Sigamos en contacto

Nota

#EsTortura: datos, testimonios y casos desde el colapso del sistema penitenciario

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El Registro Nacional de Casos de Tortura elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios Sobre Sistema Penal y Derechos Humanos releva una realidad alarmante. En Argentina hay un total de 1408 víctimas que padecieron más de 5000 tipos de tortura y malos tratos en cárceles federales y provinciales. Alcira Daroqui, una de las expertas que realizó el informe, explica por qué la prisión no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad. Por qué la cárcel sólo produce delincuencia. De qué forma la tortura se convirtió en el elemento constitutivo del encierro penal. La subordinación estratégica del Poder Judicial a las policías. Y el caso de M., tan sólo una demostración de la selectividad del sistema penal. Datos y testimonios que permiten describir las dimensiones del horror.
El informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura relevó 5328 tipos de tortura y malos tratos sobre un total de 1408 víctimas. Ese es el principal -y alarmante- dato que desprende de la investigación que todos los años realizan el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sentencia, cuyos resultados permiten establecer una preocupante cartografía del sistema penitenciario argentino, tan solo un perverso eslabón del funcionamiento del sistema penal.
La magnitud de los datos del informe se explicitan en el despliegue del relevamiento:

  • 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires.
  • 6 unidades y una alcaidía del Sistema Penitenciario Federal.
  • 14 cárceles federales.
  • 1 alcaldía federal.
  • 6 unidades de servicios penitenciarios provinciales.
  • 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
  • 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
  • 7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia bonaerense.

De esa manera, les investigadores detectaron que ca si el 88 por ciento de las víctimas son varones, 167 son mujeres y tres son personas trans. Que el 64 por ciento de las víctimas tiene entre 18 y 34 años. Y que  el 54,5 por ciento solo entre 22 y 34 años.

Las dimensiones del horror

El registro divide la cantidad de hechos según tipo de tortura:

  • Agresiones físicas: 866.
  • Falta o deficiente asistencia de la salud: 830.
  • Aislamiento: 823.
  • Malas condiciones materiales de detención: 772.
  • Falta o deficiente alimentación: 586.
  • Amenazas: 354.
  • Impedimentos de vinculación familiar y social: 340.
  • Requisa personal vejatoria: 325.
  • Robo y/o daños de pertenencias: 188.
  • Traslados gravosos: 137.
  • Traslados constantes: 107.

La agresión física es el tipo de tortura más frecuente en el sistema penitenciario, cuya regularidad implica una sistematicidad de la violencia física penitenciaria, que incluye “actos combinados” de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones modalidades como gas pimienta o lacrimógeno, el criqueo/motoneta (acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza) y el plaf plaf (golpes simultáneos con las dos manos en los oídos). Hasta balazos de goma.
El 29 por ciento de esas agresiones se deben a represiones ante pedidos o reclamos. El 17,5 por ciento, a torturas durante la circulación en la unidad.
El informe combina datos duros con testimonios. Compartimos algunos de ellos:

  • “El día 2 de febrero de 2017 un detenido alojado en la Unidad 12 entregó al Encargado de Pabellón un escrito dirigido a la Defensoría General porque se encontraba en el sector de aislamiento (‘buzones’) desde hacía 28 días esperando traslado a otra unidad. Refirió que el SPF no quiso certificarle dicho escrito, motivo por el cual inició una huelga de hambre. Luego de una audiencia con las autoridades por la medida de fuerza, manifestó que –entre el Encargado y el Jefe de Turno- le dieron palazos en los brazos, la zona de las costillas y cintura, produciéndole varios hematomas. A ello agregó: ‘estoy recibiendo amenazas por el Servicio y sigo siendo golpeado’”.
  • “El detenido relató que el día 13 de enero lo llamaron a una audiencia con el psiquiatra. Luego de ser asistido, fue trasladado hacia un pasillo de ingreso al Pabellón K, donde aproximadamente 6 agentes penitenciarios de Requisa comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en rostro y costillas. Seguido de ello, le quitaron su vestimenta y entre todos los agentes comenzaron a penetrarlo analmente mientras que uno de los agresores le dijo: ‘callate tuerto de mierda, estás re cogido’”.
  • “El detenido relató que el día 15 de noviembre dos Jefes de Turno intentaron abusarlo sexualmente por haberse declarado homosexual. Volvía de la facultad y lo dejaron último y cortaron el tránsito. Allí en el pasillo, le dijeron ‘sos gay, chúpame la pija’ mientras lo manoseaban. Se resistió y lo redujeron, le tocaron sus genitales e intentaron introducirle un dedo en el ano. Frenaron cuando llegó la Requisa. Al mismo tiempo le pisaron la cabeza y lo amenazaron con no cambiarle el alojamiento como solicitó. Por último, lo dejaron 3 horas en una celda solo y esposado”.
  • “La requisa apenas llegás ya te pega. Me dieron la ‘bienvenida’. Me dijeron ‘Poné las manos arriba, con los puños juntos, mirando a la pares’. Respiré y me dieron una banda de piñas (…) Me golpearon con guantes de cuero para que no me queden marcas”.
  • “El día 12 de enero el detenido reclamaba realizar un llamado a su familia dado que era el cumpleaños de una de las hijas. El personal penitenciario le negó esta posibilidad y, al continuar reclamando, ingresaron al pabellón entre 7 y 8 agentes penitenciarios. Allí, lo golpearon con los escudos y le arrojaron gas pimienta. Luego, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo inyectaron en forma compulsiva, al tiempo que le propinaban cachetadas, piñas, patadas y palazos. Además, señaló que lo cortaron y lo golpearon en los oídos [Plaf-Plaf] y pies [PataPata]. Al finalizar la agresión, le tiraron agua fría y orinaron sobre su cuerpo. Lo relatado ocurrió mientras el detenido se encontraba desnudo y con los ojos tapados”.

