Nota
Jornadas La protesta social no es delito: Bases legales contra la criminalización de la protesta
Los reclamos sociales merecen una «protección especial», porque exigen el cumplimiento de «derechos fundamentales» y se basan en otros, «vinculados al derecho de peticionar a las autoridades». Así lo expresó el constitucionalista Horacio González, integrante de la Comisión de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el lunes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En defensa de los más de 3.000 luchadores populares de todo el país que tienen causas judiciales por manifestarse, se desarrolló la jornada «El Derecho y la protesta» en el salón Verde de esa casa de estudios, en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social que motoriza el colectivo Alerta Salta. «El ejercicio del Derecho tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque se trata de derechos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia y con el desarrollo de una sociedad democrática fundamentalmente», expresó González, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, entre las 17:20 y las 19:00. De esta manera, el hombre de la CTA dio sustento jurídico al reclamo de no persecución de los luchadores populares de la Argentina. Tal es el caso de José «Pepino» Fernández (con 76 causas) y de Marina Schifrin (docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta), quienes contaron sus experiencias, en el acto que moderó el profesor de derecho constitucional de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, Roberto Gargarella.
El Derecho en la ruta «Cuando cortaban la ruta, los compañeros estaban reclamando por derechos fundamentales y ejerciendo derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho de peticionar a las autoridades», amplió González. Manifestó que se requiere un progreso del derecho, y bregó por un «cambio jurisprudencial». «Se debe cambiar la tendencia judicial que ha impregnado a la jurisprudencia de nuestra Corte durante décadas -dijo- que ha sido enfocar el derecho desde el Estado y no desde las personas». «Ha habido una política de Estado, en los distintos niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que avanzó hacia la criminalización de la protesta social, y esto tiene que ver con el grave deterioro del Estado de derecho en la Argentina», agregó. Luego, sugirió algunos argumentos jurídicos a la defensora de más de 600 procesados del noroeste argentino, Mara Puntano, que también participó de la mesa. «No se trata de si es un delito no, de si conocían o no que la conducta era delictiva o no, de si estaban en un estado de necesidad o no», definió tajante González. Sostuvo que quienes cortaron una ruta, simplemente eran personas «ejerciendo derechos». «Conocían perfectamente lo que hacían, porque conocían los límites de su protesta, y los límites de su protesta tienen que ver con que el Estado les reconozca derechos que hoy están en la Constitución Nacional», expuso. Más allá de los lineamientos de la defensa de los hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, que había expuesto Puntano, González se inclinó por cambiar el punto de vista. Instó a los jueces a analizar los derechos que se ejercen y los reclamos que se hacen en relación con los derechos fundamentales. «Me parece que los penalistas incurren en un defecto cuando enfocan este tema desde el Código Penal y no desde la Constitución. No se trata de delitos, sino de ejercicio de derechos”.
Protesta y Propuesta social «Es bueno pensar en si la salida de este país y de la Justicia consiste en criminalizar la protesta o en atender los reclamos populares», sostuvo hoy en el marco de las actividades de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, la docente de Bariloche Marina Shifrin, perseguida y procesada por participar de manifestaciones sociales. Agregó que no estaba del todo mal que ocurran estas injusticias porque «estos procesos sirven para ponernos de pie y generar conciencia». Junto a ella, Pepino Fernández y Hippie Fernández de la UTD Mosconi y Mara Puntano, abogada de más de 600 luchadores sociales, contaron su experiencia y dejaron bien en claro que la protesta social no es delito. Shifrin propuso planes de acción concreta como la creación y puesta en marcha de un comité de solidaridad permanente con abogados y luchadores sociales; y realizó una verdadera autocrítica hacia adentro de los movimientos sociales: «Tenemos que contar con un campo popular más sólido, con menos recelo entre nosotros», dijo. Sólo de ese modo, se puede conseguir -sostuvo- “ponerle freno a la avanzada de la derecha judicial que intenta criminalizar la protesta”. El sistema educativo en Río Negro enfrenta una grave crisis: «Los docentes ganan menos de 300 pesos y los que tienen antigüedad, con suerte, llegan a 400», contó Shifrin y concluyó: «Me parece que cortar la ruta por la educación pública es legítimo».
