Nota

El juicio mutilado: Muerte dudosa y el último gesto de Febres

Publicada

hace 15 años

12/12/2007

El prefecto Héctor Febres murió cuatro días antes de que se conociera el veredicto del Tribunal Oral 5 que lo juzgaba por la participación en cuatro casos de privación ilegal de la libertad y tormentos durante su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la pasada dictadura. El Espacio Justicia Ya tiene serias dudas de se haya tratado de una muerte natural y reclama una investigación sobre esa muerte (la propia familia de Febres parece dudar). Adriana Calvo explicó a lavaca las razones de sus sospechas. Además, y para entender la magnitud de lo que se juzgaba, se reproduce la crónica “Febres era el que más torturaba”, correspondiente a la audiencia judicial donde declararon sus víctimas, en esta oportunidad corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. El misterio de un gesto de Febres.

“Dudamos de la muerte natural de Héctor Febres, porque se lo veía absolutamente sano, rozagante. Faltaban sólo cuatro días para la sentencia, y no hay que olvidarse que Febres fue el que siempre dijo: ´Por qué me juzgan a mí solo´. El viernes hubiera sido el momento de las últimas palabras frente al Tribunal y hubiera podido decir algo, no descartábamos la posibilidad de que dijera qué familias tienen en su poder a hijos de desaparecidos, una información que él manejaba”, subraya Adriana Calvo, integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Espacio Justicia Ya, uno de los organismos que actuaba como querellante en el juicio que se le estaba siguiendo al prefecto por privación ilegítima de la libertad y tormentos a cuatro militantes políticos secuestrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado una condena de 25 años de prisión. Pero su muerte, interrumpe automáticamente el proceso judicial y no será posible.
Quizás sea interesante recordar algo publicado por lavaca en la crónica sobre los alegatos, titulada El juicio juzgado. Allí se narra la acusación de la fiscal Mirna Goransky. En la crónica publicamos textualmente el siguiente párrafo:

“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. Él sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.

