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El poder o la calle: la crisis del PT brasileño

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Raúl Zibechi analiza cómo, a doce años de haber alcanzado el poder, el Partido de los Trabajadores atraviesa una crisis que puede desalojarlo del gobierno y deslegitimarlo ante sus propias bases. Corrupción y gobernabilidad: ¿quién corrompió a quién?

 
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“El proyecto del pt hoy, como el de todos los partidos, es mantenerse en el poder y punto”, asegura el sociólogo Francisco de Oliveira (Revista IHU, 1 de abril de 2013). Lo dice quien fue militante en la clandestinidad durante la dictadura y fundador del partido; quien bajo la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva lo abandonó por izquierda para formar el Partido del Socialismo y la Libertad (psol), un intelectual con larga trayectoria política que, desde los primeros pasos del pt en el poder, se esforzó por comprender la inédita experiencia de una fuerza nacida desde la experiencia cotidiana de los trabajadores para ascender en los diversos escalones del aparato estatal hasta coronar la presidencia en 2003. Y volverse, en apenas meses, partido del orden y de los empresarios.
“El poder intriga”, escribió Frei Betto en 2006, luego de abandonar su cargo en el gobierno de Lula como  asesor especial del presidente y Coordinador de Movilización Social del Programa Hambre Cero, “con derecho a gabinete en el Palacio de Planalto y una infraestructura nada despreciable: secretarias, móvil, viajes aéreos, vivienda, coche con conductor, todo pagado por el contribuyente” (Alainet, 14 de marzo de 2006). Sus desencantadas reflexiones en el libro Moca azul parecen premonitorias: “Un militante de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la moral”*.
Ambos referentes éticos e intelectuales de la izquierda brasileña coincidieron en tomar distancias del pt en el gobierno. De Oliveira dio un portazo a los pocos meses de que Lula se convirtiera en presidente, asegurando que era más privatizador que el neoliberal Fernando Henrique Cardoso, “privatizador en una escala que Brasil nunca conoció”. Betto se fue en silencio, pero su libro fue un golpe tremendo al prestigio de Lula y del partido. Ambas denuncias partían del corazón mismo del poder. Sabían de qué hablaban y, de hecho, nunca fueron desmentidos.
Una década después de aquellas deserciones, las cosas no han hecho sino empeorar para el gobierno y el partido. Las grandes movilizaciones del pasado 15 de marzo, siete a diez veces más concurridas de las que convocó el arco oficialista dos días antes, el 13 de marzo, son apenas la parte más visible de un doble deterioro: el pt y el gobierno perdieron tanto la iniciativa política como la legitimidad largamente construida y, peor aún, perdieron la calle, allí donde nació el partido que llevó aire nuevo a la política brasileña.
Aún es pronto para saber si podrá recuperarse. Lo cierto es que sus cuadros e intelectuales no atinan a reconocer lo que está sucediendo. Lanzan pelotazos lo más lejos posible del área propia: acusan a los medios, a la derecha y al imperialismo de todo lo malo que les sucede, pero nada dicen de las decisiones políticas de la presidenta Dilma Rousseff que nombró a un Chicago boy al frente de Economía y a una contumaz representante del agronegocio en Agricultura, por poner apenas dos ejemplos.
La crisis actual tiene antecedentes que deben buscarse en la forma como construyó el pt la gobernabilidad desde 2003, de la mano de Lula, con el visto bueno de la central sindical cut, de la dirección del partido, incluyendo sus diversas corrientes “críticas”, y la casi totalidad de los movimientos sociales. Las voces disidentes, en estos doce años, fueron débiles y se atrincheraron con el gobierno con el argumento de “no hacerle el juego a la derecha”, sin percibir que la derecha está, precisamente, en el gobierno.

