#NiUnaMás
Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres
Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: «No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad». Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.
Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org
“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.
Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.
La interrupción legal del embarazo
Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.
“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas. Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.
En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a «presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia» para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. «Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan», sintetizó el Comité CEDAW.
Acceso a la justicia
Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.
Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.
Los femicidios
En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios. “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.
Mujeres presas
Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.
Comunidad trans y travesti
Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.
Milagro Sala
El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.
Recursos naturales
Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.
Mercado laboral
“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.
Cargos públicos
Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional «sólo hay 3 mujeres» al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.
Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

#NiUnaMás
216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
Nota
Caso Iara Nardelli: dos pericias descartan la hipótesis de un suicidio

“Cuando se sume el dictamen de policía científica a la causa, va a terminar de quedar en evidencia el mal trabajo que hizo la fiscalía y que sólo les interesa cerrar el caso rápido”, expresó el abogado de la familia de Iara Nardelli, Maximiliano Orsini, en diálogo con lavaca. La investigación sobre la muerte de la joven de 16 años mostró avances significativos que derriban la principal hipótesis de la fiscal a cargo de la causa, Romina Díaz, según la cual Iara se suicidó y una jauría atacó su cuerpo sin vida: solo se encontaron huesos del cuerpo.
Ahora se agregó a la causa una pericia caligráfica y la inminente publicación del estudio de la policía científica que analizó la ropa de Iara, al que se refiere el abogado Orsini quien además solicitó activar el protocolo por femicidio. Por su parte, Mariela Quintinilla, mamá de Iara, contó que en 55 días de investigación (Iara desapareció el 30 de junio) la fiscal sólo se comunicó con ella el 10 de julio para avisarle cuando hallaron parte de los restos de Iara: “Ni siquiera me llamaron a declarar”.
Por Franca Boccazzi
Cuando el 20 de julio el Poder Judicial confirmó que la mandíbula diseccionada, parte de una cabeza y una tibia que habían encontrado 10 días atrás en un descampado marplatense eran de Iara, empezó la averiguación de causales de su muerte. Pero desde el Juzgado de Familia Nº2 a cargo de la causa, siempre se sostuvo la hipótesis de que la adolescente se había suicidado y tanto Mariela Quintinilla, mamá de Iara, como el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, coinciden en que no hubo voluntad de investigar si se trató de un crimen. “Aun cuando la situación era muy dudosa y no coincidía con un suicidio, la Fiscalía no dio lugar a mi pedido de que se active el protocolo por femicidio”, explica el abogado.
Pero ahora el caso está por dar un giro trascendente. Se acaba de sumar a la causa el informe de la pericia caligráfica que analizó unas cartas escritas por Iara y la conclusión es contundente. En palabras del abogado: “No se encontraron signos que hagan pensar en un suicidio, sino que se trata de una adolescente con problemas propios de la edad”.
Además, Orsini aseguró a lavaca que de manera extra oficial se sabe que la policía científica ya analizó las prendas de Iara encontradas en el descampado, y está por sumarse a la causa su informe donde se confirma que “las roturas de la ropa no fueron causadas por un animal, sino por una acción humana”. Esto, a su vez, cuestiona la otra hipótesis que la fiscal sostiene sin fundamentos claros: sólo aparecieron restos óseos, sin restos blandos, porque el cuerpo fue atacado por perros en jauría.

Iara Nardelli: El barrio habla, la justicia no escucha
Ante la pasividad del juzgado para llegar a la verdad de lo que pasó con Iara, Mariela no se quedó de brazos cruzados. Junto a Marta Montero, mamá de Lucía Pérez que la viene acompañando y ayudando con su reclamo hace casi dos meses, recorrió el barrio donde desapareció su hija y se encontró con más información: hay vecinos y vecinas que conocían a Iara y afirman que era una joven alegre y con proyectos, y no ven posible que se haya suicidado. “No se lo creen ni ahí”.
La mamá de Iara también confirmó a lavaca que, en esas recorridas, pudo conseguir información valiosa para la causa pero quiere esperar a declarar para luego compartirla públicamente. “Estamos a 55 días y lo que me molesta es que no me dan novedades, todavía estamos esperando la filmación de las cámaras de la zona y ni siquiera me llamaron a declarar”.
El estigma que entorpece la investigación
Iara era de Miramar pero desde el 2021 vivía en la institución Aldeas Infantiles que se encarga de hospedar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad marplantense. La jueza María Silvina Lezcano fue quien dio la orden luego de que Iara pasara por un cuadro de depresión.
Al momento de su desaparición era una joven activa, que iba a la escuela, hacía un curso de peluquería, tenía amigas e incluso estaba de novia. Pero la Fiscalía actuó con tal prejuicio que no tuvo en cuenta cómo estaba Iara actualmente sino cómo era su salud mental hacía dos años: ni siquiera esperó los resultados de las pericias para determinar las causas de muerte y enseguida se adelantó a confirmar un suicidio.
Pero si es un suicidio, caben muchos interrogantes.
- ¿No es extraño que solo se encontraran restos óseos en vez de un cuerpo cuando sólo habían pasado 10 días desde que Iara había desaparecido?
- ¿Cómo se explica el suicidio cuando se encontró un cráneo, las prendas a 150 metros y la bombacha a 200 metros?
- ¿Por qué y cómo desapareció el celular?.
Orsini hizo todas estas preguntas una y otra vez para intentar abrir la mirada judicial para que se siga la línea de investigación que plantea que a Iara la mataron en otro lugar y plantaron la escena en el descampado.
En cambio, la explicación de la fiscal Romina Díaz fue tan simple como decir que solo había huesos debido al ataque de una jauría de perros que también habían roto y esparcido la ropa. “Todo el tiempo se aferraron a la idea del suicidio para cerrar el caso rápido, no dieron lugar a mi pedido de activación de protocolo de femicidio y ahora con los resultados de las pericias se va a demostrar que se equivocaron, pero en el medio ya se perdió un montón de tiempo”, explicó el abogado.
Mariela y Orsini ahora están a la espera de que se publique el informe de la Policía Científica para que se haga oficial y se sume a la causa. Tienen esperanzas de que, con esta evidencia, a la Fiscalía no le quede otro remedio que evaluar seriamente que Iara no se quitó la vida sino que la mató otra persona y de ahí en más la investigación cobre la urgencia e importancia que debería haber tenido desde el 20 de julio, cuando se confirmó el hallazgo de restos de Iaria en ese descampado cercano a Aldeas Infantiles.
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