¿Fue un acto reflejo, o un mensaje? En todo caso, fue lo últim que se le vio hacer públcamente. Ante los fantasmas de la muerte de Febres, toda pista, todo símbolo, pasa a un lugar de posible relevancia.
Lo que hacía
En verdad, El Gordo Daniel o Selva –como le decían por tener la ferocidad de todos los animales juntos- estaba procesado por más de 300 desapariciones. Mientras revistió en la ESMA como enlace entre la Prefectura Naval y la Armada participó de operativos de secuestro, aplicó la picana eléctrica entre otros tormentos, tenía a su cargo a los desparecidos que eran reducidos a la servidumbre y era el responsable de los bebés que nacían en la maternidad clandestina que se había montado en ese centro de detención que se convirtió en el paradigma del terrorismo de Estado.
Hasta la familia de Febres duda
“La jueza caratuló la causa como muerte dudosa, dictó el secreto de sumario, tomó una enorme cantidad de declaraciones y ha aceptado a nuestra asociación como querellante. Por alguna razón dictó el secreto de sumario. Nosotros pedimos peritos de parte para investigar qué pasó. Y la familia también duda de que se haya tratado de muerte natural: por algo pidió la autopsia y puso sus propios peritos. Nosotros queremos saber quién le llevó la cena, quién comió, quién encontró el cadáver, quién era responsable. Si fue un asesinato, a uno se le pone la piel de gallina. No cabe otra que vincularlo con la desaparición de Julio López. Tampoco puede dejarse de relacionar con el día en que ocurrió, el mismo en que asume Cristina Kirchner como presidenta. Sería una muestra de lo que son capaces de hacer, ya no sólo desaparecen a un testigo sino que llegan a matar a la propia tropa”, se explaya Calvo.
El sentimiento de Adriana coincide con el de los querellantes y testigos que declararon a lo largo del juicio: una profunda impotencia y una sensación de que tanto esfuerzo no sirvió para nada, como dijo en una conferencia de prensa Carlos Lordkipanidse, uno de las cuatro víctimas por las que Febres era juzgado.
La “justicia” mutiladora de causas
“Aunque se haya tratado de una muerte natural –advierte Calvo-, esto es consecuencia de estar llevando las causas judiciales desarticuladas, desmembradas, de muy a poquito. De esta manera no sólo se pierde la magnitud del plan genocida, sino que sobre llovido mojado: esta forma de juzgar trae aparejada tanta demora que los represores se terminan muriendo. Y en particular la causa ESMA, que es el paradigma del desguace”.
Calvo responsabiliza al juez Sergio Torres, que tiene a su cargo la investigación de la megacausa ESMA, de haberla hecho “picadillo”. “Se trata del campo de concentración con más pruebas y más represores identificados de todo el país. (El juez español Baltasar) Garzón pidió la extradición de 48 represores con la información que nosotros le dimos. Sin embargo, acá se reabrió hace cuatro años y tres meses, y recién llegó a juicio oral el prefecto Febres, y por sólo cuatro casos. Es cierto que la Cámara de Casación ha demorado todo, pero Torres separó por un lado la causa Walsh, por el otro la Santa Cruz que a su vez está dividida en dos, otra por los robos a los bienes de los desaparecidos, otra al enfermero Jeringa Barrionuevo en la que lo acusa solo de tirarle un balde de agua fría a Víctor Basterra. No contento con toda esta disección, la causa principal la separó también por los años, una parte 76, otra 77 y otra 78, mientras que en la ESMA nunca hubo un corte, los represores son los mismos y las víctimas también”, se indigna la integrante de Justicia Ya.
Política de impunidad
Para Calvo no caben dudas de que esta forma de juzgar se trata de una política para diluir y dilatar los procesos: “Esto es generar impunidad, y esta causas apuntan a lograrla: Febres se murió sin condena, recluido en un local de la prefectura, cuidado por su pares y en pleno Delta del Tigre, un lugar paradisíaco. Sus condiciones de detención no eran las normales: ¿Qué preso bajaba a tomar el desayuno a las 10:30 como hacía él?”
Calvo sustenta su opinión con los resultados de los procesos judiciales que se están llevando adelante: “En los cuatro años que pasaron desde que se reabrieron las causas –narra- tuvimos tres condenados y un muerto a punto de ser condenado. Vamos mal. Es cierto que a los testigos no nos gusta ir a declarar una y otra vez, que eso nos revictimiza, que nos molesta y nos duele. Pero el problema no es ese, el problema es que si se pierde tanto tiempo juzgando a los represores que más se destacaron, nunca vamos a llegar a juzgar a los represores que aún se encuentran en actividad.”
lavaca ha venido cubriendo prácticamente todo el juicio (el sector “Archivo temático” comienza justamente con el juicio a la ESMA. Como un modo de comprender la magnitud de lo hecho por personajes como Febres, aquí reproducimos una de las crónicas publicada el 23 de octubre, corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. Este es el texto.
”Febres era el que más torturaba”
