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Injusticia perpetua

Ramón Cortés y José Rosales son dos de los sentenciados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago. Las pruebas: una confensión arrancada bajo tortura. Qué paso aquel día de furia, cómo se armó la causa, quiénes se beneficiaron y qué se puede esperar ahora de la justicia. La pregunta sigue siendo ¿quién mató a Sayago?

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Ramón Cortés y José Rosales son dos de los sentenciados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago. Las pruebas: una confensión arrancada bajo tortura. Qué paso aquel día de furia, cómo se armó la causa, quiénes se beneficiaron y qué se puede esperar ahora de la justicia. La pregunta sigue siendo ¿quién mató a Sayago?

Las Heras

Ramón Cortés en su casa el día que la Presidente defendió la sentencia a prisión perpetua que le impusieron por el crimen de un policía.


Ramón Cortés está desconcertado: “Estoy condenado a prisión perpetua, pero en libertad. Me acusan por un asesinato, pero no maté a nadie”.
Vive en su casa de siempre en Las Heras, Santa Cruz, conserva su trabajo de siempre como empleado municipal, pero a la vez fue acusado por el homicidio del policía Jorge Sayago ocurrido el 6 de febrero 2006. Pasó Ramón tres años de terror en la cárcel (2006-2009) y lo soltaron, como a los demás, al vencerse los plazos en los cuales se puede tener detenida a la gente sin causa. Pero el año pasado se consumó el juicio oral, y en diciembre fue sentenciado a ser huésped eterno del sistema penitenciario. No está preso porque el fallo no es firme hasta que pase por las cortes supremas provincial y nacional. Además de desconcertado, Ramón está angustiado.
Tiene 5 hijos. La casa respira hospitalidad y eso que se llamaba educación. Las más pequeñas dan besos con declaraciones: muá. Silvana, 32 años, sonrisa grande y cálida, es la compañera de toda la vida de este hombre retacón, que dice: “No soy un asesino, no maté al policía. No hubo ni una prueba. Todo lo que presentaron en el juicio es falso. Torturaron y le pegaron a la gente para que dijese cualquier cosa. A mí también. La presidenta del tribunal me absolvió. Todos me conocen en Las Heras, cualquiera puede decirle quién soy yo. No se hace justicia para el policía muerto condenando a gente inocente”. Joan, 11, Gilda, 8, y Bárbara, 6, hacen muá y salen a jugar con sus amigas del barrio corriendo por la calle de ripio.
Hace unos minutos, mientras llegábamos a Las Heras, la Presidenta de la Nación cuestionó frente a la Asamblea Legislativa a quienes reclaman por estas condenas: “Les voy a contar lo que es lo de Las Heras: en 2006, un policía que salió a defender su comisaría en Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso, lo patearon, le reventaron todos sus órganos entre cuatro o cinco. Un chico muy joven. Néstor recibió a su viuda, una chica muy joven, y yo entré. Lo habían matado como a un perro. La Justicia finalmente llegó y condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso”.
Algunos detalles: la comisaría era de Las Heras, no de Pico Truncado. Sayago había caído por un balazo que le dieron por la espalda: por la posición, pudo provenir de la propia comisaría, mala puntería producto del caos de aquella noche. Efectivamente, luego fue golpeado en el piso por manifestantes. No es cierto que lo mataron como a un perro, es peor: nadie mata así a los animales. No resulta muy evidente que los condenados sean los responsables del homicidio, ni que la justicia haya llegado.
Le describo a Ramón lo que dijo la Presidenta. “Pero no fui yo. No puede decir eso. ¿Por qué me acusa si no me conoce? Yo podría ser su hijo o su nieto (Ramón tiene 39 años) pero no lo soy, lamentablemente soy una persona humilde”. Silvana, que también es empleada municipal, agrega: “Yo vi las fotos. Vi cómo quedó Sayago. Leí la causa. Acá tienen que pagar los hijos de puta que lo hicieron mierda. Estaba indefenso. Lo mandó al muere la propia policía. Y lo mataron de un modo cobarde. Pero que paguen los asesinos, y no los perejiles a los que les armaron una causa terrible”. Perejil es el nombre que se da a personas inocentes acusadas de delitos, para encubrir a los verdaderos responsables y simular que se está haciendo justicia. Curiosidad: el primer nombre de Ramón, que jamás usa, es Inocencio.
Silvana: “A lo mejor yo no entiendo mucho, pero ¿se puede hacer eso? ¿Se puede acusar a cualquiera?” pregunta sinceramente asombrada, señalando al televisor que funciona según cierta norma muy difundida: encendido y mudo.
Las Heras

