Nota
Juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre: El Poder Ejecutivo en el banquillo
El miércoles pasado terminó la primera indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del ex presidente Antonio De la Rúa, el único cargo ejecutivo imputado por cinco crímenes ocurridos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. La declaración duró cinco extensas jornadas e incluyó preguntas de la fiscalía, los abogados querellantes y defensores, y del Tribunal que juzga presidido por el juez José Martínez Sobrino. Si Mathov había comenzado la indagatoria respondiendo con celeridad, en las últimas jornadas se lo notó irritado, en un tono de voz más elevado y contradiciéndose en cuestiones elementales: en la última audiencia respondió al Tribunal que ya tenía conocimientos de la represión a manifestantes el día 20 a media tarde, lo cual venía negando desde que comenzó este juicio. Este ejemplo es uno de los tantos que señalaron las querellas y que intentan marcar contradicciones de acuerdo a otras declaraciones del ex secretario, de las de otros imputados y testigos y de distintos tipos de pruebas (imágenes, llamadas, fax).
En última instancia, más allá de estos detalles, o precisamente lo que se juega en ellos, es cómo se prueba la responsabilidad penal de un cargo ejecutivo.
Mathov en el banquillo
Lo inverosímil
“Lo que él trata en su extensísima declaración es contestar a los planteos y contradicciones que se le marcaron ante sus evasivas”, es el balance de Rodrigo Borda, uno de los abogados de la querella del CELS. “Según su declaración es lo mismo que exista un secretario de Seguridad de que no exista”. El análisis de Borda recorta el accionar de Mathov según lo que no habría hecho: la responsabilidad ejecutiva se la endilga al ya fallecido Ramón Mestre, por entonces ministro del Interior, y con sutileza transfiere responsabilidad hacia abajo, cuidándose de no inculpar al comisario Rubén Santos – ex jefe de la Policía Federal- con quien parece tener un pacto de supervivencia.
Mathov se escuda entonces en su carácter de secretario federal, planteando que su tarea los días 19 y 20 se centró en solucionar los problemas de las provincias. Además de lo inverosímil que resulta que el secretario de Seguridad no esté al tanto del operativo represivo más grande desplegado en democracia en este país, quedan las preguntas sobre su papel en las reuniones y los señalamientos que hacen distintos testigos. “En dictadura gobiernan las fuerzas de seguridad; en democracia, lo que caracteriza a nuestra democracia en particular, es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.
Autonomía represiva
En las distintas audiencias Mathov fue interrogado sobre las órdenes que impartió, las reuniones que mantuvo y la información que manejaba de los sucesos. La fiscalía intentó ser incisiva, pero careció de carácter para contrarrestar el clima desfavorable – los imputados y abogados defensores son mayoría en la sala- e incomodar a un Mathov que venía mostrando celeridad en sus declaraciones. El abogado del CELS Rodrigo Borda mantuvo, en cambio, un tono que no ocultó la confrontación – al punto que llegó a irritar al propio Mathov, ni hablar a su abogado- pero se mantuvo protocolar y concreto para señalar las contradicciones del imputado, utilizando a favor incluso las respuestas dadas a la fiscalía.
El procedimiento se vio entorpecido por el abogado defensor, que intervino reiteradas veces sin pedir permiso al juez, y también por el resto de los abogados defensores en una clara estrategia conjunta para contener a Mathov en la soledad del banquillo. Para dar una idea de lo que habilita la burocracia judicial, entre una pregunta de la querella y la respuesta de Mathov llegaron a pasar treinta minutos de dilación entre discusiones sobre el orden, la pertinencia, las valoraciones personales, en fin, sobre la modalidad de la indagatoria. El presidente del tribunal habilitó todos los planteos, pero se mostró firme en la actitud de dinamizar la audiencia.
A su turno, las defensas realizaron preguntas que no tendieron a incomodar a Mathov, sino a clarificar la situación de cada acusado para despegarse de la difusa distribución de culpas del ex secretario. El ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones, Norberto Gaudiero, son otros de los acusados por homicidio culposo en esta causa, además de otras causas conexas que buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
Lo que está en juego
Las cuestiones más interesantes que se desprenden de la declaración del ex secretario Mathov son las siguientes:
Las órdenes. Mathov dijo no haber impartido ninguna orden en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino sólo haber transmitido (“repetido”) las directivas del ex Secretario del Interior, Ramón Mestre, hoy fallecido. De este modo su estrategia busca transferir la responsabilidad ejecutiva hacia arriba. Sin embargo, en declaraciones pasadas (recordemos que el juicio lleva ya 12 años) Mathov sí había reconocido la autoría de la orden que planteaba “desalojar” la Plaza de Mayo para cuidar el perímetro de la Casa Rosada, supuestamente en peligro.
Las tres fuerzas. ¿Qué fuerzas participaron del operativo desplegado? Es decir, a quienes se le dieron o transfirieron las órdenes. La discusión se centra en la presencia de Prefectura y Gendarmería en la reunión en que se ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo. Mathov declaró no haber transmitido órdenes a esas fuerzas, sino sólo a la Policía Federal, y para explicarlo apeló a la dimensión de la mesa de la reunión: “No deben haber escuchado”. Según la información que maneja la querella no fue ésa la única reunión que mantuvo el ex secretario con altos mandos de las tres fuerzas de seguridad. Esa respuesta de Mathov no fue la única tibia de su declaración: ante una pregunta del Tribunal que cuestionaba por qué el ex presidente De la Rúa le había pedido que averiguase por medio de la policía si había muertos, Mathov respondió que “porque estaba más cerca”.
