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Crónica del agua turbia. Privatizadas: renegociación con un monopolio

Publicada

hace 19 años

10/05/2004

Pese a que se podría rescindir el contrato con el monopolio de Aguas Argentinas, como había sugerido el presidente Kirchner, esa concesión fraudulenta continuará vigente a través de un nuevo convenio. Más de lo mismo para un servicio esencial que incumplió todo lo pactado pero se benefició de un sistema que sólo perjudica a la sociedad. Lo que dicen la Auditoría de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Estaban todos los elementos dados para que el gobierno rescindiera el contrato de concesión con Aguas Argentinas. El propio presidente Néstor Kirchner había amenazado con hacerlo. Sin embargo, el acuerdo será renegociado. Mañana se firmará un acta de acuerdo que fijará las reglas de la discusión del nuevo convenio que abarcará a 60 mil hectáreas servidas de agua y 40 mil hectáreas de cloacas, correspondientes a casi 10 millones de personas en Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires: en función del tamaño del área que abarca, el sistema sanitario argentino se considera el más grande del mundo transferido al sector privado mediante concesión. La red fue adjudicada en 1993 a un solo consorcio empresario -Aguas Argentinas- por 30 años y sin la exigencia del pago de un canon. Y, en esas condiciones, lo que se entregó no fue un servicio cualquiera sino uno esencial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso al agua es un derecho humano indispensable que debe ser considerado un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico.

Las cosas del Estado

La red de agua y saneamiento estuvo a cargo de la empresa estatal Obras Sanitarias Argentinas (OSN), desde 1912 y nació con la premisa de ser un servicio social, que logró -en 1947- que el 94 por ciento de la población contara con agua corriente . A partir de la década del 50, sin embargo, el servicio no hizo más que declinar.
En 1980, la dictadura militar lo desmembró en 161 sistemas independientes, que transfirió a las provincias a través de un programa de descentralización. Esa medida condenó al servicio a la decadencia (terminó siendo inequitativo, obsoleto, contaminante y de baja calidad) y ayudó a crear un clima favorable a la privatización que se concretó en la década siguiente a favor de una firma liderada por la operadora francesa Suez Lyonnaise des Eaux Dumez y el grupo local Soldati.
En el año 1991, el porcentaje de población del área provista por OSN a través de red pública de agua corriente era del 73,01 y por red pública de desagües cloacales era de 55,72 (porcentaje que disminuye considerablemente si se excluye la Ciudad de Buenos Aires). Y en ocasión de la privatización, el servicio se encontraba en una situación de deterioro y obsolescencia tecnológica: un 79% de las cañerías había superado su vida útil y los catastros estaban desactualizados.
La calidad de la red no mejoró demasiado desde entonces, Por el contrario, la expansión de servicios a la población de bajos ingresos es uno de los grandes problemas de la pos-privatización.

Denuncia de la Auditoría

Tal como se desprende de los informes que, desde los inicios de la concesión, realizó la Auditoría General de la Nación, las negligencias son de suma gravedad. Dos auditorías ambientales alertan sobre contaminación en las aguas; los pozos de ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires contienen «elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales», mientras que los efluentes cloacales son vertidos directamente al Río de la Plata, sin el debido tratamiento para que no lleguen a las costas desechos industriales u otros elementos contaminantes
La red de cloacas que administra la concesionaria corresponde a 5.700.000 habitantes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de 17 partidos del Conurbano. Según un informe de la AGN, sólo el 12 por ciento de la red recibe tratamiento final. La Auditoría puntualiza, además, que:

– No se construyeron los conductos que permitirían adentrarlos en el Río de la Plata, a una distancia que facilite su dilución y evite la contaminación de sus costas.

– No se construyeron nuevas cloacas máximas y ni plantas depuradoras,

– No se limpiaron ni se repararon cloacas máximas, colectores e impulsores.
La primera etapa de mejoras debía implementarse antes del final de 1998 y la segunda, en el 2005. Sin embargo, poco se ha hecho ya que, en febrero de 1997, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable abrió la renegociación del contrato (decretos N°149/97 y 1167/97) y las obligaciones del concesionario se redujeron considerablemente. No se hizo ninguna obra sustancial en materia de conducción de vertidos.
Con relación a la calidad del agua, el informe AGN 41/2 afirma que:

– Hay áreas críticas en los partidos de Morón, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría por la presencia de elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales en agua de pozo.

– El concesionario no cumple con su compromiso de desmontar y cegar los pozos de producción de agua subterránea retirados del servicio.

– La empresa no presenta información detallada de los niveles de desincrustación a que se sometió a las cañerías.

– No cumple con la obligación de identificar las conexiones clandestinas de desagües pluviales a cloacales y viceversa, suministrando insuficiente información sobre acciones tendientes a eliminarlas.
(Pregunta inevitable: ¿los eficientes ejecutivos de Aguas Argentinas beberían aguan en esas condiciones?)
Sobre la calidad del servicio privatizado, otros informes señalan que la presión de agua es menor a la indicada por contrato y que los cortes imprevistos del servicio fueron incrementándose progresivamente, sobre todo a partir del séptimo año de concesión, a la vez que disminuía el número de cortes programados. Hechos que evidencian tanto el deterioro de las redes de agua potable y, en consecuencia, la baja de calidad en la prestación del servicio, como la ausencia de tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura.

La eficiencia

Cuando, en el 2003, el ministro de Economía Roberto Lavagna solicitó información a la Auditoría, el organismo elaboró el siguiente cuadro, en el que queda graficada la diversidad, gravedad y la persistencia de los incumplimientos.

TEMA	INCUMPLIMIENTOS AL 8° AÑO (2001)
Concentración límite de Nitratos en agua de red	Por 6° período consecutivo
Incumplimiento del límite de Cromo en agua de red	Sólo en 8° año
Incremento de pozos en servicio con contenido de arsénico	Por 4° período consecutivo
Deficiencias por bacterias coliformes en agua de red	Sólo en 8° año
Frecuencia de control de parámetros orgánicos e inorgánicos en agua subterranea	Sólo en 8° año
Presiones disponibles del servicio de agua en las conexiones domiciliarias, inferiores a 10 m.c.a.	Por 5° período consecutivo
No prestar servicio de provisión de agua en áreas de expansión, con presiones de al menos 10 m.c.a.	Por 3° período consecutivo
No presentación de los planos de isopresión	Por 3° período consecutivo
No aislar las fuentes alternativas de agua	Por 7° período consecutivo
No cumplir con el cegado de los desagües alternativos	Por 7° período consecutivo
No efectuar identificación de conexiones clandestinas o irregulares de pluviales	Por 7° período consecutivo
Tendencia negativa de la calidad de los parámetros de volcamiento en Planta Sudoeste	Por 2° período consecutivo
Por estar en el límite de demanda de cloro en el efluente tratado (Planta Norte)	Por 3° período consecutivo
No realiza los controles con la frecuencia establecida en el Marco Regulatorio (Radio Antiguo)	Por 2° período consecutivo
No informar sobre la calidad de los espiches afluentes para determinar la calidad del vertido	Por 2° período consecutivo
No denunciar todos los casos de infracciones de calidad de volcamiento industrial a colectora	Por 2° período consecutivo
No cumple con la solicitud de actualización completa y detallada del total de riesgos detectados, efectuada en el Informe del 7° año	Sólo en 8° año

Las leyes del mercado

El consorcio ganador de la licitación de aguas, resultó elegido porque se comprometió a reducir la tarifa un 26,9%, un porcentaje solo 8 décimas más bajo que el del oferente que salió segundo. Aún con esa rebaja, la concesión era negocio asegurado desde el inicio ya que, previo al traspaso, el gobierno de Carlos Menem había aumentado intencionalmente el valor del servicio. En febrero de 1991 se dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la ley de Convertibilidad) se produjo otro incremento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa, se dispuso otro aumento tarifario del 8%.
Y aunque el contrato preveía que la tarifa debía mantenerse igual a lo largo de diez años, ocho meses después de iniciada la concesión, la empresa planteó una «revisión extraordinaria» de tarifas, con el argumento de «pérdidas operativas no previstas». Poco después una resolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ETOSS -el organismo que debe velar por el cumplimiento de lo pautado- autorizó un incremento de la tarifa general del 13,5% a partir de julio de 1994; el cargo mínimo de conexión de agua aumentó el 83,7% y el de cloacas un 42%, al tiempo que los cargos de infraestructura se incrementaron un 38,5% y un 45,7% para los servicios de agua potable y de desagues cloacales respectivamente.
«En base a esta nueva y reformulada estructura tarifaria, en el segundo año de gestión, la empresa Aguas Argentinas pasó de una situación deficitaria a una fuertemente superavitaria facturando casi 350 millones de dólares, con una rentabilidad neta superior a los 50 millones de la misma moneda puntualiza Daniel Aspiazu en su libro Las privatizaciones en la Argentina- ; al tiempo que el ETOSS constataba una amplia gama de incumplimientos empresarios, muy particularmente en cuanto al grado de ejecución de las obras e inversiones que poco antes habían fundamentado la «revisión extraordinaria» de las tarifas» .
A modo de ejemplo: la Resolución N51/98 de la AGN puntualiza que «se han verificado atrasos sustanciales en las obras acordadas, así como una serie de irregularidades detectadas en las obras en curso, de tal entidad que hacen dudoso el cumplimiento por parte de la concesionaria de los compromisos asumidos Al respecto, la aplicación de sanciones por parte del Ente Regulador, acotadas por la falta de información adecuada, ha tenido un efecto correctivo limitado»

El management

La reticencia a brindar datos por parte de la concesionaria es una actitud sistemática, según las auditorías. La poca información obtenida no tiene criterio uniformado de elaboración:

– La falta de información ha logrado limitar el ejercicio de los controles propios del ente regulador, que no encontró los medios de suplir la información retaceada o negada oportunamente por la concesionaria.

– Los Informes Anuales de los años 1º y 2º de la concesión no fueron presentados en tiempo y forma al Ente; el correspondiente al 3ºaño fue elevado en término pero sin respetar las especificaciones de forma indicadas por el ETOSS.

– La información suministrada por el concesionario, resulta extemporánea e insuficiente; esto dificulta la tarea de control, no resultando eficaces las medidas implementadas por el ETOSS para corregir la gestión que lleva a cabo el concesionario.
A la par, los informes cuestionan, en reiteradas ocasiones, el criterio de tarifación. Entre otras cosas, señalan que:

– Se basa en un típico sistema de facturación por capacidad contributiva presunta del propietario del inmueble servido

– Las propiedades se valúan por un sistema catastral muy desactualizado fundamentalmente en cuanto a la calidad de las edificaciones

– El sistema considera independiente el consumo de agua, del nivel tarifario, es decir, que la tarifa será la misma cualquiera sean los m3 de agua consumidos.

– La falta de estímulos o señales para un aprovechamiento económico del servicio conduce inevitablemente a un consumo superfluo lo que encarece el costo de las prestaciones e impide cualquier asignación racional de los recursos.

– Se sigue convalidando el despilfarro del agua que ha sido la característica central de OSN en materia tarifaria durante tantos años

Un estudio del propio Etoss permite constatar que la tarifa media residencial del servicio se incrementó entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88.2%. Los márgenes de beneficio internalizados por Aguas Argentinas durante los años noventa en nada se asemejan a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la «industria» del agua observa Aspiazu- Así, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de beneficios obtenidos en 1991 fluctuaron entre un mínimo del 6% del patrimonio neto y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6 y el 7%; en Francia se considera como tasa de retorno aceptable la del 6% del patrimonio neto .
La contrapartida de estos extraordinarios márgenes de beneficio fueron los niveles de endeudamiento externo en que incurrió la firma. Es uno de los rasgos más relevantes de la gestión empresaria de Aguas Argentinas: la sistemática reticencia a asignar recursos propios y, en paralelo, la marcada propensión a recurrir a fuentes financieras internacionales, a tasas de interés muy por debajo de las vigentes en el mercado doméstico. Vale recordar, a este respecto, que si bien la empresa no tenía obligación de aportar capital propio, existía un límite al endeudamiento -establecido en la oferta original- que no respetó y que la autoridad regulatoria no controló.

La libertad de empresa

Los reiterados incumplimientos de la empresa no hacen más que resaltar la falta de un seguimiento responsable por parte del Ente Tripartido de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), encargado de velar por el cumplimiento del contrato. Los trabajos de auditoría se centran en dos dimensiones:

– Un control deficiente y extemporáneo que permitió la repetición de incumplimientos. Por ejemplo:
– No ha exigido la presentación de documentación
– No se han realizado evaluaciones efectivas sobre las prestaciones del servicio brindado por el concesionario

– No ha elaborado regulaciones o normativas propias, que reglamenten en forma significativa su accionar tanto a nivel de análisis como de resoluciones.
– No cuenta con información representativa, actualizada y permanente por no poseer los medios tecnológicos para acceder a la información de base producida por el concesionario.

– No tener un programa propio de control.
– No contar con personal suficiente

– La escasa y tardía penalización de las trasgresiones al contrato. Por ejemplo:
– El sistema de control existente no permite encarar acciones correctivas ante la detección de desvíos en la ejecución de las inversiones.

Todo esto enmarcado en el hecho de que las sucesivas modificaciones realizadas al contrato original, flexibilizaron las multas máximas que -en muchos casos- terminaron por resultar poco significativas en relación con el incumplimiento.
La Resolución N° 49/00 de la AGN recuerda que «la actualización al 31-12-97 de los conceptos y recomendaciones efectuadas en las actuaciones anteriores, lleva globalmente a la conclusión de que el Ente no ha perfeccionado sus procedimientos a efectos de hacer clara las revisiones y las aplicaciones de sanciones como fuera recomendado anteriormente».

Como en el resto de las privatizaciones, el rol del ente regulador es clave porque, si cumple con su función, sirve para moderar el afán empresario, y de no hacerlo, -tal como ocurrió en la mayor parte de las concesiones- porque profundiza la inequidad y traslada al usuario lo que debería ser el riesgo empresario.

En el caso del ETOSS el equilibrio es aún más complejo porque la falla se remonta a su propia idiosincracia de origen. «El de aguas y servicios cloacales es, probablemente, el sector (quizá con peajes, ferrocarriles y telecomunicaciones) donde más claramente se refleja la captura institucional o, en otros términos, la subrogación estatal a los intereses del capital concentrado interno», afirma el investigador Martín Schorr en varios de sus trabajos.
El financiamiento del organismo proviene de una tasa fija de 2,67% sobre cada factura abonada por los usuarios, mientras que el importe de las multas que debería aplicar, no pasa a solventar sus actividades sino que debería destinarse a los usuarios bajo forma de reintegros. El hecho de que el organismo de control del desempeño de la firma monopólica se financie mediante una proporción fija de la facturación del servicio por parte de la misma contradice las recomendaciones en materia de diseño institucional para la regulación. Este tipo de mecanismo de financiamiento eleva considerablemente el riesgo de captura del mismo por parte de la empresa regulada, en tanto el órgano regulador no cuenta con mayores incentivos para inducir o promover una reducción de las tarifas que, en caso de concretarse, afectaría los ingresos del concesionario y, en consecuencia, sus propios ingresos» advierten, Azpiazu, Andrea Catenazzi y Karina Forcinito, en Recursos Públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento ambiental en el
Area Metropolitana de Buenos Aires, un libro de reciente aparición.

En descargo del ETOSS hay que decir, no obstante, que fue hasta tal punto desplazado de las negociaciones que la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dirigida por María Julia Alzogaray se erigió como la autoridad responsable. «En los resultados de la renegociación del contrato del 97 se advierte la paradójica situación consistente en que, frente a las recomendaciones de independencia del ente regulador para evitar la captura por parte de la empresa regulada y/o la cooptación por parte del cortoplacismo del poder político, en este caso la debilidad del ente regulador ni siquiera le permitió acceder a constituirse en objeto de disputa» , señala Catenazzi en Privatización y universalidad de los servicios urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires.

Este contexto explica -en gran parte- por qué los incumplimientos quedaron diluidos en sucesivas renegociaciones, aún cuando ya había elementos suficientes para rescindir la concesión, tal como obliga el contrato. La investigadora sostiene que hacia fines del tercer año de concesión estaban dadas las condiciones para terminar con el acuerdo. «Este proceso de privatización no ha sido simplemente un cambio en el régimen de prestación, sino de una transferencia de funciones de planificación y de gobierno al sector privado».

Tal como escribió el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino en febrero de 2004 «No cabe ninguna duda de que el actual modelo de gestión fracasó. Es el momento entonces de analizar uno nuevo, de manera tal que se garantice a los ciudadanos el goce de un servicio de agua potable y saneamiento eficiente, a precios razonables, con niveles de calidad, y en condiciones de igualdad».

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 1 día

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

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hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Nota

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

Publicada

hace 4 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.