadores, “tiene to­dos los contactos con los medios”. Ade­más, en la dirección de prensa fue contra­tada la joven novia de un famoso productor de radio Metro, “con los contactos del ám­bito radial”. Y también, un joven panelista del noticiero de las 18 horas del Canal 26. “Metieron mucha gente vinculada a me­dios, con muchos contactos: ahí tenés no solo una política de cara a los medios, sino los medios adentro”.
Aportan una anécdota para resumir qué rol juega Avruj y su Secretaría dentro de la geopolítica comunicacional de Cambiemos:

  • Lo que van diciendo es un grupo de What­sapp que enlaza a los principales funcio­narios del gobierno nacional con Marcos Peña y su equipo de comunicación.
  • A fines de enero llegó a esa lista el men­saje de que Darío Lopérfido, por entonces Ministro de Cultura porteño, había rela­tivizado el número de desaparecidos.
  • Luego, desfilaron los mensajes del sis­tema de monitoreo de redes sociales que evaluaban las reacciones que habían co­sechado las opiniones de Lopérfido.
  • Por último, llegó la orden de Marcos Pe­ña para neutralizarlo. “Primero que salga Avruj”.

Y Avruj salió.
En primera persona
Estamos en la Esma, que aún impo­ne su pasado siniestro a pesar del Ex. Nos recibe Bobby Menna, quien se esfuerza por hacernos sentir como en casa. El nombre (en rigor es Roberto) y la cara recuerdan a un zapping televisivo, que luego sintoniza: Bobby condujo junto a Jésica Cirio el programa Impacto 9.
Una secretaria ofrece algo de tomar y en tiempo récord llega una moza con agua y café. En las paredes de la sala de espera cuelgan sólo dos cuadros con dibujos: uno de las Madres de Plaza de Mayo; otro de un chupete colgando de una celda. Dentro del despacho del secretario Claudio Avruj, la decoración cambia: sobresalen tres cua­dros, cada uno de una colectividad distin­ta: afro, musulmana y judía. Sobre el es­critorio, fotos familiares y en un rincón, fotos con el Papa y Obama. Y encima del sillón donde transcurrirá la entrevista, el retrato de Mauricio Macri con la banda presidencial.
Bobby se quedará durante toda la charla; luego, se sumará Bubu.
A diferencia de Bobby, Bubu no es cono­cido por su trabajo en los medios, que has­ta el día de hoy mantiene: a pesar de su función ministerial, sigue trabajando co­mo productor del periodista de Radio Mi­tre, Marcelo Longobardi.
En ese marco, Avruj comienza delinean­do los principales ejes de su política, que define como alineada “con lo que propone Naciones Unidas”. Resalta: “Obviamente un eje importantísimo es Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, pero no­sotros detectamos muchísimas ausencias del Estado a nivel federal en materia de de­rechos humanos. Un eje principal para no­sotros es pueblos originarios. El segundo eje es la diversidad sexual. Si bien nosotros reconocemos que durante estos últimos 25 años hubo un despliegue de derechos en cuanto a la diversidad sexual, sin lugar a dudas, hay una brecha muy grande entre lo legal y lo real. Y cuando recorrés el país -ni hablar del GBA- no se despliegan los dere­chos como en la Capital Federal. Esto lo he­mos visto en Salta, donde recién están dis­cutiendo la posibilidad de una zona roja para que la población trans pueda ejercer desgraciadamente la prostitución sin ser avasallados por la policía”.
¿La zona roja es la mejor solución para la ex­plotación sexual?
La zona roja no es la mejor solución, por­que sabemos que detrás de la prostitución están los que hacen negocios, está la droga y un montón… Pero no podemos prescin­dir de que la gente que tiene que llegar a esa situación vea sus derechos humanos permanentemente avasallados por la Poli­cía Federal, con complicidad del Estado.
En Salta, justamente, ya se realizaron 503 marchas contra la violencia institucional …
