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Crónica del agua turbia. Privatizadas: renegociación con un monopolio

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Pese a que se podría rescindir el contrato con el monopolio de Aguas Argentinas, como había sugerido el presidente Kirchner, esa concesión fraudulenta continuará vigente a través de un nuevo convenio. Más de lo mismo para un servicio esencial que incumplió todo lo pactado pero se benefició de un sistema que sólo perjudica a la sociedad. Lo que dicen la Auditoría de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Estaban todos los elementos dados para que el gobierno rescindiera el contrato de concesión con Aguas Argentinas. El propio presidente Néstor Kirchner había amenazado con hacerlo. Sin embargo, el acuerdo será renegociado. Mañana se firmará un acta de acuerdo que fijará las reglas de la discusión del nuevo convenio que abarcará a 60 mil hectáreas servidas de agua y 40 mil hectáreas de cloacas, correspondientes a casi 10 millones de personas en Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires: en función del tamaño del área que abarca, el sistema sanitario argentino se considera el más grande del mundo transferido al sector privado mediante concesión. La red fue adjudicada en 1993 a un solo consorcio empresario -Aguas Argentinas- por 30 años y sin la exigencia del pago de un canon. Y, en esas condiciones, lo que se entregó no fue un servicio cualquiera sino uno esencial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso al agua es un derecho humano indispensable que debe ser considerado un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico.

Las cosas del Estado

La red de agua y saneamiento estuvo a cargo de la empresa estatal Obras Sanitarias Argentinas (OSN), desde 1912 y nació con la premisa de ser un servicio social, que logró -en 1947- que el 94 por ciento de la población contara con agua corriente . A partir de la década del 50, sin embargo, el servicio no hizo más que declinar.
En 1980, la dictadura militar lo desmembró en 161 sistemas independientes, que transfirió a las provincias a través de un programa de descentralización. Esa medida condenó al servicio a la decadencia (terminó siendo inequitativo, obsoleto, contaminante y de baja calidad) y ayudó a crear un clima favorable a la privatización que se concretó en la década siguiente a favor de una firma liderada por la operadora francesa Suez Lyonnaise des Eaux Dumez y el grupo local Soldati.
En el año 1991, el porcentaje de población del área provista por OSN a través de red pública de agua corriente era del 73,01 y por red pública de desagües cloacales era de 55,72 (porcentaje que disminuye considerablemente si se excluye la Ciudad de Buenos Aires). Y en ocasión de la privatización, el servicio se encontraba en una situación de deterioro y obsolescencia tecnológica: un 79% de las cañerías había superado su vida útil y los catastros estaban desactualizados.
La calidad de la red no mejoró demasiado desde entonces, Por el contrario, la expansión de servicios a la población de bajos ingresos es uno de los grandes problemas de la pos-privatización.

Denuncia de la Auditoría

Tal como se desprende de los informes que, desde los inicios de la concesión, realizó la Auditoría General de la Nación, las negligencias son de suma gravedad. Dos auditorías ambientales alertan sobre contaminación en las aguas; los pozos de ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires contienen “elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales”, mientras que los efluentes cloacales son vertidos directamente al Río de la Plata, sin el debido tratamiento para que no lleguen a las costas desechos industriales u otros elementos contaminantes
La red de cloacas que administra la concesionaria corresponde a 5.700.000 habitantes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de 17 partidos del Conurbano. Según un informe de la AGN, sólo el 12 por ciento de la red recibe tratamiento final. La Auditoría puntualiza, además, que:

– No se construyeron los conductos que permitirían adentrarlos en el Río de la Plata, a una distancia que facilite su dilución y evite la contaminación de sus costas.

– No se construyeron nuevas cloacas máximas y ni plantas depuradoras,

– No se limpiaron ni se repararon cloacas máximas, colectores e impulsores.
La primera etapa de mejoras debía implementarse antes del final de 1998 y la segunda, en el 2005. Sin embargo, poco se ha hecho ya que, en febrero de 1997, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable abrió la renegociación del contrato (decretos N°149/97 y 1167/97) y las obligaciones del concesionario se redujeron considerablemente. No se hizo ninguna obra sustancial en materia de conducción de vertidos.
Con relación a la calidad del agua, el informe AGN 41/2 afirma que:

– Hay áreas críticas en los partidos de Morón, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría por la presencia de elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales en agua de pozo.

