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PepsiCo: despidos y ocupación en defensa de los puestos de trabajo

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Las trabajadoras y los trabajadores de la multinacional PepsiCo ingresaron a la planta en Florida a casi una semana de la notificación del cierre de sus puertas que dejó a 600 familias en la calle. Son obreras y obreros con más de 20 años de antigüedad que se enteraron de los despidos con un cartel pegado en la puerta. Sostienen que la fábrica es rentable y denuncian que el plan de relocalizarla en Mar del Plata responde a recuperar el margen de ganancias. Y dejan en claro: “Queremos trabajar”. 
Natalia Ferreira estaba en Bariloche cuando le sonó el celular. “Me había reservado la semana, eran mis vacaciones”, dice a lavaca, una semana después, en Vicente López. Es una de las 600 personas despedidas por la multinacional PepsiCo que este lunes ingresaron a la planta de Florida para resguardar sus maquinarias y en defensa de sus fuentes de trabajo. “Me llamaron a las 11 de la noche. Me decían que tenía que presentarme en una dirección para un arreglo”. Horas más tarde, a 1600 kilómetros, sus compañeras y compañeros le confirmaron lo que estaba pasando, resumido en una hoja A4 en horizontal que encontraron pegada en la puerta de la empresa.
Decía:
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento, y mientras da cumplimiento a las instancias legales correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes. La empresa los estará contactando para mayor información, pudiendo Uds. también comunicarse al 0800-666-7377”.
La firma: “PepsiCo Alimentos”.
Natalia, obrera hace 9 años en el sector producción, se volvió el sábado a Buenos Aires. “No nos llamó nadie de la empresa, nadie de recursos humanos, ningún gerente: nadie dio la cara. Sólo llamaditas de un call center. Y ese cartel en la puerta”. A su lado está Valeria Escobar, tres hijos, trabajadora hace 8 años, que dice: “Que sea lo que tenga que ser, pero que por lo menos hagamos algo. Ahora hay que esperar. Tenemos mucha bronca”.

PepsiCo: despidos y ocupación en defensa de los puestos de trabajo

El cartel que los trabajadores se encontraron en la puerta.

La semana negra

PepsiCo es una de las mayores corporaciones mundiales de alimentos y bebidas, con producciones en 200 países, más de 250 mil empleados y con ganancias netas en 2016 por más de 63 mil millones de dólares, según anuncia en su sitio oficial. “La empresa venía trabajando muy bien y hasta teníamos horas extras”, dice Catalina Balaguer, 20 años en la fábrica, sector logística, dos hijas, dos nietas. “Lo que sí veníamos denunciando, desde hace dos años, es que se estaban llevando producción a la empresa en Mar del Plata. Eso lo advertimos con denuncias al Ministerio de Trabajo, juntada de firmas, contando el clima de lo que pasaba. La semana anterior al cartel nos dijeron que no iban a cerrar, que eran especulaciones. Hoy estamos así”.
Los trabajadores se encontraron con el cartel el 20 de junio, Día de la Bandera, y mientras el Presidente Mauricio Macri valoraba su gestión desde el acto oficial en Rosario (“estamos haciendo lo que había que hacer, y los primeros resultados comienzan a asomar, el país ha comenzado a crecer, hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido en el último año”), los obreros y las obreras levantaron una carpa como respuesta a los 600 despidos de PepsiCo, en una semana que no la tuvo como la única noticia laboral. Fue la semana de los más de 2000 despidos:

  • Puma: 180 despidos.
  • Lanxess: 170.
  • Talleres Rioro: 80.
  • Atucha: 600 (pueden llegar a 1000).
  • Dass: la empresa confirmó suspensiones que irán de 500 a 1960 empleados.

Por esa razón, lxs trabajadorxs de PepsiCo convocaron a una concentración a las 6:30 del lunes para realizar una manifestación en Panamericana. Ricardo Pacheco, uno de los delegados de la Comisión Interna: “No era un corte total, sino parcial, para no exponer a los compañeros. Pero nos enteramos de que la empresa iba a avanzar y a llevarse la maquinaria del establecimiento mientras nosotros estuviéramos en el corte”. Ese es el motivo -aducen- del fuerte operativo con el que la empresa amaneció rodeada. “Retrocedimos y volvimos a la planta y entramos. Por eso estamos aquí: en resguardo de las maquinarias y para preservar nuestros puestos de trabajo”.

PepsiCo: despidos y ocupación en defensa de los puestos de trabajo

Las familias de los trabajadores, hoy en la puerta de la fábrica.

