Nota

Injusticia perpetua

Ramón Cortés y José Rosales son dos de los sentenciados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago. Las pruebas: una confensión arrancada bajo tortura. Qué paso aquel día de furia, cómo se armó la causa, quiénes se beneficiaron y qué se puede esperar ahora de la justicia. La pregunta sigue siendo ¿quién mató a Sayago?

Publicada

hace 10 años

05/05/2014

Ramón Cortés en su casa el día que la Presidente defendió la sentencia a prisión perpetua que le impusieron por el crimen de un policía.

Ramón Cortés está desconcertado: “Estoy condenado a prisión perpetua, pero en libertad. Me acusan por un asesinato, pero no maté a nadie”.
Vive en su casa de siempre en Las Heras, Santa Cruz, conserva su trabajo de siempre como empleado municipal, pero a la vez fue acusado por el homicidio del policía Jorge Sayago ocurrido el 6 de febrero 2006. Pasó Ramón tres años de terror en la cárcel (2006-2009) y lo soltaron, como a los demás, al vencerse los plazos en los cuales se puede tener detenida a la gente sin causa. Pero el año pasado se consumó el juicio oral, y en diciembre fue sentenciado a ser huésped eterno del sistema penitenciario. No está preso porque el fallo no es firme hasta que pase por las cortes supremas provincial y nacional. Además de desconcertado, Ramón está angustiado.
Tiene 5 hijos. La casa respira hospitalidad y eso que se llamaba educación. Las más pequeñas dan besos con declaraciones: muá. Silvana, 32 años, sonrisa grande y cálida, es la compañera de toda la vida de este hombre retacón, que dice: “No soy un asesino, no maté al policía. No hubo ni una prueba. Todo lo que presentaron en el juicio es falso. Torturaron y le pegaron a la gente para que dijese cualquier cosa. A mí también. La presidenta del tribunal me absolvió. Todos me conocen en Las Heras, cualquiera puede decirle quién soy yo. No se hace justicia para el policía muerto condenando a gente inocente”. Joan, 11, Gilda, 8, y Bárbara, 6, hacen muá y salen a jugar con sus amigas del barrio corriendo por la calle de ripio.
Hace unos minutos, mientras llegábamos a Las Heras, la Presidenta de la Nación cuestionó frente a la Asamblea Legislativa a quienes reclaman por estas condenas: “Les voy a contar lo que es lo de Las Heras: en 2006, un policía que salió a defender su comisaría en Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso, lo patearon, le reventaron todos sus órganos entre cuatro o cinco. Un chico muy joven. Néstor recibió a su viuda, una chica muy joven, y yo entré. Lo habían matado como a un perro. La Justicia finalmente llegó y condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso”.
Algunos detalles: la comisaría era de Las Heras, no de Pico Truncado. Sayago había caído por un balazo que le dieron por la espalda: por la posición, pudo provenir de la propia comisaría, mala puntería producto del caos de aquella noche. Efectivamente, luego fue golpeado en el piso por manifestantes. No es cierto que lo mataron como a un perro, es peor: nadie mata así a los animales. No resulta muy evidente que los condenados sean los responsables del homicidio, ni que la justicia haya llegado.
Le describo a Ramón lo que dijo la Presidenta. “Pero no fui yo. No puede decir eso. ¿Por qué me acusa si no me conoce? Yo podría ser su hijo o su nieto (Ramón tiene 39 años) pero no lo soy, lamentablemente soy una persona humilde”. Silvana, que también es empleada municipal, agrega: “Yo vi las fotos. Vi cómo quedó Sayago. Leí la causa. Acá tienen que pagar los hijos de puta que lo hicieron mierda. Estaba indefenso. Lo mandó al muere la propia policía. Y lo mataron de un modo cobarde. Pero que paguen los asesinos, y no los perejiles a los que les armaron una causa terrible”. Perejil es el nombre que se da a personas inocentes acusadas de delitos, para encubrir a los verdaderos responsables y simular que se está haciendo justicia. Curiosidad: el primer nombre de Ramón, que jamás usa, es Inocencio.
Silvana: “A lo mejor yo no entiendo mucho, pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede acusar a cualquiera?” pregunta sinceramente asombrada, señalando al televisor que funciona según cierta norma muy difundida: encendido y mudo.

