#NiUnaMás
Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres
Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: “No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad”. Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.
Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org
“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.
Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.
La interrupción legal del embarazo
Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.
“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas. Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.
En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”, sintetizó el Comité CEDAW.
Acceso a la justicia
Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.
Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.
Los femicidios
En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios. “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.
Mujeres presas
Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.
Comunidad trans y travesti
Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.
Milagro Sala
El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.
Recursos naturales
Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.
Mercado laboral
“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.
Cargos públicos
Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional “sólo hay 3 mujeres” al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.
Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.
#NiUnaMás
La ley que falta: acoso sexual en contextos laborales y académicos
La colectiva Periodistas Argentinas presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar la Ley de violencia contra las mujeres, incorporando una nueva modalidad de violencia: el acoso sexual en contextos laborales y académicos. Publicamos el proyecto completo, que se originó en la situación de acoso ejercida por Pedro Brieger que generó el informe de Periodistas Argentinas presentado en la Cámara en julio de este año (foto).
El proyecto de ley de modificación a la ley 26.485, que incorpora la modalidad de violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico, surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas afectadas por el acoso sexual ejercido por Pedro Brieger, y a muchas otras que también han atravesado situaciones de la misma índole y al vacio legal que notaron al hacer ese acompañamiento. Responde entonces a la urgencia de legislar sobre un problema que afecta de manera sistemática a las mujeres en los espacios laborales y de estudio.
“En vez de hacer una denuncia hicimos un proyecto de ley, en vez de ocuparnos en reparar un grupo nos ocupamos de mejorar el camino de todas”, dice en un video difundido por Periodistas Argentinas la periodista y conductora Agustina Kampfer. El proyecto además de la incorporación de la modalidad de violencia propone medidas concretas para que empleadores y autoridades académicas actúen de manera eficaz ante denuncias de acoso, creando mecanismos accesibles y confidenciales de resolución.
El camino legislativo
El proyecto lleva la firma de representantes de distintos bloques evidenciando un apoyo interpartidario. Entre quienes firmaron están:
- Mónica Macha, Paula Penacca, Gabriela Estévez, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Hilda Aguirre, Leila Chaher y Ana Carolina Gaillard de Unión por la Patria.
- Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Nancy Ballejos, Sofia Brambilla, Belén Avico y María Angel Sotolano del PRO.
- Carla Carrizo de la UCR.
- Vanina Biasi del Frente de Izquierda.
- Esteban Paulón de Encuentro Federal.
- Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
La iniciativa ya fue ingresada en la Cámara de Diputados y tendrá tratamiento en las siguientes comisiones: Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) que impulsó el proyecto junto a Periodistas Argentinas. La comisión será cabecera del proyecto, todas las integrantes que la integran acompañan la iniciativa. Además se tratará en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Martin Tetaz (UCR).
La propuesta
El proyecto busca incorporar el inciso j al artículo 6° de la Ley 26.485, tipificando la violencia y el acoso sexual como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. De esta manera, se busca ofrecer una protección integral a trabajadoras y estudiantes que hoy enfrentan este tipo de agresiones sin un marco legislativo específico.
La iniciativa está inspirada en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral. En los fundamentos el proyecto explica: “Argentina ha ratificado el Convenio, expresando su compromiso con la promoción de entornos laborales libres de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso sexual. Esto implica que nuestro país se compromete a implementar las disposiciones del Convenio en su legislación, incluyendo la adopción de medidas efectivas para prevenir, abordar y eliminar estas barbaridades, creando también mecanismos adecuados para la denuncia y la resolución de casos relacionados con acoso sexual”.
Es que la propuesta también busca erradicar la impunidad que, hasta el momento, ha permitido que los acosadores sigan violentando sin consecuencias.
La máquina abusadora
En el proyecto presentado Periodistas Argentinas da cuenta del mecanismos que identificaron en la máquina abusadora instalada tanto en ámbitos laborales como académicos. Detallan:
- “Se activa por sorpresa, busca producir asco y humillación, enmudece y coloca a las afectadas en una situación de degradación y culpa: “¿qué hice yo para provocar esto?”
- “El mecanismo incluye que luego, cuando los episodios son comentados a otras personas -responsables de poner límites o en posición de ayudar a construirlos- el daño real no es dimensionado, se naturaliza la conducta acosadora y no se hace pública, por más que el salir de lo secreto permitiría a otras mujeres prevenirse, a la vez que haría que los acosadores se limiten”.
- “Al sexualizar por asalto, en las relaciones laborales y académicas se produce un despojo de la dignidad de los vínculos, deprimiendo el rendimiento académico o profesional de las víctimas”
- “La reiteración deja en claro el estímulo que provoca la impunidad. ¿Qué construye esa impunidad? El silencio y la inacción cómplice, pero, sobre todo, la combinación de esos factores con el prestigio que construyen las oportunidades que, sin sanciones acordes, se les siguen dando a los acosadores”.
