En las recientes  décadas la cultura política de izquierda convirtió las elecciones en el principal barómetro de su éxito o fracaso, de avances o retrocesos. En los hechos, la concurrencia electoral se convirtió en el eje de la acción política de las izquierdas, en casi todo el mundo.
Una realidad política nueva, ya que en tiempos no lejanos la cuestión electoral ocupaba una parte de las energías y se considerada un complemento de la tarea central, que giraba en torno a la organización de los sectores populares.
Lo cierto es que la participación electoral fue articulada como el primer paso en la integración en las instituciones (de clase) del sistema político (capitalista). Ese proceso destruyó la organización popular, debilitando hasta el extremo la capacidad de los de abajo para resistir directamente (no mediante sus representantes) la opresión sistémica.
Con los años la política de abajo empezó a girar en torno a lo que decidían y hacían los dirigentes. Un pequeño grupo de diputados y senadores, asistidos por decenas de funcionarios pagados con dineros públicos, fueron desplazando la participación de los militantes de base.
En mi país, Uruguay, el Frente Amplio llegó a tener antes del golpe de Estado de 1973 más de 500 comités de base sólo en Montevideo. Allí se agrupaban militantes de los diversos partidos que integran la coalición, pero también independientes y vecinos. En las primeras elecciones en las que participó (1971), uno de cada tres o cuatro votantes estaba organizado en aquellos comités.
Hoy la realidad muestra que casi no existen comités de base y todo se decide en las cúpulas, integradas por personas que han hecho carrera en instituciones estatales. Sólo un puñado de comités se reactivan durante la campaña electoral, para sumergirse luego en una larga siesta hasta las siguientes elecciones.
En paralelo, la institucionalización de las izquierdas y de los movimientos populares –sumada a la centralidad de la participación electoral– terminaron por dispersar los poderes populares que los de abajo habían erigido con tanto empeño y que fueron la clave de bóveda de las resistencias.
En el debate sobre las elecciones creo que es necesario distinguir tres actitudes, o estrategias, completamente diferentes.
La primera es la que defiende desde hace cierto tiempo Immanuel Wallerstein: los sectores populares deben protegerse durante la tormenta sistémica para lograr sobrevivir. En ese sentido, plantea que llegar al gobierno por la vía legal, así como las políticas sociales progresistas, pueden ayudar al campo popular tanto para acotar los daños producto de las ofensivas conservadoras como para evitar que fuerzas de ultraderecha se hagan con el poder estatal.
Este punto de vista parece razonable, aunque no acuerdo, ya que considero las políticas sociales vinculadas al combate a la pobreza como formas de contrainsurgencia, con base en la experiencia que vivimos en el Cono Sur del continente. En paralelo, llegar al gobierno casi siempre implica administrar las políticas del FMI y el Banco Mundial. ¿Quién recuerda hoy la experiencia de la griega Syriza? ¿Qué consecuencias sacamos de un gobierno que prometía lo contrario?
Es evidente que focalizarse en que tal o cual dirigente cometieron traición, lleva el debate a un callejón sin salida, salvo que se crea que con otros dirigentes las cosas hubieran ido por otro camino. No se trata sólo de errores; es el sistema.
La segunda actitud es la hegemónica entre las izquierdas globales. La estrategia sería más o menos así: no hay bases sociales organizadas, los movimientos son muy débiles y casi inexistentes, de modo que el único camino para modificar la llamada relación de fuerzas es intentar llegar al gobierno. Esta situación ha mostrado ser fatal, incluso en el caso de que las izquierdas consigan ganar, como sucedió en Grecia y en Italia (si es que a los restos del Partido Comunista se les puede llamar izquierda).
Diferente es el caso de países como Venezuela y Bolivia. Cuando Evo Morales y Hugo Chávez llegaron al gobierno por la vía electoral, existían movimientos potentes, organizados y movilizados, sobre todo en el primer caso. Sin embargo, una vez en el gobierno decidieron fortalecer el aparato estatal y, por tanto, emprendieron acciones para debilitar a los movimientos.
Siendo las experiencias estatales más avanzadas, hoy no existen en ninguno de ambos países movimientos antisistémicos autónomos que sostengan a esos gobiernos. Quienes los apoyan, salvo excepciones, son organizaciones sociales cooptadas o creadas desde arriba. En este punto propongo distinguir entre movimientos (anclados en la militancia de base) y organizaciones (burocracias financiadas por los estados).
Una variante de esta actitud son aquellos movimientos que, en cierto momento, deciden incursionar en el terreno electoral. Las más de las veces, y creo que México aporta una larga experiencia en esta dirección, al cabo de los años las bases de los movimientos se debilitan, mientras los dirigentes terminan incrustados en el aparato estatal.
La tercera orientación es la que impulsa el Concejo Indígena de Gobierno, que a mi modo de ver consiste en aprovechar la instancia electoral para conectar con los sectores populares, con el objetivo de impulsar su autoorganización. Lo han dicho: no se trata de votos, menos aún de cargos, sino de profundizar los trabajos para cambiar el mundo.
Me parece evidente que no se trata de un giro electoral, ni que el zapatismo haya hecho un viraje electoralista. Es una propuesta –así la entiendo y puedo estar equivocado– que pretende seguir construyendo en una situación de guerra interna, de genocidio contra los de abajo, como la que vive México desde hace casi una década.
Se trata de una táctica que recoge la experiencia revolucionaria del siglo XX para enfrentar la tormenta actual, no usando las armas que nos presta el sistema (las urnas y los votos), sino con armas propias, como la organización de los de abajo.