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#Gritazo travesti y trans: estado de emergencia por los travesticidios

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El movimiento travesti y trans argentino lanzó la convocatoria a un #Gritazo para el 24 de noviembre en Plaza de Mayo en alerta a los últimos casos de travesticidios en el país. “Decidimos decretar un estado de emergencia a nuestro movimiento”, escribieron en la convocatoria. Datos, reclamos concretos y la voz de Violeta Alegre, académica, referente de La Lohana Berkins y una de las impulsoras del Gritazo.

Erika Rojas había desaparecido el 1 de abril. Su cuerpo fue encontrado veinte días después en el parque industrial de Formosa, quemado en forma parcial, al igual que sus prendas y pertenencias. No hay imputados.

La Jose Zalazar Maturano, trabajadora de limpieza en la Casa del Niño y del Adolescente en la Boca, fue hallada muerta el 22 de febrero en Florencio Varela, sur del conurbano bonaerense, con golpes en la cabeza y en el cuerpo, la cara tajeada, su cuerpo desnudo. Tampoco hay imputados.

Zoe Quispe, integrante de la organización “Damas de Hierro” en Jujuy, fue asesinada en 10 de septiembre por su pareja: 36 puñaladas.

Son días sensibles: el 15 de octubre se cumplió un año del travesticidio de Diana Sacayán, una de las refentes más importantes del movimiento trans y travesti argentino.

El grito, entonces, estalló.

Un posteo en Facebook del 28 de octubre de la académica y activista trans Violeta Alegre se viralizó y conmocionó por su crudeza: eran dos fotos de Evelyn, una travesti brutalmente asesinada cuyo cuerpo fue hallado en una YPF abandonada en Posadas, Misiones. La violencia tanta veces escrita, hablada y teorizada cobraba una dimensión real. “Ella ejercía la prostitución y el destino de esta carrera horrible le cruzó a unos hijos de puta que le arrebataron la vida”, dice el posteo. “Como ella, muchas chicas trans mueren anónimamente”.

Desde esa rabia y ese dolor se lanzó rápidamente una convocatoria por redes sociales para participar del “Gritazo Trava-Trans Lationamericano” el 24 de noviembre en Plaza de Mayo. “Ante el brutal incremento de las violencias hacia nuestro colectivo, decidimos Gritar, decretar en estado de emergencia a nuestro movimiento”, reza el comunicado. “Porque no queremos que nuestras muertes queden invisibilizadas ni queremos quedar bajo el ala del resto de los movimientos/organizaciones/partidos/colectivos para requerir serlo. Porque necesitamos vomitar la ira que venimos acumulando ya que seguimos siendo las que ponemos las muertas y no tenemos la espalda que tienen el resto de los movimientos”.

La acción política está pensada, por el momento, para una concentración en Plaza de Mayo entre las 17 y las 19 horas. Se espera una adhesión en Chile, México y Perú. “Queremos soñar un futuro con nuevas generaciones sin violencias, con infancias trans que tengan instituciones con responsabilidades y compromisos paterno-maternales amorosas, recordarles también que todo esto lo exigimos para que nunca más nos roben la niñez. Nunca más”.

“Nuestras muertes no interpelan”

Frente a expertas del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), los organismos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expresaron este martes sus preocupaciones -entre otros puntos- por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina, que no supera los 35 años. Las CEDAW recibió así, por primera vez en su historia, un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans realizado por una colación de 22 organizaciones, movimientos sociales, colectivos y activistas independientes, que expusieron las detenciones arbitrarias, el maltrato, la falta de acceso a los derechos básicos, la criminalización y persecución por parte del Estado.

Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera probada la violencia institucional ejercida sobre la población trans en los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Dice textual: “Las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”.

Según la primera encuesta sobre población trans del INDEC en 2012, el 83 por ciento de las personas trans y travestis encuestada fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial. De todas maneras, el movimiento destaca que las estadísticas y los datos no reflejan la verdadera dimensión de la violencia, ya que no sólo no se contemplan los obstáculos que existen para denunciar a los efectivos policiales sino que, además, la falta de adecuación imposibilita conocer si la denuncia fue formulada sin cambio registral.

“A las travestis y trans nos matan y nuestras muertes no interpelan, ni son motivo para reclamar justicia como otras”, sigue la convocatoria al Gritazo. “Para la sociedad y para el Estado, nuestra muerte, así como nuestra vida, importa menos. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación y para ello claro… ESTAR VIVAS. Necesitamos dejar de ser las cajas chicas, las ´fáciles de justificar´ de las fuerzas policiales de quienes también se vuelve a incrementar brutalmente con hostigamiento, persecución y castigo a nuestro colectivo. Necesitamos erradicar la violencia judicial e institucional. ¡Basta de represión!”.

El grito

lavaca dialogó con Violeta Alegre, consultora de Naciones Unidas y Responsable del Área Diversidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), referente e integrante de la Colectiva Lohana Berkins, impulsora del Gritazo en Plaza de Mayo.

-¿Cómo surge el Gritazo?

-El Gritazo lo propuse desde un corrimiento de los lugares donde estamos, poniéndonos en contacto entre varixs activistas y haciendo una propuesta desde el activismo, no tanto de la militancia. Hay una situación bastante compleja en este momento: estamos divididxs. Después del fallecimiento de Lohana Berkins y el travesticidio de Diana Sacayán quedamos en una orfandad, no nos pudimos encontrar, y por eso el diálogo se propuso de activista a activista. No fue de organización a organización. Yo estoy en la Colectiva, pero también me corrí de ese lugar: así encaramos el diálogo. Me parece que tiene que ver con una cuestión coyuntural de que recién nos estamos acomodando y eso no nos está permitiendo ver algunas cosas. No nos estamos encontrando, está difícil vernos. Y esto surge, obviamente, a raíz de los tres transfemicidios o travesticidios que hubo la semana pasada, entre ellos el de Evelyn, que fueron un alerta muy fuerte. La reacción que generó las fotos que publiqué fueron bastante movilizantes. La idea era mostrar el ensañamiento brutal.

-¿Lo que realmente queremos decir cuando hablamos de violencia?

-Y también para mostrar la indiferencia que hay. Una de las cosas que exigimos es, por ejemplo, una figura legal, porque las tipificaciones que están no son concordantes con las particularidades de estos crímenes, porque la manera en la que se mata a una trava no es la misma con la que se mata a cualquier otra persona. Estamos hablando de un trasveticidio o transfemicidio. Las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos tienen esas particularidades: nosotras ya vivimos esas violencias desde el momento en que decidimos ser quienes somos. Tenemos un aviso constante de las sociedad: desde que te gritan “puto” en la calle hasta que te matan y aparecés en un zanjón. Estamos hablando de otro tipo de agresión.

-¿Por eso el grito?

Fue una reacción. Como decir: “Basta, dejémonos de joder”. Más allá de nuestras diferencias, comprometámonos con esto que es ser activista, hagamos algo, démonos cuenta de que nos están matando y que se incrementó muchísimo la violencia. Corresponde reconocer que estamos en una situación grave. Yo estoy en el conurbano y en la ruta aparecen pibas muertas que ni siquiera la sociedad llega a enterarse. Ni quisiera imaginar lo que ocurre en todo el país,  que no está representado por el activismo, está acá. Ahora nos enteramos de 3 en una semana. Activemos. Y reconozcamos que estamos en un estado de emergencia. Salgamos a la calle.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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