#NiUnaMás
Femicidio de Cecilia Basaldúa: una marcha a la Casa de Córdoba denunció la falta de investigación judicial
A cinco meses de la desaparición y femicidio de Cecilia Basaldúa su familia, junto a amigas y artesanas, marcharon con velas desde el Congreso a la Casa de Córdoba exigiendo justicia y denunciando la falta de investigación para llegar a la verdad. Las voces de la marcha. El audio anónimo que denuncia lo que le pasó a Cecilia. Entrevista a la fiscal del caso, y la respuesta a sus declaraciones por parte de la familia de Cecilia y su abogada. Y entrevista a la hermana y abogado de Lucas Bustos, único imputado.
Por Lucrecia Raimondi
Por el cielo gris y la humedad parecía que en cualquier momento estallaba el diluvio, pero igual se concentraron en Plaza Congreso, con barbijos y alcohol en gel, para marchar hasta la Casa de Córdoba para expresar así los cinco meses de impunidad del femicidio de Cecilia Basaldúa, la viajera asesinada en Capilla del Monte. Familiares, amigues y artesanas de Fuerza Mestiza, en su mayoría mujeres que no llegaron a conocerla, convocaron por primera vez a una movilización en Buenos Aires para dejar expuesto que este caso necesita justicia y verdad.
Bajo el techo del Cine Gaumont pintaron sobre lienzo un esténcil con la cara de Cecilia y se los pegaron al pecho. Recorrieron las cinco cuadras con velas, tejiendo una columna que encabezaron Susana y Daniel, madre y el padre de Cecilia. En la casa de la Provincia colgaron banderas, fotos y carteles. Junto al paño con las pulseras de macramé que hacía y vendía Cecilia, las artesanas armaron un mandala de flores y semillas con su foto: sus familiares, asombrados por la belleza del dibujo, reconocían en la obra el espíritu alegre, colorido, natural de Cecilia.
Reclamos y recuerdos
Belén armó con Cecilia en 2012 un equipo de mujeres de hockey sobre hielo. Es una de las que maravillada saca fotos al mandala, lo mira emocionada, describe lo que representa. “Ella emanaba vida”, recuerda Belén y sincera que “esto es hermoso pero siento mucha indignación, mucha ira”. Cuenta que vivió la desaparición de Cecilia con impotencia por no poder salir a buscarla a causa de la pandemia y que estar en la movilización, frente a la casa de la provincia donde asesinaron a su amiga, siente que es el aporte que puede hacer. “Estar acá es la primera vez que me conecto más de cerca a este reclamo -reconoce y enfatiza-. Nada la va a devolver, pero no puede haber esta impunidad y corrupción sin que se haga justicia. Los culpables que hicieron esto no pueden estar sueltos, tiene que dejar de pasar, no se puede volver a repetir. Que ella esté muerta y ellos libres no tiene sentido”.
En la Casa de Córdoba quedaron expuestos los que para la familia Basaldúa son responsables del secuestro y femicidio de Cecilia. Sobre la persiana metálica pegaron fotos con los nombres y la implicancia de cada uno. Denuncian que están sin imputación por la investigación sesgada de la fiscalía, que solo tiene pruebas contra Lucas Bustos, un pibe de 23 años, campesino y peón de albañil. Quedó a la vista la impunidad del crimen de Cecilia y que sus familiares no están solos: las de Fuerza Mestiza juntaron adhesiones que desde distintos puntos de Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay se sumaron a la exigencia de verdad y justicia por Cecilia Basaldúa.
Los colectivos de mujeres de todo el país y del mundo, que están observando la situación del caso, apuntan a que el Estado es responsable: “Todo el país sabe que Capilla del Monte esconde muchos secretos siniestros y la fiscal Kelm defiende su posición de meter preso a un perejil para que creamos que se hizo justicia. El silencio es cómplice de los nefastos. Exigimos una reforma judicial que se ocupe de castigar esa inoperancia y complicidad. Basta de femicidios, basta de asesinarnos, vivas y libres nos queremos. Justicia por Cecilia y por todas las que son asesinadas en nuestro país. Cecilia, hermana viajera y artesana, estás presente”, expresaron algunos audios que además aseveraban: “Si tocan a una respondemos todas”.
La calle como medio de comunicación
Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia, asegura que si no fuera por la pandemia de coronavirus seguirían la causa desde Capilla del Monte, que harían presión desde allá. Pero que confía en su abogada, Daniela Pavón, que desde Córdoba lleva la causa. Y que en Buenos Aires ellos se mantienen activos para visibilizar. “Estamos pidiendo justicia, que la fiscal investigue de verdad y nos estábamos quedando sin alternativas. Lo que nos queda es ganar la calle, por eso estamos con las organizaciones y los amigos de Cecilia. Queremos que la provincia de Córdoba tome cartas en el asunto porque notamos que no se está investigando el femicidio de mi hija. Estamos acá porque se lo debemos a Ceci y vamos a ir hasta donde haga falta, este es el primer paso”.
Para la familia de Cecilia fue muy importante salir a la calle y visibilizar lo que está pasando con la causa. Dos de sus primas, Silvina y Patricia, que marcha con su hija adolescente, fueron las primeras en llegar al punto de encuentro. A medida que se acercaba la gente ellas los recibían con calidez y agradecimiento. Silvina reconoce en la movilización lo que Cecilia generaba: “El amor que despertaba se ve, porque era muy alegre, amable, siempre con una sonrisa. Ella era así, no se fijaba en la plata ni nada. Cuando terminó sus estudios dijo que lo que quería era ayudar a la gente. Nosotras la seguíamos en sus viajes por el mundo, era muy independiente, nunca le pasó nada”.
Las primas no podían creer todos los preparativos que hicieron las artesanas, con su propio dinero, sin conocerla a Cecilia. “Cuando les preguntamos porque lo hacían dicen que tienen miedo que la próxima sea una de ellas o de sus hijas. Y las entiendo porque lo que te hace mover es que esto tiene que parar. La mataron por ser mujer, nos quieren hacer un objeto sexual y nos matan”, entiende Patricia y Silvina manifiesta que “estar acá se lo debía a ella, que todavía no pudimos velarla ni despedirla”.
Ambas están convencidas de que algo grave está pasando en Capilla del Monte: “No vemos ningún avance y si no hacemos esto queda impune. El caso es muy sospechoso, no puede ser que el ADN salió negativo y el que está preso no sea. Hay mucha corrupción en Córdoba”, asegura Silvina. Y Patricia sostiene que la única forma de terminar con la impunidad es saliendo a la calle: “Hay que hacer ruido para que llegue a Córdoba y a Capilla. No les va a ser fácil, no nos vamos a olvidar del caso, vamos a ser una espina en su zapato. La mataron y no sabemos cómo murió. Estamos mal, el dolor es peor por la impunidad. Pero no se la van a llevar de arriba, no va a ser un caso más”.
Un audio revelador
En agosto, a tres días de cumplirse cuatro meses del hallazgo del cuerpo, se viralizó en Córdoba el relato oral de una testigo aterrorizada que se presenta como María y dice haber visto cómo secuestraron a Cecilia Basaldúa. Estallaron los teléfonos de los abogados y de los familiares de Cecilia. El audio lo mandaron a grupos de WhatsApp de compra venta. No pudieron localizar a la persona que lo empezó a circular. El mensaje empieza advirtiendo: “Sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro pero ya no aguanto más”. Su contenido hiela la sangre.
Al borde del llanto María cuenta que la noche del 4 de abril fue a una fiesta en la casa de Mario Mainardi. La invitó José Meza y le presentó al dueño de la casa donde estaba Cecilia; a Viviana Juárez “la rasta”, que la familia de Cecilia identifica como la entregadora; y a Ramón López, oficial de policía de Capilla del Monte a cargo de la búsqueda cuando Cecilia desapareció.
María cuenta que comieron, que tomaron mucho, que al sentirse mareada se fue a acostar y se durmió. A las 5 de la mañana se despertó por escuchar una fuerte pelea. La ve a Cecilia discutir con Mainardi, diciéndole que no haría lo que él le pedía porque no era su forma de ser. “Dale flaca, pasa una noche, qué te cuesta”, dice la testigo que Mainardi le pidió a Cecilia. La viajera sostenía que lo que quería le parecía aberrante, que no era su forma, que si estaba con una persona era por gusto y ganas. Juárez le insistió: “Dale negra, qué te cuesta”. Cecilia le agradece a Viviana por ayudarla, pero que no iba a hacer lo que le estaban pidiendo.
“Entonces Mainardi la agarra por atrás de prepo y Cecilia se defiende, le da una bofetada, empieza a decir que va a agarrar sus cosas para irse, que se quería ir -relata María y entre suspiros de terror continúa-. Mainardi la agarra de los pelos, la estampa contra un mueble. Entre Ramón y Mainardi la agarran de un brazo cada uno, le piden a la Vivi que busque algo para atarla. José la agarraba de las piernas mientras Viviana la ataba. La sentaron en una silla, le taparon la boca”.
A partir de este momento, la testigo clave expone el entramado con la Policía:
- Ramón López llama por teléfono a un policía de apellido Zárate -también de la brigada de investigaciones- diciéndole si puede ir a la casa de Mainardi porque “tenemos un problemita”.
- María describe físicamente al policía Zárate y escucha que le pregunta a Cecilia qué pensaba hacer, si pensaba irse. Cecilia le responde que los iba a denunciar por todo lo que estaban haciendo y López la amenaza: “Dale, anda a denunciar y te va a ir re mal”. Cecilia gritaba que la soltaran, que se quería ir, que iba a llamar a su familia para contarle todo. La volvieron a amordazar mientras que, explica María, entre Mainardi, López y Zárate decidían qué hacer con Cecilia.
- El policía López volvió a llamar por teléfono, cuenta la testigo, que esta vez se comunica con un tal “Raga” que la familia descubrió se trata de Walter Luna, el padrastro del chico de 17 años que encontró, mientras buscaba animales sueltos, el cuerpo de Cecilia en un basural de la zona rural de Capilla. Luna les mostró a Daniel y Susana el terreno donde encontraron el cuerpo de Cecilia.
- En el audio María cuenta que López le pregunta a “Raga” por una llave y le dice “la vamos a llevar al campo”.
- Entre López, Mainardi, Juárez y Meza agarran a Cecilia de pies y manos, la suben a un auto blanco. Se la llevan Zárate con López y Mainardi. La familia de Cecilia identificó un auto de civil de la Policía, un FIAT blanco de dos puertas, que creen puede ser el que menciona la testigo en el audio. Y saben que usaron ese mismo vehículo para detener a Lucas Bustos.
- María cuenta que logró salir de la casa sin que la vieran.
- Durante el domingo 5 de abril, José Meza la llamó con insistencia. El lunes 6 la testigo se acercó a la comisaría de Capilla del Monte para denunciar lo que había visto: mientras esperaba ve a lo lejos, en una oficina, a López y a Zárate. “No sabía qué hacer, salí de ese lugar desesperada, la policía está involucrada -rompe en llanto-. Yo vi cómo esos dos se la llevaban con Mainardi y no sé qué hicieron con esta chica”. Huyó de Capilla a un pueblo cercano y a las pocas semanas se enteró por las noticias que Cecilia apareció muerta.
- “No sabía qué hacer. Lo llamo a José y le digo que yo sabía que ellos se la habían llevado. Y me dice que me callara la boca, que no dijera nada porque me iba a meter en graves problemas”, relata con un hilo de voz. María piensa en escaparse. José Meza le pasa su número de teléfono a Mainardi, quien la llama. La conversación que reproduce clarifica porqué la investigación de la fiscalía está sesgada y la testigo desprotegida:
Mainardi: – Si se te ocurre abrir la boca vas a terminar muy mal.
María: – Yo vi que vos y la policía se la llevaron.
Mainardi: – Si abrís la boca terminas como esa mujer.
María insiste con denunciarlos.
Mainardi: – Vos negra tenes que callarte la boca, es lo único que tenes que hacer, total la policía ya agarró un pibito para que se haga cargo.
María: – Yo no puedo dejar de decir lo que vi, voy a ir a la justicia.
Mainardi: – Ya sabemos que tenes una hija, podes terminar en un basural como la chica esta. Pero anda a la fiscalía, total de ahí no vas a salir porque la fiscal me está haciendo la pata y nos dijo que haría cualquier cosa para ayudarnos con todo esto. Dale, decime dónde estás.
A partir de esa conversación, María dice que todos los días recibió amenazas que si hablaba iba a terminar como Cecilia. Entre sollozos de terror, María le habló a la familia Basaldúa.
María cuenta en el audio que se esconde en diferentes lugares porque tiene miedo de terminar muerta y que le hagan daño a su hija. Hasta el momento no se presentó a declarar porque, como expresó, no confía en la fiscal Kelm. Tampoco desde la querella pudieron ubicar su paradero para protegerla como testigo. Los familiares de Cecilia y las organizaciones feministas temen por la vida de María.
Las respuestas de la fiscal
La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, a cargo de la investigación por el femicidio de Cecilia, asegura a lavaca que el único responsable del crimen era Lucas Bustos. También cuestiona el testimonio de María: “Ese audio lo que generó es una conmoción social más que un cambio en la causa. La realidad es que mucho de su contenido tiene serias inconsistencias en lo que sucedió el 4 y 5 de abril. Solo de escucharla, si uno ve la causa, no tienen relación. Por eso es tan importante que pueda declarar esa persona para ver si se pueden corroborar con la realidad y si es necesario producir otra prueba”.
¿Cuáles son las inconsistencias?
Específicamente, qué es lo que pasó con Cecilia el 5 de abril no se condice con testigos que la vieron ni con las comunicaciones telefónicas que tuvo con un familiar de ella. Tampoco las ataduras o el forcejeo y la lucha que refiere este audio con lo que se encontró en la autopsia en el cuerpo de Cecilia.
¿Por qué considera que el audio puede ser falso?
Ella misma refiere que su intención es ayudar a Lucas Bustos y a su familia, que él no ha tenido nada que ver. Entonces yo pienso que si la intención es esa, la única forma sería traernos esta prueba para acreditar que lo desvincularía a Bustos y que crearía esta hipótesis tan grave. Que se presente es la única forma de que podamos realmente determinar que esos dichos sean reales y brindarle protección. Las organizaciones feministas expresaron que la protegerían para que se acerque a la fiscalía.
¿Los testigos que declararon hasta ahora podrían haber mentido?
Tendría que haber una gran confabulación y deberían haber falseado su testimonio. Si así fuera, todas las personas que hubieran depuesto que el domingo 5 la vieron, correrían serios riesgos su libertad. De todas formas continúa la investigación. Yo no descarto absolutamente nada. Además de ello, tenemos prueba objetiva, que son los movimientos y líneas telefónicas.
¿Los movimientos y comunicaciones podrían ser pistas falsas?
Todo eso fue analizado al momento en que fueron abiertos esos objetos. No solamente tiene que ver con el teléfono de Cecilia, sino además con las otras personas nombradas y que ya fueron a investigadas y están los datos objetivos de los registros de esos movimientos. Tenemos que dividir la investigación en dos. Una fue su desaparición a partir del 9 de abril. Y del 25 en adelante su abuso sexual y homicidio doblemente calificado. La primera etapa Mainardi fue el principal sospechoso, la investigación pesó sobre él y su círculo íntimo. A partir del hallazgo del cuerpo el escenario cambió totalmente. Las hipótesis se vuelven a abrir al 100 por ciento, entre los cuales seguía estando Mainardi. Pero había ahora que determinar quién podría haber abusado y haberle dado muerte a Cecilia en el lugar en donde fue hallada.
¿Por qué Mario Mainardi no está siendo investigado?
La investigación respecto a Mainardi ya se realizó y no tengo pruebas para determinar que él haya tenido participación en el femicidio de Cecilia Basaldúa. La hipótesis de Mainardi empieza a perder total virtualidad porque ya no lo podemos ubicar en el lugar, en el tiempo y de modo porque sabíamos todo lo que todos los movimientos de Mainardi desde el 5 de abril en adelante. Y no era posible ubicarlo en ese lugar y si era posible, y cada vez cobra mayor virtualidad la hipótesis de la autoría por parte de Bustos.
¿Qué pruebas tiene contra Bustos más allá de su declaración?
Está en el lugar y en el momento del ataque. La realidad es que Lucas Bustos fue la última persona que estuvo con Cecilia, que la vio con vida. Se acreditó el conocimiento que él tenía de ella, por sus propias manifestaciones, por los rastros que tiene en su cuerpo de heridas defensivas que ella le produjo, que se condicen totalmente con las heridas que ella presentaba. Todas esas circunstancias son detalles que van a surgir y que tienen que ser parte de la investigación penal. Para mí eso está acreditado en la causa y no sería correcto que yo esté dando detalle por detalle.
¿Y hay algún tipo de ADN que los vincule?
El material genético de semen se pierde en 48 horas. Hay semen en la ropa de Bustos pero no en el cuerpo de Cecilia porque se evaporó. Lucas Bustos está con prisión preventiva firme, no ha sido cuestionada ni han aportado una sola prueba que desvirtúe la acusación en su contra. Y estoy en la recta final, esperando terminar de poder recolectar el resto de las declaraciones testimoniales y la prueba que ya se ordenó para poder emitir una conclusión.
Sin embargo, esta semana se conocieron, después de cinco meses, los primeros resultados de las pruebas de ADN en el cuerpo de Cecilia: no coinciden con la genética de Lucas. La fiscal Kelm basa la acusación contra Bustos con información aportada por la Policía de Capilla del Monte.
Cuando se le pregunta por los vínculos que describe la testigo María, entre los que se la señala como encubridora, la fiscal Kelm titubea y desvía la respuesta hacia lo que ella considera que son inconsistencias de un audio anónimo. La familia Basaldúa sostiene que Mainardi creó pistas falsas al momento de desaparecer a Cecilia y la Policía lo mismo, mientras estuvo a cargo de la búsqueda.
La fiscal expone que el punto de partida de la investigación para la fiscalía comenzó el 9 de abril, pero que conoce los movimientos de Mainardi desde el 5 de abril. ¿Qué pasó esos cuatro días con la investigación? A Cecilia la mataron entre el 5 y el 9 de abril Su cuerpo apareció el 25. El arresto del sospechoso fue tres días después: el 28. La imputación quedó firme el 30.
Las circunstancias de la supuesta confesión auto incriminatoria de Lucas Bustos, está investigada en una causa por apremios ilegales iniciada por su hermano. Santiago, detenido con Lucas, denuncia que fueron apretados por la Policía de Capilla del Monte para que confiesen haber matado a Cecilia Basaldúa. Para la fiscal Kelm esta denuncia no tiene sustento. Y sobre los resultados negativos de ADN no hizo declaraciones.
La réplica de la familia
La familia y el Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa, respondieron a las declaraciones que Paula Kelm dio en relación al audio de una posible testigo:
1 – La Fiscal dice abiertamente que ella cree que el audio fue hecho para ayudar al único imputado en la causa, Lucas Bustos. Reduce todo a esa intención. Además, la testigo María, dice en el audio que Mario Mainardi le dijo que no se molestara en denunciar porque la Fiscal lo iba a proteger. ¿Cómo se acercaría a declarar una testigo cuando de antemano la fiscal no le cree? ¿Cómo lo haría estando amenazada de muerte y sin encontrar garantías ya de antemano por parte de la Fiscal? Es inadmisible que diga que las agrupaciones feministas van a brindarle protección. Esa es una responsabilidad que le cabe al Estado y únicamente es el Estado y las instituciones que lo representan, quienes tienen que brindar garantías a cualquier persona que en esta u otra causa se presente a brindar datos para resolver cualquier caso. Es inadmisible que diga que aún no ha solicitado la medida de protección de testigo, hasta tanto esta persona aparezca y así lo solicite. Urge, tal como hemos expuesto en la Fiscalía, que se arbitren las medidas necesarias para encontrar a quién grabó y difundió ese audio.
2- Asegura que en el audio hay inconsistencias y que el día 5 de abril hay testigos que vieron a Cecilia. La única testigo que consta en el expediente que hace tal declaración, es una testigo que muy posiblemente haya sido “presionada”, porque su declaración fue mutando en el tiempo. Hay otras declaraciones que son muy imprecisas y no son prueba de nada.
3 – También dice que otra inconsistencia es el hecho de que Cecilia mandó un mensaje de texto desde su celular. ¿No considera acaso la Fiscal, que a ese mensaje lo pudo haber enviado el mismo Mainardi? Cabe destacar que Mainardi, en otras oportunidades, había llamado a la familia de Cecilia con el celular de la víctima, que no tenía clave. Pero además: ¿Cómo hizo Cecilia para mandar ese mensaje si había dejado el celular en la casa de Mainardi, lugar donde, además, fue encontrado el teléfono?
4 – Asegura que todas las personas mencionadas en el audio de María fueron investigadas. Eso es falso. López y Zarate, policías de investigaciones, nunca fueron investigados. Tampoco José Mesa, ni Walter Luna.
5 – La Fiscal afirma que el único imputado, Lucas Bustos, fue la última persona en ver con vida a Cecilia ¿Cómo hace para llegar a esa conclusión? Pero más grave es que ella dice que esto está acreditado en el expediente, cosa que no es cierta.
6 – También enfatiza que el cuerpo de Cecilia tiene signos de abuso sexual, pero que el semen se evapora en 48 horas. Luego dice que la ropa de Lucas Bustos tiene su propio semen. O sea, para ella que un joven tenga rastros de su propio semen y de su propia sangre en la ropa es prueba de que es un abusador.
7 – Consideramos inadmisible que la Fiscal solicite un informe sobre la salud mental de Cecilia, cuando la única persona que pone en tela de juicio su salud mental es el mismo Mainardi. ¿De qué sirve esto a la investigación? ¿Qué se pretende concluir? ¿Qué Cecilia estaba “brotada” y perdida por ahí? Ella había hablado con familiares el día anterior a desaparecer y nadie noto nada extraño en ella.
Además, el comunicado expuso las claves de lo que la fiscal Kelm evita decir:
“Las pruebas elevadas al cotejo de ADN fueron escasas a pesar de que existía mucha evidencia para ser analizada ¿Por qué la Fiscal consideró que no eran importantes para la causa? Además el tiempo en que se procesó la evidencia fue largo minimizando la posibilidad de hallar nuevas pruebas que resulten útiles para establecer un cotejo de ADN exitoso.
Y surge ¿Por qué la Fiscal volvió pedir que se tomen nuevas muestras en sitios donde ya se habían tomado muestras y sin que se analicen las anteriores? Como pasó con las muestras positivas en la casa de Mainardi. Esto habilita el interrogante ¿Por qué se le permitió a Mainardi pintar con cal la casa? Sitio donde se tomaron anteriormente muestras de sangre cuando todavía no se había desestimado, por parte de la querella, su participación en la desaparición y posterior femicidio de Cecilia. Tampoco hay un análisis sobre los mensajes de índole sexual entre una mujer – Viviana Juárez – y Mainardi referidas a Cecilia. Para la familia, ella fue su entregadora.
En un intercambio de mensajes de Cecilia con su hermano ella le dice que Mainardi la está volviendo loca. Queda también registrado en esa conversación el pedido de búsqueda de información previa sobre Mainardi por parte de la víctima a su hermano, solicitando que busque en las redes, que averigüe que se sabe de él. Prueba que fue desestimada también por parte de la Fiscal.
Las marcas que presenta Lucas Bustos en sus brazos no son compatibles con el lapso en que se fija la muerte de Cecilia. Los restos de plantas y sedimentos que se encontraron en el cuerpo de Cecilia no concuerdan con los analizados en la ropa de Bustos.
Lo que la fiscal no puede explicar es ¿Dónde estuvo Cecilia desde el día cinco hasta el día en que fue asesinada? ¿Lucas Bustos la tuvo retenida? ¿Dónde? Cecilia era cinturón negro de tae kwon do, es difícil de imaginar que Bustos haya podido retenerla por varios días él solo”.
Estos planteos de la querella se basan en la preocupación por la intención de la Fiscal de cerrar la investigación. “Resulta imposible de creer la liviandad e irresponsabilidad con que hace referencia a que está en la “recta final”, cuando no ha iniciado ni atendido a ninguna otra línea de investigación, más que la que ella misma considera la definitiva y por la cual detuvo a Lucas Bustos”, apunta la abogada querellante Daniela Pavón.
Por otro lado Pavón enfatiza que les resulta llamativa la desprolijidad del proceso investigativo, las imprecisiones con que la fiscal comunica lo que consta en los expedientes, que sus interpretaciones personales las manifiesta como certezas, cuando son diametralmente diferentes a las que ven desde la querella: “Por eso nosotros nos preguntamos, concretamente, ¿Qué poder protege a la Fiscal? ¿Qué intereses hay detrás de un accionar tan evidentemente intencionado?”.
También, esperan que “el Estado Nacional se involucre en este caso” y exigen que lo hagan también “desde los Ministerios de Justicia y de Derechos Humanos y de la Mujer de la Provincia de Córdoba, puesto que en el audio la testigo menciona de manera explícita a la Policía de Córdoba y a la misma Fiscal. Pero además porque la Ruta 38 es una ruta conocida de narcotráfico y trata de personas”.
La situación del perejil
Lucas Bustos está detenido hace cinco meses en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje. Cuenta su abogado defensor, Sergio Sánchez, y su hermana Verónica, que la personalidad de Lucas es de un pibe tímido, manso y callado. La situación de prisión y la acusación por el femicidio de Cecilia Basaldúa al principio lo deprimieron e hicieron que sea más retraído. Cuando lo detuvieron estaba muy asustado, por él adentro y por si afuera la Policía le hacía algo a su familia. “Mi hermano es inocente, lo quieren inculpar para cubrir Dios sabe qué cosas -asegura Verónica- Las personas que la familia de Cecilia consideran su línea de investigación son del pueblo pero no tenemos ni idea de quiénes son. Mi familia nunca vio a Cecilia ni a estas personas”.
Verónica es la hermana mayor de nueve hermanos y vive en Córdoba capital. Lucas, de 23 años, es el menor de los hermanos Bustos; hizo la primaria y no continuó los estudios. Vivía con sus padres en una zona rural de Capilla del Monte, trabajaba de albañil. Verónica describe que casi no tiene amigos, que es reservado, de un perfil muy bajo. La vida social de Lucas giraba alrededor de su familia: se juntaba con sus hermanos y cuñados. No solía salir. En la casa familiar de Camino de los Mogotes viven más de 15 personas y cuenta Verónica que en general a todos les cuesta salir de su ambiente para visitar la ciudad.
El crimen de Cecilia lo consideran aberrante y Verónica asegura que Lucas jamás le faltaría el respeto a una mujer. Que lo acusaran de femicidio le generaba, a él detenido, una presión insoportable. “La bronca más grande que uno tiene es por la inocencia. El día que los llevaron de casa de mi madre ellos fueron con total inocencia, tranquilos de que no había problema con que les hicieran unas preguntas. Pensaron que enseguida volvían. Ahora yo les digo a mi mamá y mi familia que nunca más vayan con la policía si no tienen una orden o si no los acompaña un abogado”, cuenta Viviana con voz pausada y tranquila, pero en tono de indignación.
El día que se lo llevaron, Verónica no se lo olvida más porque una de sus hermanas la llamó llorando desesperada: “No tiene nombre lo que le hicieron, justo escogieron a él que es una persona tan sencilla, tan humilde y tímida, da mucha bronca. El día que eso pasó fue un golpe durísimo para toda la familia”. A Santiago y a Lucas les pegaron, los amenazaron, los maltrataron en la comisaría de Capilla del Monte. A Lucas lo dejaron detenido. Cuando Santiago volvió a su casa en el campo, la estaban allanando; denunció lo que había pasado pero los policías no le creyeron. Además, tuvieron que soportar durante semanas una consigna policial en la puerta de la casa sin dejarlos entrar ni salir. Y los efectivos de la Brigada de investigaciones patrullaban todos los días el terreno.
La familia Bustos estaba aterrada por lo que podría hacer la policía con ellos. Santiago, que sufre epilepsia, sigue con miedo: no sale a la calle y los primeros días no podía dormir solo. Los cinco meses desde que empezó esta situación se les hicieron eternos y el día a día lo viven como una pesadilla. “Ninguno sale solo porque en este momento quienes nos tendrían que proteger son los enemigos. La situación que está viviendo mi familia es muy horrible. El peso de Lucas detenido, de la mentira, de este abuso que hicieron, de mirar de reojo a la Policía, es un total estrés. Mis padres se enfermaron por todo esto”, sostiene Verónica. Y piensa que si a su familia les pasa algún hecho de inseguridad “están desprotegidos, no tienen a quién acudir porque están marcados por la Brigada de investigaciones, que además de estar involucrados en el femicidio de Cecilia inculparon a Lucas”.
Sergio Sánchez y su equipo tomó la defensa de Lucas. Además, iniciaron una denuncia por apremios ilegales. El defensor apunta contra la fiscal Kelm y su hipótesis de investigación: “Sostiene la incriminación e imputación a Lucas con la sola manifestación de un empleado policial. No hay otra cosa. No hay un testigo, no hay una foto ni un audio. No hay nada que vincule a Lucas con Cecilia Basaldúa”.
¿A qué conclusión llegó la defensa con el resultado de ADN?
No nos sorprendió. Sabíamos y teníamos la convicción de que muestren de manera contundente y concluyente que no hay ningún tipo de relación ni vínculo genético ni científico entre Cecilia y Lucas. Me sigue haciendo ruido que después de cuatro o cinco meses llegaron los resultados de la primera etapa cuando los análisis están distribuidos en tres. Y que los peritos de control no están pudiendo acceder a los laboratorios para verificar las pruebas genéticas. Eso no es un verdadero control del trabajo pericial. El perito tiene que estar observando cómo están ejecutando en el momento que se están haciendo las cosas, como ocurre en cualquier otra pericia.
¿Cómo tomaron la declaración de la familia Basaldúa?
Considero que fue muy fructífera porque expuso concretamente hacia dónde hay que orientar la investigación de la causa. En primer lugar, Daniel Basaldúa no mencionó nada respecto a Lucas Bustos. Después, que en este caso de femicidio, la querella y la defensa estamos en el mismo sentido. Algo nunca visto en la historia de los femicidios en la Argentina. Acá hubo un apremio, hay una persona inocente detenida y cuatro, cinco o seis personas que andan caminando e incluso algunos ya no están en Capilla del Monte y andan sueltos, libremente impunes, sin ningún tipo de investigación. La querella y la defensa estamos hablando de que no se está direccionando bien la investigación de esta causa.
¿Por qué considera esto?
Fundamentalmente de las múltiples pruebas que tenía la fiscal desde el 30 de abril contra Lucas, hasta ahora no apareció ninguna. Sin embargo hay un montón de indicios que debería investigar el Ministerio Público Fiscal de Cosquín hacia otras personas que son sospechosas de algo. Hasta el momento no los ha investigado como lo hizo con Lucas, que sin haber tenido ningún elemento indiciario, llevó una acusación contundente contra mi defendido.
¿Cuál es la situación procesal de Lucas?
Nosotros vamos a seguir sosteniendo que Lucas y Santiago fueron llevados de manera forzada a una sede policial donde fueron interrogados bajo apremios ilegales. Lo único que está sosteniendo semejante imputación es una manifestación policial gravísima que dice que Lucas se auto incriminó en sede policial, situación que después, con su abogado defensor dentro de la Fiscalía de Cosquín, lo negó rotundamente y dijo que jamás había dicho eso y que voluntariamente nunca manifestó haber cometido ese crimen.
Santiago presentó una denuncia por apremios ilegales contra la Policía de Capilla del Monte. Los policías mencionados en esta causa pertenecen a personal de Homicidios y de protección de personas de la Policía de Córdoba, y los de la Brigada de investigaciones de Capilla del Monte. Sánchez, que actúa como querellante en la causa de apremios y como defensor de Lucas por el femicidio, describió qué situación vivieron sus representados.
“Los policías realizaron tareas irregulares dentro de la comisaría para lograr una confesión. Santiago se mantuvo con un carácter firme y no lograron sacarle una palabra, sino hoy tendríamos a dos detenidos. Lucas, por el contrario, más sensible e introvertido, mucho más apegado a su padre, cuando los funcionarios policiales manifestaron que iban a ir contra su papá de la misma forma que estaba siendo con él, lograron su cometido”. La denuncia de Santiago, Kelm intentó que quede archivada. Pero Sánchez presentó una oposición que se analiza en el Juzgado de Control de Cosquín, a cargo del juez civilista Carlos Fernando Machado.
Cuando se constituyó como querellante de Santiago, Sánchez presentó la recusación de Kelm por entender que no podía ser la misma fiscal: “No se puede ser juez y parte. No podés en el femicidio -que acusa a Lucas como responsable- apoyarte fervientemente en la detención de una persona con los dichos del empleado policial que en la otra causa -por apremios ilegales- es denunciado con nombre y apellido. La fiscal, de una manera elegante, debió advertir que tiene que ser otro fiscal quien investigue si hubo o no apremios ilegales. Por el contrario, se mantuvo firme hasta archivar la denuncia de Santiago”.
¿Por qué Kelm pretendió archivar la causa de apremios?
Para poder seguir sosteniendo la detención de Lucas bajo las manifestaciones policiales. La fiscal le tomó declaración a cuanto policía se cruzó por Capilla del Monte. ¿Qué policía va a ir en contra de su jefe o de su compañero de todos los días? ¿Qué policía va a ir en contra de su colega en una situación tan sensible y complicada como el femicidio o decir algún contrario de lo que están manifestando los otros? Ninguno. Entonces, de ahí que los 12 testimonios son todos coincidentes. Tampoco me hizo lugar como querellante a que participe de los actos introductorios de los policías y no pude observar sus declaraciones. En esta situación, la fiscal en vez de buscar apoyar la denuncia de una persona que manifiesta abiertamente haber sido víctima de abuso, buscó cuestionar y por todos los medios atacar esa denuncia.
¿Cómo sostiene la inocencia de Lucas?
La Policía actuó irregularmente, bajo parámetros que están fuera de las garantías constitucionales, se buscó de manera coactiva la extracción de una confesión a una persona que no tenía ningún tipo de vínculo con respecto a la fallecida. Ahora sabemos quiénes son los que actuaron dentro de la Comisaría para poder mantener detenido a Lucas. Además, no pudo planear estratégicamente todo lo que se hizo desde el momento de la desaparición, 20 días antes de que apareciera el cuerpo, teniendo en cuenta lo confirmado también por la querella y algunos peritos de control de que el cuerpo fue plantado, que estuvo en otro lado y después fue trasladado al lugar donde se lo encontró. Es imposible que Lucas en su cabeza haya podido planificar semejante hecho macabro, e incluso psicólogos peritos de parte entendían que Lucas no tenía el perfil del autor del crimen.
¿Qué sucede con libertad de Mainardi?
Yo no sé qué mecanismo utiliza este hombre y cómo se maneja, pero hay algunas circunstancias que no se entienden. Por ejemplo, cómo se le autorizó a un tipo que está sospechado, al cual la familia de la víctima ha apuntado directamente, se le permite que salga de la provincia con tanta liviandad -para instalarse en Rosario-. En este sentido, digamos que el rol principal de controversia lo termina por ocupar la Fiscalía, porque uno de los principales sospechosos está, podemos decir, prófugo.
Hacer justicia
El entramado de caso Basaldúa empezó la madrugada del 5 de abril, en contexto de pandemia. La desaparición y femicidio de Cecilia sucedieron cuando la circulación de personas estaba limitada por el aislamiento preventivo y obligatorio. La Policía mandaba en las calles mientras que los pueblerinos de Capilla del Monte podían circular en horarios restringidos.
Primero Guillermo, el hermano de Cecilia, viajó y fue recibido por la Policía con un despliegue fenomenal de tecnologías de búsqueda: drones, perros, helicópteros, móviles y efectivos de todos los colores. Después sus padres llegaron al pueblo para encontrar con vida a su hija viajera desaparecida. Los asesinos hicieron aparecer el cuerpo al día siguiente de que pusieran un pie en Capilla y empezaran a preguntar. Daniel y Susana supieron enseguida quiénes eran los responsables: por sus comportamientos cuando preguntaban qué pasó, por la persecución de la policía, por los comentarios de los vecinos, por la antipatía de la fiscalía.
En la movilización del 25 de septiembre, cinco meses después de esos primeros días de encontrar respuestas con angustia, Daniel expuso sus conclusiones sobre el caso: “Yo creo que a Cecilia le pasó algo de trata. En el audio la chica lo dice, que no iba a hacer lo que ellos querían. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasó con Cecilia? ¿Qué la quisieron obligar a hacer? Seguramente es trata. Y bueno, yo recorrí Capilla y sé que pueden hacer la trata porque hay lugares que son inaccesibles y si la policía es cómplice más todavía, pueden estar ahí que no las va a encontrar nadie. En Capilla del Monte políticamente hay alguien que maneja todo el pueblo y jamás se comunicó conmigo. Esa persona también es parte del femicidio de Cecilia, no solo la Policía. Lo único que tenemos es la palabra para denunciar y eso estamos haciendo. No tengo miedo”.
También se reconoció en la piel de quienes pierden a sus hijas por la violencia machista: “Ahora entiendo lo que pasan los familiares de femicidios. En su momento no me dejaron entrar en la causa, no me decían nada de lo que pasaba, tuvimos que investigar nosotros a los ponchazos”. La familia Basaldúa recomienda apoyarse en otras familias que pasaron por lo mismo: “Reconozco que siempre es bueno pedir ayuda a los padres que han pasado por esto, que están curtidos. La experiencia que uno agarra sirve. Después de pasar algo tan atroz como le pasó a Cecilia y a nosotros como familia, es importante saber que hay alguien detrás porque uno solo no puede, más cuando hay entramados como en este caso que tenemos droga, juego y trata”.
Daniel aseguró frente a la Casa de Córdoba, en Callao 332, que la movilización en Buenos Aires sería la primera y que harían otras más grandes para exigir verdad y justicia por Cecilia. “Si esto le pasa a otra compañera ahí vamos a estar, cuenten con nosotros, yo voy a venir a poner el pecho”, aseveró Daniel Basaldúa frente a una mayoría de mujeres viajeras, artistas, artesanas que llevan la vida libre que vivía su hija Cecilia.
#NiUnaMás
Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
#NiUnaMás
La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía
Por Flavia Delmas
Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.
Comencemos por desglosar los términos:
Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.
Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.
La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.
Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.
En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.
Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?
La respuesta es la ley: no pueden.
Los narco femicidios
Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.
Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.
Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.
La ignorancia
Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.
María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.
El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:
- ¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
- Entiendo que no (…).
- ¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
- Desde luego que sí (…).
Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso
- Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?
Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo.
Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:
“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.
La culpabilidad de la víctima
En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.
La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.
Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:
“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.
Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:
Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?
Dra. Solari: Si, si
Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?
Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.
El mito del amor romántico
El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.
A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.
Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.
En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.
Que así sea.
Cometierra: la censura, los femicidios, la literatura y la república de Dolores Reyes
Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía
Otro trabajador del subte murió de cáncer por el asbesto usado en vagones comprados en tiempos de Macri
Se viene el Aparishentazo: magia argentina e internacional recargada, y la presentación del libro sobre Fu Manchú
Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio
Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
Comienza el jury a los jueces del caso Lucía Pérez
Cecilia Basaldúa cumpliría 41 años: marcha al mural el sábado, y el estado de la causa por un femicidio que sigue impune
Orgullo travesti-trans: Carla Morales lee a Marlene Wayar
Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
Se estrenó Nube: el debut artístico de Luana
Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1
Hack&Pop, capítulo estreno: una serie documental de lavaca
No podrán – Susy Shock
El cuarto de Lucía
Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3
Las cosas que hay que hacer para trabajar
Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
El clima del cambio
San Cayetano desde abajo
No binarismo: autogestión de la identidad
“¡Encallamos!”: navegando por el Paraná, el día de su bajante histórica
Campaña Nacional Somos Lucía: margaritas a los chanchos
100 días Sin Tehuel: ¿Dónde está?
#NiUnaMás: el grito de familiares en el norte del conurbano
La forma del fuego
El cuarto de Lucía, el cuarto de todas
Revista MuHace 3 semanasMu 198: Tomar el futuro
Fábricas RecuperadasHace 3 semanasLa combustión que permitió recuperar Aceitera La Matanza
NotaHace 4 semanasS.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
ActualidadHace 3 semanasEl ojo izquierdo: el recuerdo para Barba Álvarez, víctima de la represión macrista por la reforma jubilatoria
ActualidadHace 1 semanaOtro trabajador del subte murió de cáncer por el asbesto usado en vagones comprados en tiempos de Macri
NotaHace 2 semanasRosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
ActualidadHace 13 horasCometierra: la censura, los femicidios, la literatura y la república de Dolores Reyes
#NiUnaMásHace 1 semanaLucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio