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Juicio a Etchecolatz: «Había una nena de 12 años que fue torturada»

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Así lo testimoniaron María Hebelia Sanz y Julio Mayor, detenidos ilegalmente en diciembre de 1976. Ambos estuvieron secuestrados en uno de los centros de Arana y en las comisarías 5º y 8º, en donde compartieron el cautiverio con Jorge Julio López. En tanto, el defensor del represor presentó un insólito escrito, para pedir que se incorporen como prueba informes periodísticos sobre «los delincuentes subversivos terroristas» que actúan en Israel.

Un matrimonio que sobrevivió a la represión ilegal contó hoy al Tribunal su paso por tres centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de Miguel Etchecolatz. «La picana era el modus operandi de los interrogatorios» dijo  Julio Mayor. Luego su esposa, María Hebelia Sanz, contó que en Arana «había una nena de 12 años que fue torturada».
El matrimonio fue convocado por el Tribunal Oral Nº 1 en el marco del caso de Jorge Julio López, cuyo secuestro y torturas se le imputan al ex Director de Investigaciones de la Policía provincial. Mayor y Sanz compartieron el cautiverio con López -quien declaró el miércoles pasado- en los campos de concentración que funcionaron en las comisarías 5º y 8º de esta ciudad.
Mayor y Sanz eran estudiantes de Medicina, y fueron secuestrados el 1 de diciembre de 1976, y llevados a uno de los centros clandestinos de la zona de Arana: «En la CONADEP me enteré que era el ‘Campo de Arana’ -contó ella-, al lugar le decían ‘La Casa de las Muñecas‘, porque (los represores) tenían ahí a una muñeca vendada y con las manos atadas». Estuvieron cautivos en ese sitio cerca de dos semanas.
«A todos nos torturaban», describió Mayor, y añadió que los prisioneros tenían que soportar «desde la tortura psicológica que uno debía sufrir ahí adentro, por la situación traumática que se vivía, hasta picana eléctrica, golpes de puño y amenazas de muerte». Cuando el Tribunal quiso indagar sobre el tipo de torturas que había sufrido Sanz, la respuesta de la testigo fue sugestiva: «Con unas pinzas».
Mayor indicó que en Arana se escuchaban tiros todo el tiempo. Su esposa completó el cuadro: «Había tiros, ráfagas a cualquier hora de la noche, corridas, autos que entraban y salían». Además, mencionó a una serie de represores a quienes sólo pudo identificar por sus apodos: «Estaban ‘El Francés’, ‘El Coronel’ y ‘El Padre’, que deducíamos que era el torturador porque ‘nos hacía confesar’. Venía al calabozo y nos hacía rezar padrenuestros blasfemos».
Sanz se quebró cuando los abogados de la querella le preguntaron sobre la presencia de menores de edad detenidos en ese centro clandestino. «Sí, había una nena de 12 años, Mónica Santucho. A ella la torturaron», dijo entre lágrimas. Y contó que, cuando la pareja fue trasladada a la comisaría 5º de La Plata, la niña también fue llevada a ese lugar. «Ahí tuvo un abdomen agudo, un dolor generalizado del abdomen, suponemos que a causa de las torturas». Sanz nunca pudo saber qué pasó con ella: «Cuando nos fuimos de la 5º, ella seguía ahí».

Mónica Santucho permanece desaparecida.

De desaparecidos a presos
En la comisaría 5º «había muchísima más gente», relató la testigo, y agregó que los guardias «tenían uniformes policiales» y que entre ellos se nombraban por grado: «se decían ‘cabo’, ‘sargento’ «. «Había presos comunes y todo», dijo, en referencia a que la dependencia funcionaba de manera paralela como centro clandestino y como comisaría «normal».
El matrimonio fue «legalizado» en su tercer destino, la comisaría 8º de La Plata. Pero Sanz aclaró: «Nos hicieron toda la parte legal y de los dedos cuando estábamos en la 5º». En la 8º, los recibió directamente el comisario. «Ya éramos presos, era distinto», dijo la testigo, cuando relataba el trato que los prisioneros clandestinos tenían en ese lugar, una dependencia que, dentro del «circuito Camps» se consideraba el paso previo a la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
De hecho, ese fue el destino del matrimonio, aunque antes de ser trasladados a unidades penales, se les obligó a firmar declaraciones cuyo contenido nunca conocieron: «No sé de qué se trataba (el acta), y me la hicieron firmar bajo coacción», señaló Mayor.

Insólito planteo de la defensa
La nota descabellada de la jornada la puso el abogado defensor del represor Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, quien hasta ahora viene guardando un cerrado silencio durante las audiencias y jamás ha formulado una pregunta a un testigo.
Ante el asombro de jueces, fiscales, querellantes y público, el letrado planteó en un escrito que se «tenga como prueba» en este juicio «los informes periodísticos» sobre «los atentados terroristas sufridos por el Estado de Israel por parte de la organización Hamas». «En Irak grupos terroristas han asesinado a diplomáticos rusos -rezaba el insólito escrito-, lo que ha provocado la lógica reacción del gobierno de Vladimir Putin, el que ordenó atacar a esas hordas criminales de guerra».
Ante las caras de desconcierto de las partes y el público presente, Boffi Carri Pérez sostuvo que «tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña se ha procedido a la detención de delincuentes subversivos terroristas de la organización Al-Qaeda», e indicó que «todos estos hechos son de público y notorio (sic), por lo que solicitamos se los tenga como prueba, como tales, cuya relación con esta causa se ampliará en el alegato».
Tanto los fiscales como los abogados representantes de la querella plantearon al Tribunal que el pedido era «improcedente», por el sencillo motivo -evidente para todos, menos para el abogado defensor- de que los hechos de los que habla el letrado no tienen relación alguna con los hechos investigados en esta causa.

Adelanto de audiencias
Para el lunes 3 de julio -próxima jornada del juicio oral contra el represor-, se esperan cuatro importantes testimonios. En primer lugar, el Tribunal citó a José Horacio Perelló, quien durante la dictadura fue propietario de un almacén de ramos generales ubicado junto al Destacamento policial de Arana, y podría aportar datos sobre el funcionamiento del lugar.
Luego, declararán dos ex detenidos-desaparecidos -Carlos Alberto De Francesco y Efraín Guillermo Cano- que estuvieron secuestrados en varios centros clandestinos de detención, y compartieron el cautiverio con Jorge Julio López en la comisaría 5º de La Plata.
Por último, y en el marco del tercero de los casos investigados en este juicio, prestará testimonio Alfonso Mario Dell’Orto, padre de la desaparecida Patricia Dell’Orto y suegro de Ambrosio De Marco, también desaparecido. Según relató el miércoles pasado Jorge Julio López, el matrimonio fue fusilado en Arana el 9 de noviembre de 1976, en una matanza dirigida personalmente por Miguel Etchecolatz.

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Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

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Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.

Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.

Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.

Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

Cien

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

Cien

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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