El Comité de Seguridad. ¿Se constituyó o no el Comité? Mathov dijo que no. En otra declaración menciona su conformación “de hecho”. La cuestión no es menor porque esa constitución tiene carácter decisional, y es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad confeccionar su agenda. Mathov argumentó que no pudo existir Comité porque no asistieron los miembros necesarios que la ley indica: gobernadores o responsables de seguridad de las provincias. Y mostró actas de reuniones en 2006 y 2007 que intentan demostrar cómo era su protocolo de formación. La contradicción de la querella marca que, si hubo comité, hubo responsabilidad; y si no lo hubo, también, ya que era una facultad propia de la secretaría a cargo de Mathov. Además, sobre el punto de la protocolización, el presidente del tribunal, Martínez Sobrino, preguntó astutamente si sobre las tareas que le delegó el ex ministro Mestre constaba alguna formalización por escrito. Mathov respondió: “No, no vamos a plasmar una conversación en escritura pública”, en tono jocoso. Sin embargo, la pregunta apuntaba a cómo Mathov maneja a su beneficio la protocolización o no de las órdenes. Por ejemplo, sobre el control de la policía y su fiscalización operativa respondió: “Para que yo tenga esa responsabilidad, el ministro me la tendría que haber delegado y esas delegaciones no se hacen así nomás, se hacen por escrito, por acto administrativo”. Entonces: cuando le conviene, hizo falta protocolización; y si no, ¿para qué hacerla?
El contacto con la SIDE. Al preguntársele acerca de si tuvo algún contacto con el organismo de inteligencia, Mathov dijo que no más allá de una reunión con su entonces titular, Carlos Becerra. Sin embargo, el CELS señaló que, según el cruzamiento de llamadas que dejaron los peritajes, el celular de Mathov recibió una llamada de otro celular cuya titularidad pertenecía a la SIDE. No sólo eso, sino que habría al menos un llamado más de una sociedad anónima asociada a la inteligencia, la misma que llamó en tres oportunidades al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, la madrugada del día 20. “Pregúntele a Santos”, fue la conclusión de este cuestionamiento.
Qué sabía. Mathov venía sosteniendo que él se enteró de los heridos en las manifestaciones el día 20, en horas de la tarde y por televisión. La madrugada del 19 Jorge Cárdenas ya había sido baleado en las escalinatas del Congreso, entre otros resultados de una represión que incluyó armas de fuego. El conocimiento que manejaba de los hechos es fundamental para entender la incidencia de lo que hizo y dejó de hacer. En la última audiencia confesó, ante una pregunta del Tribunal, que en una reunión pasada el mediodía con el ministro Mestre ya estaba enterado de la represión. La pregunta es entonces qué hizo ante esa información
Poder Judicial. Otro de los cambios de estrategia de Mathov fue transferir culpas al Poder Judicial a través de la figura de María Servini de Cubría, quien fue una de las juezas de primera instancia de esta causa. Mathov señaló que Cubría no pudo haber tomado su imputación, ya que fue partícipe de órdenes durante el día 20 de diciembre del 2001, por ejemplo a la comisaría 2°. El dibujo que trazó entonces es el de una conspiración en su contra, planteo que va en la línea de otras dos cuestiones que, dijo, ampliará en una segunda indagatoria: una interna policial y una teoría del complot para derribar al gobierno.
Muertos & Vivos
El abogado Borda plantea que De la Rúa, Mestre y Mathov, los tres cargos ejecutivos inculpados, “siempre funcionaron en bloque”. Hoy, mientras se estudia el sobreseimiento de De la Rúa y ya fallecido Mestre, la estrategia de Mathov cambió: “Nunca dijo que Mestre había dado la orden de evitar copamientos a la Casa Rosada: eso lo dice ahora”. Que los muertos contradigan a los vivos parece algo improbable. “Siempre había dicho que él había ordenado eso, pero que ´la orden fija un objetivo, no establece como hacerlo´. Después, cambió y negó tener conocimiento de nada. Ahora complejizo bastante su argumento. En 12 años fue rearmando la defensa”.
Aquella estrategia que planteaba que “la orden fija un objetivo” pero no define el ´cómo´ es una maniobra de un representante del Poder Ejecutivo para despegarse de homicidios concretos, que ahora Mathov debió cambiar. Es interesante este giro si lo leemos a la luz de los más de 12 años que tiene el proceso y que va en paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para cargos antes intocables. Así lo demuestran los juicios que investigan la muerte de Carlos Fuentealba, que trepa hasta Sobisch; la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.
Negligencia o imprudencia
La figura que encuentra esta causa para encuadrar el accionar de Mathov durante el 19 y 20 de diciembre del 2001 es el carácter “culposo” de cinco muertes. Explica Borda: “La responsabilidad es culposa no porque esto es un accidente de tránsito o una mala praxis, sino porque conceptualmente al no poder acreditarse que De la Rua o Mathov dieron la orden de disparar a matar, nosotros planteamos que, sin embargo, eso no inhibe que se los puedan imputar a título de negligencia o imprudencia, como incumplimiento de sus deberes funcionales. No estamos discutiendo la responsabilidad política, estamos discutiendo si además es culpable penalmente. Por eso también se exige un nivel de precisión, de prueba y de requisitos para llegar a esa conclusión. La política es opinable y discutible; la penal, no. La sentencia penal fija un registro histórico”. Hacia allí va este juicio que, asegura Borda, ya ha servido para acercar jurisprudencia a los otros mencionados, que toman lo trabajado en este caso.
No se trata de ver a Mathov tras las rejas, o no sólo de eso, sino de definir límites a prácticas represivas estatales en materia de protesta social. “Quien debe hacer esto es el Poder Judicial. Es su responsabilidad. Y en la medida en que no le haga rendir cuentas a los funcionarios de eso, su poder se desdibuja”.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8º a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8º que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
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Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
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