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Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

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Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: “No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad”. Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.
Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org

Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres
“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.
Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.

La interrupción legal del embarazo

Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.
“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas.  Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.
En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”, sintetizó el Comité CEDAW.

Acceso a la justicia

Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.
Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.

Los femicidios

En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios.  Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios.  “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.

Mujeres presas

Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.

Comunidad trans y travesti

Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en  Argentina  ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.

Milagro Sala

El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.

Recursos naturales

Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.

Mercado laboral

“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.

Cargos públicos

Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional “sólo hay 3 mujeres” al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.
Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.
Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

Observatorio Lucía Pérez

30 femicidios en el primer mes del año

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A Rosa, a Anabella y a Yamila 20, 29 y 39 años las asesinaron el primer día del año: en Budge, en Burzaco, y en Pergamino.

El femicidio de Rosa fue frente a sus dos hijos menores. 

Desde ese día hasta hoy registramos 30 femicidios en todo el país: uno por día, sin freno. 

30 femicidios en el primer mes del año

Conocemos el nombre de cada una de las 30 asesinadas. En muchos casos también su cara porque recuperamos la foto para ponerle cuerpo a esa vida que nos quitaron. Registramos sus edades, donde vivían, cómo pasó. Buscamos también el nombre del sospechoso, su edad, si había algún vínculo. Indagamos en los datos que debe dar el Poder Judicial: quién lleva adelante la investigación y cuál es la carátula. 

Mientras escribimos este informe se confirma, por parte de los fiscales de la causa, que Berenice González (23 años y un hijo de 4) fue drogada y violada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Luego del abuso sufrió un colapso, murió en el hospital a donde había sido trasladada después de que la encontraran en la calle. Hay dos detenidos: Daniel Castañeda, 46 años, acusado del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal; y una amiga de Berenice, de 25 años, acusada de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas. 

La muerte de Berenice no está caratulada en la justicia aún como femicidio. Su hijito, huérfano, jamás podrá acceder a la ayuda económica que siempre tarde, entrega la ley Brisa.

30 femicidios en el primer mes del año

Hechos vs teorías

Este mes, también, la Fiscalía General de Chubut, por primera vez, restringió información sobre un femicidio alegando la tesis de la “mímesis” promocionada por Rita Segato. Se trata de un texto de una alumna brasileña, que Segato tuteló, que relaciona estos crímenes con los relatos mediáticos. 

En el contexto de degradación del ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas y líneas de atención a violencias de género, sumado a la total ausencia de programas de prevención, estas órdenes de silencio a la prensa nos resultan totalmente funcionales a la ausencia de política oficial, especialmente si se tiene en cuenta que, según los 4.623 casos que registra nuestro padrón, esta tesis no tiene ningún sustento en cifras concretas. 

Sin embargo, no hay textos académicos que se refieran a la relación entre el narcotráfico y la violencia femicida, donde sí aparece claramente una mímesis, por cierto no atribuible a los medios de comunicación, como frivoliza la teoría promovida por Segato.

30 femicidios en el primer mes del año

 

El femicidio de Berenice reproduce los pasos de los que en nuestro padrón clasificamos como Femicidios Territoriales. Por ejemplo:

En 2016 en Mar del Plata asesinaban a Lucía Pérez, 16 años: a los responsables se los encontró primero culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad, pasaron años hasta que se los juzgó por femicidio. También Lucía fue presentada a sus asesinos por una amiga consumidora.

En 2017, en Tigre, Luna Ortiz, 19 años, drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que intercambiaban violación por droga: su crimen no fue juzgado como femicidio. El único condenado fue encontrado responsable del delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal, en concurso real con homicidio imprudente”. Hoy está libre, viviendo a pocas cuadras de la familia de Luna, que consiguió, tras años de movilizaciones, que a través de un juicio cesura pudiese reabrirse el debate sobre su crimen. 

Esta misma mecánica con la que opera la máquina femicida es reproducida en Mar del Plata, San Martín o Victoria, territorios muy distantes y diferentes, pero donde la desigualdad social produce lo mismo: consumos problemáticos que convierten los cuerpos femeninos en mercancías y a las masculinidades de una franja etaria similar (45/55 años), tan dañadas por el sistema, en seres capaces de destrozar cuerpos adolescentes, produciendo crímenes brutales, que luego el Poder Judicial juzga con prejuicios cómplices y arbitrarios.

Esta mímesis real y concreta desnuda una realidad que duele, crece y que podemos detener si no nos ciegan con teorías construidas desde lejanías, por prejuiciosas distancias de clase y raza, y por foráneas: otra galaxia.

Desde el Observatorio Lucía Pérez proponemos hace tiempo la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Berenice, Lucía o Luna. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación (pasiva o concreta) de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales. 

30 femicidios en el primer mes del año

También proponemos que todo análisis de la violencia femicida parta de su contexto: el territorio, porque allí están las raíces, pero también las alas. Es la comunidad quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad que nos mata.

Por último reiteramos una alerta: el lavado epistémico que representa la ausencia de trabajos de investigación académica que analice la relación entre narcotráfico que en su escala territorial se transforma siempre en narcomenudeo y la violencia femicida.

30 femicidios en el primer mes del año

La información de enero 2024:

30 femicidios, uno por día 

4 víctimas eran menores de edad.

14 infancias huérfanas 

31 marchas exigiendo paren de matarnos

19 tentativas de femicidios

2 desaparecidas 

1084 días sin Tehuel

Toda la  información en www.observatorioluciaperez.org

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Nota

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio

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Llegando a los últimos días del año, Mónica Ferreira pensó que iba a poder festejar el 2024 con la tranquilidad de que su hija estaba en paz. Pero el veintiocho de diciembre por la mañana recibió un llamado. Del otro lado, el abogado Diego Szpigel: “Te tengo que dar una mala noticia: los asesinos de tu hija están sueltos”. Esas fueron las palabras que generaron que la familia de Araceli Fulles volviera a derrumbarse. “Sentí lo mismo que cuando encontraron su cuerpo: como si la hubieran vuelto a matar” dice Mónica. Por eso decidió hacer lo mismo que aquel día: movilizar al barrio. Cómo sigue este reclamo de justicia.

Por Delfina Pedelacq para lavaca.org

Fotos: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Son las cuatro de la tarde del viernes cinco de enero, el sol raja el asfalto de las calles de Barrio Sarmiento en San Martín. Más de cien personas se concentraron en la intersección de las calles Cabildo y Campichuelo para visibilizar, en el barrio de Araceli Fulles, que sus asesinos están sueltos otra vez. Muchas son madres o familiares de otras víctimas de femicidio que llegaron para acompañar este reclamo. Una a una se colocan detrás de la bandera que grita el reclamo de justicia, para caminar hasta la plaza donde Araceli fue vista por última vez, en marzo de 2017. Mónica lleva en su antebrazo derecho un tatuaje con la cara de su hija. Mira al cielo, lo besa y comienzan a caminar.

Rastros

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados a perpetua el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. El 29 de diciembre pasado, los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar de un perito. Tras 25 días de búsqueda, fue este perito, con su perro adiestrado en la búsqueda de personas, quien encontró el cuerpo de Araceli Fulles en la casa de Dario Badaracco y marcó en el corralón de Cassalz los lugares donde habría estado Araceli.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Mónica, mamá de Araceli. Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Los magistrados en su fallo pidieron que la Fiscalía General de San Martín investigue la actuación del perito Marcos Herrero en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones de los binomios guía-can idóneos para esa tarea, en función de lo corroborado en esta causa y otros antecedentes”.

Después de conocer el fallo, el abogado de la familia Fulles, Diego Szpigiel presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires: “No nos vamos a quedar con esta resolución porque la entendemos absolutamente arbitraria”.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Araceli Fulles: El sabor de la justicia

Cinco cuadras caminó la multitud hasta llegar a la Plaza “Soberanía Nacional”, donde también se encuentra un monolito en homenaje a Araceli. Es una imagen grande de su cara, abajo tiene una inscripción que dice: “Vamos negrita: bailá hasta el fin”. Monica abre despacio la reja que lo protege, levanta un cuadro y mantiene durante algunos minutos su mirada fija en él. Es una foto escolar de tercer año de Araceli: “3ro D, Señorita Maria Luisa”.

