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Jornadas La protesta social no es delito: el derecho a la vida digna
En el bar que administra el MTD de Solano, en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tuvo lugar una nueva actividad en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social. Se trató de una charla con varios de los mismos protagonistas del vertiginoso itinerario por diversos espacios de la ciudad de Buenos Aires, en la ajetreada semana organizada por Alerta Salta. Y sin embargo, como apuntó Marina Schiffrin, docente neuquina procesada por un corte de ruta de 1997 y símbolo de la criminalización de la protesta social, esta vez la charla resultó distinta a las anteriores. Desde la misma disposición de las sillas, en círculo, al calor que desde la cocina salía al cruce de la noche preinvernal, la situación predispuso a lo que Marina llamó una «conversación entre compañeros».
Valdemar Jara, del MTD de Solano, ofició de moderador/presentador. Y a su turno, fueron hablando Hippie Fernández y Pepino Fernández de la Unión de Trabajadores de Desocupados (UTD) de General Mosconi, su abogada Mara Puntano, la mencionada Marina Schifrin, miembros de la Mesa de Escrache Popular, Claudio Pandolfi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y Graciela Daleo, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya en la ronda de preguntas e intervenciones, se agregó una joven de la Multisectorial de organizaciones que lucha contra el régimen de los Rodríguez Saá en San Luis. Su relato, como el de todos, despertó interés por las difíciles condiciones de lucha y el hostigamiento incesante que reciben de los poderes establecidos. Más de 50 personas comenzaron escuchando el relato de los dos Fernández de la UTD de Mosconi. «Hippie» reseñó algunos de los elementos que han hecho de la organización a la que pertenece uno de los movimientos más interesantes dentro del abigarrado arco de organizaciones piqueteras. La universidad, los proyectos productivos, la vocación de autonomía frente al Estado y los partidos políticos, la radicalidad de los métodos de lucha, fueron enumerados por Hippie: «No sólo de protestas, sino de propuestas está hecha la UTD de Mosconi», resumió. Y lo que torna tanto más significativa la construcción de este movimiento social es el contexto singularmente represivo en el que le toca desenvolver sus prácticas. La dramática situación social que se vive en la ciudad de Mosconi, en la que las multinacionales del petróleo, que gozan de ingentes ganancias, tienen como contracara un desempleo masivo, sólo puede sostenerse en base a una constante represión, sintetizó. En un contexto de ese tipo, la solidaridad cobra singular importancia. La UTD, como otros luchadores sociales perseguidos y criminalizados, precisa estar rodeada de apoyo. Pepino Fernández fue quien destacó la importancia de este tema, al agradecer al Concejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras por el apoyo prestado. Esa fue una de las características de esta charla: la de subrayar el poder de la solidaridad. La abogada de la UTD Mara Puntano -defensora de más de 600 luchadores sociales en la provincia de Salta-, enfatizó la importancia que esos pequeños gestos pueden representar para la lucha contra la criminalización. «Cada persona que se solidariza, cada fax, cada email, es protagonista de la lucha -destacó-. Todo eso se imprime y va al expediente». Posteriormente, Graciela Daleo se reconoció sorprendida por las palabras de la abogada salteña. Según admitió, en los años 70 se tenía por menores esas ayudas apenas «morales». En su intervención se ocupó de desplazarse de esa antigua creencia: «La solidaridad no es el gran gesto absoluto, sino la suma de los pequeños gestos». Marina Schifrin narró su historia, que es la historia de las persecuciones de la justicia asociada
a los poderosos contra aquellos que no se doblegan fácilmente. En tanto docente y militante, fue una de las que impulsó las asambleas ciudadanas que culminaron en una serie de cortes de ruta en 1997. Por esas acciones, junto a varias otras personas, fue enjuiciada y hallada culpable. El resto de los procesados aceptó al recurso de la probation: el reconocimiento de la falta a cambio de la conmutación de la pena y su cumplimiento a través de tareas sociales. Marina no culpa a aquellos que optaron por esa vía -«son padres de familia»-, pero no aceptó 4esa salida. «No quise convalidar el dictamen de la justicia que establece que mi derecho a protestar por una vida digna es delito». El caso de Marina recorrió todas las instancias judiciales, y hoy se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia: en su caso se juega una cuota importante del destino de la lucha contra la criminalización de la protesta. Marina reconoce el atraso que hay en la articulación de todos aquellos que padecen la persecución por parte de la justicia. Prima el sectarismo y la desconfianza. «Por eso valoro el gesto de Alerta Salta, que sin conocerme me invitó y tomó mi caso sin pedirme prueba de sangre», ironizó. Sobre el final, Schifrin deslizó la posibilidad de constituir un Comité de Solidaridad Permanente con los afectados por la ola criminalizadora. Claudio Pandolfi, de la CORREPI, se mostró a continuación como alguien que viene meditando sobre este desafío. El problema, según él, es construir un discurso que permita el reconocimiento por parte de la mayoría de la sociedad de la justicia de los reclamos de las organizaciones sociales. «Debemos pasar a la ofensiva -propuso-. No se trata meramente de señalar que la protesta no es delito. Es preciso exigir que se cumplan los derechos que están estipulados en la Constitución y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos». Contra los pruritos de la izquierda sobreideologizada, Pandolfi destacó el carácter estratégico de trabajar en terrenos no habitualmente transitados por las izquierdas, como los espacios legales existentes.” De lo contrario, el riesgo es quedar aislados de la sociedad”. El alegato que se entregará el viernes 11 en Tribunales toma la perspectiva de Pandolfi, según informó luego Claudia Acuña, de Alerta Salta. Se trata de extender los mecanismos de articulación con el resto de la sociedad a partir del reclamo por lo que aparece como evidente: el derecho a una vida digna.
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De la idea al audio: taller de creación de podcast
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)
Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.
Darío Santillán.
Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva
83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
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Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
