Nota
El infierno que vivió Gustavo Castro en Honduras
Berta Cáceres es un emblema de la lucha contra megaminería en Latinoamérica y fue asesinada el 1 de marzo. Gustavo Castro estaba a su lado. En esta entrevista realizada por Gloria Muñoz Ramírez cuenta qué pasó, reconstruye los detalles de aquel día y cómo luego sufrió los mecanismos de la impunidad.
Berta Cáceres es un emblema de la lucha contra megaminería en Latinoamérica y fue asesinada el 1 de marzo. Gustavo Castro estaba a su lado. En esta entrevista realizada por Gloria Muñoz Ramírez cuenta qué pasó, reconstruye los detalles de aquel día y cómo luego sufrió los mecanismos de la impunidad. Una nota imprescindible, publicada por Desinformémonos.
Gustavo Castro llegó apenas un día antes a La Esperanza, invitado para ofrecer un taller sobre alternativas para generar energía en las comunidades. Se alojó en la Casa de Sanación y de la Mujer, en el centro del pueblo. Descansó un rato. Luego lo recogieron para ir a cenar en el Centro Utopía, a las orillas de la ciudad, en el rancho en el que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ofrece capacitaciones, como a un kilómetro del pueblo. Entre las 7 y las 7:30 de la noche llegó al lugar la dirigente del Copinh, Berta Cáceres, emblema de la lucha contra los megaproyectos en Centroamérica, reconocida con el prestigiado Goldam Enviromental Prize, el “nobel” de los ecologistas. Gustavo tenía cinco años de no verla. Se saludaron en medio de las múltiples ocupaciones de Berta.
Por la noche de ese primero de marzo partieron juntos a la casa de Berta. Eran como las 11 con 15 minutos de la noche. Gustavo se sorprendió de lo aislada que se encontraba la casa de la luchadora lenca, una mujer amenazada en múltiples ocasiones por su lucha en defensa del Río Gualcarque. La casa se encontraba en un fraccionamiento a orillas de la ciudad, en una brecha de un kilómetro de longitud, con una pequeña caseta en la entrada.
“Berta, te están persiguiendo, te están amenazando, has tenido atentados y ¿vives aquí sola?”. Berta respondió que dos días antes se había ido su hija. Prepararon en media hora el taller y después ella se ofreció a llevarlo a su alojamiento. Ya eran más de las 12 de la noche. Lo dejó en la Casa de Sanación y le sugirió que al día siguiente se quedara en su casa para que pudiera comunicarse con su familia y adelantar su trabajo, pues ella tenía señal de Internet.
Nadie sabía que al día siguiente se quedaría en su casa. Había sido una invitación informal. Gustavo salió el 2 de marzo temprano con su mochila de viaje. “Esa fue la gran sorpresa de los sicarios, porque ni siquiera Berta sabía que yo me quedaría en su casa, a ella se le ocurrió en ese momento. Nadie del Copinh lo sabía. Vaya, ni yo sabía”.
El primer día del taller, la gente del Copinh habló claro y contundente sobre la lucha y la resistencia, sobre la necesidad de buscar alternativas, de construir autonomía, de defender el territorio, de dejar los territorios libres de megaproyectos. Terminaron cenando todos juntos y, al final, Berta le dijo a Gustavo que se fueran a descansar. Se trasladaron en auto y antes de llegar Berta sugirió que pasaran a saludar a su mamá. Doña Berta-madre, una luchadora y lideresa de la región, los recibió con gusto. Gustavo tenía muchos años de no verla. De ahí salieron como a las nueve y cuarto de la noche y se dirigieron a un restaurante del centro para tomar algo. Berta cenó, pues ella no había probado bocado.
