«Si hace falta, yo hablaría hasta con el diablo, pero me tienen que conseguir el número de teléfono del infierno». Esa es casi una premisa general en estos tiempos para la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En contacto con Alerta Salta, y enterada de la situación de la comunidad Kolla Guaraní de Río Blanco y Ava Guaraní, de Hipólito Irigoyen, se mostró dispuesta a hacer una gestión personal ante el gobernador salteño Juan Carlos Romero. Por otro lado, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, estuvo ayer en esa provincia para interiorizarse del caso y se reunió en Pichanal con representantes de las dos comunidades y con el obispo de Orán. La Defensoría del Pueblo de la Nación, por su parte, ha concluido su informe sobre el caso y considera el desalojo de la comunidad kolla guaraní una acción «de facto» impulsada -paradójicamente- por la justicia. Hebe llamó, expresó sus quejas telefónicamente ante los funcionarios que la atendieron, y 24 horas más tarde, el miércoles 14 de abril durante la mañana, el propio gobernador Romero (uno de los más cuestionados por Bonafini cada vez que lo recuerda) la llamó a Buenos Aires. Se trata de un cruce al menos curioso, teniendo en cuenta quién es quién. -Nosotras estamos dispuestas a viajar para reclamar allí mismo, y para acompañar a la gente- anunció Hebe. -Si viene, desde ya que la vamos a recibir- contestó Romero, ex candidato a vicepresidente de Carlos Menem, entre otros antecedentes. -Le aseguro que si vamos, no es para hablar con usted a usted, sino para estar con la gente que es víctima de esta injusticia. Pero yo le puedo contar. -¿Y por qué no me lo manda por escrito?

En diálogo posterior con lavaca, Hebe dijo: «Yo le plantee que estábamos muy preocupadas, porque tiraron a la gente al borde del camino, pero él dijo que no, que era la justicia. Cuando les viene bien, la culpa es siempre de la justicia», dice, mientras revisa fotos para un futuro álbum fotográfico con la historia de Madres. Suelta una carcajada y muestra una foto de un inodoro, en un baño oscuro: «Una vez que me metieron en la cárcel, fue la única foto que pude sacar». Le acercan un celular con una llamada de Radio Rebelde, de Cuba, y alguien prepara té con palmeritas. Hebe sigue eligiendo fotos y dice: «No sé si la respuesta servirá para algo. Habrá que preguntarle a la gente. A mí lo que me importa llegar a algo que represente una solución para la gente, no me importa lo que represente una solución para el gobernador».

El informe oficial dirigido a la presidenta de Madres fue girado a las comunidades para dilucidar en qué medida la palabra oficial tiene o no que ver con la realidad y cuáles serían, según el caso, los próximos pasos.

Frente a Seabord

Por otra parte, el martes 13, a las 16 horas, en la puerta de Seaboard Co. Alerta Salta organizó una conferencia de prensa para denunciar la situación de las comunidades. Se proyectó el video con las escenas del desalojo de la comunidad kolla guaraní y el periodista Pablo Badano, de Indymedia -detenido hace quince días en Orán- contó cuál es la situación en Hipólito Irigoyen alrededor de la comunidad Ava Guaraní: amenazas y miedo. Ese mismo martes, en la Clark University (Worcester, Massachusetts, Usa) se llevó a cabo una reunión en solidaridad con la comunidad Ava Guaraní, donde además de informar sobre la situación en Salta se planteó la organización de una acción a desarrollarse el 26 de este mes en Boston, durante la reunión anual de ejecutivos de la Seaboard Co. Esta presentación fue organizada por el Worcester, Massachusetts, el Worcester Global Action Network y el Proyecto Argentina Autonomista, todas organizaciones que actúan en los Estados Unidos, integrantes de la red Alerta Salta. Este es el comunicado que Alerta Salta entregó a la prensa reunida frente a la puerta de Seaboard Co, de Alem al 900:

«Desde hace cuarenta y un días, 70 familias están en la ruta, bajo la lluvia, sin comida ni atención médica. Se trata de hombres, mujeres, niños y ancianos que fueron arrojados de sus tierras por una orden judicial que la propia jueza reconoció errada. Así consta en el expediente, pero no en los hechos: las familias de Río Blanco Banda Norte, allá en Orán, siguen esperando hasta hoy que alguna autoridad provincial o nacional logre que la justicia se haga realidad. Desde hace siete meses, 140 familias están procesadas por tratar de recuperar las tierras que le pertenecen y de las que fueron echadas a patadas, en medio de la noche y a punta de pistola. Escucharon de boca de una ministra y de varios funcionarios promesas que le daban la razón. Así se lo dijeron en Buenos Aires y así, también, se lo repitieron en Hipólito Irigoyen cuando viajaron especialmente para organizar los trámites y la ayuda. Desde entonces, lo único que recibieron fueron amenazas. Cuando la semana pasada, el periodista de Indymedia, Pablo Badano quiso contar la historia de estas dos comunidades, fue detenido por policía de civil, frente al juzgado de Orán. Finalmente, los cargos fueron: «averiguación de antecedentes». Esta es la dolorosa realidad de las comunidades Kolla Guaraní y Ava Guaraní hoy. Detrás de estos atropellos está la misma empresa: Seaboard Co., una multinacional que en Hipólito Irigoyen posee el Ingenio El Tabacal y en Orán, la empresa Rio Zenta. Detrás, también, hay una verdadera asociación ilícita integrada por jueces, policías y políticos. Alerta Salta viene aquí, a denunciar esta trama: En Salta los derechos de estas comunidades, protegidos por la Constitución y las leyes, han sido secuestrados. Y estas empresas, con la complicidad de las instituciones, son las responsables».