José Rosales y su familia, otro condenado a perpetua, en Las Heras. “Culpar a inocentes no es hacer justicia”.

Ahora entendí

José Rosales es otro de los tres condenados a prisión perpetua por aquel homicidio. También tiene 5 hijos, también tiene 39 años, también fue huésped de las cárceles argentinas y sus aberraciones durante tres años. En la periferia de Las Heras, que parece la periferia del mundo, José está ampliando su casa en sus ratos libres (aprendió el valor de los ratos libres, como construcción). Trabaja en la misma petrolera de siempre, Indus, 12 horas por día, en la que no parecen considerarlo un asesino. Tipo serio, curtido en los campos petroleros y en esos años de prisión. “Estoy un poco nervioso. Nunca hablé con un periodista” dice, como disculpándose.
“De 100 testigos ninguno me acusó de nada. El único testigo en mi contra fueFlavio Torres, con el que nos armaron toda la causa y detuvieron a 20 personas. Torresdespués confesó que había declarado bajo torturas de la policía,que le daba los nombres de la gente a la que tenía que acusar. Pero no tuvieron en cuenta eso, y sí tuvieron en cuenta lo que él mismo confiesa que declaró bajo torturas”.
Claudia, 22 años, segunda pareja de José, ha preparado mate con agua de bidón: es imposible tomar agua en Las Heras, mutada en veneno gracias a las petroleras. Claudia: “Nunca me interesé por los conflictos de los trabajadores ni nada de eso. Pero ahora entendí: el juicio fue una cosa de la política para que condenen a cualquiera, y así le meten miedo a la gente para que no salga a reclamar más”, explica, y luego amamanta a Rodrigo, 3 meses.
Quizás el monocultivo argentino de soja está empezando a tener competencia: perejiles transgénicos, aptos para ser fumigados con una prisión perpetua. Ramón: “A nadie le importa investigar lo que realmente pasó. Por eso también yo sigo preguntando: ¿Quién mató a Sayago?”

