Se piden entre cinco y diez años de cárcel para tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos. Por Raúl Zibechi para Brecha.


El 25 de abril se abrió un proceso judicial contra tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– acusadas de robo de documentos, difusión de información confidencial y violación del secreto profesional. Se piden entre cinco y diez años de cárcel por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.
Entre las empresas involucradas figuran Pepsi, Amazon, Aig, McDonald’s, Bnp Paribas y Fiat, que pagan cifras ridículas por impuestos gracias a sus acuerdos secretos. Es el primer juicio que se realiza luego de la aprobación de la directiva Trade Secrets, el pasado 14 de abril, que permite a las multinacionales determinar lo que entienden por secreto comercial, dejando en sus manos el manejo de un área que hasta ahora era de competencia estatal. En Estados Unidos se aprobó una legislación similar que busca otorgar impunidad a las empresas ante quienes realizan filtraciones.
El juicio en curso afecta a dos ex empleados de una de las mayores consultoras del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y al periodista francés Edouard Perrin, que elaboró un programa de televisión y luego envió los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipj), la misma institución que acaba de difundir los papeles de Panamá. Deltour ha copiado 28 mil documentos que describen casi 350 arreglos fiscales aprobados por la administración entre 2002 y 2010. Junto a Halet, Deltour entra en la categoría de “lanzadores de alerta”, esos funcionarios de empresas públicas o privadas que sin interés personal alguno o ánimo de lucro filtran documentación secreta o confidencial con un fin ético. El juicio que se lleva a cabo en Luxembugo los pone en la mira, al igual que a los periodistas que difunden las filtraciones.
Los dos ex empleados de PwC proporcionaron documentos que dejan en evidencia que Luxemburgo funciona como un gran paraíso fiscal. Según un estudio del Parlamento Europeo, la evasión fiscal de las grandes empresas tiene un costo anual por ingresos fiscales perdidos que oscila entre 50.000 y 70.000 millones de euros.
“La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa, y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto del papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director del Cipj, Gerard Ryle, al comienzo del juicio.

Más de 50 organizaciones civiles apoyan a los acusados, entre ellas Oxfam, Attac y Transparencia Internacional, que recogieron casi 200 mil firmas de apoyo y solicitan al presidente François Hollande que se pronuncie a favor de los tres encausados por Luxemburgo, todos de nacionalidad francesa.
Las revelaciones golpearon la credibilidad de la Unión Europea y en particular al comisario Jean-Claude Juncker, que durante el período denunciado era primer ministro del ducado de Luxemburgo. La periodista belga Delphine Reuter, integrante del consorcio, sostiene que después de analizar los documentos filtrados se arriba fácilmente a la conclusión de que las multinacionales llegaron a tributar apenas el 1 por ciento de sus ganancias al transitar por Luxemburgo. “Los acuerdos son, pues, un seguro para que las multinacionales no tengan finalmente grandes impuestos que pagar ni en Luxemburgo, ni en ninguno de los países involucrados en la creación de filiales por las que transitan esos capitales”, declaró.
Las trasnacionales en cuestión poseen apenas una filial en el ducado, creadas con los mínimos recursos posibles, que se utilizan para gestionar decisiones financieras tomadas por la “sociedad madre”. “Su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni que se necesite actividad económica alguna”, dice la agencia Reuters.
El juicio contra Deltour y sus colegas pone en evidencia cómo los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico buscan proteger a las grandes empresas y a sus gobiernos de futuras filtraciones. De alguna manera es una vuelta de tuerca más en la dirección de blindar a las grandes fortunas, tras algunos fracasos notorios como las denuncias del fundador de Wikileaks Julian Assange y del ex analista de la Cia Edward Snowden.
El hecho de que el primero continúe como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el otro no pueda salir de Rusia, donde está asilado, es una muestra del empeño de los poderes para acallar las voces que los denuncian. Es una muestra, también, del doble discurso de la Unión Europea, que el 3 de junio de 2015 galardonó a Deltour con el premio Ciudadano Europeo que se concede anualmente a quienes contribuyeron a “promover la ciudadanía y el entendimiento cultural”. Mientras se le entregaba el premio con una mano, con la otra se bloquea la posibilidad de aprobar una legislación que impida la evasión fiscal y persiga a quienes se benefician con ella.
La reciente aprobación de la directiva Trade Secrets ha sido interpretada por Attac y decenas de otras organizaciones como una directiva que“asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas”. En ese sentido, sostiene que la directiva fue “elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales”. El grupo considera que este juicio forma parte de un amplio proceso hacia el autoritarismo en el que está envuelta la Unión, y que se ampliará con el acuerdo Ttip con Estados Unidos, “que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos”.