La Fiscalía y las querellas pidieron que se amplíen los cargos contra Héctor Febres, primer represor de la ESMA que es sometido a juicio desde que se reabrieron las causas por las violaciones a los derechos humanos. Cuatro de sus víctimas describieron cómo los torturaron y los sometieron a trabajo esclavo (falsificar documentos para los militares y trabajar para la imprenta del diario Convicción, por ejemplo). Lo responsabilizaron por las embarazadas que llegaban al lugar y relataron cómo el prefecto se encargó del traslado de los secuestrados a la isla El Silencio, en Tigre, cuando la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitó la Argentina. De cómo el “Gordo Daniel” se transformó en el “Gordo Cagueta”.
Después de escuchar los testimonios de las cuatro víctimas que declararon en la segunda jornada del juicio oral y público contra Héctor Febres -el primer represor juzgado por su actuación en la ESMA, después del Juicio a las Juntas-, tanto la querella como la fiscalía solicitaron la ampliación de los delitos por los que se juzga al imputado. El fiscal Jorge Taiana pidió que se le incorpore el cargo de privación ilegítima de la libertad, agravada por la duración en el tiempo del cautiverio y por encuadrarse los hechos dentro de la figura de persecución política . La querella, a su vez, exigió que al Gordo Daniel –como se lo conocía en el campo clandestino- también se lo juzgue por reducción a la servidumbre, ya que los testigos relataron con pormenores cómo fueron sometidos para realizar trabajo esclavo.
¿Qué es tortura?
En la segunda jornada del juicio a Febres, la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py fue invadida por un silencio estremecedor. Los relatos de las víctimas de Febres fueron interrumpidos en varias oportunidades cuando se notaba que estaban al límite de su propia emoción. De manera recurrente, el juez Guillermo Gordo ofreció a los testigos la asistencia de una psicóloga, presente en el recinto, y llamó a cuarto intermedio cada vez que las lágrimas amenazaron el relato de los ex detenidos-desaparecidos.
«En la ESMA éramos miles. Ahí tomé conciencia de que se trataba de un genocidio», declaró Carlos Lordkipanidse cuando se le quebró la voz. El Sueco –como le dicen- brindó un pormenorizado relato de su cautiverio y del funcionamiento del campo de detención clandestina más emblemático de la dictadura. Su sensibilidad afloró cuando contó que le fue encomendada por Febres la tarea de realizar tres copias de microfilms que contenían las fichas de todos los secuestrados que habían pasado por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. “Por eso puedo decir que eran cerca de cinco mil. En un momento, cuando pasaban esas fotos, no aguanté y me puse a llorar”. Allí, agregó, pudo ver las fotos de los detenidos, datos de militancia y el destino final: “Algunos, la mayoría, estaban marcados con una letra D; otros, la minoría, con la L y muchos con la sigla MC. Deduje que la D era de deceso o desaparecido, la L de liberado y MC, muerto en combate”.
– ¿Cuántas veces fue torturado? – quiso saber la Fiscalía en otro tramo de su declaración.
– Hay que definir bien qué es tortura. A mi me torturaron dos años y medio, desde que me detuvieron hasta que me fugué a Brasil– contestó fastidiado.
– ¿Quién lo torturó?
– Hay que definir bien qué es un torturador. No fue una persona, fueron todos los que estaban en la ESMA, desde los cadetes hasta los suboficiales y oficiales de mayor jerarquía.
El juez Gordo aclaró que la pregunta iba dirigida a cuántas veces fue sometido a la picana eléctrica. Contestó el testigo:
– Creo que se está subestimando lo que es la tortura, a la que fui sometido durante los dos años y medio que viví en condiciones infrahumanas.
Lo que enojaba a Astiz
Lordkipanidse fue secuestrado el 11 de noviembre de 1978 por personal que se identificó como de Toxicomanía de la Policía Federal. “Me metieron en un Peugeot 504. Al único que reconocí de ese grupo fue a Pellón, que me apuntó con una Itaka en la frente. Lamentablemente ya falleció y no podrá ser juzgado”, declaró el testigo que aquel día fue llevado a la ESMA, donde un rato antes habían arribado su mujer, Liliana Pellegrino, y su hijo de 20 días. Cuando llegó, esposado y encapuchado, reconoció los gritos de su mujer y de su hijo, que estaban siendo sometidos a tormentos. “En ese momento me hice conocer a los gritos para que supiera que yo ya estaba ahí, por si la estaban torturando por mí. En ese momento el imputado, Febres, me hace un tacle, me saca la capucha y me rompe la cara a trompadas: `Callate, monto hijo de puta`, me decía pero yo seguí gritando”, recordó Lorkipanidse que en otro momento de su declaración subrayó: “Las piezas dentales que me faltan no es por falta de cuidado personal, sino por la golpiza que me dio Febres cuando me recibió”.
El testigo señaló que lo secuestraron por ser el último sobreviviente del Grupo Especial de Combate de la Organización Montoneros. Enseguida recordó que el primero en aplicarle la picana eléctrica fue Alfredo Astiz y que lo hacía con especial saña para sacarse la bronca que le generaban las cargadas de Jorge Perrén, otro represor. “Todo el tiempo lo gastaba y le decía: `Te los saqué yo.` Parece que el encargado de mi secuestro era Astiz, pero se confundió y se llevó a mi primo Cristian Colombo creyendo que era yo”, explicó el testigo.
Mientras le aplicaban descargas eléctricas, a Lorkipanidse le preguntaban por nombres, apodos y direcciones. Como se negaba a darlos, en un momento llegó el prefecto Juan Antonio Azic con su hijo agarrado de los pies mientras gritaba: “Colaborá porque si no le reviento la cabeza contra la pared”. Como el detenido seguía sin brindar información, colocaron al niño de 20 días sobre su abdomen mientras lo sometían con la picana.