Partieron rumbo a la casa de Berta y, a diferencia del día anterior, había un hombre en la casetita de entrada a la casa que daba acceso a los carros. El señor abrió el paso, Berta lo saludó y le preguntó por su salud. “Era una noche increíble, con un silencio sepulcral, no había nada, ni siquiera salía un perro”. Berta y Gustavo decidieron entonces descasar un rato en el porche de la casa, se fumaron un cigarro mientras ella terminaba la noche escribiendo un mail.
Ya muy cansados entraron a la casa y Berta le mostró su habitación. Eran como las 11 de la noche. Ella se retiró a su cuarto y Gustavo se recostó y se dispuso a trabajar. Serías las once con cuarenta minutos cuando escuchó ruidos. De repente, uno muy estruendoso en el portón, muy fuerte, como si se cayera algo. No pasaron ni dos segundos cuando empezaron a patear fuertemente la puerta de la habitación de Gustavo, quien con miedo la abrió y vió como un sujeto corría al cuarto de Berta, mientras el otro lo encañonaba directo a la cara, como a dos metros de distancia.
Todo en menos de un minuto. Se escuchó el forcejeo en el cuarto de Berta. Tres tiros. Gustavo le dice “tranquilo” al hombre que le apuntaba con una pistola plateada. Alcanzó a aventarse a la cama y el hombre lo siguió con la pistola. Le apuntaba nervioso. Disparó. Por una millonésima de segundo Gustavo movió la cabeza. “Si lo hubiera hecho un segundo antes, él se hubiera dado cuenta de que me estoy ciscando. Y si me hubiera movido una millonésima de segundo después, no la libro”.
“Iban directo a matarla. Estoy seguro de que no sabían que yo iba a estar ahí, no se la esperaban. Por eso no me asesinan inmediatamente como hacen Berta. El hombre que me apuntaba se esperó a que el otro hiciera el trabajo, a que la matara, y después ver qué hacían conmigo”.
Era casi imposible que el matón errara el tiro. De hecho, para él, le dio. El movimiento de Gustavo logró salvar la cabeza y la bala dio en la oreja, de donde de inmediato brotó la sangre. Gustavo se quedó tirado e inmóvil. El sujeto salió corriendo, dándolo por muerto. “Fue un milagro”.
Berta alcanzó a gritar “Gustavo, Gustavo” y él se dirigió hacia su cuarto, hasta el final del pasillo. Estaba tirada en el suelo. Le dijo “Bertita no te vayas, quédate conmigo, quédate conmigo…”. La veía cómo se iba yendo, con los ojos blancos. “Alcanzó a decirme que buscara el celular, que le llamara a Salvador”, su ex esposo.
Berta dejó de respirar en cuestión de un minuto. Gustavo regresó a su cuarto y empezó a marcar y marcar desde su celular a los amigos que conocía, para que llegaran a rescatarlo. “Tenía un pinche miedo, pero tenía que tranquilizarme, respirar, porque estaba solo. No había casas, no había nada. Pensé que estaba ya muerto. Aquello era una conejera donde estás a merced”.
Pasaron dos horas y media antes de que llegara la primera persona. En todo ese tiempo estuvo solo en el cuarto, en alerta, no sabía si regresarían los sicarios a rematarlo. Como no le contestaba nadie en Honduras, pensó en contactar a alguien en México. Vio la hora. Las , once con cuarenta y cinco. Podría encontrar a alguien despierto. Empezó a marcar a todos sus amigos, mensaje por mensaje. “Asesinaron a Berta, corran, estoy herido, avisen”. No contestó nadie.
Hasta las dos de la mañana empezó todo el mundo a conectarse. “Gus, Gus, no te apures, ya vamos contigo”, le dijo una amiga mientras él pensaba “éstos regresan, éstos regresan”. Fueron las dos horas más angustiantes.
Sus compañeros del Copinh fueron los primeros en llegar y lo sacaron “en friega”. Acarrearon a la gente que iba caminando a casa de Berta, todo en veinte minutos. “Nos quedamos frente a la casa. Yo dentro de una camioneta vieja de vidrios polarizados. Ya habían llegado también algunos policías. No sé quién les avisó”.
Empezaron a llegar militares, policías, prensa. Hasta las seis y media de la mañana Gustavo permaneció sentando en el sillón del copiloto de la camioneta. Nadie se percató de su presencia. Escuchaba que decían “parece que hay un testigo mexicano”, pues encontraron su maleta con la etiqueta de Aeroméxico con su dirección y nombre, todo. A esa hora sus compañeros del Copinh lo llevaron a una casa para curarlo.
A las siete de la mañana, sin saber quién les avisó que estaba en esa casa, llegaron un montón de policías. Tocaron la puerta y le dijeron al dueño de la casa que lo estaban buscando, pero “yo no me pensaba mover de ahí hasta que llegara la fiscal, que ya me había advertido: no se vaya con ningún policía. No declare usted absolutamente nada´”.
“Me estuvieron buscando por los hospitales, porque había dejado un montón de sangre en el cuarto. Al final me quedé en esa casa. Mientras tanto, en el Ministerio Público estaba toda la gente del Copinh y el cuerpo de Berta en una camioneta, en una bolsa, lleno de cobijas y alfombras”.
En esa casa los policías le solicitaron a Gustavo el retrato hablado de los asesinos. Le preguntaron cómo eran. Nada formal, le dijeron, como si fuera una plática. Y ahí empezaron las irregularidades.
“Esa madrugada todo el mundo entró a la casa de Berta, no resguardaron nunca el lugar. Entró medio mundo, el Copinh, reporteros, los policías que pisaron la sangre con sus botas, movieron el cuerpo. Todos sabían que habían alterado la escena del crimen. La gente estaba en el patio, ya las huellas no existían pues todo el mundo había pisado”.
Inició el calvario. Sin dormir desde el día anterior, sin comer nada, haciendo el retrato hablado, a las dos de la tarde llegó la fiscal a la casa y lo subieron a una patrulla escoltado rumbo al Ministerio Público, a donde llegó una abogada de la CONADEH, que es como la CNDH de Honduras.
El cónsul de México llegó a las ocho de la noche al Ministerio, pero ya se había comunicado con él desde las diez de la mañana. “La abogada CONADEH me dijo que ya había detenido a la policía, que no me iban a llevar, que yo tenía mis derechos. Afuera estaba lleno de policías. Tenía mucho miedo porque yo era testigo protegido y sabía que me andaban buscando para terminar de hacer el trabajo. El Ministerio Público era como todos los demás, “un cuartucho, un baño que se estaba cayendo, dos o tres sillas para que la gente se sentara”. Seguía Gustavo sin comer, sin dormir, con la ropa llena de sangre.
Pasaron muchas horas antes de que le tomaran su declaración ministerial. “¿Qué hicieron todo ese tiempo? ¿Por qué se tardaron tanto? Quién sabe”. Una de las principales irregularidades fue que lo empezaron a interrogar fuera de la declaración ministerial. La otra es que solicitó copia de su declaración ministerial y del video de la declaración y no se las dieron. Una más es que se robaron su maleta en el MP y no se la entregaron hasta veinticuatro horas después, para que pudiera cambiarse. La ropa ensangrentada la resguardaron para pruebas de ADN.
La maleta de Gustavo nunca fue custodiada. Pasó de mano en mano sin que nadie dijera nada, En esos momentos se temía que pudieran introducirle objetos que no traía. “Era como un rehén. Pusimos demanda, pusimos recursos, yo se lo dije al fiscal personalmente y a los fiscales especializados, pero nada”. Finalmente los abogados pusieron un recurso legal de cada una de estas anomalías.
Siendo testigo protegido, le pusieron a Gustavo algo que se conoce como “chacal”, una especie de sotana y capucha negra que cubre todo el cuerpo para que no pueda ser identificado. Pero su fotografía ya estaba en todos lados.
Cuando salió al Ministerio Público a rendir su declaración ante la juez, casi no podía ni ver.
“Todo el tiempo me sentí muy vulnerable y amenazado por los sicarios. En cualquier momento, mientras yo estuviera en Honduras, iban a intentar matarme. Y hasta hoy. Por eso no regreso”.
Para ese momento ya se sabía que el único testigo del asesinato se llamaba Gustavo Castro, que era el coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas, que vivía en San Cristóbal de las Casas. Su fotografía circulaba ya en todo el mundo.
Y también para ese momento el Copinh y los familiares de Berta responsabilizaban del asesinato a la empresa DESA, encargada de la construcción de la represa Agua Zarca sobre el río Gualcarque. “Berta me contó de las amenazas que tenía y de las denuncias que había hecho. Para la gente estaba claro la ubicación de la empresa, sus matones, sus sicarios y las confrontaciones que habían tenido Berta, apenas unas semanas antes de su asesinato, con el dueño y los abogados”. El Copinh incluso denunció que el coordinador de fiscales es parte del despacho de abogados defensores de la empresa DESA.
En todo el proceso “lo que sientes, además de la amenaza física, es una indefensión total,. No hay una ley de víctimas en un país donde más de cien ambientalistas han sido asesinados y de ellos al menos una veintena contaban con todas las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Obviamente no le van a dar el derecho a las víctimas”.
Tampoco hay en Honduras un reglamento para testigos protegidos. “Yo estaba a merced de cualquier arbitrariedad, sin una abogada que me defendiera, a merced del capricho político. No había poder humano ni andamiaje que pusiera orden. Después de cinco días y de no dormir, de diligencia tras diligencia, empiezan a cambiar las condiciones. De ser testigo protegido, paso a ser tratado como posible sospechoso”.
En la madrugada del día 3, el cónsul buscó un hotel para quedarse. Llegaron a un lugar inseguro, como a las dos o tres de la mañana. Al día siguiente tenían que ir en patrullas hasta Tegucigalpa. “Sólo tenía tres horas para dormir, pero no podía con tres policías pegados a la puerta. No podía cerrar los ojos a pesar del cansancio y con el dolor de la herida, pensando que iban a entrar otra vez los sicarios por la puerta”.
Al día siguiente, cuando creía que ya se iría, le informaron que había una diligencia para mostrarle unas fotografías, “por si reconocía a alguien”. Otra irregularidad. No hubo una diligencia adecuada. “Me mostraron puras fotos de gente del Copinh. Dije que ahí no estaba al que yo vi el día del asesinato y se fueron”.
Poco después llegó personal de la fiscalía de Tegucigalpa y le pidieron que se quedara para otra diligencia: la reconstrucción de los hechos. “Yo nunca había estado en eso, ni sabía qué implicaba. Accedí con la condición de que me dejaran despedirme de mamá Berta, darle un abrazo. Fui yo quien había visto a su hija morir unas horas después de haber estado con ella”.
Era el día 4. “No había dormido nada desde el día dos. No sabía que la reconstrucción de los hechos es más o menos a la misma hora que pasan las cosas, para ver condiciones de clima, luz y eso. A las diez de la noche me dijeron que íbamos a empezar. Yo ya estaba cayéndome, ya me iba a dormir. Me llevaron el “chacal” otra vez, patrullas y demás para irnos a la casa de Berta. Fue muy difícil”.
Ya había entrado mucha gente a la casa de Berta. Todo estaba mal. “Inició la reconstrucción y no sabía qué hacer. Nadie me decía nada. Por iniciativa empecé a narrar todo y a caminar, todos me perseguían con una grabadora. Lo volví a repetir todo, me acosté sobre la cama tal como lo hice ese día. Les di la trayectoria de la bala. Todo”.
“Ahora sí me voy, pensé, al terminar. A las siete de la mañana teníamos que estar en un campo de fútbol para que pudiera bajar el helicóptero que nos llevaría a Tegucigalpa. Nuevamente no dormí nada, tenía miedo”.
Se nubló el día y el helicóptero no pudo despegar de Tegucigalpa. A las once de la mañana deciden que lo trasladarán por tierra. Se disponen patrullas para acompañarlo. El sábado 5, entre las dos y tres de la tarde llegaron por fin a la embajada mexicana.
“Ni siquiera había tenido tiempo de llorar. Se trataba de estar vivo, despierto. Ese mismo día, el cónsul me dijo que había un vuelo a México vía Estados Unidos. Pero dije que no, prefería dormir y salir en vuelo directo”. A las nueve de la noche llamó la fiscal de La Esperanza para informarle que querían una ampliación de la declaración, “que no era nada para preocuparse… Los esperamos, pensé que en una hora terminaría todo”. Pero pasaron las horas y nadie llegó.
Gustavo tenía que estar a las cuatro de la mañana camino al aeropuerto. A las tres de la mañana la embajadora le dijo que se fuera a dormir un rato y a las cuatro lo despertaría. Lo hizo. Nadie de la fiscalía se presentó, “por lo que agarré mis cosas y nos fuimos para el aeropuerto”.
El cónsul bajó del auto y se dirigió al mostrador por el pase de abordar. Con él en la mano se encamino a tomar el avión. Pero antes, no por una entrada normal sino por una puertita, “salieron como moscas los policías, estaban escondidos. Me dijeron que no me podía ir, que eran de la fiscalía, que tenía que regresarme”.
“Yo estaba a punto de llorar. Traía tanto cansancio, días sin dormir. No me daban ninguna explicación y no entregaron ningún requerimiento. Con los días entendí que ellos querían convencerme de que me quedara, por eso me hablaban tan amables. Pensé en un secuestro, todo era totalmente irregular. La embajadora dijo que quería hablar con la fiscal y con derechos humanos, pero sólo contestaron que no me podía ir. Empezó la discusión con la embajadora y hasta entonces leen el documento con el requerimiento de la juez. Le dijeron a la embajadora que me podía acompañar, que ya estaba la patrulla. Ella pidió una copia del papel pero no se lo quisieron dar. Totalmente ilegal. Sacaron un segundo papel. Dijeron que tenía orden de aprehensión preventiva. En ese momento la embajadora me envolvió en sus brazos junto con el cónsul y dijo “de aquí no se mueve”. Dijeron que no había problema en que me acompañaran, pero que yo estaba detenido. La embajadora se la jugó. Y siguió la discusión. Cuando el fiscal se dio cuenta de lo que está pasando, le dijo a los policías que procedieron al arresto, pero la embajadora no me soltó. Había mucha gente de testigos, empezaba a amanecer. No se atrevieron a tocarme ni a esposarme”.
“Después se dio paso a la alerta migratoria. No sabía ahora qué hacer. Me dijeron que había que regresar a La Esperanza. Finalmente la embajadora y el cónsul me subieron a la camioneta y nos regresamos en friega. Era domingo seis”,
La Comisión de Derechos Humanos de Honduras llegó después a tomarle su testimonio por lo grave que había sido todo. Iban a disculparse. “Se disculparon con la embajadora, que iban a investigar todo lo que había pasado, que qué vergüenza. Hipócritas todos”.
“Apoyé la ampliación de la diligencia, sin saber bien lo que querían, pues ya les había dicho todo lo que sabía. Les dije que necesitaba más seguridad. Pedí chaleco antibalas y toda la protección. Me lo trajeron en patrullas y un montón de gente, incluso nos escoltó un grupo de inteligencia militar”.
Arreció entonces la crítica al gobierno de Honduras, que respondió que Gustavo quería escaparse. “Les estaba haciendo el favor de colaborar con sus propias irregularidades y se limpiaban conmigo diciendo que yo me quería fugar”.
