Nota

Injusticia perpetua

Ramón Cortés y José Rosales son dos de los sentenciados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago. Las pruebas: una confensión arrancada bajo tortura. Qué paso aquel día de furia, cómo se armó la causa, quiénes se beneficiaron y qué se puede esperar ahora de la justicia. La pregunta sigue siendo ¿quién mató a Sayago?

Publicada

hace 11 años

05/05/2014

Ramón Cortés en su casa el día que la Presidente defendió la sentencia a prisión perpetua que le impusieron por el crimen de un policía.

Ramón Cortés está desconcertado: “Estoy condenado a prisión perpetua, pero en libertad. Me acusan por un asesinato, pero no maté a nadie”.
Vive en su casa de siempre en Las Heras, Santa Cruz, conserva su trabajo de siempre como empleado municipal, pero a la vez fue acusado por el homicidio del policía Jorge Sayago ocurrido el 6 de febrero 2006. Pasó Ramón tres años de terror en la cárcel (2006-2009) y lo soltaron, como a los demás, al vencerse los plazos en los cuales se puede tener detenida a la gente sin causa. Pero el año pasado se consumó el juicio oral, y en diciembre fue sentenciado a ser huésped eterno del sistema penitenciario. No está preso porque el fallo no es firme hasta que pase por las cortes supremas provincial y nacional. Además de desconcertado, Ramón está angustiado.
Tiene 5 hijos. La casa respira hospitalidad y eso que se llamaba educación. Las más pequeñas dan besos con declaraciones: muá. Silvana, 32 años, sonrisa grande y cálida, es la compañera de toda la vida de este hombre retacón, que dice: “No soy un asesino, no maté al policía. No hubo ni una prueba. Todo lo que presentaron en el juicio es falso. Torturaron y le pegaron a la gente para que dijese cualquier cosa. A mí también. La presidenta del tribunal me absolvió. Todos me conocen en Las Heras, cualquiera puede decirle quién soy yo. No se hace justicia para el policía muerto condenando a gente inocente”. Joan, 11, Gilda, 8, y Bárbara, 6, hacen muá y salen a jugar con sus amigas del barrio corriendo por la calle de ripio.
Hace unos minutos, mientras llegábamos a Las Heras, la Presidenta de la Nación cuestionó frente a la Asamblea Legislativa a quienes reclaman por estas condenas: “Les voy a contar lo que es lo de Las Heras: en 2006, un policía que salió a defender su comisaría en Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso, lo patearon, le reventaron todos sus órganos entre cuatro o cinco. Un chico muy joven. Néstor recibió a su viuda, una chica muy joven, y yo entré. Lo habían matado como a un perro. La Justicia finalmente llegó y condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso”.
Algunos detalles: la comisaría era de Las Heras, no de Pico Truncado. Sayago había caído por un balazo que le dieron por la espalda: por la posición, pudo provenir de la propia comisaría, mala puntería producto del caos de aquella noche. Efectivamente, luego fue golpeado en el piso por manifestantes. No es cierto que lo mataron como a un perro, es peor: nadie mata así a los animales. No resulta muy evidente que los condenados sean los responsables del homicidio, ni que la justicia haya llegado.
Le describo a Ramón lo que dijo la Presidenta. “Pero no fui yo. No puede decir eso. ¿Por qué me acusa si no me conoce? Yo podría ser su hijo o su nieto (Ramón tiene 39 años) pero no lo soy, lamentablemente soy una persona humilde”. Silvana, que también es empleada municipal, agrega: “Yo vi las fotos. Vi cómo quedó Sayago. Leí la causa. Acá tienen que pagar los hijos de puta que lo hicieron mierda. Estaba indefenso. Lo mandó al muere la propia policía. Y lo mataron de un modo cobarde. Pero que paguen los asesinos, y no los perejiles a los que les armaron una causa terrible”. Perejil es el nombre que se da a personas inocentes acusadas de delitos, para encubrir a los verdaderos responsables y simular que se está haciendo justicia. Curiosidad: el primer nombre de Ramón, que jamás usa, es Inocencio.
Silvana: “A lo mejor yo no entiendo mucho, pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede acusar a cualquiera?” pregunta sinceramente asombrada, señalando al televisor que funciona según cierta norma muy difundida: encendido y mudo.