José Rosales y su familia, otro condenado a perpetua, en Las Heras. «Culpar a inocentes no es hacer justicia».

Ahora entendí

José Rosales es otro de los tres condenados a prisión perpetua por aquel homicidio. También tiene 5 hijos, también tiene 39 años, también fue huésped de las cárceles argentinas y sus aberraciones durante tres años. En la periferia de Las Heras, que parece la periferia del mundo, José está ampliando su casa en sus ratos libres (aprendió el valor de los ratos libres, como construcción). Trabaja en la misma petrolera de siempre, Indus, 12 horas por día, en la que no parecen considerarlo un asesino. Tipo serio, curtido en los campos petroleros y en esos años de prisión. “Estoy un poco nervioso. Nunca hablé con un periodista” dice, como disculpándose.
“De 100 testigos ninguno me acusó de nada. El único testigo en mi contra fueFlavio Torres, con el que nos armaron toda la causa y detuvieron a 20 personas. Torresdespués confesó que había declarado bajo torturas de la policía,que le daba los nombres de la gente a la que tenía que acusar. Pero no tuvieron en cuenta eso, y sí tuvieron en cuenta lo que él mismo confiesa que declaró bajo torturas”.
Claudia, 22 años, segunda pareja de José, ha preparado mate con agua de bidón: es imposible tomar agua en Las Heras, mutada en veneno gracias a las petroleras. Claudia: “Nunca me interesé por los conflictos de los trabajadores ni nada de eso. Pero ahora entendí: el juicio fue una cosa de la política para que condenen a cualquiera, y así le meten miedo a la gente para que no salga a reclamar más”, explica, y luego amamanta a Rodrigo, 3 meses.
Quizás el monocultivo argentino de soja está empezando a tener competencia: perejiles transgénicos, aptos para ser fumigados con una prisión perpetua. Ramón: “A nadie le importa investigar lo que realmente pasó. Por eso también yo sigo preguntando: ¿Quién mató a Sayago?”

