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Lucía Pérez: cuando el poder judicial actúa como muchos femicidas

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El femicidio de Lucía Pérez tuvo una primera sentencia en Mar del Plata en la que se condenó a los autores no por el crimen, sino por tenencia y venta de estupefacientes: 8 años y 135.000 pesos de multa. Los jueces excluyeron el contexto de violencia contra una menor de edad sometida a las drogas y, al contrario, se dedicaron a escrutar el supuesto pasado de Lucía, señalando a una víctima de 16 años por tener vida sexual, por no ser “sumisa” o por “tener carácter”. La familia ya anunció que apelará en todas las instancias, dispuesta a llegar a los tribunales internacionales por incumplimiento del Estado Argentino de pactos sobre derechos humanos de las mujeres. El caso de la fiscal que mintió sobre la causa de la muerte. Los jueces que se escudaron en Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal para argumentar que la brecha entre hombres y mujeres no existe.
Matías Farías, 25 años, y Juan Pablo Offidani, 43, fueron absueltos por la violación y el asesinato de Lucía Pérez Montero, 16 años, ocurrida el 8 de octubre de 2016. Así lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata, compuesto por Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas.
La acusación presentada por el fiscal Daniel Vicente pedía la prisión perpetua de Farías como autor de «abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor» pero los jueces descartaron ese delito y condenaron a Farías y Offidani a ocho años de cárcel (por lo que seguirán presos por ahora) y una multa de 135.000 pesos por tenencia y venta de estupefacientes. Lucía, según esta mirada del llamado Poder Judicial, murió por una sobredosis. No hay respuesta, entre tantas, sobre quién sobredosificó a la menor de edad para que terminara muriendo. Y evidentemente eso no es considerado un delito.
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, dijo al conocer la sentencia: “Este tribunal no entiende nada de violencia de género”.
“La justicia hace lo que hacen muchos femicidas: borrar el rostro de humanidad de la víctima, desechar su vida en una bolsa de basura o dejarla abandonada” explica a lavaca Laurana Malacalza, llamada como testigo experta al juicio por su rol como coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
“Es una actitud sin ningún reconocimiento de parte de la justicia de la condición de víctima y de sujeta que tuvo Lucía. Sin embargo, lo que le interesó a los jueces es analizar su pasado de vida, dar cuenta de que tenía una vida sexual activa, como tenemos todos, pero el fallo no explica que eso no justifica que un varón adulto mayor se aprovecha de esa situación y que el aprovechamiento de esa situación provoque la muerte”, argumenta Malacalza.
“Entendíamos que si no se juzgaba la muerte de Lucía como femicidio, al menos se enmarcara el abuso sexual en un contexto de violencia de género”.
¿Por qué no se juzgó como femicidio? Dice la funcionaria: “Para que un delito sea femicidio tiene que haber un dolo, una búsqueda de matar. En caso de que Farías no tuviese esa intención, lo que no pudo haber descartado es que podía ocurrir eso si le daba la cantidad de drogas que le daba y mantenían relaciones sexuales mientas le daba droga. Podía ocurrir un hecho así, con una menor de edad”. El otro elemento que recuerda Laurana es que Farías había dado más estupefacientes a Lucía para endeudarla y exigirle sexo como contrapartida: “Por eso la carátula que apoyó el abogado de la familia fue Abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”.
Marta, la madre de Lucía, no encontraba palabras: «Es una vergüenza que los condenen por tenencia de drogas y no por la muerte de Lucía». Un tercer acusado, Alejandro Maciel, 61 años, fue absuelto por el delito de encubrimiento.
El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó también el fallo porque “naturaliza la violencia contra las mujeres”. «La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer alienta nuevos abusos, y también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal».

La escena del crimen

¿La brecha no existe?

Laurana Malacalza por su lado plantea que la sensación es desoladora. “Habíamos enviado un informe para que el tribunal tuviera claves interpretativas del propio Código Penal que diferencia un crimen ‘cuando mediare violencia de género’. Pero cuando me tocó ir a declarar, por las preguntas que me hacían, me di cuenta que iba a ser muy difícil incorporar la perspectiva de violencia contra las mujeres”.
Ese día Laurana planteó que “la subordinación de la mujer es una cuestión histórica”.
El juez Viñas le contestó: “¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya?”
Luego el juez Carnevale negó la existencia de desigualdades: “Acá hay una defensora que es mujer, una secretaria de juzgado que es mujer. Acá hay mujeres que lograron acceder a lugares de poder. Está usted, que tiene un montón de títulos” le dijo a Laurana. Viñas agregó a la defensiva: “No todos los hombres somos iguales”, como si el acusado fuese él. Carnevale completó el despropósito: ”Tuvimos una presidenta mujer, tenemos una gobernadora: esa brecha hoy no existe”.
Laurana Malacalza sostiene: “La sentencia luego no analizó el contexto en el que se dan estos hechos, que tiene que ver con un contexto de una dominación histórica de los varones con respecto a las mujeres, sobre todo cuando esa dominación se acrecienta por la edad de la víctima y el contexto de vulnerabilidad en que ocurre, que es el contexto del consumo de drogas. A partir de eso no es posible considerar que haya un consentimiento de parte de una menor de edad adolescente, porque ese consentimiento no daría cuenta de una situación de igualdad o paridad entre varón y mujer. No se puede hablar de una libre autonomía sexual”.

Culpar a la víctima

Agrega la funcionaria: “La sentencia juzga un delito de venta de droga que es un delito contra la salud pública, un delito sin víctima, donde la víctima es la salud pública. No se considera la historia de vida de Lucía ni su condición de adolescente en ese contexto. Cuando se la considera es para reforzar la victimización, planteando su pasado sexual, indaga sobre eso, algo rechazado por todos los estándares internacionales de derechos humanos: no se debe hurgar en el pasado de las víctimas, sino juzgar el hecho en particular. Porque de lo contrario, algo de la esfera de lo privado termina siendo usado por la propia justicia para legitimar un hecho contra la integridad sexual y contra la propia vida de la víctima”. En la sentencia se plantea que Lucía no era “sumisa”, que tenía carácter y que tenía vida sexual activa. Es todo un alegato que parece frivolizar que una menor de edad murió en manos de tres sujetos que la drogaron.
“Por eso se explica que esa sentencia haya sido como fue. Lo que es completamente desechado por la justicia es la vida de Lucía. No se encuentra ninguna investigación ni causal que diga cómo murió, por qué murió. Que haya muerto por sobredosis, que es la causal física, no explica el contexto en que ocurrió en esa muerte. Eso es lo que daría un mensaje de no impunidad desde el punto de vista de dominación y violencia hacia las mujeres”.
Otro argumento de Malacalza: “Aunque el caso no hubiese sido juzgado como femicidio, podría haberse explicado la situación en los fundamentos de la sentencia. Un contexto de aprovechamiento y dominación de un varón con respecto a una mujer. En la sentencia dice que había “solamente“ 7 años de diferencia, pero 7 años en una nena de 16 respecto a un varón de 23 que es el proveedor de drogas que la había endeudado dándole más droga de la que ella podía comprar para seguir manteniendo con ella un vínculo de carácter sexual”.
“¿Como eso no queda visibilizado en algún momento de la sentencia?” se pregunta Malacalza: ”Quiere decir que cualquier varón puede abusar sexualmente de una niña. ¿Cómo no va a ser considerado un abuso sexual cuando hay un varón adulto que posee el cuerpo de una menor? ¿Cómo van a hablar de igualdad, de consentimiento?”

La mentira fiscal

Otro aspecto de la sentencia es la denuncia que hacen los jueces sobre la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, quien brindó una conferencia de prensa relatando detalles escabrosos sobre el modo en que Lucía fue muerta (habló de empalamiento, entre otras cosas), lo cual fue luego desmentido por las pericias médicas.
Dice la sentencia: “La fiscal Sánchez movió a un país. Y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira. Dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación”. Sánchez fue apartada del caso, y en Mar del Plata sólo hay rumores sobre su actitud de falsificar detalles de la muerte de Lucía, en busca de un ascenso.
“Pero que no haya existido lo que dijo la fiscal no quiere decir que no haya existido el abuso” expresa Malacalza. “Parecería que tiene que haber una lesión física, una
huella marcada en el cuerpo de Lucía, para que lo consideremos violencia. Entonces lo dan como consentimiento”.

Contra el Estado

Hacia adelante: “Va a hacerse la apelación. Esto recién empieza” describe Malacalza. “Y si hace falta se llegará a las instancias internacionales denunciando al Estado Argentino y al provincial por no haber incorporado la perspectiva de género en sus prácticas judiciales. Esto no es un reclamo del movimiento feminista, ni un capricho, sino que el Estado nacional y el provincial deben cumplir con una obligación al haber firmado convenciones vinculadas a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano y de la ONU. Incorporar esa perspectiva de género es la que haría que al menos no exista la impunidad”.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

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Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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