La escena

Nunca sabemos cuándo podemos ser golpeados. Así comienza El tercer hombre, de Graham Greene, una historia de intrigas. Santa Cruz no tiene intriga que envidiarle a nadie y la madrugada de Las Heras preparaba golpes para demasiadas personas que no podían saberlo. El 6 de febrero de 2006 venía gestándose un conflicto que reunía a:
a) Trabajadores petroleros que reclamaban por el impuesto a las ganancias que les había hecho estallar casi el aguinaldo entero, junto a trabajadores tercerizados de la construcción (UOCRA) que además querían ser encuadrados como petroleros.
b) Un malestar creciente en Las Heras (12.000 habitantes entonces) donde todos se conocían y compartían una especie de cansancio histórico frente a la hipoacusia política y empresaria, reforzada por la violencia policial. En Caleta Olivia hubo represión y seis detenidos durante casi un año en 2005. En Las Heras a fines de 2004 los trabajadores de Oil, contratista de Repsol, reclamaban el cumplimiento de un acuerdo y 25 de ellos fueron detenidos, incluyendo a Karina Sauco que perdió su embarazo de 4 meses por los golpes en la vagina y el vientre que le propinaron los policías–consta en la causa judicial- gritándole que no había lugar para más “bastardos” e “hijos de subversivos”.
c) En términos de interna santacruceña, el gobernador Sergio Acevedo, ex titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y kirchnerista de la primera hora, se iba convirtiendo en un antikirchnerista de la segunda hora, en situación crecientemente conflictiva con el ex gobernador y entonces presidente Néstor Kirchner. Ellos eran los titiriteros de cientos de políticos, intendentes y sindicalistas (incluyendo al gremio petrolero personificado en Héctor “Chaco” Segovia) que expresaban una interesante discrepancia: ¿quién gobierna la provincia?
Los trabajadores cortaban la ruta a la salida de Las Heras desde un mes antes, en disidencia con las conducciones gremiales que, a veces pasa, jugaban en contra de quienes tenían que defender. Habían elegido un vocero, Mario Navarro, cercano al Partido Obrero, y dirigente respetado en la zona (el propio Kirchner así lo declaró). La noche del 5 de febrero Navarro llegó a FM Soberanía a una entrevista. Allí fue a buscarlo la policía, lo detuvo, y lo trasladó a la Comisaría 2ª. Todo sin orden de detención, y sobreactuado. El propio sumario policial denunció más tarde lo incomprensible de la acción, que se llevase a cabo de noche, y en ese momento caliente que vivía la ciudad. Habían derivado policías de otros lugares: Sayago (de Puerto Deseado) venía entre quienes habían custodiado la Fiesta de la Cereza, en Los Antiguos.
Detenido Navarro, se corrió la voz por Las Heras. Desde la ruta los trabajadores resolvieron acercarse al lugar para reclamar su libertad. Iba llegando cada vez más gente. Conocidos y desconocidos (grupos que no eran vecinos, ni estaban en el corte).Se calcula que eran unas 1.000 personas: una pueblada. Estaban incluso dos concejales kirchneristas (Roxana Totino y Teodoro Camino), un diputado radical (Juan Acuña Kunz), y el presidente del PJ local Francisco Vázquez. Según todos los testimonios la policía por orden del comisario Gustavo Iñigo (quien dijo a los concejales: “No hay nada que dialogar”) abrió el infierno, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. En Las Heras sobra el ripio. La gente devolvió la provocación con esas piedras que tomaba del suelo. La policía mandó dos grupos a la calle. En el sumario policial, revelado en 2008 por Opi Santa Cruz, constan los actos de cobardía de oficiales escondidos en la comisaría. Jorge Sayago quedó adelantado con respecto a sus compañeros y frente a la multitud. Allí recibió un balazo que lo hizo caer. Fue por la espalda, bajo el hombro: no es claro si le disparó alguna de las patotas recién llegadas, o si fue mala puntería e ineptitud de algún policía de los que debían cubrirlo.
Los otros policías se replegaron. En medio de esa pesadilla oscura y gaseosa, mientras cientos de personas se desbandaban huyendo, un grupo se acercó a patear y apalear al caído. Un rato después los policías fueron a retirarlo, pero Sayago murió esa misma madrugada.
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Cómo se borran pruebas