La escena

Nunca sabemos cuándo podemos ser golpeados. Así comienza El tercer hombre, de Graham Greene, una historia de intrigas. Santa Cruz no tiene intriga que envidiarle a nadie y la madrugada de Las Heras preparaba golpes para demasiadas personas que no podían saberlo. El 6 de febrero de 2006 venía gestándose un conflicto que reunía a:
a) Trabajadores petroleros que reclamaban por el impuesto a las ganancias que les había hecho estallar casi el aguinaldo entero, junto a trabajadores tercerizados de la construcción (UOCRA) que además querían ser encuadrados como petroleros.
b) Un malestar creciente en Las Heras (12.000 habitantes entonces) donde todos se conocían y compartían una especie de cansancio histórico frente a la hipoacusia política y empresaria, reforzada por la violencia policial. En Caleta Olivia hubo represión y seis detenidos durante casi un año en 2005. En Las Heras a fines de 2004 los trabajadores de Oil, contratista de Repsol, reclamaban el cumplimiento de un acuerdo y 25 de ellos fueron detenidos, incluyendo a Karina Sauco que perdió su embarazo de 4 meses por los golpes en la vagina y el vientre que le propinaron los policías–consta en la causa judicial- gritándole que no había lugar para más “bastardos” e “hijos de subversivos”.
c) En términos de interna santacruceña, el gobernador Sergio Acevedo, ex titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y kirchnerista de la primera hora, se iba convirtiendo en un antikirchnerista de la segunda hora, en situación crecientemente conflictiva con el ex gobernador y entonces presidente Néstor Kirchner. Ellos eran los titiriteros de cientos de políticos, intendentes y sindicalistas (incluyendo al gremio petrolero personificado en Héctor “Chaco” Segovia) que expresaban una interesante discrepancia: ¿quién gobierna la provincia?
Los trabajadores cortaban la ruta a la salida de Las Heras desde un mes antes, en disidencia con las conducciones gremiales que, a veces pasa, jugaban en contra de quienes tenían que defender. Habían elegido un vocero, Mario Navarro, cercano al Partido Obrero, y dirigente respetado en la zona (el propio Kirchner así lo declaró). La noche del 5 de febrero Navarro llegó a FM Soberanía a una entrevista. Allí fue a buscarlo la policía, lo detuvo, y lo trasladó a la Comisaría 2ª. Todo sin orden de detención, y sobreactuado. El propio sumario policial denunció más tarde lo incomprensible de la acción, que se llevase a cabo de noche, y en ese momento caliente que vivía la ciudad. Habían derivado policías de otros lugares: Sayago (de Puerto Deseado) venía entre quienes habían custodiado la Fiesta de la Cereza, en Los Antiguos.
Detenido Navarro, se corrió la voz por Las Heras. Desde la ruta los trabajadores resolvieron acercarse al lugar para reclamar su libertad. Iba llegando cada vez más gente. Conocidos y desconocidos (grupos que no eran vecinos, ni estaban en el corte).Se calcula que eran unas 1.000 personas: una pueblada. Estaban incluso dos concejales kirchneristas (Roxana Totino y Teodoro Camino), un diputado radical (Juan Acuña Kunz), y el presidente del PJ local Francisco Vázquez. Según todos los testimonios la policía por orden del comisario Gustavo Iñigo (quien dijo a los concejales: “No hay nada que dialogar”) abrió el infierno, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. En Las Heras sobra el ripio. La gente devolvió la provocación con esas piedras que tomaba del suelo. La policía mandó dos grupos a la calle. En el sumario policial, revelado en 2008 por Opi Santa Cruz, constan los actos de cobardía de oficiales escondidos en la comisaría. Jorge Sayago quedó adelantado con respecto a sus compañeros y frente a la multitud. Allí recibió un balazo que lo hizo caer. Fue por la espalda, bajo el hombro: no es claro si le disparó alguna de las patotas recién llegadas, o si fue mala puntería e ineptitud de algún policía de los que debían cubrirlo.
Los otros policías se replegaron. En medio de esa pesadilla oscura y gaseosa, mientras cientos de personas se desbandaban huyendo, un grupo se acercó a patear y apalear al caído. Un rato después los policías fueron a retirarlo, pero Sayago murió esa misma madrugada.
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Cómo se borran pruebas

