#NiUnaMás
#ElEstadoEsResponsable: ataque policial a mujeres en el 3J
Balas de goma, chorros de agua y gas pimienta fueron parte del kit que utilizó la Policía Federal para atacar desde la Catedral a un grupo de mujeres durante la desconcentración de la masiva movilización del 3J. Dos de ellas fueron rociadas con gas pimienta en la cara. Una es Alelí Acuña, trabajadora de prensa de Télam: “El objetivo puntual era que no sacáramos fotos”. La otra es Mónica Buján, una motoquera que sufre de asma y EPOC y aún continúa con nebulizaciones: «Que quede bien claro: no es que la policía fue agredida y por eso ´respondió´, sino al revés”. Testimonios y fotos del momento del ataque.
La foto muestra el momento exacto en que Alelí Acuña Berrenechea, 32 años, es rociada con gas pimienta por un policía identificado de la Federal, mientras le sacaba una foto.
Alelí Acuña es periodista, fotógrafa y trabaja en el archivo fotográfico de Télam. Dice a lavaca: “Nunca me habían rociado con gas pimienta. No sabía muy bien de qué se trataba y ahora te puedo asegurar que es una mierda”. Alelí es una de las miles de personas que el sábado marcharon en todo el país bajo el grito #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos, mientras en la calle, en las paredes y en la sensibilidad colectiva se instalaba un reclamo concreto: el Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres.
Alelí fue una de las dos mujeres que denunciaron que la Policía Federal las roció con gas pimienta durante la desconcentración de la marcha. Ese día Acuña había ido a cubrir la movilización y sus fotos se publicaron en la cooperativa Infonews. “Me entró en la boca y de a ratos me arde y siento el gusto. La cámara y el celular me quedaron todos impregnados”.
Durante la semana, el grupo Autoconvocadas había presentado junto al movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) un hábeas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho de mujeres, lesbianas, trans y travestis a manifestarse el 3 de junio. Tras la cacería policial del #8M -ocasión en la que se realizó el Paro Internacional de Mujeres, en la que 20 mujeres fueron detenidas en una cacería policial sin orden judicial-, el habeas corpus presentado solicitó que la justicia ordenara al Ministerio de Seguridad que se abstuviera de portar armas de fuego y realizar acciones represivas, homofóbicas y criminalizadoras, que estableciera personal policial mayoritariamente femenino y debidamente identificado.
El testimonio de Alelí ilustra qué ocurrió finalmente.
“Todo pasó entre 8:15 a 8:20. La marcha fue esplendorosa, pacífica. Yo estaba cerca de la boca del subte D, sobre Diagonal Norte. Había una pequeña fogata, minúscula, algunas pocas chicas en tetas que sólo estaban cantando, sin disturbios. Yo me voy con un grupo de 10 fotógrafos. Ahí escucho el primer disparo. Ya había gas, estaba en el aire. Yo ya me estaba yendo, pero lo que me salió, con la cámara en la mochila, fue ir y mostrar las caras de los que estaban reprimiendo. Tengo un lente 50 y para retratar tengo que aproximarme porque, si no, no se ve nada. Ahí veo que eran alrededor de 40 y 50 policías entre civiles y uniformados. Todo estaba cercado, ellos detrás del vallado con la Catedral como su tótem. Encontré un hueco, me acerco a ellos a unos 10 cm y tomo la primera foto. Era una oficial mujer. Luego saco la segunda: todo perfecto. Cuando voy a sacar al tercero de la fila, ese me dispara el gas, en la boca”.
A Alelí Acuña le sorprendió la actitud del policía. “Lo hizo con la naturalidad de quien masca chicle: con una mano tiró el gas mientras en la otra sostenía un cigarrillo”.

El policía que roció con gas pimienta a Alelí Acuña Berrenechea, fotografiado por ella misma. Tenía identificación a la vista.
-¿Qué pasó?
-Me empiezo a ahogar, los ojos se me irritaban. Ahí lo sigo y lo filmo y le digo de todo. Él se va y se refugia. Después vuelve con una escopeta y pienso: “Estaba armado hasta los dientes”. Sigo sacando fotos, ellos tiran agua y cuando vuelvo al lugar donde había estado, me tiran gas de nuevo. El objetivo puntual era que no sacáramos fotos porque tiraban al grupo de fotógrafxs. No cometimos ningún tipo de delito: nuestros elementos contundentes eran nuestras cámaras. En cambio, ellos sí violaron su protocolo de seguridad. Todos los policías estaban sin identificación. Y cuando vemos que todo se ponía más denso empezamos a escuchar sirenas. Llegaron dos patrulleros en contramano por Diagonal Norte. Había algunas compañeras del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Ana Laura Torna y Nancy Acosta (de la Secretaría de Mujeres y Géneros del gremio), que estaban pasando por la plaza y se tuvieron que refugiar en el subte. El ambiente era de terror.
Contra las fotógrafas
Una de las fotos captura el momento exacto en el que el policía tira gas pimienta a Alelí mientras ella lo retrataba. La imagen la tomó la fotógrafa freelance Polly Palacios. Dice a lavaca: “Los policías se armaron todos atrás de la valla. Ahí veo a muchos fotógrafos que se acercan y empiezan a sacar fotos. Me acerqué para ver lo que estaba pasando: sólo estaban tomando imágenes. Entonces veo que llega caminando un policía y le tira a una chica que estaba pegada en la valla. Era Alelí. No había nadie tirando cosas, sólo tomando fotos. Ya habían tirado gas desde antes, no te podías acercar mucho: estaban como manteniendo una distancia. Incluso le tiraron gas a una señora que era asmática”.
Esa señora es Mónica Buján. “No soy fotógrafa profesional, sólo cubro estas movilizaciones porque me interesa dejar registro. Soy motoquera y fumigadora”, dice a lavaca mientras pide perdón porque no para de toser. “Tengo asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y estoy con nebulizaciones. A mí también me tiraron”.
Mónica tiene 55 años y cuenta qué pasó. “Cuando la concentración sale de la plaza había una fogata frente a la Catedral. Yo llevo mi cámara, una chiquitita, para dejar un registro para la gente que no fue o no pudo ir. Cuando voy para allá no había incidentes, nada, y me acerco a la valla para sacarle fotos a los policías. Tengo una cámara de porquería, por eso me acerco, y es ahí que me tiran directamente a la cara, a menos de 10 cm. Yo respiro por la boca, así que tragué todo el gas. Me ahogué mal, muy mal. Creí que me iba a dar un paro: ya tuve dos en mi vida y no quiero un tercero”.
Buján sacó su puff. “Quería darme aire pero no entraba. En ese momento las chicas que estaban enfrente responden a la agresión que yo sufro. Que esto quede bien en claro: no es que la policía fue agredida y por eso ´respondió´, como informaron por ahí, sino recibieron una reacción producto del ataque que me hicieron. Ahí empezaron a tirar. Balas, agua, gas, pero que quede escrito que la situación se detona cuando ellos o ellas me tiraron gas”.
Buján no se fue. “No me quería ir, no quería dejar a las chicas que me estaban defendiendo. Tenía miedo de que pase lo que ocurrió después del Encuentro Nacional de Mujeres o la cacería después del Paro del 8 de marzo. Ahí veo que a Alelí, que no sabía quién era porque no la conocía, le tiran en la cara. También vi a una compañera que estaba vomitando mal”.
El sindicato de prensa SiPreBa repudió la represión a través de un comunicado: “Este ataque por parte de la Policía es un claro intento de cercenar la libertad de prensa. Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y la separación de los responsables materiales y políticos de la represión”.
Las mujeres confirmaron a lavaca que avanzarán con una presentación conjunta para denunciar el accionar policial.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

#NiUnaMás
216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
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