La policía acordonó la escena del crimen una semana después, lo que permitió que desaparecieran todas las huellas y pistas que hubiesen ayudado a desentrañar el caso. “Al día siguiente andaban los policías, vecinos y hasta chicos levantando los casquillos, objetos, revolviendo y llevándose todo como si fueran souvenires” dice a Mu Roxana Totino, aquella concejal kirchnerista que hoy es Secretaria de la Mujer provincial.
Simultáneamente comenzó la llamada caza de brujas. Persecuciones, razzias, allanamientos, detenciones ilegales, golpes, torturas, apuntando a vecinos que tuvieran relación con los conflictos laborales. “Fue una cosa tremenda, no era como si estuviéramos en democracia sino en épocas anteriores, con grupos policiales y parapoliciales persiguiendo gente” sostiene Totino. Sin lugar al cual huir, cientos de personas se refugiaron en la parroquia de Las Heras, conducida por el sacerdote Luis Bicego, y allí viajó especialmente, además, Hebe de Bonafini. Palabras de aquellos días, declaradas a la agencia lavaca.org.
Bicego: “Me han venido a ver policías reconociéndome que tenían la orden de provocar a los trabajadores para que hubiera violencia, viniera Gendarmería, y terminar con la huelga. A la gente la llevaban a palos, haciéndolos declarar lo que querían. Después aparece la izquierda, porque a río revuelto ganancia de pescadores: no soy boludo. Pero mientras tanto sacrifican gente a los dioses que aquí vienen a ser el petróleo, las empresas, el gobierno y los sindicatos”.
Hebe discrepó con Kirchner, que había hablado de “excesos” policiales. “No fueron excesos, fueron delitos. Yo lo que vi es que las torturas existieron, las reconoció el propio gobierno, y esas violaciones a los derechos humanos hasta se acreditaron con médicos policiales. Pero la jueza (Graciela Ruata de Leone) no citó a nadie a declarar. Evidentemente está del lado de los que torturaron”. Su explicación de lo sucedido: “Los trabajadores tienen toda la razón en reclamar. Y cuando reclaman los despiden. Estas empresas, que saquean todo, han pagado para que detengan a todos los trabajadores delegados”.
La ex concejala Totino confirma los apremios: “Decenas de testimonios fueron tomados así. A Flavio Torres lo hicieron declarar con una pistola en la cabeza, en un lugar que ni siquiera era la policía sino un edificio de Vialidad. Se lo dijimos a la jueza y no hizo nada”. Detalle crucial: esa “declaración” de Flavio Torres originó 24 detenciones. Pese a que Torres denunció que el testimonio era fraguado, quedó en pie como válido durante todos estos años. Y en 2013 fue el único sustento para enjuiciar a 15 personas.

La bolsa en la cabeza

Por esa razón el fiscal de la causa, Carlos Rearte, se negó en dos oportunidades a elevar la causa a juicio oral al considerar el pedido “impreciso e infundado” y a la causa “plagada de nulidades”. A la tercera vez, ya en 2013, fue desplazado, y relevado por Ariel Candia, un fiscal menos sensible a imprecisiones, nulidades y otras plagas. Las defensas recordaron que Candia recomendó a los jueces “apartarse de la legalidad” para poder juzgar ciertas cosas, y dijo, literalmente: “Darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. Ramón me cuenta que la bolsa plástica la usaban cerrándola en el cuello para que la persona se ahogue (submarino seco). Las “cachetadas” incluían palizas y pateaduras en las zonas genitales, una de las cuales obligó a que Franco Catrihuala tuviera que ser operado de un testículo, según declaró en el juicio.
De los 15 imputados por el testimonio de Flavio Torres, 6 fueron acusados con esa declaración como única prueba que en realidad no probaba nada. Por esa razón la Presidenta del Tribunal Oral de Caleta Olivia, Cristina Lembeye, absolvió a los acusados, incluyendo a José Rosales, uno de los condenados a perpetua. Los otros dos votos, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, condenaron a los trabajadores sin que se verifiquen pruebas concretas y creíbles.
Ramón Cortés también fue condenado por 2 a 1. La Presidenta del Tribunal lo absolvió porque la única prueba que encontraron fue su teléfono celular, que Ramón había perdido a una cuadra de la comisaría. La única declaración contra él fue la de Domingo Nahuelcura, quien a su vez había sido “denunciado” por Ramón: “Claro, te ponen la bolsita para que no respires, te dicen nombrá a este o a aquel. Yo a Nahuelcura dije que lo conozco. Los policías pusieron que yo decía que era culpable. Y a él le habrán hecho lo mismo”. La jueza Lembeye escribió: “Por qué uno fue ‘elegido’ como testigo y el otro como imputado, no tiene mayores explicaciones lógicas, ni han sido dadas en la causa”. La Presidenta del tribunal da cuenta así de esta digitación de culpables sin lógica ni pruebas. Las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, dicen. Los otros dos jueces siguieron en cambio el argumento policial y, con el imputado ya elegido, condenaron a Cortés.
La jueza condenó en cambio a perpetua a Hugo Morales (resultó imposible detectarlo en Las Heras), aunque de la lectura del fallo tampoco resulta demasiado clara (lo condenan por un testimonio de una cuñada que dijo y desdijo y etc). Las defensas realizadas por Claudia Ferrero de APEL y Rosa Razuri de Las Heras, entre otros, apelaron todas las condenas, que fueron rechazadas también por el Comité por la Absolución que apoyan Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, gremios (ambas CTA, ATE, Subterráneos, Zanon de Neuquén, FOETRA, Garraham) organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda. Además de las 3 perpetuas hubo 6 condenados a 5 años de prisión por coacción y lesiones, todo producto en gran medida del mismo sistema probatorio: bolsita, pistola en la cabeza, y borceguíes con punta de acero.
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Hipótesis