El informe apunta que el 90 por ciento de las agresiones se corresponden con acciones grupales por los penitenciarios. “Los hechos en los que intervienen más de 10 agentes se corresponden mayormente con procedimientos de requisa ordinaria o extraordinaria, en las que la cantidad de penitenciarios puede alcanzar los 50, entre los que participan agentes de requisa, personal de seguridad interna y jefes. Frente a ello, el total de hechos de agresión física por parte de un solo funcionario resulta ser minoritario (9,8%)”.
El desagregado de los hechos descriptos en cárceles provinciales aporta otras dimensiones del horror:

  • Salud: “En promedio las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de salud 1 año y 2 meses”.
  • Aislamiento: “Un 23% de las víctimas permaneció aislado 60 días o más, con casos extremos de 2 o 3 años”.
  • Condiciones materiales: “Las víctimas indicaron 5017 deficiencias materiales, un promedio de 11 por persona”.
  • Alimentación: “Un 63,2% de los entrevistados sufrió dolencias físicas por la mala alimentación”.
  • Requisa: “El 81,2% de las víctimas fueron forzadas al desnudo total y en 3 casos se describieron abusos sexuales”.

La investigación subraya que la tortura, con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención. “Por un lado son sistemáticas las violencias que impactan de manera particular y selectiva sobre determinadas personas en un momento dado: el aislamiento y las agresiones físicas por parte de funcionarios públicos (picana eléctrica, submarino seco o húmedo, abusos sexuales, golpizas). Por otro lado, también las vulneraciones generalizadas de derechos son persistentes y asfectan de manera extensiva a la población detenida: las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos para la vinculación familiar y social, y la falta o deficiente asistencia de la salud. Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El registro de estos hechos evidencia el carácter multidimensional, generalizado y sistemático de la tortura como elemento constitutivo de encierro penal”.

La maquinaria

“El encierro no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad”, afirmó Alcira Daroqui, directora del Gespydh, en el debate Cárcel y justicia: qué pena, realizado en MU con la presencia de Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga y referente de derechos humanos-, Waldemar Cubilla –sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova e integrante del Equipo de Reflexión y Aplicación Jurídico Penal de la UNSAM- y Verónica Heredia, abogada experta en derechos humanos (https://www.lavaca.org/notas/que-pena-apuntes-desde-el-colapso-del-sistema-penitenciario-y-por-una-nueva-agenda-de-derechos-humanos/).
Daroqui sustentó su afirmación no sólo con los datos previamente citados sino, también, con recorrido histórico. “En 2007, cuando hicimos la investigación sobre torturas, en Argentina no se hablaba de tortura. Si ocurría, era un como parte del pasado, de la dictadura, o algo específico de la provincia de Buenos Aires, que siempre es el patito feo, con la Bonaerense. Allí teníamos representantes del sistema federal que les daban clase a los bonaerenses como si éstos respetaran los derechos humanos. Entonces apareció una campaña muy fuerte del Poder Judicial, desde fiscales, jueces y la defensoría general, diciendo que no había tortura”.
Para la investigadora, es la expresión más clara del Poder Judicial como “garante, encubridor y legitimador” de las prácticas que garantizan la impunidad. La defensa cerrada continuó en medios progresistas y en funcionarios del kirchnerismo -gobierno de entonces-, que afirmaban que no había tortura en las cárceles federales. En consecuencia, el Gespydh lanzó el Registro Nacional, “no para contar torturados o cantidades sino para construir una masa de información que nos permita decir que la tortura se aplica, en forma sistemática y regular, en todas las cárceles, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires”.
Las cifras y los testimonios también contrastaban con cualquier tipo de discusión sobre “seguridad democrática” que se pretendiera instalar, al menos, desde un montaje discursivo. “Que no me vengan a decir que puede haber un programa de seguridad que tenga que ver con el respeto de derechos”, apuntó Daroqui. “Eso ha sido perverso, y produjeron sentido político en todos esos años. No olvidemos que el Ministerio de Seguridad se creó en 2010, y después del conflicto en el Indoamericano (la toma que terminó con dos personas muertas y decenas de heridos tras la represión de la Policía Federal y la Metropolitana). Yo prefiero hablar de política criminal. Nos cambiaron el discurso: el neoliberalismo nos despojó de todas las seguridades y nos remarca que la única que nos tiene que preocupar es la del delito”.
Daroqui subraya que lo mismo pasó en 2013 cuando el Gobierno lanzó la Campaña contra la Violencia Institucional. “Un concepto perverso, porque diluye la violencia estatal. Entonces no hablamos más de tortura”.
Allí entra en juego la prisión. “La cárcel está solo para producir delincuencia, no para producir otra cosa. Violencia entre los pobres”. Daroqui menciona el registro del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que permite un acercamiento a la caracterización sociodemográfica de quienes ingresan a la maquinaria penitenciaria: varones, de entre 18 a 34 años, solteros, sin escolaridad obligatoria, sin trabajo formal, sin capacitación laboral. “Son todos pobres: está clarísimo que es una justicia de clase”.
La tendencia del Poder Judicial, además, es producir condenas cada vez más cortas. “Los jueces están mandando a gente a la cárcel por 15 días. ¿Por qué delito? Por resistencia a la autoridad, la figura que utiliza la policía para gobernar a los pobres”.
¿Qué puntos de fuga se pueden trazar ante este esquema perverso? “Que la justicia deje de producir daño. Hay que poner un límite al aparato judicial, que produce mucho más daño que la policía. El Poder Judicial, en su articulación con la policía y los servicios penitenciarios, siempre ha tenido más impunidad para la sanción social. Ellos otorgan impunidad a las fuerzas de seguridad y, luego, la sociedad les otorga impunidad en sus prácticas. No se habla del daño que producen y que legitima a la policía para actuar. Garantiza la reproducción de un orden clasista, porque no es cierto que la policía es el auxiliar de la Justicia, sino al revés: la criminalidad que le llega al Poder Judicial es la que decide la Policía. Están subordinados, pero no es un problema de mero sometimiento: es una subordinación estratégica. Por eso, nosotros sostenemos que no es que el poder funciona mal. Funciona, y muy bien”.

