Nota
Historia, presente y futuro a 10 años de la Ley de Identidad de Género
Un trabajo imprescindible a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. La abogada Cristina Montserrat Hendrickse (hasta 2017, el doctor Cristian Hendrickse) explica en tres partes los alcances de lo que se obtuvo, de lo que ocurre en el presente, y la perspectiva para los próximos diez años. El sistema patologizante, la autopercepción, los derechos humanos, el libre desarrollo personal, la naturaleza jurídica del derecho a la identidad de género en un mundo signado por el avance de la ultraderecha.
El derecho humano a la identidad de género
por Cristina Montserrart Hendrickse
Hace una década…
En un contexto político de aprobación de leyes reconociendo y efectivizando derechos inherentes a la persona humana (matrimonio igualitario, reproducción humana asistida, etc.), la Argentina se convirtió en país pionero en plasmar en su legislación el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano.
Para que una persona pueda ver reconocida y reflejada su identidad de género en su documentación personal esta ley suprimió la exigencia patologizante de acreditar trastornos, tratamientos hormonales o cirugías de reasignación genital y se centró en el concepto de vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, por lo que su acreditación sólo puede provenir de la manifestación de esa vivencia, siendo entonces éste el único requisito exigido para que personas adultas puedan adecuar su nombre de pila, sexo e imagen al género autopercibido.
Asimismo se liberó a las personas trans de tener que recurrir a engorrosos, extensos y costosos trámites judiciales para acceder a tal reconocimiento simplificando el procedimiento en un simple trámite administrativo gratuito, personal y sin necesidad de la intermediación de ningún gestor o abogado.
Se consagró la confidencialidad, no requiriéndose publicidad alguna (como lo exigía la ley del nombre) y se estableció que –a diferencia de lo que ocurre en otros países– no se debe efectuar anotación marginal alguna en las partidas de nacimiento, sino librar una nueva partida.
También reconoció el derecho humano a la identidad de género a niños, niñas y adolescentes estableciendo procedimientos especiales para su ejercicio.
La rectificación de nombre de pila, sexo e imagen no resulta obligatoria y bajo el título de “Trato digno” (en pleno siglo XXI) se estableció que se debe respetar la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad y que a su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados y que en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.
También bajo el título de “Libre desarrollo personal” se estableció que no es necesario requerir autorización judicial o administrativa para acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida.
Por último estableció que ninguna norma, reglamentación o procedimiento puede limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.
Posteriormente, en el año 2016 el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General n° 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia también encuadró el derecho a la identidad de género dentro del derecho a la libertad de expresión y el derecho al respeto a la integridad física y psicológica y a la no discriminación.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva n° 24 del año 2017 vinculó el derecho a la identidad de género con el derecho humano a la identidad y a la identidad de los niños, citando el caso Gelman vs. Uruguay, y los derechos humanos a la libertad, a la libertad de expresión, a la no discriminación, al respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el principio de respeto a la opinión del niño o de la niña en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación.
De allí que resultó confirmado por organismos internacionales de derechos humanos lo establecido en la pionera ley argentina: que la naturaleza jurídica del derecho a la identidad de género es la de un derecho humano.
Y por esa naturaleza tal derecho resulta inherente a la persona humana independientemente de su edad, y goza de las características propias de los derechos humanos: Universales, Irrenunciables, Permanentes, Interdependientes, Progresivos, Irrevocables, Protegen la condición humana, Protegen especialmente a los sectores más vulnerables, No discriminación e Igualdad de oportunidades; y se deriva del carácter progresivo y no regresivo de este derecho que de concretarse cualquier pretensión de abrogarlo colisionaría con el bloque de constitucionalidad.
Una década después…
A diez años de su vigencia el cambio sustancial resultó de pasar de un sistema heterónomo en el que otros –menos la persona interesada– determinaban la identidad de género, a un sistema autónomo en el que solo la expresión de la vivencia interna es la que determina el reconocimiento estatal.
También el reconocimiento legislativo como derecho humano, luego proyectado a reconocimiento internacional, estableció la infranqueable barrera de la no regresividad. Esto es, que una vez reconocido un derecho humano no puede ser derogado, por lo que expresiones antiderechos como por ejemplo la de un diputado salteño que proponía “derogar la ideología de género” no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
En lo concreto las personas del colectivo trans tuvieron acceso a su identidad y a su reconocimiento legal efectivo, y a un reconocimiento social progresivo.
En materia de salud muchas personas trans pudieron acceder a tratamientos para adecuarse a los caracteres secundarios del género autopercibido sin engorrosos trámites para obtener autorizaciones judiciales.