La propia familia del policía Jorge Sayago, a través de su tío Víctor Álvarez, planteó en el juicio que los acusados “son los perejiles” y que no se investigó a los responsables políticos, policiales, ni a los verdaderos autores materiales.

La doctora Verónica Heredia (que ha llevado varias causas contra petroleros y el caso de la desaparición forzada de Iván torres en Chubut) plantea que Sayago fue víctima del propio sistema policial de violencia institucional. El argumento empalma con el que proponía Bonafini.
Otra idea que nadie plantea en voz alta: la interna política hizo que Acevedo atizara la conflictividad, aliado a las empresas, para culpar a los petroleros y controlar finalmente el conflicto. O que lo hicieran sus oponentes, para inutilizar a Acevedo. En esa teoría figuran los que sospechan que los concejales y sindicalistas kirchneristas tuvieron un rol poco ingenuo en ese clima previo.
Otra hipótesis: que las empresas hayan fogoneado las cosas, como sugieren Bonafini y Bicego, entre otros, como forma de control social ante las protestas.
O de todo un poco, teniendo en cuenta que entre funcionarios, sindicatos, empresas y policía, la frontera suele ser esponjosa.

Resultados: a 40 días del estallido, Acevedo renunció a la gobernación. De Mario Navarro nunca volvió a saberse por la zona (en Las Heras dicen que anda por Neuquén). El concejal kirchnerista Camino ahora es intendente (tuvo que salir a desmentir que pretendiera dotar de pistolas-picana a grupos de seguridad urbana). La concejala Totino es secretaria provincial. El ex diputado radical Acuña Kunz ahora es concejal. El presidente del PJ Vázquez continúa en lo suyo. El ultraoficialista Chaco Segovia, perdió las elecciones tras dos años de intervención al sindicato petrolero por fraudes y malversaciones. Y las empresas siguen gobernándolo todo. Otra rareza: salvo Totino ninguno de los aquí nombrados fue citado a declarar al juicio.

Libertad

José Rosales reflexiona: “La política no es lo mío, pero en todo esto, antes y ahora, hubo siempre mucha presión de arriba ¿no? Acá dijeron: agarremos gente, no importa si son culpables o inocentes. Y no hubo justicia para Sayago, sino para las corporaciones grandes”.
Sobre la izquierda: “Se interesan por nosotros, porque somos publicidad. Ellos nos usan, como nosotros los usamos o le tratamos de sacar provecho”. Sobre la cárcel: “Mamita, lo que fueron esos años. Además de los golpes, las amenazas, te meaban y escupían la comida. Pero lo peor es que me robaban las fotos de mis hijos. Y nos psicologeaban para que nombráramos más gente que pudieran meter presas. Dicen que la cárcel es para corregir. Olvidate: de ahí salís con la cabeza pinchada”. Sobre Flavio Torres, el testimonio armado por la policía para inculparlo: “Hoy Torres es delegado en Indus, donde yo trabajo. Me querían descontar los días de juicio, pero él discutió y se la ganamos. Mi dolor es que nunca vino a decirme: Rosales, me cagaron a golpes, por eso declaré en tu contra”. La experiencia: “Me hizo cambiar mucho. Antes me decían ‘cayó en cana Fulano’ y yo decía ‘alguna cagada habrá hecho’. Hasta que me pasó esto. Empecé a darme cuenta de cómo son las cosas”. A Claudia, su compañera, le pasa lo mismo: “No me interesaba nada. Pero ahora sí. El otro día fui a una asamblea en BACSSA porque metieron presos a otros cinco petroleros que estaban reclamando”. Sobre el discurso de Cristina, dice Claudia: “No es una persona que tenga derecho de juzgar a otros. Mi marido es inocente, se rompe el lomo laburando, trabajó siempre. El que no lo entienda, no está a la altura de decirnos cómo son las cosas”. José me dice que aprendió a valorar la libertad. “Hasta en la cárcel tenés que ser fuerte de la cabeza porque si no te querés colgar de una reja. La cuestión es la mente. Sin libertad, no sos nada. Y si la gente, por miedo, se queda sin la libertad de salir a plantear las cosas, nos van a pisar la cabeza”.

La Sirenita

Ramón era delegado en el complejo comunal del gremio SOEM (empleados municipales). “Yo no fui a participar de la pueblada, sino a mirar, como todos, porque era a dos cuadras de mi casa. Después me vinieron a buscar, me torturaron al llevarme para Puerto Deseado. En la camioneta me cagaron a piñas, vea. Y después hasta me arrancaron mechones de pelo. Yo tenía lindo pelo, pero me lo arrancaban y me golpeaban la cabeza contra la pared. ¿Eso no es tortura? Yo soy de decir las cosas como son. Lo único que les faltó fue violarme, y creo que ganas no les faltaban. También nos decían que me iban a tirar al mar con las manos precintadas, así íbamos a parecer La Sirenita nadando sólo con los pies”.
Además de ser empleado municipal (“ni siquiera soy petrolero”), entrena un equipo de fútbol femenino. A través del legislador porteño Gustavo Vera, Ramón le mandó una carta al Papa Francisco. Dos frases: “Yo soy muy humilde y no quiero pagar los platos rotos que rompieron otros” y “La Justicia de la Provincia de Santa Cruz quiere cargar sobre mi y otros trabajadores de mi pueblo, Las Heras, el peso de un asesinato que no hemos cometido”. Contestó Francisco: “Le aseguro que su vida no me es indiferente y haré lo que pueda en lo que me pide”. Ramón: “No sé si servirá de mucho, pero da orgullo que me conteste. Estas cosas no le pueden pasar más a nadie”. Sobre la libertad: “Es psicológica. Pensar en cosas buenas, en buenos sueños y verlos hechos realidad. Mi sueño es ver a mis hijos felices”. Silvana: “Y que este tormento se termine de una vez por todas. Capaz que Dios tiene un propósito para hacernos pasar esto. Lo que sé es que nos quisieron destruir. Aquí destruyeron un montón de familias. Pero con nosotros no lo lograron”. Estas personas parecen tener un proyecto político temible: que las dejen vivir y trabajar en paz. Siempre se trató de eso.
Ramón y Silvana hacen un programa de radio en FM Emoción: Sábados y Domingos diferentes. Folklore y cumbia. “La gente manda mensajes felicitándome por la onda que le pongo, pese a toda esta situación”. Le pido que me recomiende un par de temas. Ramón elige una milonga que dice: “Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico” y “tanta pobreza es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate”. Se llama Ay Patria mía, de Argentino Luna. “Y una cumbia puede ser la de Gilda, que es tan linda” sugiere Ramón: “Se llama No es mi despedida”.

Temas:

El restorán Lalo de Buenos Aires: Cubiertos en resistencia

Parir justicia

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: