El Registro Nacional de Casos de Tortura elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios Sobre Sistema Penal y Derechos Humanos releva una realidad alarmante. En Argentina hay un total de 1408 víctimas que padecieron más de 5000 tipos de tortura y malos tratos en cárceles federales y provinciales. Alcira Daroqui, una de las expertas que realizó el informe, explica por qué la prisión no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad. Por qué la cárcel sólo produce delincuencia. De qué forma la tortura se convirtió en el elemento constitutivo del encierro penal. La subordinación estratégica del Poder Judicial a las policías. Y el caso de M., tan sólo una demostración de la selectividad del sistema penal. Datos y testimonios que permiten describir las dimensiones del horror.
El informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura relevó 5328 tipos de tortura y malos tratos sobre un total de 1408 víctimas. Ese es el principal -y alarmante- dato que desprende de la investigación que todos los años realizan el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sentencia, cuyos resultados permiten establecer una preocupante cartografía del sistema penitenciario argentino, tan solo un perverso eslabón del funcionamiento del sistema penal.
La magnitud de los datos del informe se explicitan en el despliegue del relevamiento:

• 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires.
• 6 unidades y una alcaidía del Sistema Penitenciario Federal.
• 14 cárceles federales.
• 1 alcaldía federal.
• 6 unidades de servicios penitenciarios provinciales.
• 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
• 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
• 7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia bonaerense.

De esa manera, les investigadores detectaron que ca si el 88 por ciento de las víctimas son varones, 167 son mujeres y tres son personas trans. Que el 64 por ciento de las víctimas tiene entre 18 y 34 años. Y que  el 54,5 por ciento solo entre 22 y 34 años.

Las dimensiones del horror

El registro divide la cantidad de hechos según tipo de tortura:

• Agresiones físicas: 866.
• Falta o deficiente asistencia de la salud: 830.
• Aislamiento: 823.
• Malas condiciones materiales de detención: 772.
• Falta o deficiente alimentación: 586.
• Amenazas: 354.
• Impedimentos de vinculación familiar y social: 340.
• Requisa personal vejatoria: 325.
• Robo y/o daños de pertenencias: 188.
• Traslados gravosos: 137.
• Traslados constantes: 107.

La agresión física es el tipo de tortura más frecuente en el sistema penitenciario, cuya regularidad implica una sistematicidad de la violencia física penitenciaria, que incluye “actos combinados” de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones modalidades como gas pimienta o lacrimógeno, el criqueo/motoneta (acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza) y el plaf plaf (golpes simultáneos con las dos manos en los oídos). Hasta balazos de goma.
El 29 por ciento de esas agresiones se deben a represiones ante pedidos o reclamos. El 17,5 por ciento, a torturas durante la circulación en la unidad.
El informe combina datos duros con testimonios. Compartimos algunos de ellos:

• “El día 2 de febrero de 2017 un detenido alojado en la Unidad 12 entregó al Encargado de Pabellón un escrito dirigido a la Defensoría General porque se encontraba en el sector de aislamiento (‘buzones’) desde hacía 28 días esperando traslado a otra unidad. Refirió que el SPF no quiso certificarle dicho escrito, motivo por el cual inició una huelga de hambre. Luego de una audiencia con las autoridades por la medida de fuerza, manifestó que –entre el Encargado y el Jefe de Turno- le dieron palazos en los brazos, la zona de las costillas y cintura, produciéndole varios hematomas. A ello agregó: ‘estoy recibiendo amenazas por el Servicio y sigo siendo golpeado’”.
• “El detenido relató que el día 13 de enero lo llamaron a una audiencia con el psiquiatra. Luego de ser asistido, fue trasladado hacia un pasillo de ingreso al Pabellón K, donde aproximadamente 6 agentes penitenciarios de Requisa comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en rostro y costillas. Seguido de ello, le quitaron su vestimenta y entre todos los agentes comenzaron a penetrarlo analmente mientras que uno de los agresores le dijo: ‘callate tuerto de mierda, estás re cogido’”.
• “El detenido relató que el día 15 de noviembre dos Jefes de Turno intentaron abusarlo sexualmente por haberse declarado homosexual. Volvía de la facultad y lo dejaron último y cortaron el tránsito. Allí en el pasillo, le dijeron ‘sos gay, chúpame la pija’ mientras lo manoseaban. Se resistió y lo redujeron, le tocaron sus genitales e intentaron introducirle un dedo en el ano. Frenaron cuando llegó la Requisa. Al mismo tiempo le pisaron la cabeza y lo amenazaron con no cambiarle el alojamiento como solicitó. Por último, lo dejaron 3 horas en una celda solo y esposado”.
• “La requisa apenas llegás ya te pega. Me dieron la ‘bienvenida’. Me dijeron ‘Poné las manos arriba, con los puños juntos, mirando a la pares’. Respiré y me dieron una banda de piñas (…) Me golpearon con guantes de cuero para que no me queden marcas”.
• “El día 12 de enero el detenido reclamaba realizar un llamado a su familia dado que era el cumpleaños de una de las hijas. El personal penitenciario le negó esta posibilidad y, al continuar reclamando, ingresaron al pabellón entre 7 y 8 agentes penitenciarios. Allí, lo golpearon con los escudos y le arrojaron gas pimienta. Luego, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo inyectaron en forma compulsiva, al tiempo que le propinaban cachetadas, piñas, patadas y palazos. Además, señaló que lo cortaron y lo golpearon en los oídos [Plaf-Plaf] y pies [PataPata]. Al finalizar la agresión, le tiraron agua fría y orinaron sobre su cuerpo. Lo relatado ocurrió mientras el detenido se encontraba desnudo y con los ojos tapados”.

El informe apunta que el 90 por ciento de las agresiones se corresponden con acciones grupales por los penitenciarios. “Los hechos en los que intervienen más de 10 agentes se corresponden mayormente con procedimientos de requisa ordinaria o extraordinaria, en las que la cantidad de penitenciarios puede alcanzar los 50, entre los que participan agentes de requisa, personal de seguridad interna y jefes. Frente a ello, el total de hechos de agresión física por parte de un solo funcionario resulta ser minoritario (9,8%)”.
El desagregado de los hechos descriptos en cárceles provinciales aporta otras dimensiones del horror:

• Salud: “En promedio las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de salud 1 año y 2 meses”.
• Aislamiento: “Un 23% de las víctimas permaneció aislado 60 días o más, con casos extremos de 2 o 3 años”.
• Condiciones materiales: “Las víctimas indicaron 5017 deficiencias materiales, un promedio de 11 por persona”.
• Alimentación: “Un 63,2% de los entrevistados sufrió dolencias físicas por la mala alimentación”.
• Requisa: “El 81,2% de las víctimas fueron forzadas al desnudo total y en 3 casos se describieron abusos sexuales”.

La investigación subraya que la tortura, con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención. “Por un lado son sistemáticas las violencias que impactan de manera particular y selectiva sobre determinadas personas en un momento dado: el aislamiento y las agresiones físicas por parte de funcionarios públicos (picana eléctrica, submarino seco o húmedo, abusos sexuales, golpizas). Por otro lado, también las vulneraciones generalizadas de derechos son persistentes y asfectan de manera extensiva a la población detenida: las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos para la vinculación familiar y social, y la falta o deficiente asistencia de la salud. Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El registro de estos hechos evidencia el carácter multidimensional, generalizado y sistemático de la tortura como elemento constitutivo de encierro penal”.

La maquinaria

“El encierro no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad”, afirmó Alcira Daroqui, directora del Gespydh, en el debate Cárcel y justicia: qué pena, realizado en MU con la presencia de Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga y referente de derechos humanos-, Waldemar Cubilla –sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova e integrante del Equipo de Reflexión y Aplicación Jurídico Penal de la UNSAM- y Verónica Heredia, abogada experta en derechos humanos (https://www.lavaca.org/notas/que-pena-apuntes-desde-el-colapso-del-sistema-penitenciario-y-por-una-nueva-agenda-de-derechos-humanos/).
Daroqui sustentó su afirmación no sólo con los datos previamente citados sino, también, con recorrido histórico. “En 2007, cuando hicimos la investigación sobre torturas, en Argentina no se hablaba de tortura. Si ocurría, era un como parte del pasado, de la dictadura, o algo específico de la provincia de Buenos Aires, que siempre es el patito feo, con la Bonaerense. Allí teníamos representantes del sistema federal que les daban clase a los bonaerenses como si éstos respetaran los derechos humanos. Entonces apareció una campaña muy fuerte del Poder Judicial, desde fiscales, jueces y la defensoría general, diciendo que no había tortura”.
Para la investigadora, es la expresión más clara del Poder Judicial como “garante, encubridor y legitimador” de las prácticas que garantizan la impunidad. La defensa cerrada continuó en medios progresistas y en funcionarios del kirchnerismo -gobierno de entonces-, que afirmaban que no había tortura en las cárceles federales. En consecuencia, el Gespydh lanzó el Registro Nacional, “no para contar torturados o cantidades sino para construir una masa de información que nos permita decir que la tortura se aplica, en forma sistemática y regular, en todas las cárceles, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires”.
Las cifras y los testimonios también contrastaban con cualquier tipo de discusión sobre “seguridad democrática” que se pretendiera instalar, al menos, desde un montaje discursivo. “Que no me vengan a decir que puede haber un programa de seguridad que tenga que ver con el respeto de derechos”, apuntó Daroqui. “Eso ha sido perverso, y produjeron sentido político en todos esos años. No olvidemos que el Ministerio de Seguridad se creó en 2010, y después del conflicto en el Indoamericano (la toma que terminó con dos personas muertas y decenas de heridos tras la represión de la Policía Federal y la Metropolitana). Yo prefiero hablar de política criminal. Nos cambiaron el discurso: el neoliberalismo nos despojó de todas las seguridades y nos remarca que la única que nos tiene que preocupar es la del delito”.
Daroqui subraya que lo mismo pasó en 2013 cuando el Gobierno lanzó la Campaña contra la Violencia Institucional. “Un concepto perverso, porque diluye la violencia estatal. Entonces no hablamos más de tortura».
Allí entra en juego la prisión. “La cárcel está solo para producir delincuencia, no para producir otra cosa. Violencia entre los pobres”. Daroqui menciona el registro del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que permite un acercamiento a la caracterización sociodemográfica de quienes ingresan a la maquinaria penitenciaria: varones, de entre 18 a 34 años, solteros, sin escolaridad obligatoria, sin trabajo formal, sin capacitación laboral. “Son todos pobres: está clarísimo que es una justicia de clase”.
La tendencia del Poder Judicial, además, es producir condenas cada vez más cortas. “Los jueces están mandando a gente a la cárcel por 15 días. ¿Por qué delito? Por resistencia a la autoridad, la figura que utiliza la policía para gobernar a los pobres”.
¿Qué puntos de fuga se pueden trazar ante este esquema perverso? “Que la justicia deje de producir daño. Hay que poner un límite al aparato judicial, que produce mucho más daño que la policía. El Poder Judicial, en su articulación con la policía y los servicios penitenciarios, siempre ha tenido más impunidad para la sanción social. Ellos otorgan impunidad a las fuerzas de seguridad y, luego, la sociedad les otorga impunidad en sus prácticas. No se habla del daño que producen y que legitima a la policía para actuar. Garantiza la reproducción de un orden clasista, porque no es cierto que la policía es el auxiliar de la Justicia, sino al revés: la criminalidad que le llega al Poder Judicial es la que decide la Policía. Están subordinados, pero no es un problema de mero sometimiento: es una subordinación estratégica. Por eso, nosotros sostenemos que no es que el poder funciona mal. Funciona, y muy bien”.

Los términos en los que hay que hablar

M. es un joven de 26 años que fue condenado recientemente a 6 años y 8 meses de prisión por un hecho ocurrido en 2013. Durante el proceso, M. estuvo en libertad; ahora, el Poder Judicial pretende encarcelarlo. “¿Para qué va a ir preso? Durante este tiempo M. no pasó ni un semáforo en rojo”, ilustra su abogada Verónica Heredia. El caso fue el puntapié de la jornada de debate Cárcel y justicia: qué pena, ocurrida en MU, y es tan solo una demostración del funcionamiento del sistema penal, una máquina que se pone en marcha desde la selectividad de la policía y continúa con un proceso cuyo último eslabón es la prisión.
Por esa razón, se reunieron referentes y especialistas para presentar datos y casos concretos que revelan el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. “Lo que queremos evitar es que M. cumpla el ultimo eslabon de esta cadena, que va a garantizar no sólo la prisión, sino la tortura y la permanencia en el sistema”, explica a lavaca Heredia, experta en derechos humanos, que recurrió la sentencia a la Corte Suprema de Justicia.
En ese escrito, la doctora no sólo apunta que M. llegó a su condena a través del testimonio de un único testigo perteneneciente a una fuerza de seguridad, sino que argumenta que la “inseguridad descripta que padecen los jóvenes en Argentina” se agrava ante su consecuencia: la tortura en el sistema penitenciario. Allí cita el examen periódico que realizó en Argentina el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) (entre el 26 y el 27 de abril del año pasado), en cuyas observaciones finales destacó su profunda preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. (https://www.lavaca.org/notas/el-informe-del-horror-la-onu-denuncia-la-violencia-estatal/)
En ese sentido, Heredia subraya la necesidad crucial de señalar esa política criminal del Estado, con sus consecuentes eslabones que ponen en marcha la máquina penitenciaria de la tortura, para explicar lo que parece obvio pero no lo es: “El error del sistema modificó el proyecto de vida del joven M. durante estos 5 años y 6 meses, generándole el padecimiento de desconocer su destin, impidiéndole soñar y concretar su vida amorosa, laboral, educativa. Sin embargo, el joven M. no ha infringido durante todos estos años, ni antes, la más mínima norma, ni contravencional, ni social, menos penal”.
¿Por qué, entonces, enviar a un jover a la maquinaria? ¿Qué hacer con la prisión? Daroqui ofrece una respuesta: “Que el Estado se haga cargo que, mientras tengan estas cárceles,  no vaya gente a la cárcel. Que el Estado, al menos, se haga cargo de eso. Vos no podés retener a nadie mientras están violando derechos humanos. La cárcel nació para violar derechos. Mientras no hablemos en estos términos, nadie tiene que ingresar a esta maquinaria”.