La policía acordonó la escena del crimen una semana después, lo que permitió que desaparecieran todas las huellas y pistas que hubiesen ayudado a desentrañar el caso. “Al día siguiente andaban los policías, vecinos y hasta chicos levantando los casquillos, objetos, revolviendo y llevándose todo como si fueran souvenires” dice a Mu Roxana Totino, aquella concejal kirchnerista que hoy es Secretaria de la Mujer provincial.
Simultáneamente comenzó la llamada caza de brujas. Persecuciones, razzias, allanamientos, detenciones ilegales, golpes, torturas, apuntando a vecinos que tuvieran relación con los conflictos laborales. “Fue una cosa tremenda, no era como si estuviéramos en democracia sino en épocas anteriores, con grupos policiales y parapoliciales persiguiendo gente” sostiene Totino. Sin lugar al cual huir, cientos de personas se refugiaron en la parroquia de Las Heras, conducida por el sacerdote Luis Bicego, y allí viajó especialmente, además, Hebe de Bonafini. Palabras de aquellos días, declaradas a la agencia lavaca.org.
Bicego: “Me han venido a ver policías reconociéndome que tenían la orden de provocar a los trabajadores para que hubiera violencia, viniera Gendarmería, y terminar con la huelga. A la gente la llevaban a palos, haciéndolos declarar lo que querían. Después aparece la izquierda, porque a río revuelto ganancia de pescadores: no soy boludo. Pero mientras tanto sacrifican gente a los dioses que aquí vienen a ser el petróleo, las empresas, el gobierno y los sindicatos”.
Hebe discrepó con Kirchner, que había hablado de “excesos” policiales. “No fueron excesos, fueron delitos. Yo lo que vi es que las torturas existieron, las reconoció el propio gobierno, y esas violaciones a los derechos humanos hasta se acreditaron con médicos policiales. Pero la jueza (Graciela Ruata de Leone) no citó a nadie a declarar. Evidentemente está del lado de los que torturaron”. Su explicación de lo sucedido: “Los trabajadores tienen toda la razón en reclamar. Y cuando reclaman los despiden. Estas empresas, que saquean todo, han pagado para que detengan a todos los trabajadores delegados”.
La ex concejala Totino confirma los apremios: “Decenas de testimonios fueron tomados así. A Flavio Torres lo hicieron declarar con una pistola en la cabeza, en un lugar que ni siquiera era la policía sino un edificio de Vialidad. Se lo dijimos a la jueza y no hizo nada”. Detalle crucial: esa “declaración” de Flavio Torres originó 24 detenciones. Pese a que Torres denunció que el testimonio era fraguado, quedó en pie como válido durante todos estos años. Y en 2013 fue el único sustento para enjuiciar a 15 personas.

La bolsa en la cabeza

Por esa razón el fiscal de la causa, Carlos Rearte, se negó en dos oportunidades a elevar la causa a juicio oral al considerar el pedido “impreciso e infundado” y a la causa “plagada de nulidades”. A la tercera vez, ya en 2013, fue desplazado, y relevado por Ariel Candia, un fiscal menos sensible a imprecisiones, nulidades y otras plagas. Las defensas recordaron que Candia recomendó a los jueces “apartarse de la legalidad” para poder juzgar ciertas cosas, y dijo, literalmente: “Darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. Ramón me cuenta que la bolsa plástica la usaban cerrándola en el cuello para que la persona se ahogue (submarino seco). Las “cachetadas” incluían palizas y pateaduras en las zonas genitales, una de las cuales obligó a que Franco Catrihuala tuviera que ser operado de un testículo, según declaró en el juicio.
De los 15 imputados por el testimonio de Flavio Torres, 6 fueron acusados con esa declaración como única prueba que en realidad no probaba nada. Por esa razón la Presidenta del Tribunal Oral de Caleta Olivia, Cristina Lembeye, absolvió a los acusados, incluyendo a José Rosales, uno de los condenados a perpetua. Los otros dos votos, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, condenaron a los trabajadores sin que se verifiquen pruebas concretas y creíbles.
Ramón Cortés también fue condenado por 2 a 1. La Presidenta del Tribunal lo absolvió porque la única prueba que encontraron fue su teléfono celular, que Ramón había perdido a una cuadra de la comisaría. La única declaración contra él fue la de Domingo Nahuelcura, quien a su vez había sido “denunciado” por Ramón: “Claro, te ponen la bolsita para que no respires, te dicen nombrá a este o a aquel. Yo a Nahuelcura dije que lo conozco. Los policías pusieron que yo decía que era culpable. Y a él le habrán hecho lo mismo”. La jueza Lembeye escribió: “Por qué uno fue ‘elegido’ como testigo y el otro como imputado, no tiene mayores explicaciones lógicas, ni han sido dadas en la causa”. La Presidenta del tribunal da cuenta así de esta digitación de culpables sin lógica ni pruebas. Las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, dicen. Los otros dos jueces siguieron en cambio el argumento policial y, con el imputado ya elegido, condenaron a Cortés.
La jueza condenó en cambio a perpetua a Hugo Morales (resultó imposible detectarlo en Las Heras), aunque de la lectura del fallo tampoco resulta demasiado clara (lo condenan por un testimonio de una cuñada que dijo y desdijo y etc). Las defensas realizadas por Claudia Ferrero de APEL y Rosa Razuri de Las Heras, entre otros, apelaron todas las condenas, que fueron rechazadas también por el Comité por la Absolución que apoyan Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, gremios (ambas CTA, ATE, Subterráneos, Zanon de Neuquén, FOETRA, Garraham) organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda. Además de las 3 perpetuas hubo 6 condenados a 5 años de prisión por coacción y lesiones, todo producto en gran medida del mismo sistema probatorio: bolsita, pistola en la cabeza, y borceguíes con punta de acero.
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Hipótesis