“Se me va a ir la vida, pero quiero que mi hija descanse en paz. Voy a seguir luchando y quiero que me acompañen siempre” dijo Monica ante toda la gente que participó de la movilización. “Ahora no se trata tampoco de llorar, se trata de recuperar fuerza para luchar por ella y por todas las mujeres, porque lamentablemente estos jueces corruptos han largado a estos asesinos, van a estar sueltos y le puede pasar a cualquier mujer. Tanto Carral, Violini y Maidana son más asesinos que los que mataron a mi hija, porque la volvieron a matar. Son los mismos que también soltaron a los femicidas de Anahí Benítez y Luna Ortiz”.

Alrededor del monolito se forma una ronda. Le acercan a Mónica un megáfono. La mayoría de las personas que están en la plaza se arriman a escuchar. “Nosotros queremos vivir libres. A ellos les dieron perpetua y no la cumplen: están en la calle. Mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Somos nosotros los que tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, dice Mónica, sin contener el llanto. Ricardo Fulles la aprieta en sus brazos y le seca las lágrimas.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Con la voz quebrada y agarrada fuerte de su mano, Marisa (mamá de Luna Ortiz) toma la palabra: “Luchar sirve, no nos vamos a quedar en nuestras casas llorando porque siempre se nos hizo difícil con esta justicia. Esta es la justicia que nos dan con sabor a nada, que los encierran un par de años como para decir acá ya está y después los vuelven a liberar. En estas causas hay mucha mugre y queremos que los asesinos estén donde tienen que estar, en la cárcel. Y basta de jueces y fiscales corruptos”.

Familiares de víctimas de violencias como Candela Sol Rodríguez, Natalia Sabán, Zaira Rodríguez, Luna Ortiz, Andrea Jara, Damián Castillo, Nicolás Duarte, Laura Iglesias, Lucia Costa entre otros, acompañan a la familia de Araceli durante esta primera jornada de lucha del año. La familia de Lucía Pérez y la campaña “Somos Lucía” se sumaron al reclamo y llevaron adelante una acción en Mar del Plata. También está presente el Padre Adolfo Benassi y la monja Martha Pelloni. “Esta es nuestra nueva familia”, dirá Mónica después de mencionarlos a todos y todas, “porque pasamos lo mismo, sabemos el dolor que cada uno siente porque también lo sentimos.”

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Cómo sigue

La movilización llegó a la plaza Soberanía Nacional y después de un pequeño acto, volvió hasta el lugar de salida. Con el objetivo de que el barrio se entere y conozca el nombre de los jueces que permitieron que los asesinos de Araceli estén nuevamente libres.

“El día que me digan: Señora, usted consiguió la perpetua para todos, no solamente por Araceli sino por todas las demás, ese día voy a poder descansar e irme con mi hija, porque lo que más anhelo es eso. Algún día voy a reencontrarme con vos, mamita”, dirá Mónica.

“¿El poder siempre gana? No, vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, finaliza Mónica y agradece a todos por el acompañamiento. Estas movilizaciones por el distrito se realizarán durante todo enero y cuando termine la feria judicial, el objetivo es llegar a La Plata, frente a la Cámara de Casación, para visibilizar también quienes fueron los responsables de que hoy los asesinos de Araceli estén libres.

En la esquina de Campichuelo y 25 de mayo hay un mural donde se la puede ver sonriente, como si saliera de la pared. Coronando su imagen hay una frase que Araceli había posteado en su Facebook, tiempo antes de su femicidio. “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

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Mu189

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez

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Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Movilización contra los femicidios en la ciudad, que ocupó unas diez cuadras, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ante la falta de justicia, las mujeres revelan las caras de los femicidas. Fotos: Sebastián Smok.

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Mar del Plata fuera de temporada: ¿qué ves?

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

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