Los términos en los que hay que hablar

M. es un joven de 26 años que fue condenado recientemente a 6 años y 8 meses de prisión por un hecho ocurrido en 2013. Durante el proceso, M. estuvo en libertad; ahora, el Poder Judicial pretende encarcelarlo. “¿Para qué va a ir preso? Durante este tiempo M. no pasó ni un semáforo en rojo”, ilustra su abogada Verónica Heredia. El caso fue el puntapié de la jornada de debate Cárcel y justicia: qué pena, ocurrida en MU, y es tan solo una demostración del funcionamiento del sistema penal, una máquina que se pone en marcha desde la selectividad de la policía y continúa con un proceso cuyo último eslabón es la prisión.
Por esa razón, se reunieron referentes y especialistas para presentar datos y casos concretos que revelan el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. “Lo que queremos evitar es que M. cumpla el ultimo eslabon de esta cadena, que va a garantizar no sólo la prisión, sino la tortura y la permanencia en el sistema”, explica a lavaca Heredia, experta en derechos humanos, que recurrió la sentencia a la Corte Suprema de Justicia.
En ese escrito, la doctora no sólo apunta que M. llegó a su condena a través del testimonio de un único testigo perteneneciente a una fuerza de seguridad, sino que argumenta que la “inseguridad descripta que padecen los jóvenes en Argentina” se agrava ante su consecuencia: la tortura en el sistema penitenciario. Allí cita el examen periódico que realizó en Argentina el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) (entre el 26 y el 27 de abril del año pasado), en cuyas observaciones finales destacó su profunda preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. (https://www.lavaca.org/notas/el-informe-del-horror-la-onu-denuncia-la-violencia-estatal/)
En ese sentido, Heredia subraya la necesidad crucial de señalar esa política criminal del Estado, con sus consecuentes eslabones que ponen en marcha la máquina penitenciaria de la tortura, para explicar lo que parece obvio pero no lo es: “El error del sistema modificó el proyecto de vida del joven M. durante estos 5 años y 6 meses, generándole el padecimiento de desconocer su destin, impidiéndole soñar y concretar su vida amorosa, laboral, educativa. Sin embargo, el joven M. no ha infringido durante todos estos años, ni antes, la más mínima norma, ni contravencional, ni social, menos penal”.
¿Por qué, entonces, enviar a un jover a la maquinaria? ¿Qué hacer con la prisión? Daroqui ofrece una respuesta: “Que el Estado se haga cargo que, mientras tengan estas cárceles,  no vaya gente a la cárcel. Que el Estado, al menos, se haga cargo de eso. Vos no podés retener a nadie mientras están violando derechos humanos. La cárcel nació para violar derechos. Mientras no hablemos en estos términos, nadie tiene que ingresar a esta maquinaria”.

Nota

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recrotes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que estan están solas y solos, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran “vigilia permanente” y la forma, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sugue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

Seguir leyendo

Nota

Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

Seguir leyendo

Nota

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

Seguir leyendo

LA NUEVA MU. ¿Dónde está?

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido