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Malas noticias: cómo se precarizan día a día las condiciones laborales de periodistas

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Dos encuestas de Sipreba, el tarifario “Quiero informar y que me paguen” realizado por una periodista freelance y algunas prácticas agudizadas en contexto de pandemia son la base de esta nota realizada por el joven periodista Lucio Ocamica que relata cómo el periodismo pasó de ser un oficio de prestigio y bien pago a una máquina de precarización y despidos en el sector formal. De los 4500 puestos de trabajo perdidos desde hace 5 años, hasta las cifras actuales de salarios no indexados y los tarifarios mal pagos, a las consecuencias -aún primarias- del teletrabajo: dónde va la profesión, el rol de las empresas y cómo empezar a volver noticia a quienes las elaboran.

Durante mucho tiempo tuvo la misma rutina: a las 9:00 en la oficina, para cumplir tareas administrativas y muchas veces solamente cumpliendo el horario; a las 18 manejar su auto lo más rápido que posible para llegar al estudio de Cablevisión en la localidad de Saavedra y realizar dos programas en el que oficiaba de conductor en uno y co-conductor en el otro. Durante el viaje de vuelta a su casa, promediando las 10:30 de la noche, pensaba las notas que debía escribir para la revista en la que él era el principal generador de contenidos. “Fue la época que más tranquilo estuve desde el aspecto económico, pero desde el aspecto psicológico y laboral estaba muy saturado”.

El caso de Lucas forma parte de una realidad que toca de cerca a muchos periodistas argentinos que, ante la depreciación de su salario o ante la imposibilidad de poder formar parte de una planta permanente en los medios, sienten que tienen que conformarse con trabajar freelance en varios de éstos, o peor, encontrar empleos sustitutos que le permitan llegar a fin de mes.

No existen censos en nuestro país que indiquen la cantidad de periodistas que se encuentran en actividad ni cuántos de ellos pueden vivir de ejercer plenamente un solo cargo en una empresa. Pero la tendencia parece indicar que los periodistas necesitan trabajar y colaborar con varios medios a la vez para alcanzar un nivel económico aceptable.

Según la encuesta realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) este año y durante la pandemia, las condiciones laborales de los trabajadores de prensa son alarmantes. Con el testimonio de más de 700 periodistas se llegó a un diagnóstico desolador: en los últimos 5 años se produjo la pérdida de 4500 puestos de trabajo a nivel nacional que incluyen despidos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, además los despidos ilegales en Publiexpress y Editorial Atlántida. También aparecen los casos de medios que pagan salarios en cuotas como Clarín o Diario Popular, entre muchas otras consecuencias en su mayoría negativas.

El periodismo, asegura el informe, es una de las actividades que perdió más poder adquisitivo en los últimos años. En las paritarias del 2019 solo se recibió un 15% de aumento por un semestre y este año –entre los que quedaron- nada augura un porcentaje mejor.

Salarios y precarización

Durante el 2020 todavía no hubo paritarias para la actividad periodística y en el año 2019 la recomposición salarial fue de un 15%. Porcentaje ínfimo si se lo compara con el índice de inflación interanual dado por el INDEC el año pasado, que fue de un 53,8%.

La pérdida del poder adquisitivo de los periodistas se incrementa año a año. Si tomamos la escala de datos recabados por la página oficial del Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) es posible analizar cuánto ha golpeado la inflación al salario de los trabajadores de prensa. En promedio, el poder adquisitivo de los periodistas de gráfica se ha visto reducido en un 50% en los últimos 10 años. Una de las categorías salariales que aparece en el formulario de FATPREN es la de Jefe de Sección cuyo salario ronda hoy los 48.600 pesos, suponiendo que con todo sueldo quisiera comprar dólar solidario valorado hoy en 102 pesos, podría comprar 476,50 dólares. Si retrocedemos 11 años  en el tiempo y nos vamos al año 2009 cuando el dólar costaba 3,98 pesos, el salario de un jefe de Sección según FATPREN rondaba los 3435, un total de 863 dólares.

En los últimos 6 años las paritarias han estado por debajo del nivel inflacionario del país según SiPreBA en el pasado abril el 66% de los trabajadores que se encuentra en relación de dependencia en empresas de prensa de Capital Federal cobraron un salario por debajo de la Canasta Total, estimada en 53,637 pesos por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la GCBA para un hogar tipo 1. 

Otro número que parece alarmante pero es muy común indica que el 42% cobró un salario por debajo de los $41.994 indicados como línea de pobreza según el INDEC para abril.

Año 2020:

Malas noticias: cómo se precarizan día a día las condiciones laborales de periodistas

Año 2009:

Malas noticias: cómo se precarizan día a día las condiciones laborales de periodistas

Como resultado los periodistas trabajan más y viven peor.

La depreciación del salario y las malas condiciones empuja a los trabajadores de medios a buscar otros trabajos para poder llegar a fin de mes. El 39,3% afirma tener más de un trabajo y la amplia mayoría indica que lo hacen debido a que el sueldo no alcanza. El 16,2% que hace changas en otros rubros para completar su trabajo en prensa. El 39% indica que en relación de dependencia tuvo problemas para cobrar su salario en tiempo y forma durante la cuarentena.

A partir de la pandemia del Covid-19 y de la crisis económica que provocó la situación se agravó considerablemente en los últimos meses. Un tercio de los trabajadores argumenta haber recortado los gastos en alimentación cambiando por alimentos más económicos o de peor calidad  e incluso el 12% afirma cortar alguna de las comidas diarias.

No tan Free

Según otro estudio a cargo de SiPreBA en septiembre del año pasado realizado a más de 300 trabajadores freelance, el 94% de los mismos cobra por debajo de la línea de pobreza que en ese entonces estaba colocada en 31.910 pesos según el INDEC basada en la canasta básica total de mayo para un hogar tipo de cinco integrantes. Un 62% del total declaró cobrar menos de 10 mil pesos mensuales y un 17% entre 10 mil y 14 pesos.

El 80% de los trabajadores free lance declara colaborar para entre 1 y 3 medios y el 11% afirmó colaborar con 4 o 5. En este sentido el 58% afirmó que trabaja en otros rubros para poder solventar sus gastos.

La gran mayoría tampoco recibe el pago de viáticos ni ningún otro ítem a cambio de su labor y el 61% afirma que las empresas deciden de manera unilateral el precio de las colaboraciones y no dan lugar a ninguna negociación.

Según datos recabados en el Tarifario del año 2020 de “Quiero informar y que me paguen” por Daniela Chueke, las colaboraciones en los medios gráficos grandes y medianos:

  • Medios digitales de 3.000 a 5.000 caracteres se abona entre $1700 y $1900
  • En papel o digital (documento con fotos) de 5.000 a 10.000 se entre $2500 y $3600
  • Colaboraciones mensuales de más de 10 mil caracteres, se abonan sumas superiores a $4000.

Las colaboraciones suelen variar dependiendo el medio a las que van dirigidas: Las colaboraciones de entrevistas y notas de interés, por ejemplo, están alrededor de 3 mil pesos cada una. Ese monto depende del trabajo, siempre puede ser mayor o menor en cuanto a la producción. Gacetillas de prensa y redes alrededor de 5 mil pesos. Y la investigación, 10 o 15 mil por mes, algunas incluso 20, depende la complejidad y la institución que lo banque”, asegura Melanie, periodista de uno de los 3 principales diarios del país.

Amor a la profesión

La mayoría de los trabajadores de prensa argumenta disfrutar colaborar con diferentes medios y lamenta que las condiciones laborales del sector se precaricen cada vez más.

Sigue Melanie: “En la actualidad, estoy colaborando con un medio nacional, en uno de sus suplementos ; y con una agencia de noticias del conurbano bonaerense, en las secciones sociedad, política y locales. Además trabajo en el área de comunicación de una organización internacional y en una institución de moda”. Lucas, editor de contenidos de una revista para jóvenes, asegura: “Muchas veces siento que las empresas periodísticas saben eso y se aprovechan del amor que le tenemos a la profesión”

Uno de los cambios contundentes que trajo la pandemia mundial del coronavirus fue el incremento del teletrabajo. El porcentaje de los trabajadores que realizan labores periodísticas desde su hogar se incrementó de un 10 a un 75%.

La totalidad de los trabajadores encuestados por SiPreBa sostiene que su empleador no le paga el uso de internet en su domicilio. El 74% tampoco fue provisto de una computadora para ejercer su labor y está obligado a utilizar la personal la que muchas veces se comparte con otros integrantes de la familia. La mayoría, también afirma no recibir ninguna otra herramienta que facilite el teletrabajo.

El 82% de los encuestados afirma no tener el mobiliario indicado para trabajar, tal como escritorio, silla ergonómica, almohadilla para el mouse, etc. Debido a esto aparecen en la encuesta dolores provocados por las condiciones no aptas para el trabajo que hay en los hogares.

Otra cuestión importante que aparece con la instauración del teletrabajo es el aumento de las horas de trabajo es que casi el 90% afirmó que el horario laboral se confunde con el de descanso.

¿Invisibles?

Los medios de comunicación y sus trabajadores suelen hablar y debatir sobre el salario de los políticos, los funcionarios del estado, los deportistas y los famosos, suelen también visibilizar a los trabajadores de diversas ramas cuando negocian paritarias y se movilizan para mantener el poder adquisitivo de sus salarios. Lo que los medios de comunicación pocas veces muestran son las condiciones laborales de sus propios trabajadores, los periodistas.

Hace algunos meses surgió una interesante iniciativa en Estados Unidos que consiste en que los periodistas y trabajadores de prensa publiquen de forma anónima información acerca de sus condiciones laborales. El documento en cuestión detalla cuánto ganan anualmente, por el cargo que efectúan, en que empresa lo realizan, qué responsabilidades tienen y también aparece información acerca del género, identidad étnica y años desempeñando la labor. El mismo se trata de una planilla de Google Drive colaborativa que surgió como una iniciativa anónima y nuclea cientos de trabajadores que aportaron sus datos.

Hay que tener en cuenta que las condiciones laborales y la información salarial en la lista es subida de forma anónima por los propios trabajadores, lo que impide que los datos sean verificados. Aún así, la misma no puede ser modificada por los lectores y sirve para establecer parámetros estimativos.

Los que acceden al documento pueden comparar el puesto en el que quieren trabajar (o en el que trabajan actualmente) de diferentes maneras y ver, por ejemplo, que diferencias salariales hay entre los medios y las locaciones. La lista permite saber que aspectos son relevantes para acceder a una posición, qué rasgos toman en cuenta los medios, tales como la edad, el género y la identidad étnica.

Este tipo de información sostiene victorias individuales de los trabajadores de prensa como, por ejemplo, aumentos de salarios. Y sobre todo puede inspirar a la organización de los trabajadores a construir logros grupales.

La visibilización de las condiciones laborales de los trabajadores siempre es positiva, y puede ser un puente para conectar a personas de diferentes partes del país que se sienten bajo las mismas condiciones.

En Estados Unidos este tipo de hojas de información se multiplicaron e incluyeron muchísimos rubros, desde trabajadores de Arte en los Museos hasta trabajadores Baristas. En muchos casos los grupos de trabajadores continuaron la organización y consiguieron la visibilización de sus condiciones con la base de datos como respaldo.

Malas noticias: cómo se precarizan día a día las condiciones laborales de periodistas

Dicha planilla norteamericana quizá sea una medida interesante para empezar a visibilizar sobre las condiciones laborales de los colegas de prensa en nuestro país.

Quizá así entonces comiencen a ser una (mala) noticia para las empresas para las que trabajan.

ANEXO FUENTES:

  • Canasta Total, estimada en 53,637 pesos por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la GCBA para un hogar tipo 1:

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/05/ir_2020_1457.pdf

  • Encuesta SiPreBA trabajadores Freelance:
  • Salarios actualizados según FATPREN:
  • Encuesta SiPreBA sobre las condiciones laborales en pandemia
  • Planilla de Iniciativa anónima de publicación de salarios:

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1SP3Sqqdv6R8chFamjtgdNlOrUar-hJXvkMSeha2mHQ8/htmlview?sle=true&utm_source=Daily+Lab+email+list&utm_campaign=4694a5457d-dailylabemail3&utm_medium=email&utm_term=0_d68264fd5e-4694a5457d-395935673#gid=1665107219

  • Tarifario de “Quiero informar y que me paguen”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oo_XjDg-onn-bOBn1hHfbxPJJ9ypKxJY9cY3gWuDNmg/edit?fbclid=IwAR0_WCiVu3_T59RCYATChfy3bVSrwGD4n9HB5wpF2IlwaOv54RmyA8DBp9g#gid=760454383

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

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Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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