La propia familia del policía Jorge Sayago, a través de su tío Víctor Álvarez, planteó en el juicio que los acusados “son los perejiles” y que no se investigó a los responsables políticos, policiales, ni a los verdaderos autores materiales.

  • La doctora Verónica Heredia (que ha llevado varias causas contra petroleros y el caso de la desaparición forzada de Iván torres en Chubut) plantea que Sayago fue víctima del propio sistema policial de violencia institucional. El argumento empalma con el que proponía Bonafini.
  • Otra idea que nadie plantea en voz alta: la interna política hizo que Acevedo atizara la conflictividad, aliado a las empresas, para culpar a los petroleros y controlar finalmente el conflicto. O que lo hicieran sus oponentes, para inutilizar a Acevedo. En esa teoría figuran los que sospechan que los concejales y sindicalistas kirchneristas tuvieron un rol poco ingenuo en ese clima previo.
  • Otra hipótesis: que las empresas hayan fogoneado las cosas, como sugieren Bonafini y Bicego, entre otros, como forma de control social ante las protestas.
  • O de todo un poco, teniendo en cuenta que entre funcionarios, sindicatos, empresas y policía, la frontera suele ser esponjosa.

Resultados: a 40 días del estallido, Acevedo renunció a la gobernación. De Mario Navarro nunca volvió a saberse por la zona (en Las Heras dicen que anda por Neuquén). El concejal kirchnerista Camino ahora es intendente (tuvo que salir a desmentir que pretendiera dotar de pistolas-picana a grupos de seguridad urbana). La concejala Totino es secretaria provincial. El ex diputado radical Acuña Kunz ahora es concejal. El presidente del PJ Vázquez continúa en lo suyo. El ultraoficialista Chaco Segovia, perdió las elecciones tras dos años de intervención al sindicato petrolero por fraudes y malversaciones. Y las empresas siguen gobernándolo todo. Otra rareza: salvo Totino ninguno de los aquí nombrados fue citado a declarar al juicio.