– El concesionario no cumple con su compromiso de desmontar y cegar los pozos de producción de agua subterránea retirados del servicio.

– La empresa no presenta información detallada de los niveles de desincrustación a que se sometió a las cañerías.

– No cumple con la obligación de identificar las conexiones clandestinas de desagües pluviales a cloacales y viceversa, suministrando insuficiente información sobre acciones tendientes a eliminarlas.
(Pregunta inevitable: ¿los eficientes ejecutivos de Aguas Argentinas beberían aguan en esas condiciones?)
Sobre la calidad del servicio privatizado, otros informes señalan que la presión de agua es menor a la indicada por contrato y que los cortes imprevistos del servicio fueron incrementándose progresivamente, sobre todo a partir del séptimo año de concesión, a la vez que disminuía el número de cortes programados. Hechos que evidencian tanto el deterioro de las redes de agua potable y, en consecuencia, la baja de calidad en la prestación del servicio, como la ausencia de tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura.

La eficiencia

Cuando, en el 2003, el ministro de Economía Roberto Lavagna solicitó información a la Auditoría, el organismo elaboró el siguiente cuadro, en el que queda graficada la diversidad, gravedad y la persistencia de los incumplimientos.

TEMA
INCUMPLIMIENTOS AL 8° AÑO (2001)
Concentración límite de Nitratos en agua de red
Por 6° período consecutivo
Incumplimiento del límite de Cromo en agua de red
Sólo en 8° año
Incremento de pozos en servicio con contenido de arsénico
Por 4° período consecutivo
Deficiencias por bacterias coliformes en agua de red
Sólo en 8° año
Frecuencia de control de parámetros orgánicos e inorgánicos en agua subterranea
Sólo en 8° año
Presiones disponibles del servicio de agua en las conexiones domiciliarias, inferiores a 10 m.c.a.
Por 5° período consecutivo
No prestar servicio de provisión de agua en áreas de expansión, con presiones de al menos 10 m.c.a.
Por 3° período consecutivo
No presentación de los planos de isopresión
Por 3° período consecutivo
No aislar las fuentes alternativas de agua
Por 7° período consecutivo
No cumplir con el cegado de los desagües alternativos
Por 7° período consecutivo
No efectuar identificación de conexiones clandestinas o irregulares de pluviales
Por 7° período consecutivo
Tendencia negativa de la calidad de los parámetros de volcamiento en Planta Sudoeste
Por 2° período consecutivo
Por estar en el límite de demanda de cloro en el efluente tratado (Planta Norte)
Por 3° período consecutivo
No realiza los controles con la frecuencia establecida en el Marco Regulatorio (Radio Antiguo)
Por 2° período consecutivo
No informar sobre la calidad de los espiches afluentes para determinar la calidad del vertido
Por 2° período consecutivo
No denunciar todos los casos de infracciones de calidad de volcamiento industrial a colectora
Por 2° período consecutivo
No cumple con la solicitud de actualización completa y detallada del total de riesgos detectados, efectuada en el Informe del 7° año
Sólo en 8° año

Las leyes del mercado

El consorcio ganador de la licitación de aguas, resultó elegido porque se comprometió a reducir la tarifa un 26,9%, un porcentaje solo 8 décimas más bajo que el del oferente que salió segundo. Aún con esa rebaja, la concesión era negocio asegurado desde el inicio ya que, previo al traspaso, el gobierno de Carlos Menem había aumentado intencionalmente el valor del servicio. En febrero de 1991 se dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la ley de Convertibilidad) se produjo otro incremento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa, se dispuso otro aumento tarifario del 8%.
Y aunque el contrato preveía que la tarifa debía mantenerse igual a lo largo de diez años, ocho meses después de iniciada la concesión, la empresa planteó una “revisión extraordinaria” de tarifas, con el argumento de “pérdidas operativas no previstas”. Poco después una resolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ETOSS -el organismo que debe velar por el cumplimiento de lo pautado- autorizó un incremento de la tarifa general del 13,5% a partir de julio de 1994; el cargo mínimo de conexión de agua aumentó el 83,7% y el de cloacas un 42%, al tiempo que los cargos de infraestructura se incrementaron un 38,5% y un 45,7% para los servicios de agua potable y de desagues cloacales respectivamente.
“En base a esta nueva y reformulada estructura tarifaria, en el segundo año de gestión, la empresa Aguas Argentinas pasó de una situación deficitaria a una fuertemente superavitaria facturando casi 350 millones de dólares, con una rentabilidad neta superior a los 50 millones de la misma moneda –puntualiza Daniel Aspiazu en su libro Las privatizaciones en la Argentina­­- ; al tiempo que el ETOSS constataba una amplia gama de incumplimientos empresarios, muy particularmente en cuanto al grado de ejecución de las obras e inversiones que poco antes habían fundamentado la “revisión extraordinaria” de las tarifas” .
A modo de ejemplo: la Resolución N51/98 de la AGN puntualiza que “se han verificado atrasos sustanciales en las obras acordadas, así como una serie de irregularidades detectadas en las obras en curso, de tal entidad que hacen dudoso el cumplimiento por parte de la concesionaria de los compromisos asumidos Al respecto, la aplicación de sanciones por parte del Ente Regulador, acotadas por la falta de información adecuada, ha tenido un efecto correctivo limitado”

El management

La reticencia a brindar datos por parte de la concesionaria es una actitud sistemática, según las auditorías. La poca información obtenida no tiene criterio uniformado de elaboración:

– La falta de información ha logrado limitar el ejercicio de los controles propios del ente regulador, que no encontró los medios de suplir la información retaceada o negada oportunamente por la concesionaria.

– Los Informes Anuales de los años 1º y 2º de la concesión no fueron presentados en tiempo y forma al Ente; el correspondiente al 3ºaño fue elevado en término pero sin respetar las especificaciones de forma indicadas por el ETOSS.

– La información suministrada por el concesionario, resulta extemporánea e insuficiente; esto dificulta la tarea de control, no resultando eficaces las medidas implementadas por el ETOSS para corregir la gestión que lleva a cabo el concesionario.
A la par, los informes cuestionan, en reiteradas ocasiones, el criterio de tarifación. Entre otras cosas, señalan que:

– Se basa en un típico sistema de facturación por capacidad contributiva presunta del propietario del inmueble servido

– Las propiedades se valúan por un sistema catastral muy desactualizado fundamentalmente en cuanto a la calidad de las edificaciones

– El sistema considera independiente el consumo de agua, del nivel tarifario, es decir, que la tarifa será la misma cualquiera sean los m3 de agua consumidos.

– La falta de estímulos o señales para un aprovechamiento económico del servicio conduce inevitablemente a un consumo superfluo lo que encarece el costo de las prestaciones e impide cualquier asignación racional de los recursos.

– Se sigue convalidando el despilfarro del agua que ha sido la característica central de OSN en materia tarifaria durante tantos años

Un estudio del propio Etoss permite constatar que la tarifa media residencial del servicio se incrementó entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88.2%. Los márgenes de beneficio internalizados por Aguas Argentinas durante los años noventa en nada se asemejan a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la “industria” del agua –observa Aspiazu- Así, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de beneficios obtenidos en 1991 fluctuaron entre un mínimo del 6% del patrimonio neto y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6 y el 7%; en Francia se considera como tasa de retorno aceptable la del 6% del patrimonio neto .
La contrapartida de estos extraordinarios márgenes de beneficio fueron los niveles de endeudamiento externo en que incurrió la firma. Es uno de los rasgos más relevantes de la gestión empresaria de Aguas Argentinas: la sistemática reticencia a asignar recursos propios y, en paralelo, la marcada propensión a recurrir a fuentes financieras internacionales, a tasas de interés muy por debajo de las vigentes en el mercado doméstico. Vale recordar, a este respecto, que si bien la empresa no tenía obligación de aportar capital propio, existía un límite al endeudamiento -establecido en la oferta original- que no respetó y que la autoridad regulatoria no controló.

La libertad de empresa

Los reiterados incumplimientos de la empresa no hacen más que resaltar la falta de un seguimiento responsable por parte del Ente Tripartido de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), encargado de velar por el cumplimiento del contrato. Los trabajos de auditoría se centran en dos dimensiones:

– Un control deficiente y extemporáneo que permitió la repetición de incumplimientos. Por ejemplo:
– No ha exigido la presentación de documentación
– No se han realizado evaluaciones efectivas sobre las prestaciones del servicio brindado por el concesionario

– No ha elaborado regulaciones o normativas propias, que reglamenten en forma significativa su accionar tanto a nivel de análisis como de resoluciones.
– No cuenta con información representativa, actualizada y permanente por no poseer los medios tecnológicos para acceder a la información de base producida por el concesionario.

