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Hacia un autoritarismo reforzado

Luxemburgo Leaks: piden cárcel para quienes revelaron que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado para ahorrarse millones en impuestos.

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Se piden entre cinco y diez años de cárcel para tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos. Por Raúl Zibechi para Brecha.

Hacia un autoritarismo reforzado
El 25 de abril se abrió un proceso judicial contra tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– acusadas de robo de documentos, difusión de información confidencial y violación del secreto profesional. Se piden entre cinco y diez años de cárcel por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.
Entre las empresas involucradas figuran Pepsi, Amazon, Aig, McDonald’s, Bnp Paribas y Fiat, que pagan cifras ridículas por impuestos gracias a sus acuerdos secretos. Es el primer juicio que se realiza luego de la aprobación de la directiva Trade Secrets, el pasado 14 de abril, que permite a las multinacionales determinar lo que entienden por secreto comercial, dejando en sus manos el manejo de un área que hasta ahora era de competencia estatal. En Estados Unidos se aprobó una legislación similar que busca otorgar impunidad a las empresas ante quienes realizan filtraciones.
El juicio en curso afecta a dos ex empleados de una de las mayores consultoras del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y al periodista francés Edouard Perrin, que elaboró un programa de televisión y luego envió los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipj), la misma institución que acaba de difundir los papeles de Panamá. Deltour ha copiado 28 mil documentos que describen casi 350 arreglos fiscales aprobados por la administración entre 2002 y 2010. Junto a Halet, Deltour entra en la categoría de “lanzadores de alerta”, esos funcionarios de empresas públicas o privadas que sin interés personal alguno o ánimo de lucro filtran documentación secreta o confidencial con un fin ético. El juicio que se lleva a cabo en Luxembugo los pone en la mira, al igual que a los periodistas que difunden las filtraciones.
Los dos ex empleados de PwC proporcionaron documentos que dejan en evidencia que Luxemburgo funciona como un gran paraíso fiscal. Según un estudio del Parlamento Europeo, la evasión fiscal de las grandes empresas tiene un costo anual por ingresos fiscales perdidos que oscila entre 50.000 y 70.000 millones de euros.
“La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa, y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto del papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director del Cipj, Gerard Ryle, al comienzo del juicio.
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Más de 50 organizaciones civiles apoyan a los acusados, entre ellas Oxfam, Attac y Transparencia Internacional, que recogieron casi 200 mil firmas de apoyo y solicitan al presidente François Hollande que se pronuncie a favor de los tres encausados por Luxemburgo, todos de nacionalidad francesa.
Las revelaciones golpearon la credibilidad de la Unión Europea y en particular al comisario Jean-Claude Juncker, que durante el período denunciado era primer ministro del ducado de Luxemburgo. La periodista belga Delphine Reuter, integrante del consorcio, sostiene que después de analizar los documentos filtrados se arriba fácilmente a la conclusión de que las multinacionales llegaron a tributar apenas el 1 por ciento de sus ganancias al transitar por Luxemburgo. “Los acuerdos son, pues, un seguro para que las multinacionales no tengan finalmente grandes impuestos que pagar ni en Luxemburgo, ni en ninguno de los países involucrados en la creación de filiales por las que transitan esos capitales”, declaró.
Las trasnacionales en cuestión poseen apenas una filial en el ducado, creadas con los mínimos recursos posibles, que se utilizan para gestionar decisiones financieras tomadas por la “sociedad madre”. “Su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni que se necesite actividad económica alguna”, dice la agencia Reuters.
El juicio contra Deltour y sus colegas pone en evidencia cómo los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico buscan proteger a las grandes empresas y a sus gobiernos de futuras filtraciones. De alguna manera es una vuelta de tuerca más en la dirección de blindar a las grandes fortunas, tras algunos fracasos notorios como las denuncias del fundador de Wikileaks Julian Assange y del ex analista de la Cia Edward Snowden.
El hecho de que el primero continúe como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el otro no pueda salir de Rusia, donde está asilado, es una muestra del empeño de los poderes para acallar las voces que los denuncian. Es una muestra, también, del doble discurso de la Unión Europea, que el 3 de junio de 2015 galardonó a Deltour con el premio Ciudadano Europeo que se concede anualmente a quienes contribuyeron a “promover la ciudadanía y el entendimiento cultural”. Mientras se le entregaba el premio con una mano, con la otra se bloquea la posibilidad de aprobar una legislación que impida la evasión fiscal y persiga a quienes se benefician con ella.
La reciente aprobación de la directiva Trade Secrets ha sido interpretada por Attac y decenas de otras organizaciones como una directiva que“asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas”. En ese sentido, sostiene que la directiva fue “elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales”. El grupo considera que este juicio forma parte de un amplio proceso hacia el autoritarismo en el que está envuelta la Unión, y que se ampliará con el acuerdo Ttip con Estados Unidos, “que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos”.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

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Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

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  • Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
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Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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