Lordkipanidse relató que en la ESMA dejó de llamarse Carlos para convertirse en el 255. Fue alojado en el sector denominado Capucha, en el tercer piso, al que describió con lujo de detalles mientras señalaba la maqueta que reposaba en el centro de la sala y cuya imagen era proyectada sobre la pantalla gigante que pendía a espaldas de los jueces.
“Ponete linda que tenemos que salir”
Cada tanto, el Sueco volvía a ser conducido al sótano para sufrir nuevas sesiones de picana, a veces manipulada directamente por Febres: “No siempre lo hacían para averiguar datos sobre mi militancia política. Una vez fui sometido a tortura para que cantara dónde había dejado estacionado el Fiat 600 de la empresa en que trabajaba, porque ellos se habían quedado con las llaves.”
Como era fotocromista, a Lordkipanidse le pidieron que falsificara un pasaporte uruguayo. Se negó una y otra vez hasta que otro detenido le dijo que esos documentos no iban a ser utilizados para secuestrar a otros compañeros sino para “hacer negocios, para venderlos”. “Cuando empiezo a trabajar, unos compañeros me ponen al tanto de cierto plan de resistencia que consistía en inventar trabajos para tratar de salvar a otros compañeros”. El testigo ejemplificó cómo rompían máquinas de escribir para que un secuestrado que sabía repararlas fuera llevado al sector de trabajo forzoso. “En un momento –prosiguió el testigo- Febres reemplazó a Raúl Scheller en el Sector 4 y cuando se presentó me dijo: `Acá, en este lugar, yo soy el torturador`”.
Cuando Liliana Pellegrino salió en libertad, contó Lorknipanidse- era obligada a realizar periódicas llamadas telefónicas a la ESMA para reportarse. “Febres también la llamaba y le decía: ´Hoy ponete linda que tenemos que salir. Y se la llevaba para darse corte de que andaba con una mujer joven y linda. Los detalles más escabrosos no los voy a contar”, advirtió.
Viaje a El Silencio
Lordkipanidse remarcó que Febres, por ser de la Prefectura, reforzaba su maldad para ganarse el respeto de los marinos. Pero, señaló el testigo, su figura comenzó a apagarse en 1979, cuando se negó a formar parte de una acción en el exterior: “Habían jugado un partido entre Argentina y Holanda, en Amsterdam, y en las tribunas había aparecido una bandera que preguntaba por el destino de los desaparecidos. Como la Selección iba a jugar otro partido en Austria, le encomendaron que viajara para evitar que vuelvan a colgar la bandera. El prefecto se negó, decía que mandaran a los que no tenía hijos, que él tenía una familia y que allá no iba a estar cubierto como acá. Desde entonces, su figura cayó en desgracia y en vez de Daniel o Selva comenzaron a llamarlo El Gordo Cagueta”.
El testigo también señaló a Febres como responsable del traslado de tres decenas de detenidos en la ESMA a la isla El Silencio, en el Tigre, mientras la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitaba la Argentina para indagar sobre la desaparición forzada de personas. “Febres supervisaba todo, por eso lo responsabilizo de lo sucedido con el Topo Sáenz, el único de todos los secuestrados que estaban en Capucha que no llegó a El Silencio. Nunca se supo más nada de él. Febres debe dar explicaciones”.
Lordknipanidse también mencionó a Febres como integrante del grupo que decidía qué detenidos iban a ser trasladados, eufemismo que significaba que iban a ser dopados mediante una inyección y arrojados vivos al mar desde aviones en vuelo. El testigo subrayó que en cuatro oportunidades su destino fue debatido en ese grupo que integraban miembros de las distintas áreas de la ESMA.
Otro de los testigos que, con voz pausada pero firme, desgranó paso a paso su tránsito por la ESMA fue Carlos Alberto García, otro de los querellantes contra Febres, a quien acusó de haber participado del grupo que lo capturó el 21 de octubre de 1977. “Vos te vas a llamar 028”, contó la víctima que le dijeron cuando arribó a su lugar de detención. Detalló cómo le aplicaron la técnica de tortura conocida como «submarino», al sumergirle la cabeza en agua y cómo lo picanearon. «Me torturaban todos, el que empezaba siempre era uno que le decían 220, de apellido Weber. Y Selva, Febres, era el que más torturaba», dijo convencido y agregó: “Los verdes, los que estudiaban en la Escuela, todos muy jovencitos, directamente me usaban de cenicero y me quemaban con cigarrillos”.
Las inyecciones, la monja, y el “chico rubio”
García señaló que aunque estaba encapuchado podía ver, porque cuando lo torturaban “saltaba por el aire” y su capucha se desplazaba. El testigo hablaba con la vista hacia abajo, como si no quisiera perder concentración en el hilo del relato y siempre con sus palmas apoyadas en el escritorio que tenía delante. Recordó que lo hacían trabajar con esposas y grilletes en el subsuelo del lugar, construyendo un espacio llamado la huevera, por estar aislado con cartones de huevos. “Ahí había tres salas de tortura. Era un infierno, todo el tiempo escuchábamos los gritos de nuestros compañeros, era como si nos estuvieran torturando todo el tiempo”, graficó.
García relató que en un momento, mientras lo obligaban a trabajar, pudo ingresar al laboratorio de la ESMA y vio a una de las monjas francesas desaparecidas junto al grupo conocido como Santa Cruz. “Estaba destruida –recordó- y me preguntaba si sabía cómo estaba el chico rubio (en referencia a Astiz, el represor que se infiltró entre ellas hasta hacerlas desaparecer)”.
El testigo relató cómo inyectaban a los detenidos y los subían a camiones para ser “trasladados”. También contó que veía entrar y salir continuamente a Febres, Scheller y 220 de las salas de torturas. Con el apodo de 220 se conocía al comisario Ernesto Weber, padre del comisario homónimo acusado de disparar en Plaza de Mayo contra los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Justamente, mientras la víctima nombraba a Weber, entre el público que presenciaba la audiencia comenzó a correr un rumor que se pudo confirmar en el primer cuarto intermedio: el juez Claudio Bonadío acababa de dictar el procesamiento de Fernando de la Rúa y de tres policías por los asesinatos ocurridos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo durante aquellas jornadas.
Mientras lo llevaban y lo traían para que realice el trabajo forzado, García iba descubriendo el funcionamiento de la ESMA. Un día, contó, se cruzó con una madre que acaba de parir. “Qué lindo bebé, le dije, y ella me lo dio para que lo tenga a upa unos segundos. Con el tiempo me enteré que ese bebé era Juan Cabandié (uno de los últimos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y legislador porteño electo por el Frente para la Victoria)”.
Facturas falsas y el diario de Massera
García explicó que después lo destinaron en la imprenta, donde lo obligaban a confeccionar facturas de hotelería falsas para que los marinos pudieran pasar viáticos extras y hacerse de dinero fácil. La víctima también recordó que lo obligaron a presenciar el saqueo de dos imprentas del norte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo que estuvo a cargo de Febres. El episodio es coincidente con la aparición del diario Convicción, que tenía como objetivo convertirse en la tribuna del dictador Emilio Eduardo Massera, que hacía públicas a través de esas páginas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la Argentina.
“Nos llevan a trabajar a Apus gráfica, donde se imprimía Convicción. Febres es el que nos presenta a los gerentes de la empresa. Todos los días nos llevaban desde la ESMA hasta allí. Éramos mano de obra esclava”, definió García que en un momento introdujo su mano en su saco y exhibió la credencial que le habían dado en esa empresa y un certificado de trabajo que le habían extendido. “En Apus Gráfica también trabajaba gente normal -explicitó para contraponer con su propia situación- que no sabía nada. Qué le íbamos a decir”.
La jornada laboral de García no terminaba en Apus Gráfica, continuaba hasta la madrugada en la imprenta del edificio Libertad, donde lo obligaban a falsificar Documentos de Identidad, Cédulas, Registros de Automotor y Pasaportes, entre otros documentos. Recién entonces, lo llevaban de regreso a la ESMA.
Lo que contó Josefa
García responsabilizó a Febres del traslado desde Uruguay de un matrimonio secuestrado que fue alojado en la ESMA.
– ¿Qué funciones vio cumplir a Febres en la ESMA –insistió uno de los abogados querellantes.
– Torturaba, se encargaba de las embarazadas y los bebés y hacía inteligencia. También daba órdenes – sintetizó García.
En un momento, le concedieron a García el régimen de libertad vigilada. Debía llamar a la ESMA y presentarse cuando se lo ordenaban. Quiso casarse con Myriam Lewin, a quién había conocido dentro de la ESMA. “Tuvimos que pedir permiso para hacerlo. No éramos dueños de nuestra vida”, subrayó.
Alfredo Margali, otro de los querellantes, relató de manera casi idéntica a la de García como los forzaron a realizar tareas en Apus Gráfica. La que no pudo construir un relato pormenorizado fue la cuarta víctima, Josefa Prada de Olivieri. “Mi compromiso con la memoria duró hasta el Juicio a los ex comandantes, me parece muy extraño todo esto a 30 años de distancia”, explicó visiblemente nerviosa no bien comenzó su declaración. Prada de Olivieri había sido llevada a la ESMA junto a su pareja. A la testigo le exhibieron una foto de Febres para ver si podía identificarlo entre sus agresores, pero no pudo hacerlo. Lo que la víctima no puede olvidar, treinta años después, es que fue violada en el centro clandestino de detención mientras estaba embarazada de cuatro meses.

II Marcha nacional en defensa del medio ambiente

La calle es nuestra: el petitorio

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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hace 1 día

21/03/2023

La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

**Imagen de portada: una de las Marchas de los martes que se realizan en Entre Ríos para rechazar las fumigaciones. Foto: Nacho Yuchark.**

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Nota

Mía: Cuando el arte abraza

Publicada

hace 5 días

17/03/2023

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Nota

Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

Publicada

hace 6 días

16/03/2023

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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