MENSALAO Y DESPUÉS

Apenas llegados al gobierno, los cuadros de confianza del pt diseñaron una política de alianzas para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar y una estrategia de expansión de la economía soldada con las grandes empresas brasileñas. La articulación con una decena larga de partidos requirió paciencia y habilidad política, pero pronto se supo que, para asegurar que los proyectos del Ejecutivo fueran aprobados en el Congreso, se había montado un esquema de pago de mensualidades (mensalão) desviando recursos de empresas estatales.
El escándalo le costó el cargo a José Dirceu, experimentado dirigente petista y hombre de máxima confianza de Lula, además de varios dirigentes del pt y de partidos aliados quienes fueron condenados por la justicia. Pero el episodio de corrupción que involucró a decenas de parlamentarios no tuvo grandes costos políticos, ya que apenas un puñado de militantes abandonó la sigla y la buena situación económica evitó mayor desgaste del oficialismo ante su electorado.
Sin embargo, fue claro para quien quiso ver que la ética había sido relegada en aras de un proyecto de poder. Algo similar sucedió con la alianza tejida por el lulismo con los empresarios. Las informaciones sobre las millonarias donaciones a las campañas electorales de los partidos, incluyendo al pt, no deterioraron la imagen del gobierno ni del partido, que aducía que era el modo como se financiaban todos.
Se trata de un vínculo estructural que hace al meollo de la gobernabilidad brasileña que, por cierto, no fue inventado por el pt, pero que un partido que se proclamó de los trabajadores y de la ética no hizo el menor intento por desmontar. Cuando se destapó el nuevo escándalo, conocido como Petrolão porque el epicentro es la empresa estatal Petrobras, involucrando a dirigentes de varios partidos que sostienen al gobierno, a altos cargos de la empresa y a directivos de las más conocidas constructoras, no fue una sorpresa. Salvo por el monto desviado: la friolera de casi cuatro mil millones de dólares en diez años.
Dos grandes problemas afectan al gobierno del pt. Uno, que no puede achacar la corrupción a nadie más que a sus propios cuadros, ya que la dirección de la estatal estaba en manos de Graças Foster, una tecnócrata de confianza de Rousseff. Ambas debían tener conocimiento de que se estaba desviando dinero, ya que la magnitud de la cifra no permite otra conclusión. Si no sabían, el desgobierno sería más grave aún.
El segundo problema que enfrenta es que las empresas involucradas juegan un papel destacado en el esquema de gobernabilidad petista y en su engranaje de política exterior. Las constructoras son grandes multinacionales brasileñas definidas como “campeonas nacionales” por Lula, que contaban con generosos créditos del BNDES para lubricar su expansión por el mundo. Esta “alianza estructural” con el agronegocio, las mineras y los sectores estratégicos del empresariado es una de claves de la gobernabilidad del pt.
Por eso Bruno Cava, investigador de la Universidad Nómade, sostiene que el escándalo de corrupción no se debió a desvíos de dineros públicos por personas corruptas. O sea no fue un accidente ni un hecho puntual que pueda resolverse castigando a los implicados, sino que “estructura la propia gobernabilidad, de modo que es difícil decir quién es el corrupto y quién el corruptor: si las constructoras corrompieron al partido y al gobierno, o si el partido y el gobierno corrompieron a las constructoras” (Revista IHU, 23 de marzo de 2015).
Concluye destacando la existencia de redes de poder que abarcan tanto al polo estatal como al privado. Desde que llegó al gobierno, el pt promovió una reorganización del capitalismo brasileño en base al impulso estatal de un puñado de empresas en condiciones de competir en el mundo. Las constructoras formaban parte de ese núcleo.

EMPRESARIOS AMIGOS

Desde 2011 hasta mediados de 2013, el expresidente Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en  África y América Latina. Las constructoras pagaron trece de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22 de marzo de 2013). Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula,  destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. “Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex-presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña”,  escribió la embajadora Lígia Scherer.
La actuación de Lula no es ilegal. Por el contrario, su actitud está en sintonía con lo que suelen hacer los presidentes y ex presidentes de todo el mundo: trabajar para favorecer a las grandes empresas de sus países, aunque poco tiene que ver con una actitud de izquierda, solidaria con los trabajadores.
La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total de más de 500 obras por 100 mil millones de dólares, están siendo construidas por las multinacionales brasileñas. Lo mismo sucede con las represas hidroeléctricas. El estatal BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.
El papel del Lula es el de promover a “sus” empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES. No ilegal, pero políticamente impresentable para quien tenga pretensiones de considerarse de izquierda.
Cuando hubo conflictos entre las empresas y gobiernos de la región, los dirigentes del pt optaron por las empresas que, entre otras cosas, financian las campañas electorales, de modo muy particular las constructoras. Odebrecht fue expulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2008 por las fallas de la represa San Francisco que debió ser paralizada apenas un año después de inaugurada. El gobierno de Lula se empeñó a fondo en la defensa de Odebrecht, una de las principales donantes a las campañas del pt.
Se trata de megaempresas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Gerdau, Votorantim, OAS) que nacieron al amparo del Estado en el periodo del desarrollismo de Getúlio Vargas (1951-1954) y crecieron gracias a la obra pública de la dictadura (1964-1985). Hoy son los principales apoyos empresariales de los gobiernos petistas, construyen las principales obras de infraestructura en Brasil, desde represas como Belo Monte hasta autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, pero sobre todo los polémicos estados del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.
Para hacerse una idea del poder de este grupo de empresas, sólo una de ellas, Odebrecht, tiene 160.000 empleados (sólo en Angola emplea 40.000 personas) y factura 55.000 millones de dólares, cifra similar al pib de Uruguay. Tiene presencia en 17 países, sobre todo en América Latina y África, y el 52% de sus ingresos provienen del exterior, de ahí la necesidad que tienen de apoyo “diplomático”.

