#NiUnaMás
Lucía Pérez: cuando el poder judicial actúa como muchos femicidas
El femicidio de Lucía Pérez tuvo una primera sentencia en Mar del Plata en la que se condenó a los autores no por el crimen, sino por tenencia y venta de estupefacientes: 8 años y 135.000 pesos de multa. Los jueces excluyeron el contexto de violencia contra una menor de edad sometida a las drogas y, al contrario, se dedicaron a escrutar el supuesto pasado de Lucía, señalando a una víctima de 16 años por tener vida sexual, por no ser “sumisa” o por “tener carácter”. La familia ya anunció que apelará en todas las instancias, dispuesta a llegar a los tribunales internacionales por incumplimiento del Estado Argentino de pactos sobre derechos humanos de las mujeres. El caso de la fiscal que mintió sobre la causa de la muerte. Los jueces que se escudaron en Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal para argumentar que la brecha entre hombres y mujeres no existe.
Matías Farías, 25 años, y Juan Pablo Offidani, 43, fueron absueltos por la violación y el asesinato de Lucía Pérez Montero, 16 años, ocurrida el 8 de octubre de 2016. Así lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata, compuesto por Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas.
La acusación presentada por el fiscal Daniel Vicente pedía la prisión perpetua de Farías como autor de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor” pero los jueces descartaron ese delito y condenaron a Farías y Offidani a ocho años de cárcel (por lo que seguirán presos por ahora) y una multa de 135.000 pesos por tenencia y venta de estupefacientes. Lucía, según esta mirada del llamado Poder Judicial, murió por una sobredosis. No hay respuesta, entre tantas, sobre quién sobredosificó a la menor de edad para que terminara muriendo. Y evidentemente eso no es considerado un delito.
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, dijo al conocer la sentencia: “Este tribunal no entiende nada de violencia de género”.
“La justicia hace lo que hacen muchos femicidas: borrar el rostro de humanidad de la víctima, desechar su vida en una bolsa de basura o dejarla abandonada” explica a lavaca Laurana Malacalza, llamada como testigo experta al juicio por su rol como coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
“Es una actitud sin ningún reconocimiento de parte de la justicia de la condición de víctima y de sujeta que tuvo Lucía. Sin embargo, lo que le interesó a los jueces es analizar su pasado de vida, dar cuenta de que tenía una vida sexual activa, como tenemos todos, pero el fallo no explica que eso no justifica que un varón adulto mayor se aprovecha de esa situación y que el aprovechamiento de esa situación provoque la muerte”, argumenta Malacalza.
“Entendíamos que si no se juzgaba la muerte de Lucía como femicidio, al menos se enmarcara el abuso sexual en un contexto de violencia de género”.
¿Por qué no se juzgó como femicidio? Dice la funcionaria: “Para que un delito sea femicidio tiene que haber un dolo, una búsqueda de matar. En caso de que Farías no tuviese esa intención, lo que no pudo haber descartado es que podía ocurrir eso si le daba la cantidad de drogas que le daba y mantenían relaciones sexuales mientas le daba droga. Podía ocurrir un hecho así, con una menor de edad”. El otro elemento que recuerda Laurana es que Farías había dado más estupefacientes a Lucía para endeudarla y exigirle sexo como contrapartida: “Por eso la carátula que apoyó el abogado de la familia fue Abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”.
Marta, la madre de Lucía, no encontraba palabras: “Es una vergüenza que los condenen por tenencia de drogas y no por la muerte de Lucía”. Un tercer acusado, Alejandro Maciel, 61 años, fue absuelto por el delito de encubrimiento.
El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó también el fallo porque “naturaliza la violencia contra las mujeres”. “La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer alienta nuevos abusos, y también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”.
¿La brecha no existe?
Laurana Malacalza por su lado plantea que la sensación es desoladora. “Habíamos enviado un informe para que el tribunal tuviera claves interpretativas del propio Código Penal que diferencia un crimen ‘cuando mediare violencia de género’. Pero cuando me tocó ir a declarar, por las preguntas que me hacían, me di cuenta que iba a ser muy difícil incorporar la perspectiva de violencia contra las mujeres”.
Ese día Laurana planteó que “la subordinación de la mujer es una cuestión histórica”.
El juez Viñas le contestó: “¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya?”
Luego el juez Carnevale negó la existencia de desigualdades: “Acá hay una defensora que es mujer, una secretaria de juzgado que es mujer. Acá hay mujeres que lograron acceder a lugares de poder. Está usted, que tiene un montón de títulos” le dijo a Laurana. Viñas agregó a la defensiva: “No todos los hombres somos iguales”, como si el acusado fuese él. Carnevale completó el despropósito: ”Tuvimos una presidenta mujer, tenemos una gobernadora: esa brecha hoy no existe”.
Laurana Malacalza sostiene: “La sentencia luego no analizó el contexto en el que se dan estos hechos, que tiene que ver con un contexto de una dominación histórica de los varones con respecto a las mujeres, sobre todo cuando esa dominación se acrecienta por la edad de la víctima y el contexto de vulnerabilidad en que ocurre, que es el contexto del consumo de drogas. A partir de eso no es posible considerar que haya un consentimiento de parte de una menor de edad adolescente, porque ese consentimiento no daría cuenta de una situación de igualdad o paridad entre varón y mujer. No se puede hablar de una libre autonomía sexual”.
Culpar a la víctima
Agrega la funcionaria: “La sentencia juzga un delito de venta de droga que es un delito contra la salud pública, un delito sin víctima, donde la víctima es la salud pública. No se considera la historia de vida de Lucía ni su condición de adolescente en ese contexto. Cuando se la considera es para reforzar la victimización, planteando su pasado sexual, indaga sobre eso, algo rechazado por todos los estándares internacionales de derechos humanos: no se debe hurgar en el pasado de las víctimas, sino juzgar el hecho en particular. Porque de lo contrario, algo de la esfera de lo privado termina siendo usado por la propia justicia para legitimar un hecho contra la integridad sexual y contra la propia vida de la víctima”. En la sentencia se plantea que Lucía no era “sumisa”, que tenía carácter y que tenía vida sexual activa. Es todo un alegato que parece frivolizar que una menor de edad murió en manos de tres sujetos que la drogaron.
“Por eso se explica que esa sentencia haya sido como fue. Lo que es completamente desechado por la justicia es la vida de Lucía. No se encuentra ninguna investigación ni causal que diga cómo murió, por qué murió. Que haya muerto por sobredosis, que es la causal física, no explica el contexto en que ocurrió en esa muerte. Eso es lo que daría un mensaje de no impunidad desde el punto de vista de dominación y violencia hacia las mujeres”.
Otro argumento de Malacalza: “Aunque el caso no hubiese sido juzgado como femicidio, podría haberse explicado la situación en los fundamentos de la sentencia. Un contexto de aprovechamiento y dominación de un varón con respecto a una mujer. En la sentencia dice que había “solamente“ 7 años de diferencia, pero 7 años en una nena de 16 respecto a un varón de 23 que es el proveedor de drogas que la había endeudado dándole más droga de la que ella podía comprar para seguir manteniendo con ella un vínculo de carácter sexual”.
“¿Como eso no queda visibilizado en algún momento de la sentencia?” se pregunta Malacalza: ”Quiere decir que cualquier varón puede abusar sexualmente de una niña. ¿Cómo no va a ser considerado un abuso sexual cuando hay un varón adulto que posee el cuerpo de una menor? ¿Cómo van a hablar de igualdad, de consentimiento?”
La mentira fiscal
Otro aspecto de la sentencia es la denuncia que hacen los jueces sobre la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, quien brindó una conferencia de prensa relatando detalles escabrosos sobre el modo en que Lucía fue muerta (habló de empalamiento, entre otras cosas), lo cual fue luego desmentido por las pericias médicas.
Dice la sentencia: “La fiscal Sánchez movió a un país. Y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira. Dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación”. Sánchez fue apartada del caso, y en Mar del Plata sólo hay rumores sobre su actitud de falsificar detalles de la muerte de Lucía, en busca de un ascenso.
“Pero que no haya existido lo que dijo la fiscal no quiere decir que no haya existido el abuso” expresa Malacalza. “Parecería que tiene que haber una lesión física, una
huella marcada en el cuerpo de Lucía, para que lo consideremos violencia. Entonces lo dan como consentimiento”.
Contra el Estado
Hacia adelante: “Va a hacerse la apelación. Esto recién empieza” describe Malacalza. “Y si hace falta se llegará a las instancias internacionales denunciando al Estado Argentino y al provincial por no haber incorporado la perspectiva de género en sus prácticas judiciales. Esto no es un reclamo del movimiento feminista, ni un capricho, sino que el Estado nacional y el provincial deben cumplir con una obligación al haber firmado convenciones vinculadas a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano y de la ONU. Incorporar esa perspectiva de género es la que haría que al menos no exista la impunidad”.
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Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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