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Jornadas La protesta social no es delito: Bases legales contra la criminalización de la protesta
Los reclamos sociales merecen una «protección especial», porque exigen el cumplimiento de «derechos fundamentales» y se basan en otros, «vinculados al derecho de peticionar a las autoridades». Así lo expresó el constitucionalista Horacio González, integrante de la Comisión de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el lunes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En defensa de los más de 3.000 luchadores populares de todo el país que tienen causas judiciales por manifestarse, se desarrolló la jornada «El Derecho y la protesta» en el salón Verde de esa casa de estudios, en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social que motoriza el colectivo Alerta Salta. «El ejercicio del Derecho tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque se trata de derechos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia y con el desarrollo de una sociedad democrática fundamentalmente», expresó González, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, entre las 17:20 y las 19:00. De esta manera, el hombre de la CTA dio sustento jurídico al reclamo de no persecución de los luchadores populares de la Argentina. Tal es el caso de José «Pepino» Fernández (con 76 causas) y de Marina Schifrin (docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta), quienes contaron sus experiencias, en el acto que moderó el profesor de derecho constitucional de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, Roberto Gargarella.
El Derecho en la ruta «Cuando cortaban la ruta, los compañeros estaban reclamando por derechos fundamentales y ejerciendo derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho de peticionar a las autoridades», amplió González. Manifestó que se requiere un progreso del derecho, y bregó por un «cambio jurisprudencial». «Se debe cambiar la tendencia judicial que ha impregnado a la jurisprudencia de nuestra Corte durante décadas -dijo- que ha sido enfocar el derecho desde el Estado y no desde las personas». «Ha habido una política de Estado, en los distintos niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que avanzó hacia la criminalización de la protesta social, y esto tiene que ver con el grave deterioro del Estado de derecho en la Argentina», agregó. Luego, sugirió algunos argumentos jurídicos a la defensora de más de 600 procesados del noroeste argentino, Mara Puntano, que también participó de la mesa. «No se trata de si es un delito no, de si conocían o no que la conducta era delictiva o no, de si estaban en un estado de necesidad o no», definió tajante González. Sostuvo que quienes cortaron una ruta, simplemente eran personas «ejerciendo derechos». «Conocían perfectamente lo que hacían, porque conocían los límites de su protesta, y los límites de su protesta tienen que ver con que el Estado les reconozca derechos que hoy están en la Constitución Nacional», expuso. Más allá de los lineamientos de la defensa de los hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, que había expuesto Puntano, González se inclinó por cambiar el punto de vista. Instó a los jueces a analizar los derechos que se ejercen y los reclamos que se hacen en relación con los derechos fundamentales. «Me parece que los penalistas incurren en un defecto cuando enfocan este tema desde el Código Penal y no desde la Constitución. No se trata de delitos, sino de ejercicio de derechos”.
Protesta y Propuesta social «Es bueno pensar en si la salida de este país y de la Justicia consiste en criminalizar la protesta o en atender los reclamos populares», sostuvo hoy en el marco de las actividades de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, la docente de Bariloche Marina Shifrin, perseguida y procesada por participar de manifestaciones sociales. Agregó que no estaba del todo mal que ocurran estas injusticias porque «estos procesos sirven para ponernos de pie y generar conciencia». Junto a ella, Pepino Fernández y Hippie Fernández de la UTD Mosconi y Mara Puntano, abogada de más de 600 luchadores sociales, contaron su experiencia y dejaron bien en claro que la protesta social no es delito. Shifrin propuso planes de acción concreta como la creación y puesta en marcha de un comité de solidaridad permanente con abogados y luchadores sociales; y realizó una verdadera autocrítica hacia adentro de los movimientos sociales: «Tenemos que contar con un campo popular más sólido, con menos recelo entre nosotros», dijo. Sólo de ese modo, se puede conseguir -sostuvo- “ponerle freno a la avanzada de la derecha judicial que intenta criminalizar la protesta”. El sistema educativo en Río Negro enfrenta una grave crisis: «Los docentes ganan menos de 300 pesos y los que tienen antigüedad, con suerte, llegan a 400», contó Shifrin y concluyó: «Me parece que cortar la ruta por la educación pública es legítimo».
