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Juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre: El Poder Ejecutivo en el banquillo

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El miércoles pasado terminó la primera indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del ex presidente Antonio De la Rúa, el único cargo ejecutivo imputado por cinco crímenes ocurridos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. La declaración duró cinco extensas jornadas e incluyó preguntas de la fiscalía, los abogados querellantes y defensores, y del Tribunal que juzga presidido por el juez José Martínez Sobrino. Si Mathov había comenzado la indagatoria respondiendo con celeridad, en las últimas jornadas se lo notó irritado, en un tono de voz más elevado y contradiciéndose en cuestiones elementales: en la última audiencia respondió al Tribunal que ya tenía conocimientos de la represión a manifestantes el día 20 a media tarde, lo cual venía negando desde que comenzó este juicio. Este ejemplo es uno de los tantos que señalaron las querellas y que intentan marcar contradicciones de acuerdo a otras declaraciones del ex secretario, de las de otros imputados y testigos y de distintos tipos de pruebas (imágenes, llamadas, fax).
En última instancia, más allá de estos detalles, o precisamente lo que se juega en ellos, es cómo se prueba la responsabilidad penal de un cargo ejecutivo.

Juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre: El Poder Ejecutivo en el banquillo

Mathov en el banquillo

Lo inverosímil

“Lo que él trata en su extensísima declaración es contestar a los planteos y contradicciones que se le marcaron ante sus evasivas”, es el balance de Rodrigo Borda, uno de los abogados de la querella del CELS. “Según su declaración es lo mismo que exista un secretario de Seguridad de que no exista”. El análisis de Borda recorta el accionar de Mathov según lo que no habría hecho: la responsabilidad ejecutiva se la endilga al ya fallecido Ramón Mestre, por entonces ministro del Interior, y con sutileza transfiere responsabilidad hacia abajo, cuidándose de no inculpar al comisario Rubén Santos – ex jefe de la Policía Federal- con quien parece tener un pacto de supervivencia.
Mathov se escuda entonces en su carácter de secretario federal, planteando que su tarea los días 19 y 20 se centró en solucionar los problemas de las provincias. Además de lo inverosímil que resulta que el secretario de Seguridad no esté al tanto del operativo represivo más grande desplegado en democracia en este país, quedan las preguntas sobre su papel en las reuniones y los señalamientos que hacen distintos testigos. “En dictadura gobiernan las fuerzas de seguridad; en democracia, lo que caracteriza a nuestra democracia en particular, es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.

Autonomía represiva

En las distintas audiencias Mathov fue interrogado sobre las órdenes que impartió, las reuniones que mantuvo y la información que manejaba de los sucesos. La fiscalía intentó ser incisiva, pero careció de carácter para contrarrestar el clima desfavorable – los imputados y abogados defensores son mayoría en la sala- e incomodar a un Mathov que venía mostrando celeridad en sus declaraciones. El abogado del CELS Rodrigo Borda mantuvo, en cambio, un tono que no ocultó la confrontación – al punto que llegó a irritar al propio Mathov, ni hablar a su abogado- pero se mantuvo protocolar y concreto para señalar las contradicciones del imputado, utilizando a favor incluso las respuestas dadas a la fiscalía.
El procedimiento se vio entorpecido por el abogado defensor, que intervino reiteradas veces sin pedir permiso al juez, y también por el resto de los abogados defensores en una clara estrategia conjunta para contener a Mathov en la soledad del banquillo. Para dar una idea de lo que habilita la burocracia judicial, entre una pregunta de la querella y la respuesta de Mathov llegaron a pasar treinta minutos de dilación entre discusiones sobre el orden, la pertinencia, las valoraciones personales, en fin, sobre la modalidad de la indagatoria. El presidente del tribunal habilitó todos los planteos, pero se mostró firme en la actitud de dinamizar la audiencia.
A su turno, las defensas realizaron preguntas que no tendieron a incomodar a Mathov, sino a clarificar la situación de cada acusado para despegarse de la difusa distribución de culpas del ex secretario. El ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones, Norberto Gaudiero, son otros de los acusados por homicidio culposo en esta causa, además de otras causas conexas que buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.