Justicia selectiva «Las multinacionales destruyen el ecosistema, deforestan, matan gente, ahí no actúan los jueces pero para juzgarnos a nosotros sí», dijo a su turno Pepino Fernández, procesado por 76 causas relacionadas con la lucha social. Según Pepino en Mosconi no todos tienen luz ni gas y las personas se están muriendo por la toxicidad de los químicos que usan las empresas a mansalva, sin la regulación necesaria. «Lo único que nos queda -agrega- es pedir auxilio porque cuando todo se acabe ¿de qué vamos a vivir nosotros?» La abogada Mara Puntano -que trabaja en soledad defendiendo a más de 600 luchadores sociales- comnezó su discurso así: «En Salta hay 1 millón de habitantes; el 68% vive bajo el índice de pobreza y en Mosconi el 82% está desocupado». Al explicar acerca de las persecuciones y la represión, Mara dijo que la lucha en Mosconi viene desde hace 12 años, exactamente desde que se efectivizó la privatización de YPF y el 95% de las familias que trabajaba en relación de dependencia en la empresa quedó sin trabajo y una gran mayoría sin cobrar. «Hay personas a las que les deben doce años de salario», sostuvo Mara. «Se enfrentan al centro del capitalismo, a monstruosas multinacionales y por eso la represión es tan dura», reflexionó Mara, quien además explicó con claridad por qué la protesta social en efecto no es delito. «Primero para que exista un delito tiene que haber una acción encuadrada dentro del orden jurídico; después esa acción tiene que quebrar ese orden y finalmente tiene que existir la intención de efectuar ese quiebre». La acción es el corte de ruta, es decir, el entorpecimiento del libre tránsito (art 194). Entonces, existe la acción, el encuadre y la ruptura. Pero no existe la culpabilidad puesto que no hay dolo. «No se hace con la intención de dañar a otros, sino para pedir la vigencia de los derechos constitucionales», dijo Mara. «La UTD Mosconi cumple la función de Municipio: la gente se acerca a pedir que refaccionen una escuela o que potabilicen el agua», contó Mara y terminó por cerrar así la realidad de un Estado ausente en todos los aspectos menos a la hora de reprimir. «La gente está diciendo que le den agua potable, hospitales, escuelas ¿dónde está la ilicitud de ese reclamo?», concluyó. Juan Carlos Fernández o Hippie arremetió contra el periodismo y sostuvo que «nunca se ocupan de estos temas: sí están cuando hay un corte pero no cuando hacemos otras cosas, pero nosotros tenemos protesta y propuesta social». «Necesitamos el derecho a la vida», siguió Hippie y dijo con dolor que cada vez se moría más gente joven en Mosconi debido a los derrames de productos químicos de la empresas multinacionales. Las denuncias por estos casos ya están en la Corte Suprema de Justicia, después de muchos avatares por los juzgados provinciales en donde les contestaron «que no tenían competencia». Hippie planteó la recuperación del Estado, la familia, la educación y agregó que en el UTD habían elaborado el proyecto para hacer un Polo Petroquímico: «Vamos más allá de la protesta y eso no les gusta nada a las empresas», reflexionó y agregó: «Nosotros no recibimos bolsones: nuestra mayor dignidad es el trabajo». Para finalizar la exposición sobre derecho y protesta, Horacio González, profesor de Derecho Constitucional de la UBA resumió: estos luchadores no han cometido de ninguna manera delitos sino por el contrario, ejercicios de derecho. Tal vez la forma más extrema de ejercer el derecho, pero es un derecho al fin”.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
La policía investigada
La muerte de El Mencho, los narcobloqueos y la militarización pre Mundial: las formas de la guerra
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
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