Justicia selectiva «Las multinacionales destruyen el ecosistema, deforestan, matan gente, ahí no actúan los jueces pero para juzgarnos a nosotros sí», dijo a su turno Pepino Fernández, procesado por 76 causas relacionadas con la lucha social. Según Pepino en Mosconi no todos tienen luz ni gas y las personas se están muriendo por la toxicidad de los químicos que usan las empresas a mansalva, sin la regulación necesaria. «Lo único que nos queda -agrega- es pedir auxilio porque cuando todo se acabe ¿de qué vamos a vivir nosotros?» La abogada Mara Puntano -que trabaja en soledad defendiendo a más de 600 luchadores sociales- comnezó su discurso así: «En Salta hay 1 millón de habitantes; el 68% vive bajo el índice de pobreza y en Mosconi el 82% está desocupado». Al explicar acerca de las persecuciones y la represión, Mara dijo que la lucha en Mosconi viene desde hace 12 años, exactamente desde que se efectivizó la privatización de YPF y el 95% de las familias que trabajaba en relación de dependencia en la empresa quedó sin trabajo y una gran mayoría sin cobrar. «Hay personas a las que les deben doce años de salario», sostuvo Mara. «Se enfrentan al centro del capitalismo, a monstruosas multinacionales y por eso la represión es tan dura», reflexionó Mara, quien además explicó con claridad por qué la protesta social en efecto no es delito. «Primero para que exista un delito tiene que haber una acción encuadrada dentro del orden jurídico; después esa acción tiene que quebrar ese orden y finalmente tiene que existir la intención de efectuar ese quiebre». La acción es el corte de ruta, es decir, el entorpecimiento del libre tránsito (art 194). Entonces, existe la acción, el encuadre y la ruptura. Pero no existe la culpabilidad puesto que no hay dolo. «No se hace con la intención de dañar a otros, sino para pedir la vigencia de los derechos constitucionales», dijo Mara. «La UTD Mosconi cumple la función de Municipio: la gente se acerca a pedir que refaccionen una escuela o que potabilicen el agua», contó Mara y terminó por cerrar así la realidad de un Estado ausente en todos los aspectos menos a la hora de reprimir. «La gente está diciendo que le den agua potable, hospitales, escuelas ¿dónde está la ilicitud de ese reclamo?», concluyó. Juan Carlos Fernández o Hippie arremetió contra el periodismo y sostuvo que «nunca se ocupan de estos temas: sí están cuando hay un corte pero no cuando hacemos otras cosas, pero nosotros tenemos protesta y propuesta social». «Necesitamos el derecho a la vida», siguió Hippie y dijo con dolor que cada vez se moría más gente joven en Mosconi debido a los derrames de productos químicos de la empresas multinacionales. Las denuncias por estos casos ya están en la Corte Suprema de Justicia, después de muchos avatares por los juzgados provinciales en donde les contestaron «que no tenían competencia». Hippie planteó la recuperación del Estado, la familia, la educación y agregó que en el UTD habían elaborado el proyecto para hacer un Polo Petroquímico: «Vamos más allá de la protesta y eso no les gusta nada a las empresas», reflexionó y agregó: «Nosotros no recibimos bolsones: nuestra mayor dignidad es el trabajo». Para finalizar la exposición sobre derecho y protesta, Horacio González, profesor de Derecho Constitucional de la UBA resumió: estos luchadores no han cometido de ninguna manera delitos sino por el contrario, ejercicios de derecho. Tal vez la forma más extrema de ejercer el derecho, pero es un derecho al fin”.
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Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8º a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8º que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
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MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
Estilo Estela
Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
El clima del cambio
San Cayetano desde abajo
La policía apunta, las cámaras enfocan: señalan al cabo 1º Guerrero, como presunto autor del disparo contra Pablo Grillo
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio de Argentinos Juniors
Orgullo travesti-trans: Carla Morales lee a Marlene Wayar
Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
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