– No tener un programa propio de control.
– No contar con personal suficiente

– La escasa y tardía penalización de las trasgresiones al contrato. Por ejemplo:
– El sistema de control existente no permite encarar acciones correctivas ante la detección de desvíos en la ejecución de las inversiones.

Todo esto enmarcado en el hecho de que las sucesivas modificaciones realizadas al contrato original, flexibilizaron las multas máximas que -en muchos casos- terminaron por resultar poco significativas en relación con el incumplimiento.
La Resolución N° 49/00 de la AGN recuerda que “la actualización al 31-12-97 de los conceptos y recomendaciones efectuadas en las actuaciones anteriores, lleva globalmente a la conclusión de que el Ente no ha perfeccionado sus procedimientos a efectos de hacer clara las revisiones y las aplicaciones de sanciones como fuera recomendado anteriormente”.

Como en el resto de las privatizaciones, el rol del ente regulador es clave porque, si cumple con su función, sirve para moderar el afán empresario, y de no hacerlo, -tal como ocurrió en la mayor parte de las concesiones- porque profundiza la inequidad y traslada al usuario lo que debería ser el riesgo empresario.

En el caso del ETOSS el equilibrio es aún más complejo porque la falla se remonta a su propia idiosincracia de origen. “El de aguas y servicios cloacales es, probablemente, el sector (quizá con peajes, ferrocarriles y telecomunicaciones) donde más claramente se refleja la captura institucional o, en otros términos, la subrogación estatal a los intereses del capital concentrado interno”, afirma el investigador Martín Schorr en varios de sus trabajos.
El financiamiento del organismo proviene de una tasa fija de 2,67% sobre cada factura abonada por los usuarios, mientras que el importe de las multas que debería aplicar, no pasa a solventar sus actividades sino que debería destinarse a los usuarios bajo forma de reintegros. El hecho de que el organismo de control del desempeño de la firma monopólica se financie mediante una proporción fija de la facturación del servicio por parte de la misma contradice las recomendaciones en materia de diseño institucional para la regulación. “Este tipo de mecanismo de financiamiento eleva considerablemente el riesgo de captura del mismo por parte de la empresa regulada, en tanto el órgano regulador no cuenta con mayores incentivos para inducir o promover una reducción de las tarifas que, en caso de concretarse, afectaría los ingresos del concesionario y, en consecuencia, sus propios ingresos” advierten, Azpiazu, Andrea Catenazzi y Karina Forcinito, en Recursos Públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento ambiental en el
Area Metropolitana de Buenos Aires, un libro de reciente aparición.

En descargo del ETOSS hay que decir, no obstante, que fue hasta tal punto desplazado de las negociaciones que la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dirigida por María Julia Alzogaray se erigió como la autoridad responsable. “En los resultados de la renegociación del contrato del 97 se advierte la paradójica situación consistente en que, frente a las recomendaciones de independencia del ente regulador para evitar la captura por parte de la empresa regulada y/o la cooptación por parte del cortoplacismo del poder político, en este caso la debilidad del ente regulador ni siquiera le permitió acceder a constituirse en objeto de disputa” , señala Catenazzi en Privatización y universalidad de los servicios urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires.

Este contexto explica -en gran parte- por qué los incumplimientos quedaron diluidos en sucesivas renegociaciones, aún cuando ya había elementos suficientes para rescindir la concesión, tal como obliga el contrato. La investigadora sostiene que hacia fines del tercer año de concesión estaban dadas las condiciones para terminar con el acuerdo. “Este proceso de privatización no ha sido simplemente un cambio en el régimen de prestación, sino de una transferencia de funciones de planificación y de gobierno al sector privado”.

Tal como escribió el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino en febrero de 2004 “No cabe ninguna duda de que el actual modelo de gestión fracasó. Es el momento entonces de analizar uno nuevo, de manera tal que se garantice a los ciudadanos el goce de un servicio de agua potable y saneamiento eficiente, a precios razonables, con niveles de calidad, y en condiciones de igualdad”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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