“La fiscal me dijo que quería pedirme disculpas por lo que había pasado, que se sentía plenamente avergonzada, peor públicamente estaban filtrando otro tipo de versión. Esa noche no volví a dormir nada a pesar del cansancio, porque pensé que iban a llegar a asaltar a la embajada. Al otro día vamos otra vez a la diligencia. Llegamos como a las dos de la mañana y los abogados indican que antes de que suba al juzgado van a investigar qué tipo de diligencia quieren, pues no nos habían dicho nada, ni de qué se trataba ni en calidad de qué. Nos dijeron que no sería una ampliación de la declaración, sino un careo. Me pusieron otra vez la sotana negra y ahí vamos. Me metieron a un cuartito, pasaron horas. Entraban y salían el abogado, el fiscal. Era un careo con el viejito de la casetita de la casa de Berta, quien dijo otra versión y ahí lo tenían. Nos pusieron a la distancia, viéndonos de frente, la jueza por un lado, la parte acusadora, la defensa, atrás el cónsul. El pobre viejito se contradecía en todo. Al final dijo `bueno, quizás me equivoqué, quizá me confundí. Había tantas contradicciones que era obvio que estaba mintiendo. Decía que yo no era el que iba con quien me había rescatado, sino uno del Copinh. Pero de dónde iba a sacar eso si los vidrios de la camioneta estaban polarizados, no se podía ver nada, mucho menos a esa hora.
Todo iba encaminado a incriminar al Copinh”.
Después continuó el careo con Tomás, el compañero del Copinh que lo había rescatado. Sus versiones coincidieron en todo. Eran las once o doce de la noche. Al otro día lo citaron temprano para ver otro montón de fotografías. Nuevamente Gustavo no reconoció a nadie. “Era el momento de marcharme. Ya no había nada que pudiera hacer”.
Terminando el careo lo llevaron a la sala contigua, con la secretaria de la juez, donde le informaron que tendría que permanecer en Honduras 30 días más. “Los abogados pidieron copia de la argumentación y se las negaron. Así de ilegal. Al día siguiente regresaron a reclamar que estaba mal la fecha y mal escritos otros datos, y la jueza dijo que quitaba a mi abogada del ejercicio profesional. Metimos otro recurso y un amparo contra eso. Era ilegalidad tras ilegalidad”.
Esta es “la realidad que viven todos los días los hondureños, es la inseguridad jurídica, la impunidad absoluta y un miedo impresionante. Te sientes totalmente indefenso porque no hay nadie, ni la CIDH. Estás a merced de cualquier capricho político, una indefensión brutal”.
En los siguientes días se generó una red muy grande que exigió el traslado inmediato de Gustavo a México. Fue la presión lo que lo trajo de regreso. Pero allá se quedaron tantos.
Por eso el análisis, dice Gustavo, tiene que ser más amplio. “Detrás de todo esto está el capitalismo voraz que va por todo. Las transnacionales están adquiriendo un poder muy fuerte, de manera que en los tratados de libre comercio, las empresas buscan seguros de inversión. Que si violaron derechos humanos, les da igual, está asegurada su inversión, igual que si la gente se está muriendo de cáncer por la mina, que si deforestaron o construyeron una represa que mata un río como el Gualcarque.
“En toda América Latina hay mucha gente en defensa de sus territorios, su lucha no es por ellos, es por el beneficio de todos. Por eso la solidaridad debe ser general para todos, porque al final de cuentas es un beneficio común, aunque sólo algunos pongan el pellejo. La gente está defendiendo la salud, el agua, los territorios, la vida. La responsabilidad es pareja. Tiene que ser global, ya no tenemos tiempo, como decía Berta. No podemos hacer como que no pasa nada, ocultar la realidad, hacernos de los ojos que no ven. La lucha es de todos”.
Por lo pronto, hay un antes y un después para Gustavo. No hay lugar seguro para él. Ni en México, por supuesto, por eso anda “del tingo al tango”.
La nota, publicada en Desinformémonos.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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