Nota
«Febres era el que más torturaba»
La Fiscal�a y las querellas pidieron que se ampl�en los cargos contra H�ctor Febres, primer represor de la ESMA que es sometido a juicio desde que se reabrieron las causas por las violaciones a los derechos humanos. Cuatro de sus v�ctimas describieron c�mo los torturaron y los sometieron a trabajo esclavo (falsificar documentos para los militares y trabajar para la imprenta del diario Convicci�n, por ejemplo). Lo responsabilizaron por las embarazadas que llegaban al lugar y relataron c�mo el prefecto se encarg� del traslado de los secuestrados a la isla El Silencio, en Tigre, cuando la Comisi�n Interamericana por los Derechos Humanos visit� la Argentina. De c�mo el �Gordo Daniel� se transform� en el �Gordo Cagueta�.
Despu�s de escuchar los testimonios de las cuatro v�ctimas que declararon en la segunda jornada del juicio oral y p�blico contra H�ctor Febres -el primer represor juzgado por su actuaci�n en la ESMA, despu�s del Juicio a las Juntas-, tanto la querella como la fiscal�a solicitaron la ampliaci�n de los delitos por los que se juzga al imputado. El fiscal Jorge Taiana pidi� que se le incorpore el cargo de privaci�n ileg�tima de la libertad, agravada por la duraci�n en el tiempo del cautiverio y por encuadrarse los hechos dentro de la figura de persecuci�n pol�tica . La querella, a su vez, exigi� que al Gordo Daniel �como se lo conoc�a en el campo clandestino- tambi�n se lo juzgue por reducci�n a la servidumbre, ya que los testigos relataron con pormenores c�mo fueron sometidos para realizar trabajo esclavo.
�Qu� es tortura?
En la segunda jornada del juicio a Febres, la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py fue invadida por un silencio estremecedor. Los relatos de las v�ctimas de Febres fueron interrumpidos en varias oportunidades cuando se notaba que estaban al l�mite de su propia emoci�n. De manera recurrente, el juez Guillermo Gordo ofreci� a los testigos la asistencia de una psic�loga, presente en el recinto, y llam� a cuarto intermedio cada vez que las l�grimas amenazaron el relato de los ex detenidos-desaparecidos.
«En la ESMA �ramos miles. Ah� tom� conciencia de que se trataba de un genocidio», declar� Carlos Lordkipanidse cuando se le quebr� la voz. El Sueco �como le dicen- brind� un pormenorizado relato de su cautiverio y del funcionamiento del campo de detenci�n clandestina m�s emblem�tico de la dictadura. Su sensibilidad aflor� cuando cont� que le fue encomendada por Febres la tarea de realizar tres copias de microfilms que conten�an las fichas de todos los secuestrados que hab�an pasado por la Escuela Superior de Mec�nica de la Armada. �Por eso puedo decir que eran cerca de cinco mil. En un momento, cuando pasaban esas fotos, no aguant� y me puse a llorar�. All�, agreg�, pudo ver las fotos de los detenidos, datos de militancia y el destino final: �Algunos, la mayor�a, estaban marcados con una letra D; otros, la minor�a, con la L y muchos con la sigla MC. Deduje que la D era de deceso o desaparecido, la L de liberado y MC, muerto en combate�.
– �Cu�ntas veces fue torturado? � quiso saber la Fiscal�a en otro tramo de su declaraci�n.
– Hay que definir bien qu� es tortura. A mi me torturaron dos a�os y medio, desde que me detuvieron hasta que me fugu� a Brasil� contest� fastidiado.
– �Qui�n lo tortur�?
– Hay que definir bien qu� es un torturador. No fue una persona, fueron todos los que estaban en la ESMA, desde los cadetes hasta los suboficiales y oficiales de mayor jerarqu�a.
El juez Gordo aclar� que la pregunta iba dirigida a cu�ntas veces fue sometido a la picana el�ctrica. Contest� el testigo:
– Creo que se est� subestimando lo que es la tortura, a la que fui sometido durante los dos a�os y medio que viv� en condiciones infrahumanas.
Lo que enojaba a Astiz
Lordkipanidse fue secuestrado el 11 de noviembre de 1978 por personal que se identific� como de Toxicoman�a de la Polic�a Federal. �Me metieron en un Peugeot 504. Al �nico que reconoc� de ese grupo fue a Pell�n, que me apunt� con una Itaka en la frente. Lamentablemente ya falleci� y no podr� ser juzgado�, declar� el testigo que aquel d�a fue llevado a la ESMA, donde un rato antes hab�an arribado su mujer, Liliana Pellegrino, y su hijo de 20 d�as. Cuando lleg�, esposado y encapuchado, reconoci� los gritos de su mujer y de su hijo, que estaban siendo sometidos a tormentos. �En ese momento me hice conocer a los gritos para que supiera que yo ya estaba ah�, por si la estaban torturando por m�. En ese momento el imputado, Febres, me hace un tacle, me saca la capucha y me rompe la cara a trompadas: `Callate, monto hijo de puta`, me dec�a pero yo segu� gritando�, record� Lorkipanidse que en otro momento de su declaraci�n subray�: �Las piezas dentales que me faltan no es por falta de cuidado personal, sino por la golpiza que me dio Febres cuando me recibi�.
El testigo se�al� que lo secuestraron por ser el �ltimo sobreviviente del Grupo Especial de Combate de la Organizaci�n Montoneros. Enseguida record� que el primero en aplicarle la picana el�ctrica fue Alfredo Astiz y que lo hac�a con especial sa�a para sacarse la bronca que le generaban las cargadas de Jorge Perr�n, otro represor. �Todo el tiempo lo gastaba y le dec�a: `Te los saqu� yo.` Parece que el encargado de mi secuestro era Astiz, pero se confundi� y se llev� a mi primo Cristian Colombo creyendo que era yo�, explic� el testigo.
Mientras le aplicaban descargas el�ctricas, a Lorkipanidse le preguntaban por nombres, apodos y direcciones. Como se negaba a darlos, en un momento lleg� el prefecto Juan Antonio Azic con su hijo agarrado de los pies mientras gritaba: �Colabor� porque si no le reviento la cabeza contra la pared�. Como el detenido segu�a sin brindar informaci�n, colocaron al ni�o de 20 d�as sobre su abdomen mientras lo somet�an con la picana.
Lordkipanidse relat� que en la ESMA dej� de llamarse Carlos para convertirse en el 255. Fue alojado en el sector denominado Capucha, en el tercer piso, al que describi� con lujo de detalles mientras se�alaba la maqueta que reposaba en el centro de la sala y cuya imagen era proyectada sobre la pantalla gigante que pend�a a espaldas de los jueces.
�Ponete linda que tenemos que salir�
Cada tanto, el Sueco volv�a a ser conducido al s�tano para sufrir nuevas sesiones de picana, a veces manipulada directamente por Febres: �No siempre lo hac�an para averiguar datos sobre mi militancia pol�tica. Una vez fui sometido a tortura para que cantara d�nde hab�a dejado estacionado el Fiat 600 de la empresa en que trabajaba, porque ellos se hab�an quedado con las llaves.�
Como era fotocromista, a Lordkipanidse le pidieron que falsificara un pasaporte uruguayo. Se neg� una y otra vez hasta que otro detenido le dijo que esos documentos no iban a ser utilizados para secuestrar a otros compa�eros sino para �hacer negocios, para venderlos�. �Cuando empiezo a trabajar, unos compa�eros me ponen al tanto de cierto plan de resistencia que consist�a en inventar trabajos para tratar de salvar a otros compa�eros�. El testigo ejemplific� c�mo romp�an m�quinas de escribir para que un secuestrado que sab�a repararlas fuera llevado al sector de trabajo forzoso. �En un momento �prosigui� el testigo- Febres reemplaz� a Ra�l Scheller en el Sector 4 y cuando se present� me dijo: `Ac�, en este lugar, yo soy el torturador`�.
Cuando Liliana Pellegrino sali� en libertad, cont� Lorknipanidse- era obligada a realizar peri�dicas llamadas telef�nicas a la ESMA para reportarse. �Febres tambi�n la llamaba y le dec�a: �Hoy ponete linda que tenemos que salir. Y se la llevaba para darse corte de que andaba con una mujer joven y linda. Los detalles m�s escabrosos no los voy a contar�, advirti�.
Viaje a El Silencio
Lordkipanidse remarc� que Febres, por ser de la Prefectura, reforzaba su maldad para ganarse el respeto de los marinos. Pero, se�al� el testigo, su figura comenz� a apagarse en 1979, cuando se neg� a formar parte de una acci�n en el exterior: �Hab�an jugado un partido entre Argentina y Holanda, en Amsterdam, y en las tribunas hab�a aparecido una bandera que preguntaba por el destino de los desaparecidos. Como la Selecci�n iba a jugar otro partido en Austria, le encomendaron que viajara para evitar que vuelvan a colgar la bandera. El prefecto se neg�, dec�a que mandaran a los que no ten�a hijos, que �l ten�a una familia y que all� no iba a estar cubierto como ac�. Desde entonces, su figura cay� en desgracia y en vez de Daniel o Selva comenzaron a llamarlo El Gordo Cagueta�.
El testigo tambi�n se�al� a Febres como responsable del traslado de tres decenas de detenidos en la ESMA a la isla El Silencio, en el Tigre, mientras la Comisi�n Interamericana por los Derechos Humanos visitaba la Argentina para indagar sobre la desaparici�n forzada de personas. �Febres supervisaba todo, por eso lo responsabilizo de lo sucedido con el Topo S�enz, el �nico de todos los secuestrados que estaban en Capucha que no lleg� a El Silencio. Nunca se supo m�s nada de �l. Febres debe dar explicaciones�.
Lordknipanidse tambi�n mencion� a Febres como integrante del grupo que decid�a qu� detenidos iban a ser trasladados, eufemismo que significaba que iban a ser dopados mediante una inyecci�n y arrojados vivos al mar desde aviones en vuelo. El testigo subray� que en cuatro oportunidades su destino fue debatido en ese grupo que integraban miembros de las distintas �reas de la ESMA.
Otro de los testigos que, con voz pausada pero firme, desgran� paso a paso su tr�nsito por la ESMA fue Carlos Alberto Garc�a, otro de los querellantes contra Febres, a quien acus� de haber participado del grupo que lo captur� el 21 de octubre de 1977. �Vos te vas a llamar 028�, cont� la v�ctima que le dijeron cuando arrib� a su lugar de detenci�n. Detall� c�mo le aplicaron la t�cnica de tortura conocida como «submarino», al sumergirle la cabeza en agua y c�mo lo picanearon. «Me torturaban todos, el que empezaba siempre era uno que le dec�an 220, de apellido Weber. Y Selva, Febres, era el que m�s torturaba», dijo convencido y agreg�: �Los verdes, los que estudiaban en la Escuela, todos muy jovencitos, directamente me usaban de cenicero y me quemaban con cigarrillos�.
Las inyecciones, la monja, y el �chico rubio�
Garc�a se�al� que aunque estaba encapuchado pod�a ver, porque cuando lo torturaban �saltaba por el aire� y su capucha se desplazaba. El testigo hablaba con la vista hacia abajo, como si no quisiera perder concentraci�n en el hilo del relato y siempre con sus palmas apoyadas en el escritorio que ten�a delante. Record� que lo hac�an trabajar con esposas y grilletes en el subsuelo del lugar, construyendo un espacio llamado la huevera, por estar aislado con cartones de huevos. �Ah� hab�a tres salas de tortura. Era un infierno, todo el tiempo escuch�bamos los gritos de nuestros compa�eros, era como si nos estuvieran torturando todo el tiempo�, grafic�.
Garc�a relat� que en un momento, mientras lo obligaban a trabajar, pudo ingresar al laboratorio de la ESMA y vio a una de las monjas francesas desaparecidas junto al grupo conocido como Santa Cruz. �Estaba destruida �record�- y me preguntaba si sab�a c�mo estaba el chico rubio (en referencia a Astiz, el represor que se infiltr� entre ellas hasta hacerlas desaparecer)�.
El testigo relat� c�mo inyectaban a los detenidos y los sub�an a camiones para ser �trasladados�. Tambi�n cont� que ve�a entrar y salir continuamente a Febres, Scheller y 220 de las salas de torturas. Con el apodo de 220 se conoc�a al comisario Ernesto Weber, padre del comisario hom�nimo acusado de disparar en Plaza de Mayo contra los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Justamente, mientras la v�ctima nombraba a Weber, entre el p�blico que presenciaba la audiencia comenz� a correr un rumor que se pudo confirmar en el primer cuarto intermedio: el juez Claudio Bonad�o acababa de dictar el procesamiento de Fernando de la R�a y de tres polic�as por los asesinatos ocurridos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo durante aquellas jornadas.
Mientras lo llevaban y lo tra�an para que realice el trabajo forzado, Garc�a iba descubriendo el funcionamiento de la ESMA. Un d�a, cont�, se cruz� con una madre que acaba de parir. �Qu� lindo beb�, le dije, y ella me lo dio para que lo tenga a upa unos segundos. Con el tiempo me enter� que ese beb� era Juan Cabandi� (uno de los �ltimos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y legislador porte�o electo por el Frente para la Victoria)�.
Facturas falsas y el diario de Massera
Garc�a explic� que despu�s lo destinaron en la imprenta, donde lo obligaban a confeccionar facturas de hoteler�a falsas para que los marinos pudieran pasar vi�ticos extras y hacerse de dinero f�cil. La v�ctima tambi�n record� que lo obligaron a presenciar el saqueo de dos imprentas del norte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo que estuvo a cargo de Febres. El episodio es coincidente con la aparici�n del diario Convicci�n, que ten�a como objetivo convertirse en la tribuna del dictador Emilio Eduardo Massera, que hac�a p�blicas a trav�s de esas p�ginas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la Argentina.
�Nos llevan a trabajar a Apus gr�fica, donde se imprim�a Convicci�n. Febres es el que nos presenta a los gerentes de la empresa. Todos los d�as nos llevaban desde la ESMA hasta all�. �ramos mano de obra esclava�, defini� Garc�a que en un momento introdujo su mano en su saco y exhibi� la credencial que le hab�an dado en esa empresa y un certificado de trabajo que le hab�an extendido. �En Apus Gr�fica tambi�n trabajaba gente normal -explicit� para contraponer con su propia situaci�n- que no sab�a nada. Qu� le �bamos a decir�.
La jornada laboral de Garc�a no terminaba en Apus Gr�fica, continuaba hasta la madrugada en la imprenta del edificio Libertad, donde lo obligaban a falsificar Documentos de Identidad, C�dulas, Registros de Automotor y Pasaportes, entre otros documentos. Reci�n entonces, lo llevaban de regreso a la ESMA.
Lo que cont� Josefa
Garc�a responsabiliz� a Febres del traslado desde Uruguay de un matrimonio secuestrado que fue alojado en la ESMA.
– �Qu� funciones vio cumplir a Febres en la ESMA �insisti� uno de los abogados querellantes.
– Torturaba, se encargaba de las embarazadas y los beb�s y hac�a inteligencia. Tambi�n daba �rdenes � sintetiz� Garc�a.
En un momento, le concedieron a Garc�a el r�gimen de libertad vigilada. Deb�a llamar a la ESMA y presentarse cuando se lo ordenaban. Quiso casarse con Myriam Lewin, a qui�n hab�a conocido dentro de la ESMA. �Tuvimos que pedir permiso para hacerlo. No �ramos due�os de nuestra vida�, subray�.
Alfredo Margali, otro de los querellantes, relat� de manera casi id�ntica a la de Garc�a como los forzaron a realizar tareas en Apus Gr�fica. La que no pudo construir un relato pormenorizado fue la cuarta v�ctima, Josefa Prada de Olivieri. �Mi compromiso con la memoria dur� hasta el Juicio a los ex comandantes, me parece muy extra�o todo esto a 30 a�os de distancia�, explic� visiblemente nerviosa no bien comenz� su declaraci�n. Prada de Olivieri hab�a sido llevada a la ESMA junto a su pareja. A la testigo le exhibieron una foto de Febres para ver si pod�a identificarlo entre sus agresores, pero no pudo hacerlo. Lo que la v�ctima no puede olvidar, treinta a�os despu�s, es que fue violada en el centro clandestino de detenci�n mientras estaba embarazada de cuatro meses.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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