Lo que está en juego

Las cuestiones más interesantes que se desprenden de la declaración del ex secretario Mathov son las siguientes:
Las órdenes. Mathov dijo no haber impartido ninguna orden en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino sólo haber transmitido (“repetido”) las directivas del ex Secretario del Interior, Ramón Mestre, hoy fallecido. De este modo su estrategia busca transferir la responsabilidad ejecutiva hacia arriba. Sin embargo, en declaraciones pasadas (recordemos que el juicio lleva ya 12 años) Mathov sí había reconocido la autoría de la orden que planteaba “desalojar” la Plaza de Mayo para cuidar el perímetro de la Casa Rosada, supuestamente en peligro.
Las tres fuerzas. ¿Qué fuerzas participaron del operativo desplegado? Es decir, a quienes se le dieron o transfirieron las órdenes. La discusión se centra en la presencia de Prefectura y Gendarmería en la reunión en que se ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo. Mathov declaró no haber transmitido órdenes a esas fuerzas, sino sólo a la Policía Federal, y para explicarlo apeló a la dimensión de la mesa de la reunión: “No deben haber escuchado”. Según la información que maneja la querella no fue ésa la única reunión que mantuvo el ex secretario con altos mandos de las tres fuerzas de seguridad. Esa respuesta de Mathov no fue la única tibia de su declaración: ante una pregunta del Tribunal que cuestionaba por qué el ex presidente De la Rúa le había pedido que averiguase por medio de la policía si había muertos, Mathov respondió que “porque estaba más cerca”.
El Comité de Seguridad. ¿Se constituyó o no el Comité? Mathov dijo que no. En otra declaración menciona su conformación “de hecho”. La cuestión no es menor porque esa constitución tiene carácter decisional, y es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad confeccionar su agenda. Mathov argumentó que no pudo existir Comité porque no asistieron los miembros necesarios que la ley indica: gobernadores o responsables de seguridad de las provincias. Y mostró actas de reuniones en 2006 y 2007 que intentan demostrar cómo era su protocolo de formación. La contradicción de la querella marca que, si hubo comité, hubo responsabilidad; y si no lo hubo, también, ya que era una facultad propia de la secretaría a cargo de Mathov. Además, sobre el punto de la protocolización, el presidente del tribunal, Martínez Sobrino, preguntó astutamente si sobre las tareas que le delegó el ex ministro Mestre constaba alguna formalización por escrito. Mathov respondió: “No, no vamos a plasmar una conversación en escritura pública”, en tono jocoso. Sin embargo, la pregunta apuntaba a cómo Mathov maneja a su beneficio la protocolización o no de las órdenes. Por ejemplo, sobre el control de la policía y su fiscalización operativa respondió: “Para que yo tenga esa responsabilidad, el ministro me la tendría que haber delegado y esas delegaciones no se hacen así nomás, se hacen por escrito, por acto administrativo”. Entonces: cuando le conviene, hizo falta protocolización; y si no, ¿para qué hacerla?
El contacto con la SIDE. Al preguntársele acerca de si tuvo algún contacto con el organismo de inteligencia, Mathov dijo que no más allá de una reunión con su entonces titular, Carlos Becerra. Sin embargo, el CELS señaló que, según el cruzamiento de llamadas que dejaron los peritajes, el celular de Mathov recibió una llamada de otro celular cuya titularidad pertenecía a la SIDE. No sólo eso, sino que habría al menos un llamado más de una sociedad anónima asociada a la inteligencia, la misma que llamó en tres oportunidades al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, la madrugada del día 20. “Pregúntele a Santos”, fue la conclusión de este cuestionamiento.
Qué sabía. Mathov venía sosteniendo que él se enteró de los heridos en las manifestaciones el día 20, en horas de la tarde y por televisión. La madrugada del 19 Jorge Cárdenas ya había sido baleado en las escalinatas del Congreso, entre otros resultados de una represión que incluyó armas de fuego. El conocimiento que manejaba de los hechos es fundamental para entender la incidencia de lo que hizo y dejó de hacer. En la última audiencia confesó, ante una pregunta del Tribunal, que en una reunión pasada el mediodía con el ministro Mestre ya estaba enterado de la represión. La pregunta es entonces qué hizo ante esa información
Poder Judicial. Otro de los cambios de estrategia de Mathov fue transferir culpas al Poder Judicial a través de la figura de María Servini de Cubría, quien fue una de las juezas de primera instancia de esta causa. Mathov señaló que Cubría no pudo haber tomado su imputación, ya que fue partícipe de órdenes durante el día 20 de diciembre del 2001, por ejemplo a la comisaría 2°. El dibujo que trazó entonces es el de una conspiración en su contra, planteo que va en la línea de otras dos cuestiones que, dijo, ampliará en una segunda indagatoria: una interna policial y una teoría del complot para derribar al gobierno.

Muertos & Vivos

El abogado Borda plantea que De la Rúa, Mestre y Mathov, los tres cargos ejecutivos inculpados, “siempre funcionaron en bloque”. Hoy, mientras se estudia el sobreseimiento de De la Rúa y ya fallecido Mestre, la estrategia de Mathov cambió: “Nunca dijo que Mestre había dado la orden de evitar copamientos a la Casa Rosada: eso lo dice ahora”. Que los muertos contradigan a los vivos parece algo improbable. “Siempre había dicho que él había ordenado eso, pero que ´la orden fija un objetivo, no establece como hacerlo´. Después, cambió y negó tener conocimiento de nada. Ahora complejizo bastante su argumento. En 12 años fue rearmando la defensa”.
Aquella estrategia que planteaba que “la orden fija un objetivo” pero no define el ´cómo´ es una maniobra de un representante del Poder Ejecutivo para despegarse de homicidios concretos, que ahora Mathov debió cambiar. Es interesante este giro si lo leemos a la luz de los más de 12 años que tiene el proceso y que va en paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para cargos antes intocables. Así lo demuestran los juicios que investigan la muerte de Carlos Fuentealba, que trepa hasta Sobisch; la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.

Negligencia o imprudencia

La figura que encuentra esta causa para encuadrar el accionar de Mathov durante el 19 y 20 de diciembre del 2001 es el carácter “culposo” de cinco muertes. Explica Borda: “La responsabilidad es culposa no porque esto es un accidente de tránsito o una mala praxis, sino porque conceptualmente al no poder acreditarse que De la Rua o Mathov dieron la orden de disparar a matar, nosotros planteamos que, sin embargo, eso no inhibe que se los puedan imputar a título de negligencia o imprudencia, como incumplimiento de sus deberes funcionales. No estamos discutiendo la responsabilidad política, estamos discutiendo si además es culpable penalmente. Por eso también se exige un nivel de precisión, de prueba y de requisitos para llegar a esa conclusión. La política es opinable y discutible; la penal, no. La sentencia penal fija un registro histórico”. Hacia allí va este juicio que, asegura Borda, ya ha servido para acercar jurisprudencia a los otros mencionados, que toman lo trabajado en este caso.
No se trata de ver a Mathov tras las rejas, o no sólo de eso, sino de definir límites a prácticas represivas estatales en materia de protesta social. “Quien debe hacer esto es el Poder Judicial. Es su responsabilidad. Y en la medida en que no le haga rendir cuentas a los funcionarios de eso, su poder se desdibuja”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

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Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

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