SALVO EL PODER TODO ES ILUSIÓN

Mientras la socialdemocracia europea amarró su destino al Estado del Bienestar, con nudos tan potentes que se hundió con él, los progresismos latinoamericanos que nacieron en pleno etapa neoliberal trenzaron sus destinos con las elites empresariales locales. A diferencia de aquellos, nunca tuvieron la intención de erigirse como conciliadores de los intereses de clases (que implica derechos plenos para los trabajadores) sino que pusieron en pie una variedad de políticas sociales que en ningún caso representan ampliación de derechos, sino traspasos compensatorios que se resumen en integración de los de abajo a través del consumo.
Semejante política sólo pudo contentar a todas las partes en períodos de vacas gordas, o sea mientras duraran los altos precios internacionales de las commodities. En Brasil el empeño en promover los monocultivos de soja, las grandes obras de infraestructura, con algunos excesos como la represa de Belo Monte que ni la dictadura pudo realizar por la tenaz oposición social, y la expansión de la ganadería para exportación, generaron fuertes impactos ambientales que los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron en cuenta. Los políticos brasileños, de todos los colores, no se inmutaron siquiera este verano cuando la mega ciudad de São Paulo estuvo a punto de quedarse sin agua potable por la pertinaz, y previsible, sequía.
Pero el embrujo del lulismo se terminó. De la peor manera. En las calles millones de jóvenes mostraron su indignación por la perpetuación de la desigualdad, en el país más desigual del mundo. O povo acordou (El pueblo despertó), fue una de las consignas más gritadas en las 353 ciudades donde hubo manifestaciones en junio de 2013. Literalmente, despertó de un sueño de diez años acunado por los acordes del consumismo que hizo olvidar las necesarias reformas estructurales para superar la desigualdad.
Con ello el sistema político empezó a mostrar sus grietas, (mal) disimuladas por la euforia del coche nuevo, la moto y el plasma. Si ser de izquierda es “luchar por la igualdad social”, como recuerda De Oliveira, el pt quedó tan malparado como los partidos de la derecha, en particular la socialdemocracia de Cardoso, su supuesto archienemigo. El modelo del “presidencialismo de coalición” actualizado por Lula y Dilma, se desvaneció en las calles.
“Lo trágico es que cuando una cosa termina no acaba inmediatamente y puede continuar como un zombi, como muerto vivo, y el país quedar paralizado por mucho tiempo”, señala el filósofo Vladimir Safatle, quien asegura que el fin del modelo construido en la pos dictadura “se lleva consigo a los actores políticos, intelectuales y formadores de opinión” (bol.com.br, 15 de marzo de 2015). Lo primero es aceptar lo que sucede, el fin de algo. Sin dar ese paso, no se encuentran soluciones.
Pero el pt y sus intelectuales nunca comprendieron lo sucedido en junio de 2013. Hasta ahora resolvieron sus problemas apelando al marketing y a empresas de opinión pública. En lugar de intentar comprender los gritos de la calle, y acompañarlos como indica la ética de izquierda, se replegaron sobre un sistema político deslegitimado, se hicieron aún más conservadores (tanto los cuadros como sus intelectuales), mostraron toda la arrogancia de los que se creen investidos por un destino superior.
Peor aún: arrastraron a una parte significativa de los movimientos hacia un discurso vacío “contra el avance de la derecha”. La izquierda es nada sin los movimientos que, para operar como tales, necesitan “liberarse de la dependencia financiera, política y simbólica en relación al gobierno y al pt”, como señala Cava. La crisis del pt deja un vacío que, por ahora, lo está ocupando la derecha. Pero la gente del común, la que creó hace tres décadas la cut, el mst y el propio pt, puede reaccionar y tomar la iniciativa. Sería una barrida fenomenal, en la que caerían no sólo las derechas tradicionales sino también los progresistas.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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