Pero en muchos casos ocurrieron dilaciones, negativas, obstáculos y obstrucciones impuestos por parte de obras sociales y prepagas que obligan a las personas beneficiarias a judicializar sus reclamos o desistir, habida cuenta de tratarse de un colectivo vulnerable con dificultades para acceder a la justicia tal como lo reconocen las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia actualizadas en 2018.
Pese a ello, se han dictados fallos judiciales que conforman una jurisprudencia conteste en el reconocimiento del acceso a la salud trans y que cumplirán su cometido una vez que a los efectores de salud les resulte más caro denegar y litigar que acceder a las coberturas. Por otra parte, en materia de salud queda como deuda pendiente el desarrollo en el ámbito académico de especialización multidisciplinaria en materia de salud travesti-trans.
En cuanto a empleo han sido relevantes desde lo jurídico la sanción de ordenanzas y leyes en ámbitos municipales, provinciales y nacional de diversas normas de cupo laboral trans, todas en trámite de efectivización progresiva ya que no contemplan la creación de puestos sino la cobertura de los existentes en las proporciones establecidas en cada régimen. Lamentablemente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los diversos gobiernos que se vienen sucediendo desde 2012 a la fecha, jamás reglamentaron el cupo laboral trans establecido en el art. 5° inc. c) de la ley 4376 excusándose en que se han incorporado “algunas” personas trans, sin reglamentación transparente que asegure no tratarse de clientelismo político ni que se ha satisfecho el cupo legal.
En materia de violencia de género se han establecidos diversos programas de asistencia pero, al igual que las mujeres cisgéneros, aún queda una cuenta pendiente para terminar con los transfemicidios. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó esta categoría a sus estadísticas sobre femicidio, y aunque el Estado formule acusación y lleve a juico a los acusados, el colectivo se sigue preguntando “A donde está Tehuel?”.
También queda pendiente la reparación a las personas trans que padecieron la persecución, discriminación y todo tipo de vejámenes por parte de funcionarios estatales, recordando que en muchas jurisdicciones la identidad de género se encontraba penalizada en normas de jerarquía inferior (edictos policiales o códigos de “convivencia”) que sancionaban “vestir ropas de otro sexo”. Normas que eran utilizadas por funcionarios públicos para extorsionar, explotar o abusar de las personas trans.
En el ámbito de participación política tan solo una mujer trans accedió a un cargo electivo (año 2022, concejala por el Frente de Todos en Escobar, Provincia de Buenos Aires) quedando pendiente en todas las fuerzas políticas una ampliación de la participación de personas trans con candidaturas con posibilidades reales de ser elegidas, para que podamos hablar por nosotras mismas.
Para la década que viene…
Pese al importante desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género se han reconocido y efectivizado para el colectivo travesti trans en la Argentina, aún queda pendiente mucho por hacer.
Sin embargo, pareciera que el principal desafío radica en el ámbito de los viejos y nuevos estereotipos socioculturales. El avance de la ultra derecha en el mundo, la región y el país con sus ejes en la xenofobia y la transfobia requieren de una política comunicacional, tanto estatal como desde las organizaciones de la militancia que sea clara, precisa, efectiva y contundente para desbaratar latiguillos de odio tales como “se cambian de sexo para jubilarse antes”, “mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”, “el cupo laboral es un privilegio”, “sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar“, “no me importa si alguien se autopercibe jirafa o lo que quiera, sino su mérito para un cargo” que junto a un arsenal de expresiones tan ofensivas como efectistas circulan con preocupante aumento en medios y redes.
Para que hubiera un Holocausto fue necesaria una década de construcción sociocultural de categorías excluyentes y excluidas, también con latiguillos efectistas de fácil propagación y multiplicación y con la complicidad expresa o silenciosa de determinadas expresiones confesionales o pseudo intelectuales.
El desafío hoy y para la década que viene es desbaratar las frágiles pero efectistas teorías de “ideología de género” y el avance de sus propósitos antiderechos (necesarias para la gestión “excluyente” de un mundo que cada vez crea menos empleo -avance tecnológico mediante-) para que se pueda comprender socialmente la dimensión humana, y la naturaleza de derecho humano, de la identidad de género y como ésta no solo beneficia a un colectivo sino a toda la sociedad.
La fecha de los 10 años de la ley de identidad de género coincide en el calendario con la de 70 años de la derrota del nazismo. ¿Casualidad o pedagogía de la Historia?
Si vienen por las travestis trans, por los extranjeros, por las minorías, es porque también estarán viniendo por todos.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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