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“Hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente y pronta”

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En la conferencia de prensa que brindó la familia Maldonado tras la reunión convocada por la CIDH, la abogada Verónica Heredia informó que solicitaron la participación de peritos internacionales para garantizar la investigación. Sostuvo que la justicia debe tratar el caso como una desaparición forzada seguida de muerte y que el juez Lleral se apresuró al decir que el cuerpo de Santiago no tenía lesiones, ya que los resultados de la autopsia no están terminados. “Al día de hoy no sabemos cómo ni por qué murió Santiago”, sintetizó. También se refirió al rol que juega en un caso de desaparición forzada la concentración de medios y los ataques de trolls, analizados en un informe que realizó lavaca y presentó la familia Maldonado ante la CIDH. Hoy viernes, a las 14, la familia brindará una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional, para analizar el comunicado con las conclusiones de este encuentro entre gobierno y querellantes que dará a conocer la CIDH al mediodía.

Por Azul Cordo, de la redacción de Brecha especial para lavaca, desde Montevideo

“Estamos de duelo” recalcó la abogada Verónica Heredia como preámbulo a la conferencia de prensa que brindó junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico este jueves 26 de octubre en el Palacio Legislativo uruguayo, tras la audiencia de trabajo privada que mantuvieron en el marco del 165° período de sesiones de la CIDH realizado esta semana en Montevideo.

De esa reunión confidencial participaron, en calidad de parte denunciada: el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, Javier Salgado por Cancillería y abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad; también estuvieron dos voceros de la comunidad Pu Lof en Resistencia, como parte denunciante y comisionados de la Comisión Interamericana. Tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el organismo internacional había dictado una medida cautelar al Estado argentino para garantizar su vida, lo que evidentemente no se cumplió.

Heredia aseguró que los representantes del Estado “no aportaron nada” durante la reunión, que se extendió poco más de una hora, y consideró que la carátula del caso debería ser “desaparición forzada seguida de muerte”.

En la tarde, Sergio Maldonado se había reunido con la vicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky, quien se puso a disposición de la familia y le manifestó su apoyo. Mientras aguardaba las preguntas, se veía en su brazo izquierdo el rostro de Santiago tatuado por un amigo el martes pasado.

La abogada consideró que con este caso “estamos asistiendo a una nueva forma de desaparición forzada que es en democracia y mediatizada. Estamos denunciando cómo, hoy, los medios de comunicación reproducen y magnifican un hecho de esta gravedad. Pareciera que ya no necesitamos treinta mil desaparecidos: con uno ya se disciplina al resto de la sociedad, con los efectos de terror que genera una desaparición”.

Añadió que “todas las pruebas que están en el expediente por el habeas corpus, como en el expediente de desaparición forzada, dan cuenta de que Gendarmería es la responsable de la muerte de Santiago” y estimó que “la gravedad del caso habilitaría una posible condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En vistas de que la familia Maldonado teme que no se realice una investigación “imparcial, independiente y exhausta”, volvieron a solicitar a la CIDH en la audiencia -como lo hicieron en varias ocasiones desde el 1 de agosto- que le exija al gobierno argentino que la pesquisa tenga peritos internacionales e independientes, enviados por naciones Unidas (como casi llegaron a acordar con Avruj, con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, pero el gobierno nunca firmó).

“Pedimos que se conforme un grupo de peritos expertos para garantizar la independencia en la investigación que entendemos que hoy no está garantizada, ya que puede haber intereses en juego por parte de los peritos nacionales. Exigimos una correcta investigación para que la muerte de Santiago no quede en la impunidad”, dijo Heredia. “No hay que asustarse con la participación de veedores externos en las pericias, esto garantiza transparencia en el sistema democrático regional, respetuoso de los derechos humanos. Sobre todo si tenemos una Justicia que desde el primer día negó la desaparición”.

Por su parte, Sergio Maldonado se hizo eco de este pedido y reiteró su pedido de renuncia para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Sólo confío en Verónica, Andrea, en el resto de mi familia, en Alejandro (Incháurregui) y en los amigos”.

En espera

Sobre la autopsia, la abogada indicó que todavía no tienen resultados, ni una fecha concreta en la que puedan estar prontos. Luego deberán analizar los resultados y evaluar qué valor tienen. Pero hoy “no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué falleció Santiago” dijo Heredia.

Sergio opinó que el juez Lleral “podría haber esperado un poco más” a que llegara el informe final de la autopsia, en vez de declarar, dos días antes de las elecciones nacionales legislativas, que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones: “Fue apresurado decir que el cuerpo no tenía signos de violencia cuando la autopsia no estaba terminada”.

“El juez nos pidió prudencia, pero él no la tuvo”, remató Heredia. En la presentación de hoy, la familia Maldonado presentó a la CIDH un informe que cuenta con el aporte de la Cooperativa Lavaca y la licenciada Luciana Burgos, sobre el asedio mediático y virtual que sufrieron los Maldonado desde el 1 de agosto y cómo la influencia de los mensajes creados en los medios masivos derivaron en medidas judiciales.

Heredia dio dos ejemplos: uno, el 12 de agosto, un día antes de las PASO, cuando hicieron un allanamiento en la casa de Santiago; otro cuando, el día anterior de las elecciones, el juez Lleral dijo que el cuerpo no tenía lesiones.

Además, el estudio aborda cómo se manifestó la postura del gobierno frente al caso a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para dar cuenta que los trolls “no son voces democráticas que garantizan la pluralidad, sino que son la voz autoritaria del Estado, unívoca, disfrazada en los medios de comunicación como parte de una cultura liberal”. Por eso es que la abogada sostiene que “no son inocentes estos hostigamientos que sufren Sergio, Andrea y toda la familia de Santiago”.

De hecho, Antico denunció que fueron “espiados” por Gendarmería en los primeros días de la desaparición forzada, y consideró que el espionaje sobre la familia “también es una postura del gobierno para no llegar a la verdad”.

La cuñada de Santiago agradeció el acompañamiento de la gente como un motor que tienen para mantener el reclamo latente en Argentina y en la región. Sostuvo que “la gente no reclama solo por Santiago sino por el derecho que tiene cada persona a reclamar de la forma que quiera” y que lo que le pasó al joven “le podría haber pasado a cualquier persona solidaria que comparta esos ideales”.

Respecto a la convocatoria a una nueva marcha el 1 de noviembre, Andrea lo reivindicó como “un derecho que tenemos” y dijo que esperan que no haya provocaciones por parte de infiltrados metidos por el gobierno en las movilizaciones”.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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