Era el otro foco que iba a mencionar: el te­ma de la violencia institucional. Es de los problemas más graves del Estado. En Ar­gentina tenés policías muy violentos en todo el país, muy violentos. Ni hablar que todos sabemos qué poder tienen las poli­cías locales. Es un país en el cual hoy la tortura existe en las prisiones: esto lo sa­bemos. Es un problema muy serio, here­dado desde principios de la historia, pero al cual la democracia no pudo darle solu­ción. Pero siguiendo en orden, el tercer eje novedoso que trajimos acá es el tema de la división nacional de multiculturalismo y pluralismo cultural. Yo lo instalé en Ciu­dad, esto fue muy bien visto por Naciones Unidas y por distintos organismos inter­nacionales como algo novedoso. Porque cuando uno mira colectividades, no es el folklore. Es eso, pero además son las redes de contención que crean las comunidades: todas tienen cementerios, escuelas, igle­sias centros deportivos, centros de asis­tencia social, hogares para ancianos, lo que quieras. El valor que eso tiene como sostén de acompañamiento del Estado es fantástico. Entonces, hay que potenciar.
Sobre el tema de las comunidades hay un ca­so aberrante: el asesinato de Massar Ba, un referente de los derechos senegaleses que murió a patadas en plena calle de San Telmo.
Sí, claro, el senegalés. Nosotros intervini­mos ahí. Estamos en contacto permanente con la comunidad senegalesa, con la cual yo tengo muchos vínculos desde la Ciudad.
¿La secretaría va a constituirse como quere­llante en la causa?
Ahí estamos trabajando y definiendo… porque ahí tenés también un límite. Como secretaria de Derechos Humanos no podés ser querellante en todos los hechos indivi­duales.
En este caso era un referente de los dere­chos humanos y hay presunciones de que el crimen involucra agentes del Estado, o que hubo una mala actuación policial
El Estado sí, es otra cosa. Porque si nos po­nemos a ser querellantes por cualquiera, primero que no tengo la atribución. Todos los temas de contención, de apoyatura, eso se está haciendo. El proceso de querellante ya no me corresponde.
Sobre otro de los ejes: pueblos originarios. En Salta una niña wichi fue violada y el com­portamiento de las instituciones del Estado constituyó una segunda violación…
Sí, sí, estuvimos, de hecho ahí intervini­mos. Porque yo tengo mucho vínculo con Ubilla, el que levantó el tema, que es un le­gislador del FPV justamente. Estuve en Salta, ahí se instaló el tema fuertemente, ahí vamos acompañando también.
Otro caso de violencia institucional: Belén.
Ese tema, bueno, tenía muchísimas defi­ciencias todo el trabajo que habían hecho los médicos, y la justicia posteriormente. Por eso nosotros presentamos el informe que nos transmitía a Naciones Unidas y bueno, nos reunimos con todos los orga­nismos de derechos humanos, con la abo­gada, y por suerte se logró la liberación.
Son 30 mil
Usted es presidente honorario del Museo del Holocausto y entende­mos que gracias a esa labor es que, de alguna forma, está aquí. Por eso puede entender mejor que nadie que cuando un funcionario pone en duda la cifra de desa­parecidos -y mucho más si se dice que es por plata o por susbsidios- está cometien­do algo más que un error. ¿Cuál es su inter­pretación?
Fui el primero que salió al cruce de las de­claraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de dere­chos humanos como búsqueda de demo­cracia y de verdad y tras el cual toda la so­ciedad ase enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión históri­ca y académica, pero por ahí no es el tiem­po, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento in­discutido por todo el mundo- tiene de­nuncias de 8.400 y pico. Que esas denun­cias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible.
Sobre todo porque, como usted repasa, las cifras y los aportes se hicieron siempre des­de organizaciones de la sociedad civil y no desde el Estado
Es que siempre es así.
Al día de hoy existen hábeas corpus sin res­puesta, por ejemplo el de Nora Cortiñas, que exige que el Estado le diga dónde está su hijo
Es lo que decimos siempre: los números siempre vienen desde las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que fue­ron diezmadas, que no quedó nadie? ¿Qué pasa con todas esas familias que se fueron al exilio o están acá y no denuncian? Pero está interpretado que vos tenés documen­tos donde los militares muchas veces di­cen que “para terminar este problema ne­cesitamos que mueran o desaparezcan miles”. Y hay documentos de ellos que di­cen 17 mil, hay documentos de 22 mil… ¿Y si son 40 mil? Hagamos al revés: si a lo lar­go de los años se demuestra que fueron 52 mil. ¿Qué van a decir? “Che qué boludos: no sabían que no eran 30 mil, sino 52 mil?” ¿Y en qué cambió la cuestión de fondo? Por eso hay que ser muy respetuoso y serio y cuidadoso con los números.
Otra cuestión que exige respeto y cuidado son las prisiones domiciliarias de genocidas.
Hay dos dimensiones que hay que enten­derlas muy bien. Una dimensión es lo emocional. Lo que representa un asesino – haya matado a uno o a diez, haya robado un bebé- para la inmensa mayoría de la so­ciedad. Ahora, como trabajadores y lucha­dores identificados con los derechos hu­manos sabemos que nuestra aspiración máxima es la justicia. Si Argentina tiene este plexo normativo en el que dice que a los 70 años el juez puede entregar la pri­sión domiciliaria, no es un tema de impu­nidad: es un cambio de lugar de cumpli­miento de la sentencia. Eso también hay que dejar claro: no es una amnistía o un “ya está, terminaste”. No. Te cambian el lugar de prisión y ahí tiene, la policía o quien corresponda, que velar para que la justicia se cumpla. Ahora, si la ley es taxa­tiva y dice: “a los 70 años, en situación de enfermedad y que no revista un peligro para la sociedad, el hombre es pasible de…”. Como organismo de derechos hu­manos, si eso es la ley, tenemos que ser los primeros en respetarla y no opinar desde lo político. Porque si no nos vamos a con­vertir en lo mismo que juzgamos. Acomo­damos la justicia según nuestra opinión. Y ese es mi límite.
¿El caso Etchecolatz es un límite?
Ahí entra a jugar lo que representa. Nadie puede desconocer en este concierto lo que representa Etchecolatz para la sociedad, o Videla en su momento. Nadie lo puede desconocer. Pero ahí había otro límite. Lo que sí vimos es dónde se sostuvieron los jueces y pedimos en la causa que se revise la decisión. Pero no podemos apelar por­que no estamos habilitados. La ley no lo permite. La ley te dice que una prisión do­miciliaria la pide el detenido al juez que lo condena; y el único que puede apelar es el fiscal: la querella no.
Las posturas garantistas, el debido proceso y a la presunción de inocencia no están en cuestión. Son condenas firmes los casos de Etchecolatz, de Weber, de Menéndez …
Esos son los conocidos.
Y hay muchos desconocidos que preferiría saber quiénes son porque me los puedo en­contrar en la panadería.
Para el familiar es el mundo, porque fue torturado. Para José Pérez, que nadie lo co­noce, ese es el mundo.
¿Un mundo en el que Hitler puede ser tu vecino?
Ya que tocás el tema de los nazis: Priebke fue un asesino de las fosas en Italia, un capo SS, el tipo es responsable de haber matado 800 judíos. Vivió toda su vida co­mo un gran hombre, fundador de escue­las, en Bariloche. Se lo detecta y se lo de­tiene en el 95. En el 96 logamos que se extradite. Llegó a Italia y murió en su ca­sa, porque la ley le daba la domiciliaria. O sea, no es el primer caso. Hay que separar lo emocional de lo real. Y también creo que hay que desprejuiciar a la sociedad en esto de la impunidad. Porque ¿cuál fue el proceso histórico en estos últimos tres años de las domiciliarias? Hoy tenés da­das 465 domiciliarias a fecha de hoy. 441 se dieron hasta antes del 10 de diciembre. Con toda la oposición que yo puedo tener al gobierno anterior, nadie le va a decir “estuviste trabajando por la impunidad de los militares”. Nadie se lo permitiría. Entonces hay que empezar a desprejui­ciarse. Si hablamos de derechos humanos lo mejor que nos puede pasar como socie­dad es someternos a Derecho todos y cumplir la ley. Abramos la cabeza.
En el sentido de “desprejuiciar”, nosotros también le hicimos las preguntas que tenía­mos que hacerle a la anterior gestión. Una que se repite hoy, a 10 años de la segunda desaparición de Julio López. ¿Qué está ha­ciendo el Estado para encontrarlo?
Te doy una primicia: hoy me siento con el ministro de Justicia para proponerle cons­tituirnos como querellantes. Porque esa es una desaparición en democracia.
Otro de los temas que hablan de rupturas y continuidades con políticas anteriores: la búsqueda de los nietos, ¿qué recursos es­tán destinados hoy?
Lo primero que hice cuando asumí: ratifi­qué a Claudia Carlotto al frente de la Cona­di. Y ratifiqué a Claudia Naftal en el Sitio. Abuelas permanentemente recibía subsi­dios y apoyo; lo que nosotros hicimos fue transparentarlo en un convenio y no que queden acuerdos de un funcionario de tur­no con Estela. Hay que decir la verdad: Es­tela liquidaba hasta el último papelito del gasto, no hay nada que la enturbie ni nada por el estilo. Pero tener un convenio, al Es­tado lo tranquiliza.
Panamá y después
Una consulta sobre su situación pa­trimonial: la sociedad en Panamá. Usted dio una explicación que luego fue desmentida. ¿Cuál es su versión final?
Hubieron dos mails de B’nai B’rith inter­nacional a Página 12 y ellos tomaron el pri­mero y no el segundo, que era el completo. No aparezco en los Panamá Papers.
Aparece en el registro público de Panamá…
¿Por qué aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offsho­re. ¿Por qué tenía una empresa? Porque yo era el director de B’nai B’rith en Argenti­na. Para que entiendan me tomo un minu­to: la B’nai B’rith internacional se organi­za en distritos. Un distrito es Chile, Argentina, Uruguay Paraguay. Otro es Brasil. Y otro es el Caribe. Yo era director del Caribe, que abarca México, Venezuela, Guatemala, Curacao y Panamá. Los presi­dentes de esos distritos se eligen cada dos años y van rotando. Legalmente, lo que es­tá inscripta es la B’nai B’rith local, no el distrito. Es como si fuese una franquicia que le da la marca internacional. Ahora, yo estaba en Venezuela dirigiendo. Para que pueda vivir en Panamá había tres formas, que son las que se siguen manteniendo hasta hoy: o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contra­to, que el distrito no me lo podía dar por­que no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente electo decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como se­cretario general. Y eso fue lo que me per­mitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia.
Por último ¿sobre los dichos del Presidente sobre la dictadura tiene algo que decir?
Lo que sí puedo garantizar es que el Presi­dente cuando dijo “esto no voy a debatir­lo” tiene que ver con lo que estoy plan­teando: no es un tema de debate, muchachos. Lo mismo cuando habló de la “guerra sucia”: está claro que estaba ha­blando del sistema que instaló la dictadu­ra. Y en esa dirección estamos trabajando. Y una cosa más: el hecho de estar en el mismo espacio político no es garantía para que avalemos todo lo que cualquiera diga. Lamentablemente, en el gobierno anterior nadie cuestionaba. Yo salí a cuestionar al intendente de General Alvear, en pleno romance con Urtubey me metí en Salta con el quilombo, con Lopérfido me metí yo. Que seamos del mismo espacio es bueno para festejar una elección. Voto un pro­yecto común, pero desde mí no te va a dar para que te acompañe en todo.

lavacaTV

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

Publicada

el

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

Seguir leyendo

lavacaTV

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.