Los jueces, los legisladores, los partidos políticos de cualquier signo y ciertos organismos de derechos humanos: conversar con Mara Puntano equivale a comprender de qué lado está la justicia en la Argentina. Desde Salta, una entrevista a una abogada que cree que evitaría homicidios y torturas en las cárceles si lograra tener una notebook. Dice la doctora Puntano: “Es un deber moral defender a todo luchador social. No solamente a los muertos hace 28 años, sino al que muere día a día, al que está en peligro en este mismo momento. Hay compañeros que resisten hoy. Y ante el mínimo conocimiento de que alguien ha caído detenido por una lucha social, es imprescindible actuar porque eso puede salvarle la vida”.

Mara Puntano es una abogada laboralista y penalista nacida en Orán, recibida en Corrientes y regresada a Salta.
Llegó al mundo con una carga genética de vocación por las causas complicadas, y actualmente enfrenta casi a solas al gobierno, a las petroleras y a la justicia de Salta. Defiende a los trabajadores de Mosconi acosados por la justicia a través de cientos de causas que se les abren cada vez que reclaman lo que es suyo: el trabajo, y las deudas asumidas ante ellos hace más de una década, cuando se cometieron las privatizaciones.
«Cuando me recibí trabajé con sindicatos. Vengo del peronismo. Primero trabajé gratuitamente en la CGT». *
(* Referencia arqueológica: la Confederación General del Trabajo fue una central gremial que, según algunos estudiosos, sigue existiendo en forma larvada, aunque tal hipótesis no ha podido verificarse).
«Pensaba que dentro del peronismo la parte más rescatable era la parte obrera. Hasta que empecé a ver que todo era una mugre, en los años 80. Me alejé y no estuve en ningún otro partido político. Defendí a gente del PC, del PCR, el PO, la CCC, la CTA (Partidos Comunista, Comunista Revolucionario y Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores Argentinos)».
Eso fue durante los años 90. Mara también se dedicó -carga genética mediante- a los temas de derechos humanos. «No sólo por lo ocurrido durante la dictadura. Empecé a intervenir también en causas de apremios ilegales de la policía contra todo tipo de luchador social».
En el 2000, la realidad le cambió el juego: «La lucha de los piqueteros ya había comenzado, pero después empezaron las detenciones, la represión feroz. Yo me presentaba en los juzgados y decía que quería ejercer la defensa de los detenidos, de los que no sabía ni el nombre».
Encrucijada: Mara comenzó a defender a los piqueteros, pero las sedes salteñas de los organismos de derechos humanos con las que ella trabajaba -cuenta- no estaban de acuerdo.
Es sencillamente impresionante escuchar cada cosa que dice con una tonada salteña llena de suavidad. Engañosa suavidad.
-¿Por qué los organismos no estaban de acuerdo?
-No querían hacerse cargo de esos casos. La UTD fue la más castigada, y la que presentaba mayor resistencia. No aceptaba pasivamente las cosas. Acá se resiste en serio. Se pelea cuerpo a cuerpo con la policía, con la gendarmería. Bueno, hay gente que no está de acuerdo con eso, y entonces yo tampoco estoy de acuerdo con esas organizaciones de derechos humanos. Para mí es una actitud política decir: defiendo a esta gente.
-Perdón, Mara, pero si bien es crucial la lucha por los derechos humanos orientada al pasado, lo que se vivía era la violación de esos derechos en el presente. No se entiende por qué no lo asumían.
-Yo tampoco. Yo también creo que es muy noble y reivindico toda la lucha de los 70. Admiro y respeto a los 30.000 desaparecidos. Tanto, que yo también presenté aquí en Salta el juicio por la verdad, y sigo siendo abogada de varios familiares en ese juicio. Pero aparte, creo que es un deber moral defender a todo luchador social. No solamente a los muertos hace 28 años, sino al que muere día a día, al que está en peligro en este mismo momento. Hay compañeros que resisten hoy. Y ante el mínimo conocimiento de que alguien ha caído detenido por una lucha social, es imprescindible actuar porque eso puede salvarle la vida.
-¿De qué modo?
-Mire, en el trayecto desde que alguien es detenido hasta llegar a la comisaría o el juzgado, puede morir. Puede morir. Es obligatorio moralmente intervenir, y me parece inmoral no hacerlo. Y más, si los que no lo hacen son organizaciones que tienen estructura, gente capacitada y dinero para ejercer la defensa de los derechos humanos. Pero se vuelven burocráticos y no hacen nada. Yo estoy en contra.
-¿De quién estamos hablando?
-Prefiero hablar en general. No sé: es peor el que no quiere ver que el ciego. El compañero que está en esos organismos y no quiere ver, me parece tremendo. Yo soy muy frontal, pero no me importa y lo digo como es: hay instituciones con la estructura, la gente y los recursos para dedicarse a estos temas, y no lo hacen.

Hoy en día Mara tiene a su cargo la situación de más de 300 encausados (sólo en Salta figura el 10 por ciento de los criminalizados por protestar del país). «Encausado es toda persona a la que se le inicia una causa penal imputándole un delito común. Nosotros decimos que es un delito político, porque se trata de una lucha social determinada. Sea por ocupar vivienda, reclamar una tierra, reclamar condiciones dignas de vida».

La definición sobre la provincia: «Esto es un feudo. Estamos en el siglo XXI pero eso es cronológicamente. Políticamente, Salta sigue estando en el Medioevo. Siguen existiendo amos y esclavos. Sigue existiendo un temor reverencial hacia los señores, las familias, que estando en democracia utilizan a las instituciones como botín de guerra. Tenemos el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo incluso, que están en manos siempre de las mismas familias, lo mismo que pasa en Santiago, en Catamarca. Nunca cambia nada. Cambian las instituciones pero siguen siendo las mimas familias y los mismos intereses».
Mara describe situaciones inconcebibles, pero que no lo son. «En los ingenios los obreros siguen siendo tan esclavos como en la época de la conquista. Son dueños de vidas y de personas. Se sigue utilizando el derecho del patrón de violar a la hija del obrero. Eso es tabú. Está y no se dice. Pero existe».
Para comprende el grado de violencia de la que son capaces quienes ejercen el poder de la zona, Mara recuerda el caso del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, y el apagón ocurrido el 27 de junio de 1976, a las 22. En aquel momento, las fuerzas de seguridad cortaron el suministro de energía a la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua, que fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional.
La oscuridad permitió el secuestro de 400 obreros, estudiantes secundarios y universitarios, amas de casa. Todos fueron llevados -en vehículos de la empresa- a centros clandestinos, donde permanecieron semanas y meses, sometidos a la rutina de tortura sistemática generalizada en aquellos tiempos.
Treinta de esas personas nunca volvieron a aparecer.
(Más recientemente, las protestas y escraches a la señora Nelly Arrieta de Blaquier, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, fueron calificados por el diario La Nación como metodología nazi, adjetivación que jamás merecieron en dicho periódico hechos como el apagón en Ledesma).

Dice Mara: «Así desaparecieron todos los que dirigían el sindicato del azúcar, y todos los maestros que eran considerados subversivos. Esa es una realidad que hay en todo el noroeste argentino, que es un feudo. Los jueces responden a esos patrones de estancia, y por eso criminalizan la protesta. Y están acostumbrados tanto a actuar como patrones de estancia, que prescinden incluso del derecho vigente, incluso el derecho injusto que rige en este sistema y que responde a una clase dominante. Ni ese tipo de derecho respetan».
La frase de Mara podría pronunciarse en una desmesurada cantidad de juzgados argentinos: «Están tan acostumbrado a la impunidad, que ni siquiera se toman el trabajo de elaborar sus sentencias y por lo menos ser prolijos».
Mara Puntano informa de paso que muchos jueces son o han sido efectivamente empleados de las empresas multinacionales. «El juez Aramayo, por ejemplo. Y el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia, el doctor Reston, es actualmente abogado de Tecpetrol».

La abogada considera que ya se ha naturalizado la criminalización de la protesta social. «Es algo tan cotidiano y a la vez tan bruto que no puede explicarse. Aquí la gente está metida para adentro, es silenciosa, más pasiva. Y parece acostumbrada o resignada a la sumisión y el aplastamiento. Parecería que no creen que tienen derechos. Y entonces todo el que se levante, así sea un maestro que enseñe un librito raro, ya comete un delito. Y para eso te vuelcan todo el peso de la ley. No importa qué delito, pero así te tratan. Esa es la historia de este pueblo. La gente de la UTD está procesada por sedición, instigación a cometer delitos, incendio, por daños, por obstrucción y entorpecimiento de los medios de transporte. Están procesados como partícipes de asociación ilícita. Se consiguió sacar la imputacón de «organizadores» de la asociación ilícita, que no era excarcelable».

En el caso de José Pepino Fernández (que suma -sólo él- un total de más de 70 causas, de las cuales 58 son federales) «ya le hacen causas porque sí. Sin razón que valga. El otro día fue a declarar a tres que le iniciaron últimamente».
Mara es la abogada de todas las causas. Tiene que moverse en distintos fueros y localidades. De Salta capital hay más de 350 kilómetros hasta Mosconi, que está en jurisdicción de Tartagal. Para colmo, se abrió otro juzgado federal en Orán, a donde van las causas de Mosconi, lo que complica aún más los trámites y el recorrido de la abogada.
«En realidad todos son ataques judiciales para controlar la protesta social».

-¿No está muy sola, ante tal volumen y dificultades judiciales?
-Estoy sola para llevar todas las causas, pero estoy muy acompañada. Después de los muertos del año 2000, en mayo Matías Gómez y Orlando Justiniano, y en noviembre Aníbal Verón, cuando vimos que la represión seguía siendo inminente, ya en el 2001, descubrí el recurso de Internet. Pedí ayuda el 15 de junio de ese año. El 17 mataron a Carlos Santillán y a Oscar Valle. Creo que ahí muchos vieron que yo no mentía. Vino una delegación de 40 organismos, gente de sindicatos y partidos, le invadieron el despacho al juez Cornejo. Entraron en tropel, y se sintió por primera vez desnudo en su impunidad frente a la monstruosidad de lo que estaba haciendo. Hubo casos de muertes, pero también de heridos como Iván Dorado que tenía 17 años y quedó parapléjico por las balas de guerra, prohibidas por convenciones internacionales. Iván tiene esas municiones en su columna vertebral. Pero decía que me siento acompañada porque se empezó a entender lo que pasaba aquí. Eso sirvió para que los jueces se sintieran un poco más observados, y cuidan un poco más las torturas y las muertes. No hubo más muertes en las rutas. Si hay en las comisarías, y las catalogan como suicidio. Pero bueno, me siento acompañada por mucha gente, por el Foro que se hizo en Mosconi, y porque así se va armando una red que sirve para estar en contacto y actuar.
-¿Qué se puede hacer concretamente?
-Cuando detienen a alguien y circula rápido la noticia, se puede llamar al juzgado, mandar mails, un fax, todo sirve para que el juez sepa que alguien, en algún lugar del planeta, sabe que ese compañero está detenido. Eso es de vida o muerte. Y no hay peor cosa para un asesino que quitarle el manto de impunidad.
-¿Cuál es la mejor salida para evitar que los encausados sigan estándolo?
-(Se indigna) Para mí tienen que actuar… otra vez lo mismo. Las instituciones, ¿para qué diablos están las instituciones, los partidos políticos que ganaron elecciones y tienen diputados, senadores y concejales, metidos en esas instituciones que pagamos todos nosotros? ¿Qué hacen? Ganaron elecciones hablando de solidaridad. Entonces, ahora que peleen. Que hagan las leyes que tienen que hacer. Que hagan su trabajo. Creo que, por ejemplo, tendría que reformarse el Código Penal.
-¿Qué habría que cambiarle?
-Que no se castigue la protesta social, ni lo que hace la gente en estado de indefensión, o la que exige trabajo y por eso corta una ruta. No puede ser un delito, porque hay una causa de justificación. Ya que hay tanto cráneo cobrando sueldo de nuestros impuestos, que lo cambien.
-Pero Mara, con las actuales leyes sobra para no criminalizar la protesta. Como se dijo Roberto Gargarella en el Foro Mosconi, el problema es que los jueces son brutos y brutales.
-Son brutos cuando quieren. Para que sean un poco menos brutos, todo esto tendría que estar explícitamente incluido en el Código Penal. Y lo otro que tendría que salir es una ley de amnistía a todos los luchadores sociales que han sido procesados. Soluciones hay dentro del sistema. De última, la solución es el cambio del sistema que es totalmente injusto, y tiene un derecho igualmente injusto. Pero bueno, para eso falta mucho.
El proyecto de amnistía está presentado hace mucho, y no se trata. Si se logró el tratamiento de las leyes de obediencia debida y punto final, también tendría que lograrse con esto. ¿Qué están esperando? ¿Qué todos los luchadores sociales salgan a la calle? ¿Qué los maten a todos en la cárcel? ¿Qué pretenden? ¿Para qué están en esos cargos legislativos si no hacen nada?
-¿Qué colaboraciones concretas necesitaría para ejercer su trabajo?
-Una notebook para hacer ahí nomás un escrito y presentarlo, esté donde esté. Una cámara de fotos.
-¿…?
-Una chiquita, para meter en las cárceles. Se podrían mostrar y hacer tantas cosas, se podría mostrar el hacinamiento, las injusticias, y a los torturadores. Los abogados deberíamos, todos, devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Si somos profesionales, se lo debemos al pueblo y tenemos que estar al servicio del pueblo. Entonces, no podemos permitir que a un detenido se lo torture. Los abogados podemos ir a las comisarías, exigir revisarlas. Vos entrás a cualquier comisaría y se escuchan los gritos. O las radios a todo volumen. ¿No sabemos desde la época de la dictadura para qué ponen las radios a todo volumen? ¿O nos hacemos los boludos?
Hay muchísimos organismos de derechos humanos que tienen el cartoncito para poder entrar a las cárceles y no lo hacen. Los defensores oficiales, los fiscales y procuradores, hay una cantidad de instituciones y funcionarios que cobran, tienen capacidad y terminan siendo cómplices de los asesinatos: por todo lo que no hacen. ¿Cobran 4.000 pesos y nunca tienen media hora para ir a una cárcel a ver lo que pasa? Para colmo, yo creo que nada es casual. El sistema se encarga de que no tengamos estructura jurídica, que desconozcamos cuáles son nuestros derechos. Y los colegios de abogados y las corporaciones gozan con hacer del derecho y la abogacía algo inaccesible a la población, porque eso significa poder.

Mara Puntano asegura que no necesita cosas para ella, «tengo pocas ambiciones personales, aunque hay peleas porque no se llega bien a fin de mes». Dice: «Si una persona sola y sin recursos puede defender a toda esta gente, ¿cuánto más podría lograrse con medios técnicos y algo de colaboración?»
La pregunta no tiene respuesta. Todavía.