“Las afectadas cargan entonces con la responsabilidad de “denunciar” ante una institución ajena al ámbito donde se produce el daño: “la Justicia”. El desafío, entonces, es cómo hacer justicia para estos casos”, dice el proyecto. Es por eso que Periodistas Argentinas impulsa esta ley para legislar específicamente este tipo de conductas abusivas.
#NiUnaMás
Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal
El año ya tuvo 274 días. En ese tiempo se produjeron en Argentina 231 femicidios y travesticidios, 74 desapariciones de mujeres, y 150 menores quedaron huérfanxs. Tales son los datos que surgen del primer padrón autogestivo que existe sobre la violencia patriarcal en el país, elaborado por el Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org). Se trata una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por la Cooperativa Lavaca. Uno de sus efectos es dimensionar un problema que, salvo en contados casos, permanece oculto tanto en la información estatal como en la que se produce mediáticamente: el contexto y magnitud de los crímenes cotidianos que no aparecen en los discursos oficiales ni en los periodísticos.
En lo que va del año, los datos representan un femicidio cada 28 horas. Pero las víctimas de esta violencia en realidad son 250, ya que se debe sumar a las 19 infancias asesinadas como efecto de estas situaciones.
Y hubo además 185 tentativas de femicidio. En cada caso hay un nombre y una historia que reflejan una violencia que no cede con el correr de los años, con la responsabilidad muchas veces del Estado por la falta de investigación de los casos, por inacción y/o complicidad policial y muchas veces judicial frente a las denuncias y alertas, y por la ausencia de medidas concretas que eviten la continuidad de los crímenes. Aquí los datos hasta fin de septiembre de 2024.
En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 231 femicidios y travesticidios en todo el país.
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca, que desde 2020 elabora de modo autogestivo una serie de padrones que permiten abordar la dimensión de la violencia femicida en todo el país. En lo que va del año se registraron femicidios en todas las provincias, sin excepción, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.
En el caso particular de septiembre, se registraron 28 femicidios y 1 travesticidio (el de Ana Paula Costas, de 43 años, en San Salvador de Jujuy).
Solo en los últimos 7 días del mes fueron 9 los crímenes en ocho provincias distintas del país. Septiembre se convirtió así en uno de los meses más sangrientos de este año, luego del período de verano en el que recurrentemente, año a año, se ve un aumento de la violencia contra las mujeres: enero registró 33 femicidios y febrero 35.
Los números no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal y muestran también sus heridas.
Un dato que casi nunca se valora en toda su dimensión: como consecuencia de estos asesinatos, los huérfanos por femicidios a lo largo del año son 150. En algunos casos además, les hijxs presenciaron los crímenes, en otros fueron quienes denunciaron que su mamá no aparecía. Recientemente, por ejemplo, fue lo que le sucedió a la hija mayor de Vilma Acosta en José C. Paz, que fue a la comisaría para denunciar que hacía dos días no sabía nada de su mamá. La policía la encontró sin vida, enterrada en el patio de la casa su pareja Fabián Real. Vilma tenía además otros tres hijxs menores de edad que se han sumado a la impactante nómina de huérfanxs.
Otro saldo estremecedor para este 2024 es que ya hubo 19 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia femicida, es decir menores de edad que terminaron siendo víctimas también de la violencia.
Y se produjeron, además, 185 tentativas de femicidios.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 250 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país en lo que va del año. En el último mes fueron 23 las movilizaciones.
Este trabajo de investigación que se comparte libremente en la web comenzó a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida por el Observatorio Lucía Pérez es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
#NiUnaMás
Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas
La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.
Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.
La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.
El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas.
Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”.
La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”.
El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación.
La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.
De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia.
Trolling para silenciar
El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”.
En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política.
A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”.
Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala:
- La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública.
- Hay sesgos de género en los ataques que reciben.
- La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.
Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública:
- Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados.
- Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público.
- A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.
Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos:
- El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
- El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
- Un tercio cambió de puesto laboral.
- Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo.
- Un 80% temió o teme por su integridad física.
Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas:
- El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas.
- Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación.
- La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
- Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
- En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.
Casos paradigmáticos
Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.
La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:
- Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía.
- Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales.
- En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
- En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
- La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder.
- Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
- No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
- Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.
Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista; Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel, conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación.
Los pedidos
Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:
-Al Estado:
- Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
- Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
- Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
- Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.
-A las empresas de medios:
- Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
- Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.
-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque:
- El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
- Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
- La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
- Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y sindicales.
- Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes.
- Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
- Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario.
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