Los argumentos de los jueces para absolver a Matías Farías y Pablo Offidiani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez (16 años) no son sólo grotescos, sino peligrosos. Cómo se llegó de la muerte por “empalamiento” hasta las “relaciones consentidas” y la romantización de un vínculo con una menor, por el crimen cometido el 8 de octubre de 2016. La demonización de la víctima como eje. Y los varones como dueños de los cuerpos y del poder judicial. En esta nota la periodista marplatense Melina Antoniucci reconstruye las lógicas que guiaron la causa desde el primer día y el sentido de la impunidad que intenta sellar un fallo que será apelado para que no haya impunidad, y se haga justicia. 

Por Melina Antoniucci. Fotos de Romina Elvira.

Un cordón policial custodia la puerta de Tribunales. El gris de los edificios y el azul de los uniformados contrastan con la marea colorida de mujeres que se acercan a escuchar la sentencia de uno de los femicidios que sacudió al país y tuvo eco en el mundo entero. Los carteles que decoraban las rejas piden justicia por Lucía, acompañan el reclamo de la familia y vuelven a gritar “ni una muerta más por la violencia machista”.
De un lado, cientos de pibas y jóvenes alertas, expectantes y organizadas.
Del otro lado, una sala pequeña, apretada, abarrotada de gente y de impunidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, compuesto por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale condenó a ocho años de prisión y multa de 135 mil pesos a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Ambos quedaron absueltos de la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Por su parte, Alejandro Maciel fue absuelto, tal como había pedido la fiscalía, ya que no se encontraron pruebas que acrediten la acusación de “encubrimiento agravado”.

Minutos después de que se leyera la sentencia, Matías Pérez, el hermano de Lucía, salía del Tribunal. Agitando los brazos y en seco, gritaba: “Basta, basta, acá no se hizo justicia. A Offidani le dieron 8 años, a Farías le dieron 8 años, a Maciel lo absolvieron, pero por la muerte de Lucía, no les dieron nada, nada”. Al segundo de silencio, le siguió una imagen que se multiplicaba por donde se mire: pibas gritando, llorando, desarmadas. Masticando impunidad, tragando bronca. El abrazo era la contención necesaria para acomodar tanta rabia. Los brazos de una amiga, una compañera, una desconocida, parecían el único espacio seguro ante lo que acababa de pasar adentro.
“Nosotros vamos a apelar, para que esto no quede impune. A mi hermana la llevaron y la devolvieron muerta y eso es todo lo que pasó. Nosotros no sabemos que pasó entre medio y ellos quedaron impunes”, seguía gritando Matías, y en cada grito se le ensanchaba más la garganta. Las caras que hasta hace unos minutos advertían que América Latina iba a ser toda feminista, ahora tenían los ojos hinchados, las mejillas llenas de lágrimas y la esperanza desarmada ante un poder judicial que les decía que sus cuerpos eran desechables, que sus vidas no valían nada, y que nada de eso que debería pasar, estaba pasando.

La mala víctima

De Lucía se supo casi todo a través de la sentencia. Que era fanática de Los Redondos, que le gustaban los animales, que escuchaba reggae, que quería estudiar veterinaria, que fumaba marihuana, que había faltado a la escuela más de 20 veces “por haberse quedado consumiendo drogas”. Pero sobre todo, se supo que tenía relaciones sexuales con hombres mayores, que había “intimado” con un hombre de más de 29 años y que le compraba la droga a Farías y Offidiani.
La estrategia condenatoria que pone la prueba moral por sobre la prueba judicial no es una novedad. Melina Romero era una fanática de los boliches, Araceli Fulles subía fotos provocativas a sus redes sociales, Daiana García fue a buscar trabajo con una pollera muy corta. Lucía Pérez era una adolescente que tenía relaciones sexuales solo bajo su consentimiento.
Lucía no era fácil de domar. No era «sumisa», dicen los jueces. Tenía «carácter».
Al igual que Melina, Arceli, Daiana, Lucía nunca fue la víctima perfecta.

En el fallo que se conoció tras la sentencia, la abogada defensora de los acusados, Laura Solari, preocupada por aclarar que no estaba en su ánimo juzgar la vida sexual de Lucía, señaló que la joven era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería, como si eso fuese posible en la vida de cualquier mujer, como si toda una historia de acoso, abusos y violaciones quedara sepultada bajo esa sentencia.
Cuando se analizó la relación entre Lucía y Farías, los magistrados sostuvieron que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Lo dicen en referencia al individuo que le vendía y administraba drogas en cantidad suficiente como para que la menor muriese por una sobredosis mientras mantenían relaciones sexuales que los jueces llaman «consentidas».

Al referirse al encuentro en la casa de Farías el fin de semana en el que Lucía es asesinada, la abogada defensora sostuvo que “la intención de la pareja (sic) era pasar un buen momento juntos”. El cortejo masculino achicaba las desigualdades de género ya que, según el propio fallo, “de camino a la casa de Farías, éste último compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”. La estrategia de romantizar el vínculo entre Lucia y Farías hecha por tierra la idea de un abuso sexual o una violación. La defensa se empeñó en sostener que “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.
Si Lucía es una mala víctima, Farías es un victimario con solidaridad judicial. Según el fallo, la propietaria del departamento que alquilaba Farias sostuvo que “estaba muy compungido por lo que había pasado y quería tatuarse el nombre de ella porque no había podido hacer nada para ayudarla”. Su pareja también manifestó que había visto a Farías muy angustiado el día que asesinaron a Lucía. La intención de ayudar en todo momento que manifestaron tanto Farías como Offidiani, la predisposición a no obstruir los allanamientos de sus domicilios particulares y la colaboración para la investigación que, según el tribunal, prestaron en todo momento los puso para la justicia casi en el lugar de víctimas y no de victimarios.

Las irregularidades del procedimiento

A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin previo diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal” de la adolescente. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de la joven inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción fue inmediata: primero en Mar del Plata, después en varios puntos de todo el país, y también en algunas ciudades del mundo. “Miércoles Negro” se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.
La ausencia de la Fiscal en las primeras instancias contaminó aún más la escena. Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, comentaba entonces: “El juicio de Lucía Pérez comenzó con una instrucción por demás negligente. El Ministerio Público no se hizo presente en la primeras diligencias que tuvo el caso (…) La fiscal nunca evacuó citas, las declaraciones eran contradictorias entre sí, entre los imputados, por ende no llegaron a ser prueba”. Casi un día después del fallecimiento de Lucía, la primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucia para las pericias se encontraba contaminada, sucia, hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado”, concluyó Gauna.
Algo parecido sucedió cuando los acusados trasladaron el cuerpo de la adoslescente a la sala de salud ubicada en el sur de Mar del Plata. Según Pablo de la Colina, sub secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta. Al respecto Gauna afirma: ”la coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer con el certificado y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del sub secretario”.

Justicia Misógina

Durante el juicio, el abogado de la familia citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género, es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de las mujeres respecto a los varones, más aún para este caso donde la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una menor de edad respecto a dos varones adultos que reclutaban jóvenes a la salida de los colegios para venderles drogas ilegales, endeudarlas y, muchas veces, hacerles pagar con sexo esa deuda. Esta lectura agravaba aún más las imputaciones.
Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista que dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo preguntó si esa cuestión histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal de la magistrada. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, sostuvo el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Por su parte, Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer,
tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer? ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”, concluyó el juez.

Lubricación judicial

Del Ateneo Médico que se llevó adelante durante el juicio, la única evidencia certera fue la falta de perspectiva de género y el desconocimiento sobre cómo funciona la sexualidad femenina. Cuando se confrontaban pruebas acerca de las marcas y rastros necesarios para confirmar o descartar la violación o el abuso sexual, la querella de la familia intentaba reconstruir una secuencia que parecía lógica: la falta de lubricación daba cuenta de la ausencia del deseo de mantener relaciones sexuales. Ese podía ser el camino para demostrar la ausencia de consentimiento en el acto sexual que se corroboró en la autopsia posterior.
Fue entonces que el juez Carnevalle preguntó a la audiencia: “Pero cómo, ¿la lubricación en la vagina de la mujer no tiene que ver con el tamaño del pene del hombre?”. Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.

La violencia como acto enunciativo

La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, son actos enunciativos, sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en peligrosas y a la sexualidad en una fuerte de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo. Es que la amenaza latente de una violación tiene la capacidad de sustituir el mensaje de “buenas noches, que descanses” por el de “llegué bien” que significa ni más ni menos que “llegué viva”.

Los delitos cometidos sobre el cuerpo de las mujeres como Lucía pueden pensarse como un termómetro de los tiempos que corren. La impunidad con la que se lacera un cuerpo femenino también. Todo es parte de la máquina patriarcal que construye una verdadera pedagogía de la crueldad: la bebida y las facturas que compró Farías, la romantización del vínculo entre una adolescente y un adulto, la exposición mediática del cuerpo de la víctima, la vulneración de su intimidad, la banalización del mal. La falta de justicia y la impunidad.
Muchas veces la violencia no deja marcas: a veces sólo se lleva vidas. La justicia machista no les cree a las mujeres cuando están vivas y hablan, no las escucha cuando gritan. Parecería que con la espectacularización de un cuerpo ultrajado, desechado en la basura o dentro de una bolsa de consorcio, y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación, no basta. No alcanzó con Melina, no alcanzó con Araceli, ni con Daiana. Tampoco alcanzó con Lucía.