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El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio

Publicada

hace 6 años

28/11/2018

Los argumentos de los jueces para absolver a Matías Farías y Pablo Offidiani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez (16 años) no son sólo grotescos, sino peligrosos. Cómo se llegó de la muerte por “empalamiento” hasta las “relaciones consentidas” y la romantización de un vínculo con una menor, por el crimen cometido el 8 de octubre de 2016. La demonización de la víctima como eje. Y los varones como dueños de los cuerpos y del poder judicial. En esta nota la periodista marplatense Melina Antoniucci reconstruye las lógicas que guiaron la causa desde el primer día y el sentido de la impunidad que intenta sellar un fallo que será apelado para que no haya impunidad, y se haga justicia.

Por Melina Antoniucci. Fotos de Romina Elvira.

Un cordón policial custodia la puerta de Tribunales. El gris de los edificios y el azul de los uniformados contrastan con la marea colorida de mujeres que se acercan a escuchar la sentencia de uno de los femicidios que sacudió al país y tuvo eco en el mundo entero. Los carteles que decoraban las rejas piden justicia por Lucía, acompañan el reclamo de la familia y vuelven a gritar “ni una muerta más por la violencia machista”.
De un lado, cientos de pibas y jóvenes alertas, expectantes y organizadas.
Del otro lado, una sala pequeña, apretada, abarrotada de gente y de impunidad.

El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio

Foto: Romina Elvira

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, compuesto por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale condenó a ocho años de prisión y multa de 135 mil pesos a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Ambos quedaron absueltos de la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, Alejandro Maciel fue absuelto, tal como había pedido la fiscalía, ya que no se encontraron pruebas que acrediten la acusación de “encubrimiento agravado”.

Padre y madre de Lucía Pérez pasan frente al Juzgado fuertemente custodiado por policías. Foto: Romina Elvira

Minutos después de que se leyera la sentencia, Matías Pérez, el hermano de Lucía, salía del Tribunal. Agitando los brazos y en seco, gritaba: “Basta, basta, acá no se hizo justicia. A Offidani le dieron 8 años, a Farías le dieron 8 años, a Maciel lo absolvieron, pero por la muerte de Lucía, no les dieron nada, nada”. Al segundo de silencio, le siguió una imagen que se multiplicaba por donde se mire: pibas gritando, llorando, desarmadas. Masticando impunidad, tragando bronca. El abrazo era la contención necesaria para acomodar tanta rabia. Los brazos de una amiga, una compañera, una desconocida, parecían el único espacio seguro ante lo que acababa de pasar adentro.
“Nosotros vamos a apelar, para que esto no quede impune. A mi hermana la llevaron y la devolvieron muerta y eso es todo lo que pasó. Nosotros no sabemos que pasó entre medio y ellos quedaron impunes”, seguía gritando Matías, y en cada grito se le ensanchaba más la garganta. Las caras que hasta hace unos minutos advertían que América Latina iba a ser toda feminista, ahora tenían los ojos hinchados, las mejillas llenas de lágrimas y la esperanza desarmada ante un poder judicial que les decía que sus cuerpos eran desechables, que sus vidas no valían nada, y que nada de eso que debería pasar, estaba pasando.

Juan Pablo Offidani, de blanco, y Matías Farías contra la pared. Foto: Romina Elvira

La mala víctima

De Lucía se supo casi todo a través de la sentencia. Que era fanática de Los Redondos, que le gustaban los animales, que escuchaba reggae, que quería estudiar veterinaria, que fumaba marihuana, que había faltado a la escuela más de 20 veces “por haberse quedado consumiendo drogas”. Pero sobre todo, se supo que tenía relaciones sexuales con hombres mayores, que había “intimado” con un hombre de más de 29 años y que le compraba la droga a Farías y Offidiani.
La estrategia condenatoria que pone la prueba moral por sobre la prueba judicial no es una novedad. Melina Romero era una fanática de los boliches, Araceli Fulles subía fotos provocativas a sus redes sociales, Daiana García fue a buscar trabajo con una pollera muy corta. Lucía Pérez era una adolescente que tenía relaciones sexuales solo bajo su consentimiento.
Lucía no era fácil de domar. No era «sumisa», dicen los jueces. Tenía «carácter».
Al igual que Melina, Arceli, Daiana, Lucía nunca fue la víctima perfecta.

Foto: Romina Elvira

En el fallo que se conoció tras la sentencia, la abogada defensora de los acusados, Laura Solari, preocupada por aclarar que no estaba en su ánimo juzgar la vida sexual de Lucía, señaló que la joven era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería, como si eso fuese posible en la vida de cualquier mujer, como si toda una historia de acoso, abusos y violaciones quedara sepultada bajo esa sentencia.
Cuando se analizó la relación entre Lucía y Farías, los magistrados sostuvieron que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Lo dicen en referencia al individuo que le vendía y administraba drogas en cantidad suficiente como para que la menor muriese por una sobredosis mientras mantenían relaciones sexuales que los jueces llaman «consentidas».

Los jueces autores del polémico fallo: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Foto: Romina Elvira

Al referirse al encuentro en la casa de Farías el fin de semana en el que Lucía es asesinada, la abogada defensora sostuvo que “la intención de la pareja (sic) era pasar un buen momento juntos”. El cortejo masculino achicaba las desigualdades de género ya que, según el propio fallo, “de camino a la casa de Farías, éste último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”. La estrategia de romantizar el vínculo entre Lucia y Farías hecha por tierra la idea de un abuso sexual o una violación. La defensa se empeñó en sostener que “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.
Si Lucía es una mala víctima, Farías es un victimario con solidaridad judicial. Según el fallo, la propietaria del departamento que alquilaba Farias sostuvo que “estaba muy compungido por lo que había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla”. Su pareja también manifestó que había visto a Farías muy angustiado el día que asesinaron a Lucía. La intención de ayudar en todo momento que manifestaron tanto Farías como Offidiani, la predisposición a no obstruir los allanamientos de sus domicilios particulares y la colaboración para la investigación que, según el tribunal, prestaron en todo momento los puso para la justicia casi en el lugar de víctimas y no de victimarios.

Foto: Romina Elvira

Las irregularidades del procedimiento

A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin previo diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal” de la adolescente. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de la joven inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción fue inmediata: primero en Mar del Plata, después en varios puntos de todo el país, y también en algunas ciudades del mundo. “Miércoles Negro” se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.
La ausencia de la Fiscal en las primeras instancias contaminó aún más la escena. Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, comentaba entonces: “El juicio de Lucía Pérez comenzó con una instrucción por demás negligente. El Ministerio Público no se hizo presente en la primeras diligencias que tuvo el caso (…) La fiscal nunca evacuó citas, las declaraciones eran contradictorias entre sí, entre los imputados, por ende no llegaron a ser prueba”. Casi un día después del fallecimiento de Lucía, la primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucia para las pericias se encontraba contaminada, sucia, hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado”, concluyó Gauna.
Algo parecido sucedió cuando los acusados trasladaron el cuerpo de la adoslescente a la sala de salud ubicada en el sur de Mar del Plata. Según Pablo de la Colina, sub secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta. Al respecto Gauna afirma: ”la coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer con el certificado y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del sub secretario”.

Foto: Romina Elvira

Justicia Misógina

Durante el juicio, el abogado de la familia citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género, es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de las mujeres respecto a los varones, más aún para este caso donde la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una menor de edad respecto a dos varones adultos que reclutaban jóvenes a la salida de los colegios para venderles drogas ilegales, endeudarlas y, muchas veces, hacerles pagar con sexo esa deuda. Esta lectura agravaba aún más las imputaciones.
Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista que dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo preguntó si esa cuestión histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal de la magistrada. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, sostuvo el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Por su parte, Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer,
tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer? ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”, concluyó el juez.

Foto: Romina Elvira

Lubricación judicial

Del Ateneo Médico que se llevó adelante durante el juicio, la única evidencia certera fue la falta de perspectiva de género y el desconocimiento sobre cómo funciona la sexualidad femenina. Cuando se confrontaban pruebas acerca de las marcas y rastros necesarios para confirmar o descartar la violación o el abuso sexual, la querella de la familia intentaba reconstruir una secuencia que parecía lógica: la falta de lubricación daba cuenta de la ausencia del deseo de mantener relaciones sexuales. Ese podía ser el camino para demostrar la ausencia de consentimiento en el acto sexual que se corroboró en la autopsia posterior.
Fue entonces que el juez Carnevalle preguntó a la audiencia: “Pero cómo, ¿la lubricación en la vagina de la mujer no tiene que ver con el tamaño del pene del hombre?”. Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.

El padre de Lucía grita frente al Juzgado.
Foto: Romina Elvira

La violencia como acto enunciativo

La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, son actos enunciativos, sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en peligrosas y a la sexualidad en una fuerte de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo. Es que la amenaza latente de una violación tiene la capacidad de sustituir el mensaje de “buenas noches, que descanses” por el de “llegué bien” que significa ni más ni menos que “llegué viva”.

Jóvenes lloran y se abrazan tras conocerse el fallo.
Foto: Romina Elvira

Los delitos cometidos sobre el cuerpo de las mujeres como Lucía pueden pensarse como un termómetro de los tiempos que corren. La impunidad con la que se lacera un cuerpo femenino también. Todo es parte de la máquina patriarcal que construye una verdadera pedagogía de la crueldad: la bebida y las facturas que compró Farías, la romantización del vínculo entre una adolescente y un adulto, la exposición mediática del cuerpo de la víctima, la vulneración de su intimidad, la banalización del mal. La falta de justicia y la impunidad.
Muchas veces la violencia no deja marcas: a veces sólo se lleva vidas. La justicia machista no les cree a las mujeres cuando están vivas y hablan, no las escucha cuando gritan. Parecería que con la espectacularización de un cuerpo ultrajado, desechado en la basura o dentro de una bolsa de consorcio, y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación, no basta. No alcanzó con Melina, no alcanzó con Araceli, ni con Daiana. Tampoco alcanzó con Lucía.

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 2 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 1 mes

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.