José Rosales y su familia, otro condenado a perpetua, en Las Heras. “Culpar a inocentes no es hacer justicia”.

Ahora entendí

José Rosales es otro de los tres condenados a prisión perpetua por aquel homicidio. También tiene 5 hijos, también tiene 39 años, también fue huésped de las cárceles argentinas y sus aberraciones durante tres años. En la periferia de Las Heras, que parece la periferia del mundo, José está ampliando su casa en sus ratos libres (aprendió el valor de los ratos libres, como construcción). Trabaja en la misma petrolera de siempre, Indus, 12 horas por día, en la que no parecen considerarlo un asesino. Tipo serio, curtido en los campos petroleros y en esos años de prisión. “Estoy un poco nervioso. Nunca hablé con un periodista” dice, como disculpándose.
“De 100 testigos ninguno me acusó de nada. El único testigo en mi contra fueFlavio Torres, con el que nos armaron toda la causa y detuvieron a 20 personas. Torresdespués confesó que había declarado bajo torturas de la policía,que le daba los nombres de la gente a la que tenía que acusar. Pero no tuvieron en cuenta eso, y sí tuvieron en cuenta lo que él mismo confiesa que declaró bajo torturas”.
Claudia, 22 años, segunda pareja de José, ha preparado mate con agua de bidón: es imposible tomar agua en Las Heras, mutada en veneno gracias a las petroleras. Claudia: “Nunca me interesé por los conflictos de los trabajadores ni nada de eso. Pero ahora entendí: el juicio fue una cosa de la política para que condenen a cualquiera, y así le meten miedo a la gente para que no salga a reclamar más”, explica, y luego amamanta a Rodrigo, 3 meses.
Quizás el monocultivo argentino de soja está empezando a tener competencia: perejiles transgénicos, aptos para ser fumigados con una prisión perpetua. Ramón: “A nadie le importa investigar lo que realmente pasó. Por eso también yo sigo preguntando: ¿Quién mató a Sayago?”

