#NiUnaMás
El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio
Los argumentos de los jueces para absolver a Matías Farías y Pablo Offidiani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez (16 años) no son sólo grotescos, sino peligrosos. Cómo se llegó de la muerte por “empalamiento” hasta las “relaciones consentidas” y la romantización de un vínculo con una menor, por el crimen cometido el 8 de octubre de 2016. La demonización de la víctima como eje. Y los varones como dueños de los cuerpos y del poder judicial. En esta nota la periodista marplatense Melina Antoniucci reconstruye las lógicas que guiaron la causa desde el primer día y el sentido de la impunidad que intenta sellar un fallo que será apelado para que no haya impunidad, y se haga justicia.
Por Melina Antoniucci. Fotos de Romina Elvira.
Un cordón policial custodia la puerta de Tribunales. El gris de los edificios y el azul de los uniformados contrastan con la marea colorida de mujeres que se acercan a escuchar la sentencia de uno de los femicidios que sacudió al país y tuvo eco en el mundo entero. Los carteles que decoraban las rejas piden justicia por Lucía, acompañan el reclamo de la familia y vuelven a gritar “ni una muerta más por la violencia machista”.
De un lado, cientos de pibas y jóvenes alertas, expectantes y organizadas.
Del otro lado, una sala pequeña, apretada, abarrotada de gente y de impunidad.

Foto: Romina Elvira
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, compuesto por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale condenó a ocho años de prisión y multa de 135 mil pesos a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Ambos quedaron absueltos de la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, Alejandro Maciel fue absuelto, tal como había pedido la fiscalía, ya que no se encontraron pruebas que acrediten la acusación de “encubrimiento agravado”.

Padre y madre de Lucía Pérez pasan frente al Juzgado fuertemente custodiado por policías. Foto: Romina Elvira
Minutos después de que se leyera la sentencia, Matías Pérez, el hermano de Lucía, salía del Tribunal. Agitando los brazos y en seco, gritaba: “Basta, basta, acá no se hizo justicia. A Offidani le dieron 8 años, a Farías le dieron 8 años, a Maciel lo absolvieron, pero por la muerte de Lucía, no les dieron nada, nada”. Al segundo de silencio, le siguió una imagen que se multiplicaba por donde se mire: pibas gritando, llorando, desarmadas. Masticando impunidad, tragando bronca. El abrazo era la contención necesaria para acomodar tanta rabia. Los brazos de una amiga, una compañera, una desconocida, parecían el único espacio seguro ante lo que acababa de pasar adentro.
“Nosotros vamos a apelar, para que esto no quede impune. A mi hermana la llevaron y la devolvieron muerta y eso es todo lo que pasó. Nosotros no sabemos que pasó entre medio y ellos quedaron impunes”, seguía gritando Matías, y en cada grito se le ensanchaba más la garganta. Las caras que hasta hace unos minutos advertían que América Latina iba a ser toda feminista, ahora tenían los ojos hinchados, las mejillas llenas de lágrimas y la esperanza desarmada ante un poder judicial que les decía que sus cuerpos eran desechables, que sus vidas no valían nada, y que nada de eso que debería pasar, estaba pasando.

Juan Pablo Offidani, de blanco, y Matías Farías contra la pared. Foto: Romina Elvira
La mala víctima
De Lucía se supo casi todo a través de la sentencia. Que era fanática de Los Redondos, que le gustaban los animales, que escuchaba reggae, que quería estudiar veterinaria, que fumaba marihuana, que había faltado a la escuela más de 20 veces “por haberse quedado consumiendo drogas”. Pero sobre todo, se supo que tenía relaciones sexuales con hombres mayores, que había “intimado” con un hombre de más de 29 años y que le compraba la droga a Farías y Offidiani.
La estrategia condenatoria que pone la prueba moral por sobre la prueba judicial no es una novedad. Melina Romero era una fanática de los boliches, Araceli Fulles subía fotos provocativas a sus redes sociales, Daiana García fue a buscar trabajo con una pollera muy corta. Lucía Pérez era una adolescente que tenía relaciones sexuales solo bajo su consentimiento.
Lucía no era fácil de domar. No era «sumisa», dicen los jueces. Tenía «carácter».
Al igual que Melina, Arceli, Daiana, Lucía nunca fue la víctima perfecta.

Foto: Romina Elvira
En el fallo que se conoció tras la sentencia, la abogada defensora de los acusados, Laura Solari, preocupada por aclarar que no estaba en su ánimo juzgar la vida sexual de Lucía, señaló que la joven era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería, como si eso fuese posible en la vida de cualquier mujer, como si toda una historia de acoso, abusos y violaciones quedara sepultada bajo esa sentencia.
Cuando se analizó la relación entre Lucía y Farías, los magistrados sostuvieron que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Lo dicen en referencia al individuo que le vendía y administraba drogas en cantidad suficiente como para que la menor muriese por una sobredosis mientras mantenían relaciones sexuales que los jueces llaman «consentidas».

Los jueces autores del polémico fallo: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Foto: Romina Elvira
Al referirse al encuentro en la casa de Farías el fin de semana en el que Lucía es asesinada, la abogada defensora sostuvo que “la intención de la pareja (sic) era pasar un buen momento juntos”. El cortejo masculino achicaba las desigualdades de género ya que, según el propio fallo, “de camino a la casa de Farías, éste último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”. La estrategia de romantizar el vínculo entre Lucia y Farías hecha por tierra la idea de un abuso sexual o una violación. La defensa se empeñó en sostener que “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.
Si Lucía es una mala víctima, Farías es un victimario con solidaridad judicial. Según el fallo, la propietaria del departamento que alquilaba Farias sostuvo que “estaba muy compungido por lo que había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla”. Su pareja también manifestó que había visto a Farías muy angustiado el día que asesinaron a Lucía. La intención de ayudar en todo momento que manifestaron tanto Farías como Offidiani, la predisposición a no obstruir los allanamientos de sus domicilios particulares y la colaboración para la investigación que, según el tribunal, prestaron en todo momento los puso para la justicia casi en el lugar de víctimas y no de victimarios.

Foto: Romina Elvira
Las irregularidades del procedimiento
A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin previo diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal” de la adolescente. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de la joven inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción fue inmediata: primero en Mar del Plata, después en varios puntos de todo el país, y también en algunas ciudades del mundo. “Miércoles Negro” se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.
La ausencia de la Fiscal en las primeras instancias contaminó aún más la escena. Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, comentaba entonces: “El juicio de Lucía Pérez comenzó con una instrucción por demás negligente. El Ministerio Público no se hizo presente en la primeras diligencias que tuvo el caso (…) La fiscal nunca evacuó citas, las declaraciones eran contradictorias entre sí, entre los imputados, por ende no llegaron a ser prueba”. Casi un día después del fallecimiento de Lucía, la primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucia para las pericias se encontraba contaminada, sucia, hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado”, concluyó Gauna.
Algo parecido sucedió cuando los acusados trasladaron el cuerpo de la adoslescente a la sala de salud ubicada en el sur de Mar del Plata. Según Pablo de la Colina, sub secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta. Al respecto Gauna afirma: ”la coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer con el certificado y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del sub secretario”.

Foto: Romina Elvira
Justicia Misógina
Durante el juicio, el abogado de la familia citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género, es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de las mujeres respecto a los varones, más aún para este caso donde la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una menor de edad respecto a dos varones adultos que reclutaban jóvenes a la salida de los colegios para venderles drogas ilegales, endeudarlas y, muchas veces, hacerles pagar con sexo esa deuda. Esta lectura agravaba aún más las imputaciones.
Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista que dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo preguntó si esa cuestión histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal de la magistrada. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, sostuvo el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Por su parte, Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer,
tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer? ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”, concluyó el juez.

Foto: Romina Elvira
Lubricación judicial
Del Ateneo Médico que se llevó adelante durante el juicio, la única evidencia certera fue la falta de perspectiva de género y el desconocimiento sobre cómo funciona la sexualidad femenina. Cuando se confrontaban pruebas acerca de las marcas y rastros necesarios para confirmar o descartar la violación o el abuso sexual, la querella de la familia intentaba reconstruir una secuencia que parecía lógica: la falta de lubricación daba cuenta de la ausencia del deseo de mantener relaciones sexuales. Ese podía ser el camino para demostrar la ausencia de consentimiento en el acto sexual que se corroboró en la autopsia posterior.
Fue entonces que el juez Carnevalle preguntó a la audiencia: “Pero cómo, ¿la lubricación en la vagina de la mujer no tiene que ver con el tamaño del pene del hombre?”. Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.

El padre de Lucía grita frente al Juzgado.
Foto: Romina Elvira
La violencia como acto enunciativo
La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, son actos enunciativos, sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en peligrosas y a la sexualidad en una fuerte de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo. Es que la amenaza latente de una violación tiene la capacidad de sustituir el mensaje de “buenas noches, que descanses” por el de “llegué bien” que significa ni más ni menos que “llegué viva”.

Jóvenes lloran y se abrazan tras conocerse el fallo.
Foto: Romina Elvira
Los delitos cometidos sobre el cuerpo de las mujeres como Lucía pueden pensarse como un termómetro de los tiempos que corren. La impunidad con la que se lacera un cuerpo femenino también. Todo es parte de la máquina patriarcal que construye una verdadera pedagogía de la crueldad: la bebida y las facturas que compró Farías, la romantización del vínculo entre una adolescente y un adulto, la exposición mediática del cuerpo de la víctima, la vulneración de su intimidad, la banalización del mal. La falta de justicia y la impunidad.
Muchas veces la violencia no deja marcas: a veces sólo se lleva vidas. La justicia machista no les cree a las mujeres cuando están vivas y hablan, no las escucha cuando gritan. Parecería que con la espectacularización de un cuerpo ultrajado, desechado en la basura o dentro de una bolsa de consorcio, y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación, no basta. No alcanzó con Melina, no alcanzó con Araceli, ni con Daiana. Tampoco alcanzó con Lucía.
#NiUnaMás
El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.
Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.
Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.
Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?
Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.
Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.
Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.
Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.


#NiUnaMás
A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.
Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.
En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.
3J federal
Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.
La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.
En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.
También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.
“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.
En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.
María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.
Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.
La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.
En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.
En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.
Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.
4J en la Ciudad
Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.
En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.
Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.
Femicidios en la mira
En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.
¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.
Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.
Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:
- a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
- Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
- Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
- En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.
El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.
El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.
“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.
#NiUnaMás
Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


- Derechos HumanosHace 3 semanas
Memoria, verdad, justicia y Norita
- MúsicasHace 1 semana
Susy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Caso Lucía Pérez: matar al femicidio
- ActualidadHace 4 semanas
Represión y reacción
- Mu202Hace 3 semanas
Comunicación, manipulación & poder: política del caos