“No somos delincuentes: queremos laburar”

“La planta está impecable para producir, hay materia prima, no están apagados los tableros: es una planta a la que le estuvieron haciendo mantenimientos millonarios antes del cierre”, dice Camilo Mones, otro de los delegados. “Sólo estamos preservando la fuente de trabajo, y esas condiciones se van a mantener para que si la empresa quiere, venga y se ponga a producir”.
Entre los pedidos de “fuerza”, de “lucha” y los reclamos por solidaridad, en las paredes de la fábrica dos palabras pintadas rojo se repiten: “Daer traidor”. Se refieren a Rodolfo Daer (hermano de Héctor, uno de los triunviros de la CGT), secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), titular de la CGT durante el menemismo. El viernes lxs trabajadorxs realizaron un plenario en el que presentaron al sindicato un plan de lucha. También, le propusieron que el porcentaje que les descuentan como aporte solidario (2%) sea destinado a los despedidos mientras continuara el conflicto. Balaguer: “Se negó a todo, y pretendió que lo autoricemos para que pueda negociar en el Ministerio la mejor indemnización posible. Desde ya lo rechazamos porque estamos convencidos de que queremos recuperar nuestros puestos”.
Mones: “Como la empresa ya dijo que era un cierre total y definitivo, el sindicato dijo que iba a ir por las indemnizaciones, lo cual es una locura porque estamos todos en la calle. En ese sentido nos sentimos traicionados, porque convalidaron los despidos en vez de luchar. En el plenario Daer dijo que era éste el Gobierno más antiobrero de toda la historia, pero ayer estuvo comiendo con Macri. Sigue: “Hay compañeras con hijos discapacitados que dentro de un mes no saben si van a pagar el alquiler. Compañeras embarazadas. ¿Dónde vamos a trabajar? No tenemos opción. Son nuestros puestos de trabajo o, si no, la pobreza o la miseria”.
El delegado Pacheco cuenta que la empresa presentó un plan preventivo de crisis. “Por ley, debe tener 30 días, ser analizado por el Ministerio y recién ahí tomar una decisión. La empresa lo presentó el lunes pasado, el Ministerio lo elevó, lo aceptó y el martes quedamos todos en la calle. Automáticamente, el Ministerio aceptó el llamado de la empresa, que es una incoherencia y una fantasía: la empresa tiene plantas en Mar del Plata, paga millones en depósito, en logística y en gente tercerizada, y lo único que quiere es eliminar toda la antigüedad de los trabajadores”.
Mones dice, mientras tanto, que ningún funcionario del Gobierno los llamó.
-¿Cómo se ubica este conflicto en este panorama de despidos?
-Es un ataque tanto de las patronales como del Gobierno. No está claro si esto le sirve o no, porque hay elecciones, pero sí es un ataque para que la clase obrera se quede quieta, mansita, que no reclame paritarias ni ningún derecho más, incluso para se avance sobre los convenios para volver a la jubilación privada. Es una medida que quiere disciplinar a la clase trabajadora para que termine con sus reclamos, con una complicidad evidente de la CGT que se sienta a cenar con Macri. Esto es una realidad, no es discurso: vamos a quedar todos en la pobreza. Acá estamos haciendo algo normal: preservar los puestos de trabajo. No somos delincuentes ni estamos tomando por asalto nada: queremos laburar. Lo que pasa es que como muchos gremios evitan hacerlo, nosotros somos la noticia.
PepsiCo: despidos y ocupación en defensa de los puestos de trabajo

El nuevo slogan

Sonia Brizuela (sector empaques) y Gabriela Luque (producción) están sentadas sobre el cordón. “No vinimos por política ni por nada, queremos trabajar”, dice Gabriela, 39 años, 16 en la empresa. “No estamos ni de un lado ni del otro. Sólo queremos recuperar nuestros puestos de trabajo. Tengo cuatro hijos y mi marido también trabaja acá. Nos quedamos los dos en la calle. Es muy duro. Estoy por cumplir 40, pero ¿dónde voy a conseguir trabajo ahora?”.
Sonia (36 años, 8 en la empresa, un bebé de 2 años) dice:
“Fue sorpresivo. Ya veíamos todo medio raro, medio vacío, medio sombrío. Pensamos que estaba pasando algo, porque sabemos lo que es la crisis del país. No hay trabajo, las industrias están cerrando, están quebrando, no hay fábricas, no tenemos dónde buscar trabajo. ¿Sabés lo que es ganarnos el puesto después de mucho esfuerzo y perderlo de un día al otro? De indemnizaciones no se vive, a nadie le sirve el 1000 por ciento, el dinero se esfuma. Es muy angustiante: nos afectó la salud, lo emocional, la vida, nuestras familias. Todo. Y sabemos que afuera no hay nada, esto no se soluciona con ´andá y buscá otra cosa afuera´, porque no la hay. No queremos volver a la crisis del 2001, que era tres meses en un lugar, tres en otro, y que te despidan, que te echen como perros: no estamos para eso otra vez. El país se está yendo a las ruinas. Acá ya teníamos nuestros derechos ganados, nuestras vacaciones, antigüedad. Acá nadie viene a romper ni a destruir nada, nadie quiere hacer escándalo, sólo queremos recuperar nuestra fuente de trabajo. La lucha la quiero para mi hijo, no me importa el color. Ahora nos queda la esperanza de resistir esta lucha y ganar la victoria y volver a trabajar. Nos dicen que salimos adelante trabajando, pero nos sacan el sustento y nos cierran todas las fuentes. Es alarmante. No hay pesada herencia: es una crisis que se está dejando pasar y ningún poder está interviniendo”.
El delegado Pacheco suma: “No es pobreza cero: es todos a la miseria”.
Continuará.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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