La escena

Nunca sabemos cuándo podemos ser golpeados. Así comienza El tercer hombre, de Graham Greene, una historia de intrigas. Santa Cruz no tiene intriga que envidiarle a nadie y la madrugada de Las Heras preparaba golpes para demasiadas personas que no podían saberlo. El 6 de febrero de 2006 venía gestándose un conflicto que reunía a:
a) Trabajadores petroleros que reclamaban por el impuesto a las ganancias que les había hecho estallar casi el aguinaldo entero, junto a trabajadores tercerizados de la construcción (UOCRA) que además querían ser encuadrados como petroleros.
b) Un malestar creciente en Las Heras (12.000 habitantes entonces) donde todos se conocían y compartían una especie de cansancio histórico frente a la hipoacusia política y empresaria, reforzada por la violencia policial. En Caleta Olivia hubo represión y seis detenidos durante casi un año en 2005. En Las Heras a fines de 2004 los trabajadores de Oil, contratista de Repsol, reclamaban el cumplimiento de un acuerdo y 25 de ellos fueron detenidos, incluyendo a Karina Sauco que perdió su embarazo de 4 meses por los golpes en la vagina y el vientre que le propinaron los policías–consta en la causa judicial- gritándole que no había lugar para más “bastardos” e “hijos de subversivos”.
c) En términos de interna santacruceña, el gobernador Sergio Acevedo, ex titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y kirchnerista de la primera hora, se iba convirtiendo en un antikirchnerista de la segunda hora, en situación crecientemente conflictiva con el ex gobernador y entonces presidente Néstor Kirchner. Ellos eran los titiriteros de cientos de políticos, intendentes y sindicalistas (incluyendo al gremio petrolero personificado en Héctor “Chaco” Segovia) que expresaban una interesante discrepancia: ¿quién gobierna la provincia?
Los trabajadores cortaban la ruta a la salida de Las Heras desde un mes antes, en disidencia con las conducciones gremiales que, a veces pasa, jugaban en contra de quienes tenían que defender. Habían elegido un vocero, Mario Navarro, cercano al Partido Obrero, y dirigente respetado en la zona (el propio Kirchner así lo declaró). La noche del 5 de febrero Navarro llegó a FM Soberanía a una entrevista. Allí fue a buscarlo la policía, lo detuvo, y lo trasladó a la Comisaría 2ª. Todo sin orden de detención, y sobreactuado. El propio sumario policial denunció más tarde lo incomprensible de la acción, que se llevase a cabo de noche, y en ese momento caliente que vivía la ciudad. Habían derivado policías de otros lugares: Sayago (de Puerto Deseado) venía entre quienes habían custodiado la Fiesta de la Cereza, en Los Antiguos.
Detenido Navarro, se corrió la voz por Las Heras. Desde la ruta los trabajadores resolvieron acercarse al lugar para reclamar su libertad. Iba llegando cada vez más gente. Conocidos y desconocidos (grupos que no eran vecinos, ni estaban en el corte).Se calcula que eran unas 1.000 personas: una pueblada. Estaban incluso dos concejales kirchneristas (Roxana Totino y Teodoro Camino), un diputado radical (Juan Acuña Kunz), y el presidente del PJ local Francisco Vázquez. Según todos los testimonios la policía por orden del comisario Gustavo Iñigo (quien dijo a los concejales: “No hay nada que dialogar”) abrió el infierno, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. En Las Heras sobra el ripio. La gente devolvió la provocación con esas piedras que tomaba del suelo. La policía mandó dos grupos a la calle. En el sumario policial, revelado en 2008 por Opi Santa Cruz, constan los actos de cobardía de oficiales escondidos en la comisaría. Jorge Sayago quedó adelantado con respecto a sus compañeros y frente a la multitud. Allí recibió un balazo que lo hizo caer. Fue por la espalda, bajo el hombro: no es claro si le disparó alguna de las patotas recién llegadas, o si fue mala puntería e ineptitud de algún policía de los que debían cubrirlo.
Los otros policías se replegaron. En medio de esa pesadilla oscura y gaseosa, mientras cientos de personas se desbandaban huyendo, un grupo se acercó a patear y apalear al caído. Un rato después los policías fueron a retirarlo, pero Sayago murió esa misma madrugada.
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Cómo se borran pruebas

La policía acordonó la escena del crimen una semana después, lo que permitió que desaparecieran todas las huellas y pistas que hubiesen ayudado a desentrañar el caso. “Al día siguiente andaban los policías, vecinos y hasta chicos levantando los casquillos, objetos, revolviendo y llevándose todo como si fueran souvenires” dice a Mu Roxana Totino, aquella concejal kirchnerista que hoy es Secretaria de la Mujer provincial.
Simultáneamente comenzó la llamada caza de brujas. Persecuciones, razzias, allanamientos, detenciones ilegales, golpes, torturas, apuntando a vecinos que tuvieran relación con los conflictos laborales. “Fue una cosa tremenda, no era como si estuviéramos en democracia sino en épocas anteriores, con grupos policiales y parapoliciales persiguiendo gente” sostiene Totino. Sin lugar al cual huir, cientos de personas se refugiaron en la parroquia de Las Heras, conducida por el sacerdote Luis Bicego, y allí viajó especialmente, además, Hebe de Bonafini. Palabras de aquellos días, declaradas a la agencia lavaca.org.
Bicego: “Me han venido a ver policías reconociéndome que tenían la orden de provocar a los trabajadores para que hubiera violencia, viniera Gendarmería, y terminar con la huelga. A la gente la llevaban a palos, haciéndolos declarar lo que querían. Después aparece la izquierda, porque a río revuelto ganancia de pescadores: no soy boludo. Pero mientras tanto sacrifican gente a los dioses que aquí vienen a ser el petróleo, las empresas, el gobierno y los sindicatos”.
Hebe discrepó con Kirchner, que había hablado de “excesos” policiales. “No fueron excesos, fueron delitos. Yo lo que vi es que las torturas existieron, las reconoció el propio gobierno, y esas violaciones a los derechos humanos hasta se acreditaron con médicos policiales. Pero la jueza (Graciela Ruata de Leone) no citó a nadie a declarar. Evidentemente está del lado de los que torturaron”. Su explicación de lo sucedido: “Los trabajadores tienen toda la razón en reclamar. Y cuando reclaman los despiden. Estas empresas, que saquean todo, han pagado para que detengan a todos los trabajadores delegados”.
La ex concejala Totino confirma los apremios: “Decenas de testimonios fueron tomados así. A Flavio Torres lo hicieron declarar con una pistola en la cabeza, en un lugar que ni siquiera era la policía sino un edificio de Vialidad. Se lo dijimos a la jueza y no hizo nada”. Detalle crucial: esa “declaración” de Flavio Torres originó 24 detenciones. Pese a que Torres denunció que el testimonio era fraguado, quedó en pie como válido durante todos estos años. Y en 2013 fue el único sustento para enjuiciar a 15 personas.

La bolsa en la cabeza

Por esa razón el fiscal de la causa, Carlos Rearte, se negó en dos oportunidades a elevar la causa a juicio oral al considerar el pedido “impreciso e infundado” y a la causa “plagada de nulidades”. A la tercera vez, ya en 2013, fue desplazado, y relevado por Ariel Candia, un fiscal menos sensible a imprecisiones, nulidades y otras plagas. Las defensas recordaron que Candia recomendó a los jueces “apartarse de la legalidad” para poder juzgar ciertas cosas, y dijo, literalmente: “Darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. Ramón me cuenta que la bolsa plástica la usaban cerrándola en el cuello para que la persona se ahogue (submarino seco). Las “cachetadas” incluían palizas y pateaduras en las zonas genitales, una de las cuales obligó a que Franco Catrihuala tuviera que ser operado de un testículo, según declaró en el juicio.
De los 15 imputados por el testimonio de Flavio Torres, 6 fueron acusados con esa declaración como única prueba que en realidad no probaba nada. Por esa razón la Presidenta del Tribunal Oral de Caleta Olivia, Cristina Lembeye, absolvió a los acusados, incluyendo a José Rosales, uno de los condenados a perpetua. Los otros dos votos, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, condenaron a los trabajadores sin que se verifiquen pruebas concretas y creíbles.
Ramón Cortés también fue condenado por 2 a 1. La Presidenta del Tribunal lo absolvió porque la única prueba que encontraron fue su teléfono celular, que Ramón había perdido a una cuadra de la comisaría. La única declaración contra él fue la de Domingo Nahuelcura, quien a su vez había sido “denunciado” por Ramón: “Claro, te ponen la bolsita para que no respires, te dicen nombrá a este o a aquel. Yo a Nahuelcura dije que lo conozco. Los policías pusieron que yo decía que era culpable. Y a él le habrán hecho lo mismo”. La jueza Lembeye escribió: “Por qué uno fue ‘elegido’ como testigo y el otro como imputado, no tiene mayores explicaciones lógicas, ni han sido dadas en la causa”. La Presidenta del tribunal da cuenta así de esta digitación de culpables sin lógica ni pruebas. Las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, dicen. Los otros dos jueces siguieron en cambio el argumento policial y, con el imputado ya elegido, condenaron a Cortés.
La jueza condenó en cambio a perpetua a Hugo Morales (resultó imposible detectarlo en Las Heras), aunque de la lectura del fallo tampoco resulta demasiado clara (lo condenan por un testimonio de una cuñada que dijo y desdijo y etc). Las defensas realizadas por Claudia Ferrero de APEL y Rosa Razuri de Las Heras, entre otros, apelaron todas las condenas, que fueron rechazadas también por el Comité por la Absolución que apoyan Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, gremios (ambas CTA, ATE, Subterráneos, Zanon de Neuquén, FOETRA, Garraham) organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda. Además de las 3 perpetuas hubo 6 condenados a 5 años de prisión por coacción y lesiones, todo producto en gran medida del mismo sistema probatorio: bolsita, pistola en la cabeza, y borceguíes con punta de acero.
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Hipótesis

La propia familia del policía Jorge Sayago, a través de su tío Víctor Álvarez, planteó en el juicio que los acusados “son los perejiles” y que no se investigó a los responsables políticos, policiales, ni a los verdaderos autores materiales.

La doctora Verónica Heredia (que ha llevado varias causas contra petroleros y el caso de la desaparición forzada de Iván torres en Chubut) plantea que Sayago fue víctima del propio sistema policial de violencia institucional. El argumento empalma con el que proponía Bonafini.
Otra idea que nadie plantea en voz alta: la interna política hizo que Acevedo atizara la conflictividad, aliado a las empresas, para culpar a los petroleros y controlar finalmente el conflicto. O que lo hicieran sus oponentes, para inutilizar a Acevedo. En esa teoría figuran los que sospechan que los concejales y sindicalistas kirchneristas tuvieron un rol poco ingenuo en ese clima previo.
Otra hipótesis: que las empresas hayan fogoneado las cosas, como sugieren Bonafini y Bicego, entre otros, como forma de control social ante las protestas.
O de todo un poco, teniendo en cuenta que entre funcionarios, sindicatos, empresas y policía, la frontera suele ser esponjosa.

Resultados: a 40 días del estallido, Acevedo renunció a la gobernación. De Mario Navarro nunca volvió a saberse por la zona (en Las Heras dicen que anda por Neuquén). El concejal kirchnerista Camino ahora es intendente (tuvo que salir a desmentir que pretendiera dotar de pistolas-picana a grupos de seguridad urbana). La concejala Totino es secretaria provincial. El ex diputado radical Acuña Kunz ahora es concejal. El presidente del PJ Vázquez continúa en lo suyo. El ultraoficialista Chaco Segovia, perdió las elecciones tras dos años de intervención al sindicato petrolero por fraudes y malversaciones. Y las empresas siguen gobernándolo todo. Otra rareza: salvo Totino ninguno de los aquí nombrados fue citado a declarar al juicio.

Libertad

José Rosales reflexiona: “La política no es lo mío, pero en todo esto, antes y ahora, hubo siempre mucha presión de arriba ¿no? Acá dijeron: agarremos gente, no importa si son culpables o inocentes. Y no hubo justicia para Sayago, sino para las corporaciones grandes”.
Sobre la izquierda: “Se interesan por nosotros, porque somos publicidad. Ellos nos usan, como nosotros los usamos o le tratamos de sacar provecho”. Sobre la cárcel: “Mamita, lo que fueron esos años. Además de los golpes, las amenazas, te meaban y escupían la comida. Pero lo peor es que me robaban las fotos de mis hijos. Y nos psicologeaban para que nombráramos más gente que pudieran meter presas. Dicen que la cárcel es para corregir. Olvidate: de ahí salís con la cabeza pinchada”. Sobre Flavio Torres, el testimonio armado por la policía para inculparlo: “Hoy Torres es delegado en Indus, donde yo trabajo. Me querían descontar los días de juicio, pero él discutió y se la ganamos. Mi dolor es que nunca vino a decirme: Rosales, me cagaron a golpes, por eso declaré en tu contra”. La experiencia: “Me hizo cambiar mucho. Antes me decían ‘cayó en cana Fulano’ y yo decía ‘alguna cagada habrá hecho’. Hasta que me pasó esto. Empecé a darme cuenta de cómo son las cosas”. A Claudia, su compañera, le pasa lo mismo: “No me interesaba nada. Pero ahora sí. El otro día fui a una asamblea en BACSSA porque metieron presos a otros cinco petroleros que estaban reclamando”. Sobre el discurso de Cristina, dice Claudia: “No es una persona que tenga derecho de juzgar a otros. Mi marido es inocente, se rompe el lomo laburando, trabajó siempre. El que no lo entienda, no está a la altura de decirnos cómo son las cosas”. José me dice que aprendió a valorar la libertad. “Hasta en la cárcel tenés que ser fuerte de la cabeza porque si no te querés colgar de una reja. La cuestión es la mente. Sin libertad, no sos nada. Y si la gente, por miedo, se queda sin la libertad de salir a plantear las cosas, nos van a pisar la cabeza”.

La Sirenita

Ramón era delegado en el complejo comunal del gremio SOEM (empleados municipales). “Yo no fui a participar de la pueblada, sino a mirar, como todos, porque era a dos cuadras de mi casa. Después me vinieron a buscar, me torturaron al llevarme para Puerto Deseado. En la camioneta me cagaron a piñas, vea. Y después hasta me arrancaron mechones de pelo. Yo tenía lindo pelo, pero me lo arrancaban y me golpeaban la cabeza contra la pared. ¿Eso no es tortura? Yo soy de decir las cosas como son. Lo único que les faltó fue violarme, y creo que ganas no les faltaban. También nos decían que me iban a tirar al mar con las manos precintadas, así íbamos a parecer La Sirenita nadando sólo con los pies”.
Además de ser empleado municipal (“ni siquiera soy petrolero”), entrena un equipo de fútbol femenino. A través del legislador porteño Gustavo Vera, Ramón le mandó una carta al Papa Francisco. Dos frases: “Yo soy muy humilde y no quiero pagar los platos rotos que rompieron otros” y “La Justicia de la Provincia de Santa Cruz quiere cargar sobre mi y otros trabajadores de mi pueblo, Las Heras, el peso de un asesinato que no hemos cometido”. Contestó Francisco: “Le aseguro que su vida no me es indiferente y haré lo que pueda en lo que me pide”. Ramón: “No sé si servirá de mucho, pero da orgullo que me conteste. Estas cosas no le pueden pasar más a nadie”. Sobre la libertad: “Es psicológica. Pensar en cosas buenas, en buenos sueños y verlos hechos realidad. Mi sueño es ver a mis hijos felices”. Silvana: “Y que este tormento se termine de una vez por todas. Capaz que Dios tiene un propósito para hacernos pasar esto. Lo que sé es que nos quisieron destruir. Aquí destruyeron un montón de familias. Pero con nosotros no lo lograron”. Estas personas parecen tener un proyecto político temible: que las dejen vivir y trabajar en paz. Siempre se trató de eso.
Ramón y Silvana hacen un programa de radio en FM Emoción: Sábados y Domingos diferentes. Folklore y cumbia. “La gente manda mensajes felicitándome por la onda que le pongo, pese a toda esta situación”. Le pido que me recomiende un par de temas. Ramón elige una milonga que dice: “Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico” y “tanta pobreza es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate”. Se llama Ay Patria mía, de Argentino Luna. “Y una cumbia puede ser la de Gilda, que es tan linda” sugiere Ramón: “Se llama No es mi despedida”.

Temas:

El restorán Lalo de Buenos Aires: Cubiertos en resistencia

Parir justicia

Nota

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 5 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Nota

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 2 semanas

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

Publicada

hace 3 semanas

02/11/2024

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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