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El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio

Publicada

hace 7 años

28/11/2018

Los argumentos de los jueces para absolver a Matías Farías y Pablo Offidiani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez (16 años) no son sólo grotescos, sino peligrosos. Cómo se llegó de la muerte por “empalamiento” hasta las “relaciones consentidas” y la romantización de un vínculo con una menor, por el crimen cometido el 8 de octubre de 2016. La demonización de la víctima como eje. Y los varones como dueños de los cuerpos y del poder judicial. En esta nota la periodista marplatense Melina Antoniucci reconstruye las lógicas que guiaron la causa desde el primer día y el sentido de la impunidad que intenta sellar un fallo que será apelado para que no haya impunidad, y se haga justicia.

Por Melina Antoniucci. Fotos de Romina Elvira.

Un cordón policial custodia la puerta de Tribunales. El gris de los edificios y el azul de los uniformados contrastan con la marea colorida de mujeres que se acercan a escuchar la sentencia de uno de los femicidios que sacudió al país y tuvo eco en el mundo entero. Los carteles que decoraban las rejas piden justicia por Lucía, acompañan el reclamo de la familia y vuelven a gritar “ni una muerta más por la violencia machista”.
De un lado, cientos de pibas y jóvenes alertas, expectantes y organizadas.
Del otro lado, una sala pequeña, apretada, abarrotada de gente y de impunidad.

El femicidio de Lucía Pérez: cómo perder el juicio

Foto: Romina Elvira

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, compuesto por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale condenó a ocho años de prisión y multa de 135 mil pesos a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Ambos quedaron absueltos de la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, Alejandro Maciel fue absuelto, tal como había pedido la fiscalía, ya que no se encontraron pruebas que acrediten la acusación de “encubrimiento agravado”.

Padre y madre de Lucía Pérez pasan frente al Juzgado fuertemente custodiado por policías. Foto: Romina Elvira

Minutos después de que se leyera la sentencia, Matías Pérez, el hermano de Lucía, salía del Tribunal. Agitando los brazos y en seco, gritaba: “Basta, basta, acá no se hizo justicia. A Offidani le dieron 8 años, a Farías le dieron 8 años, a Maciel lo absolvieron, pero por la muerte de Lucía, no les dieron nada, nada”. Al segundo de silencio, le siguió una imagen que se multiplicaba por donde se mire: pibas gritando, llorando, desarmadas. Masticando impunidad, tragando bronca. El abrazo era la contención necesaria para acomodar tanta rabia. Los brazos de una amiga, una compañera, una desconocida, parecían el único espacio seguro ante lo que acababa de pasar adentro.
“Nosotros vamos a apelar, para que esto no quede impune. A mi hermana la llevaron y la devolvieron muerta y eso es todo lo que pasó. Nosotros no sabemos que pasó entre medio y ellos quedaron impunes”, seguía gritando Matías, y en cada grito se le ensanchaba más la garganta. Las caras que hasta hace unos minutos advertían que América Latina iba a ser toda feminista, ahora tenían los ojos hinchados, las mejillas llenas de lágrimas y la esperanza desarmada ante un poder judicial que les decía que sus cuerpos eran desechables, que sus vidas no valían nada, y que nada de eso que debería pasar, estaba pasando.

Juan Pablo Offidani, de blanco, y Matías Farías contra la pared. Foto: Romina Elvira

La mala víctima

De Lucía se supo casi todo a través de la sentencia. Que era fanática de Los Redondos, que le gustaban los animales, que escuchaba reggae, que quería estudiar veterinaria, que fumaba marihuana, que había faltado a la escuela más de 20 veces “por haberse quedado consumiendo drogas”. Pero sobre todo, se supo que tenía relaciones sexuales con hombres mayores, que había “intimado” con un hombre de más de 29 años y que le compraba la droga a Farías y Offidiani.
La estrategia condenatoria que pone la prueba moral por sobre la prueba judicial no es una novedad. Melina Romero era una fanática de los boliches, Araceli Fulles subía fotos provocativas a sus redes sociales, Daiana García fue a buscar trabajo con una pollera muy corta. Lucía Pérez era una adolescente que tenía relaciones sexuales solo bajo su consentimiento.
Lucía no era fácil de domar. No era «sumisa», dicen los jueces. Tenía «carácter».
Al igual que Melina, Arceli, Daiana, Lucía nunca fue la víctima perfecta.

Foto: Romina Elvira

En el fallo que se conoció tras la sentencia, la abogada defensora de los acusados, Laura Solari, preocupada por aclarar que no estaba en su ánimo juzgar la vida sexual de Lucía, señaló que la joven era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería, como si eso fuese posible en la vida de cualquier mujer, como si toda una historia de acoso, abusos y violaciones quedara sepultada bajo esa sentencia.
Cuando se analizó la relación entre Lucía y Farías, los magistrados sostuvieron que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Lo dicen en referencia al individuo que le vendía y administraba drogas en cantidad suficiente como para que la menor muriese por una sobredosis mientras mantenían relaciones sexuales que los jueces llaman «consentidas».

Los jueces autores del polémico fallo: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Foto: Romina Elvira

Al referirse al encuentro en la casa de Farías el fin de semana en el que Lucía es asesinada, la abogada defensora sostuvo que “la intención de la pareja (sic) era pasar un buen momento juntos”. El cortejo masculino achicaba las desigualdades de género ya que, según el propio fallo, “de camino a la casa de Farías, éste último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”. La estrategia de romantizar el vínculo entre Lucia y Farías hecha por tierra la idea de un abuso sexual o una violación. La defensa se empeñó en sostener que “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.
Si Lucía es una mala víctima, Farías es un victimario con solidaridad judicial. Según el fallo, la propietaria del departamento que alquilaba Farias sostuvo que “estaba muy compungido por lo que había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla”. Su pareja también manifestó que había visto a Farías muy angustiado el día que asesinaron a Lucía. La intención de ayudar en todo momento que manifestaron tanto Farías como Offidiani, la predisposición a no obstruir los allanamientos de sus domicilios particulares y la colaboración para la investigación que, según el tribunal, prestaron en todo momento los puso para la justicia casi en el lugar de víctimas y no de victimarios.

Foto: Romina Elvira

Las irregularidades del procedimiento

A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin previo diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal” de la adolescente. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de la joven inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción fue inmediata: primero en Mar del Plata, después en varios puntos de todo el país, y también en algunas ciudades del mundo. “Miércoles Negro” se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.
La ausencia de la Fiscal en las primeras instancias contaminó aún más la escena. Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, comentaba entonces: “El juicio de Lucía Pérez comenzó con una instrucción por demás negligente. El Ministerio Público no se hizo presente en la primeras diligencias que tuvo el caso (…) La fiscal nunca evacuó citas, las declaraciones eran contradictorias entre sí, entre los imputados, por ende no llegaron a ser prueba”. Casi un día después del fallecimiento de Lucía, la primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucia para las pericias se encontraba contaminada, sucia, hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado”, concluyó Gauna.
Algo parecido sucedió cuando los acusados trasladaron el cuerpo de la adoslescente a la sala de salud ubicada en el sur de Mar del Plata. Según Pablo de la Colina, sub secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta. Al respecto Gauna afirma: ”la coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer con el certificado y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del sub secretario”.

Foto: Romina Elvira

Justicia Misógina

Durante el juicio, el abogado de la familia citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género, es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de las mujeres respecto a los varones, más aún para este caso donde la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una menor de edad respecto a dos varones adultos que reclutaban jóvenes a la salida de los colegios para venderles drogas ilegales, endeudarlas y, muchas veces, hacerles pagar con sexo esa deuda. Esta lectura agravaba aún más las imputaciones.
Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista que dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo preguntó si esa cuestión histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal de la magistrada. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, sostuvo el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Por su parte, Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer,
tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer? ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”, concluyó el juez.

Foto: Romina Elvira

Lubricación judicial

Del Ateneo Médico que se llevó adelante durante el juicio, la única evidencia certera fue la falta de perspectiva de género y el desconocimiento sobre cómo funciona la sexualidad femenina. Cuando se confrontaban pruebas acerca de las marcas y rastros necesarios para confirmar o descartar la violación o el abuso sexual, la querella de la familia intentaba reconstruir una secuencia que parecía lógica: la falta de lubricación daba cuenta de la ausencia del deseo de mantener relaciones sexuales. Ese podía ser el camino para demostrar la ausencia de consentimiento en el acto sexual que se corroboró en la autopsia posterior.
Fue entonces que el juez Carnevalle preguntó a la audiencia: “Pero cómo, ¿la lubricación en la vagina de la mujer no tiene que ver con el tamaño del pene del hombre?”. Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.

El padre de Lucía grita frente al Juzgado.
Foto: Romina Elvira

La violencia como acto enunciativo

La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, son actos enunciativos, sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en peligrosas y a la sexualidad en una fuerte de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo. Es que la amenaza latente de una violación tiene la capacidad de sustituir el mensaje de “buenas noches, que descanses” por el de “llegué bien” que significa ni más ni menos que “llegué viva”.

Jóvenes lloran y se abrazan tras conocerse el fallo.
Foto: Romina Elvira

Los delitos cometidos sobre el cuerpo de las mujeres como Lucía pueden pensarse como un termómetro de los tiempos que corren. La impunidad con la que se lacera un cuerpo femenino también. Todo es parte de la máquina patriarcal que construye una verdadera pedagogía de la crueldad: la bebida y las facturas que compró Farías, la romantización del vínculo entre una adolescente y un adulto, la exposición mediática del cuerpo de la víctima, la vulneración de su intimidad, la banalización del mal. La falta de justicia y la impunidad.
Muchas veces la violencia no deja marcas: a veces sólo se lleva vidas. La justicia machista no les cree a las mujeres cuando están vivas y hablan, no las escucha cuando gritan. Parecería que con la espectacularización de un cuerpo ultrajado, desechado en la basura o dentro de una bolsa de consorcio, y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación, no basta. No alcanzó con Melina, no alcanzó con Araceli, ni con Daiana. Tampoco alcanzó con Lucía.

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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Publicada

hace 3 días

25/04/2026

Por Bernardina Rosini para lavaca.org

Desde Córdoba

Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.

Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».

Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».

Un cuerpo desaparecido

La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.

La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.

Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?

Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.

Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:

Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.

La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.

Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”

Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.

La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 5 meses

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Publicada

hace 6 meses

20/10/2025

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.

Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes.

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.

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