Los reclamos sociales merecen una «protección especial», porque exigen el cumplimiento de «derechos fundamentales» y se basan en otros, «vinculados al derecho de peticionar a las autoridades». Así lo expresó el constitucionalista Horacio González, integrante de la Comisión de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el lunes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En defensa de los más de 3.000 luchadores populares de todo el país que tienen causas judiciales por manifestarse, se desarrolló la jornada «El Derecho y la protesta» en el salón Verde de esa casa de estudios, en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social que motoriza el colectivo Alerta Salta. «El ejercicio del Derecho tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque se trata de derechos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia y con el desarrollo de una sociedad democrática fundamentalmente», expresó González, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, entre las 17:20 y las 19:00. De esta manera, el hombre de la CTA dio sustento jurídico al reclamo de no persecución de los luchadores populares de la Argentina. Tal es el caso de José «Pepino» Fernández (con 76 causas) y de Marina Schifrin (docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta), quienes contaron sus experiencias, en el acto que moderó el profesor de derecho constitucional de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, Roberto Gargarella.

El Derecho en la ruta «Cuando cortaban la ruta, los compañeros estaban reclamando por derechos fundamentales y ejerciendo derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho de peticionar a las autoridades», amplió González. Manifestó que se requiere un progreso del derecho, y bregó por un «cambio jurisprudencial». «Se debe cambiar la tendencia judicial que ha impregnado a la jurisprudencia de nuestra Corte durante décadas -dijo- que ha sido enfocar el derecho desde el Estado y no desde las personas». «Ha habido una política de Estado, en los distintos niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que avanzó hacia la criminalización de la protesta social, y esto tiene que ver con el grave deterioro del Estado de derecho en la Argentina», agregó. Luego, sugirió algunos argumentos jurídicos a la defensora de más de 600 procesados del noroeste argentino, Mara Puntano, que también participó de la mesa. «No se trata de si es un delito no, de si conocían o no que la conducta era delictiva o no, de si estaban en un estado de necesidad o no», definió tajante González. Sostuvo que quienes cortaron una ruta, simplemente eran personas «ejerciendo derechos». «Conocían perfectamente lo que hacían, porque conocían los límites de su protesta, y los límites de su protesta tienen que ver con que el Estado les reconozca derechos que hoy están en la Constitución Nacional», expuso. Más allá de los lineamientos de la defensa de los hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, que había expuesto Puntano, González se inclinó por cambiar el punto de vista. Instó a los jueces a analizar los derechos que se ejercen y los reclamos que se hacen en relación con los derechos fundamentales. «Me parece que los penalistas incurren en un defecto cuando enfocan este tema desde el Código Penal y no desde la Constitución. No se trata de delitos, sino de ejercicio de derechos”.

Protesta y Propuesta social «Es bueno pensar en si la salida de este país y de la Justicia consiste en criminalizar la protesta o en atender los reclamos populares», sostuvo hoy en el marco de las actividades de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, la docente de Bariloche Marina Shifrin, perseguida y procesada por participar de manifestaciones sociales. Agregó que no estaba del todo mal que ocurran estas injusticias porque «estos procesos sirven para ponernos de pie y generar conciencia». Junto a ella, Pepino Fernández y Hippie Fernández de la UTD Mosconi y Mara Puntano, abogada de más de 600 luchadores sociales, contaron su experiencia y dejaron bien en claro que la protesta social no es delito. Shifrin propuso planes de acción concreta como la creación y puesta en marcha de un comité de solidaridad permanente con abogados y luchadores sociales; y realizó una verdadera autocrítica hacia adentro de los movimientos sociales: «Tenemos que contar con un campo popular más sólido, con menos recelo entre nosotros», dijo. Sólo de ese modo, se puede conseguir -sostuvo- “ponerle freno a la avanzada de la derecha judicial que intenta criminalizar la protesta”. El sistema educativo en Río Negro enfrenta una grave crisis: «Los docentes ganan menos de 300 pesos y los que tienen antigüedad, con suerte, llegan a 400», contó Shifrin y concluyó: «Me parece que cortar la ruta por la educación pública es legítimo».

Justicia selectiva «Las multinacionales destruyen el ecosistema, deforestan, matan gente, ahí no actúan los jueces pero para juzgarnos a nosotros sí», dijo a su turno Pepino Fernández, procesado por 76 causas relacionadas con la lucha social. Según Pepino en Mosconi no todos tienen luz ni gas y las personas se están muriendo por la toxicidad de los químicos que usan las empresas a mansalva, sin la regulación necesaria. «Lo único que nos queda -agrega- es pedir auxilio porque cuando todo se acabe ¿de qué vamos a vivir nosotros?» La abogada Mara Puntano -que trabaja en soledad defendiendo a más de 600 luchadores sociales- comnezó su discurso así: «En Salta hay 1 millón de habitantes; el 68% vive bajo el índice de pobreza y en Mosconi el 82% está desocupado». Al explicar acerca de las persecuciones y la represión, Mara dijo que la lucha en Mosconi viene desde hace 12 años, exactamente desde que se efectivizó la privatización de YPF y el 95% de las familias que trabajaba en relación de dependencia en la empresa quedó sin trabajo y una gran mayoría sin cobrar. «Hay personas a las que les deben doce años de salario», sostuvo Mara. «Se enfrentan al centro del capitalismo, a monstruosas multinacionales y por eso la represión es tan dura», reflexionó Mara, quien además explicó con claridad por qué la protesta social en efecto no es delito. «Primero para que exista un delito tiene que haber una acción encuadrada dentro del orden jurídico; después esa acción tiene que quebrar ese orden y finalmente tiene que existir la intención de efectuar ese quiebre». La acción es el corte de ruta, es decir, el entorpecimiento del libre tránsito (art 194). Entonces, existe la acción, el encuadre y la ruptura. Pero no existe la culpabilidad puesto que no hay dolo. «No se hace con la intención de dañar a otros, sino para pedir la vigencia de los derechos constitucionales», dijo Mara. «La UTD Mosconi cumple la función de Municipio: la gente se acerca a pedir que refaccionen una escuela o que potabilicen el agua», contó Mara y terminó por cerrar así la realidad de un Estado ausente en todos los aspectos menos a la hora de reprimir. «La gente está diciendo que le den agua potable, hospitales, escuelas ¿dónde está la ilicitud de ese reclamo?», concluyó. Juan Carlos Fernández o Hippie arremetió contra el periodismo y sostuvo que «nunca se ocupan de estos temas: sí están cuando hay un corte pero no cuando hacemos otras cosas, pero nosotros tenemos protesta y propuesta social». «Necesitamos el derecho a la vida», siguió Hippie y dijo con dolor que cada vez se moría más gente joven en Mosconi debido a los derrames de productos químicos de la empresas multinacionales. Las denuncias por estos casos ya están en la Corte Suprema de Justicia, después de muchos avatares por los juzgados provinciales en donde les contestaron «que no tenían competencia». Hippie planteó la recuperación del Estado, la familia, la educación y agregó que en el UTD habían elaborado el proyecto para hacer un Polo Petroquímico: «Vamos más allá de la protesta y eso no les gusta nada a las empresas», reflexionó y agregó: «Nosotros no recibimos bolsones: nuestra mayor dignidad es el trabajo». Para finalizar la exposición sobre derecho y protesta, Horacio González, profesor de Derecho Constitucional de la UBA resumió: estos luchadores no han cometido de ninguna manera delitos sino por el contrario, ejercicios de derecho. Tal vez la forma más extrema de ejercer el derecho, pero es un derecho al fin”.