Libertad

José Rosales reflexiona: “La política no es lo mío, pero en todo esto, antes y ahora, hubo siempre mucha presión de arriba ¿no? Acá dijeron: agarremos gente, no importa si son culpables o inocentes. Y no hubo justicia para Sayago, sino para las corporaciones grandes”.
Sobre la izquierda: “Se interesan por nosotros, porque somos publicidad. Ellos nos usan, como nosotros los usamos o le tratamos de sacar provecho”. Sobre la cárcel: “Mamita, lo que fueron esos años. Además de los golpes, las amenazas, te meaban y escupían la comida. Pero lo peor es que me robaban las fotos de mis hijos. Y nos psicologeaban para que nombráramos más gente que pudieran meter presas. Dicen que la cárcel es para corregir. Olvidate: de ahí salís con la cabeza pinchada”. Sobre Flavio Torres, el testimonio armado por la policía para inculparlo: “Hoy Torres es delegado en Indus, donde yo trabajo. Me querían descontar los días de juicio, pero él discutió y se la ganamos. Mi dolor es que nunca vino a decirme: Rosales, me cagaron a golpes, por eso declaré en tu contra”. La experiencia: “Me hizo cambiar mucho. Antes me decían ‘cayó en cana Fulano’ y yo decía ‘alguna cagada habrá hecho’. Hasta que me pasó esto. Empecé a darme cuenta de cómo son las cosas”. A Claudia, su compañera, le pasa lo mismo: “No me interesaba nada. Pero ahora sí. El otro día fui a una asamblea en BACSSA porque metieron presos a otros cinco petroleros que estaban reclamando”. Sobre el discurso de Cristina, dice Claudia: “No es una persona que tenga derecho de juzgar a otros. Mi marido es inocente, se rompe el lomo laburando, trabajó siempre. El que no lo entienda, no está a la altura de decirnos cómo son las cosas”. José me dice que aprendió a valorar la libertad. “Hasta en la cárcel tenés que ser fuerte de la cabeza porque si no te querés colgar de una reja. La cuestión es la mente. Sin libertad, no sos nada. Y si la gente, por miedo, se queda sin la libertad de salir a plantear las cosas, nos van a pisar la cabeza”.

La Sirenita

Ramón era delegado en el complejo comunal del gremio SOEM (empleados municipales). “Yo no fui a participar de la pueblada, sino a mirar, como todos, porque era a dos cuadras de mi casa. Después me vinieron a buscar, me torturaron al llevarme para Puerto Deseado. En la camioneta me cagaron a piñas, vea. Y después hasta me arrancaron mechones de pelo. Yo tenía lindo pelo, pero me lo arrancaban y me golpeaban la cabeza contra la pared. ¿Eso no es tortura? Yo soy de decir las cosas como son. Lo único que les faltó fue violarme, y creo que ganas no les faltaban. También nos decían que me iban a tirar al mar con las manos precintadas, así íbamos a parecer La Sirenita nadando sólo con los pies”.
Además de ser empleado municipal (“ni siquiera soy petrolero”), entrena un equipo de fútbol femenino. A través del legislador porteño Gustavo Vera, Ramón le mandó una carta al Papa Francisco. Dos frases: “Yo soy muy humilde y no quiero pagar los platos rotos que rompieron otros” y “La Justicia de la Provincia de Santa Cruz quiere cargar sobre mi y otros trabajadores de mi pueblo, Las Heras, el peso de un asesinato que no hemos cometido”. Contestó Francisco: “Le aseguro que su vida no me es indiferente y haré lo que pueda en lo que me pide”. Ramón: “No sé si servirá de mucho, pero da orgullo que me conteste. Estas cosas no le pueden pasar más a nadie”. Sobre la libertad: “Es psicológica. Pensar en cosas buenas, en buenos sueños y verlos hechos realidad. Mi sueño es ver a mis hijos felices”. Silvana: “Y que este tormento se termine de una vez por todas. Capaz que Dios tiene un propósito para hacernos pasar esto. Lo que sé es que nos quisieron destruir. Aquí destruyeron un montón de familias. Pero con nosotros no lo lograron”. Estas personas parecen tener un proyecto político temible: que las dejen vivir y trabajar en paz. Siempre se trató de eso.
Ramón y Silvana hacen un programa de radio en FM Emoción: Sábados y Domingos diferentes. Folklore y cumbia. “La gente manda mensajes felicitándome por la onda que le pongo, pese a toda esta situación”. Le pido que me recomiende un par de temas. Ramón elige una milonga que dice: “Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico” y “tanta pobreza es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate”. Se llama Ay Patria mía, de Argentino Luna. “Y una cumbia puede ser la de Gilda, que es tan linda” sugiere Ramón: “Se llama No es mi despedida”.

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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